La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida por sus detractores como ley mordaza, se ha convertido en la eterna asignatura pendiente de todos los gobiernos de Pedro Sánchez. Siempre prometida, pero nunca alcanzada. Durante la legislatura a la que acaba de poner fin el adelanto electoral, el proyecto ha navegado en una marejada de discrepancias entre los partidos que apoyan cambiar la norma hasta desembocar en una zozobra que se vislumbraba desde hace meses. A pesar de que, en octubre de 2024, el proyecto pasó su primer trámite parlamentario, en los dos años transcurridos desde entonces no ha llegado a reunirse la ponencia ―grupo de parlamentarios que estudian los proyectos legislativos antes de su envío a comisión y, si es aprobado, a pleno― precisamente por las diferencias entre los partidos que debían sumar sus votos para sacar adelante la iniciativa: PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Podemos y Junts. Es la tercera vez que se frustra la reforma. En 2019, la causa fue la disolución anticipada de las Cortes. Y en 2023, el acuerdo sobre el texto entre socialistas, Unidas Podemos y los nacionalistas vascos fue rechazado por ERC, Junts, EH Bildu y BNG al considerarlo insuficiente.
Los artículos sobre desobediencia y faltas de respeto a los policías hicieron fracasar el tercer intento de modificar una norma que lleva más de 11 años en vigor
La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida por sus detractores como ley mordaza, se ha convertido en la eterna asignatura pendiente de todos los gobiernos de Pedro Sánchez. Siempre prometida, pero nunca alcanzada. Durante la legislatura a la que acaba de poner fin el adelanto electoral, el proyecto ha navegado en una marejada de discrepancias entre los partidos que apoyan cambiar la norma hasta desembocar en una zozobra que se vislumbraba desde hace meses. A pesar de que, en octubre de 2024, el proyecto pasó su primer trámite parlamentario, en los dos años transcurridos desde entonces no ha llegado a reunirse la ponencia ―grupo de parlamentarios que estudian los proyectos legislativos antes de su envío a comisión y, si es aprobado, a pleno― precisamente por las diferencias entre los partidos que debían sumar sus votos para sacar adelante la iniciativa: PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Podemos y Junts. Es la tercera vez que se frustra la reforma. En 2019, la causa fue la disolución anticipada de las Cortes. Y en 2023, el acuerdo sobre el texto entre socialistas, Unidas Podemos y los nacionalistas vascos fue rechazado por ERC, Junts, EH Bildu y BNG al considerarlo insuficiente.
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