Con la incógnita abierta de cuánto deberá abonar el Estado a la familia Franco en concepto de liquidación de los gastos derivados de la posesión del pazo de Meirás durante más de cuarenta años, la factura que ya abonan las arcas públicas derivadas del inmueble no deja de crecer. Desde que la vieja residencia estival del dictador pasó provisionalmente a manos del Estado, en diciembre de 2020, se llevan gastados casi 3 millones de euros en su mantenimiento y conservación. Según datos de la Dirección General de Patrimonio facilitados a ABC a través del Portal de Transparencia, en estos algo más de cinco años los gastos han ascendido a 2,9 millones de euros, y eso que Meirás a día de hoy solo es visitable en sus jardines y dos reducidos espacios en el interior del edificio.La principal factura del pazo es el apartado de seguridad, donde el Estado lleva gastados 1,7 millones. Hasta catorce contratos se han ido encadenando para el servicio de vigilancia de Meirás por cantidades variables, en función de su duración. En 2022 hubo dos contratos de apenas un mes, cada uno por 18.014 euros. Las dos últimas anualidades se han ido por encima de los 300.000 euros: 325.966 en 2025, y 336.110 para el actual ejercicio, con duración hasta el mes de diciembre. El segundo capítulo más oneroso es el relativo a las obras que ha precisado el inmueble, catalogadas en el epígrafe de encargos. Patrimonio encaja aquí los 208.000 euros invertidos en 2021 para «actuaciones inmediatas en el edificio necesarias para mantener la integridad», a los que siguieron ese mismo año otros 40.000 en concepto de «trabajos de adecuación y mejora». En 2022 se encargó un «estudio para la reparación de las humedades aparecidas» (8.633 euros) y el año siguiente se acometieron «obras de reparación de la cubierta del vestíbulo principal» (108.821 euros) y «reparación de parte del muro exterior» (34.144 euros). En la actualidad está en vigor un contrato por 176.800 euros para la «realización de la gestión integral» de Meirás, que incluye «limpieza, mantenimiento y jardinería».¿Podría el Estado reclamar alguno de estos gastos derivados de obras en el inmueble a sus anteriores poseedores? La respuesta que dan los distintos expertos del ámbito del Derecho Civil es un rotundo no. «Los gastos en que haya incurrido el Estado ‘a posteriori’» de adquirir la posesión «no tienen relevancia», manifiesta con claridad José Manuel Busto Lago, catedrático de la Universidad de La Coruña. «Si en vez de recibir el pazo en el estado en que se encontraba lo hubieran recibido en ruina, el gasto habría sido mucho mayor. En términos económicos, podríamos llegar a la conclusión que los Franco le ahorraron dinero al Estado», añade.Zonas ajardinadas de Meirás. Miguel MuñízPrecisamente, la amplia extensión ajardinada que rodea el pazo no sale barata. En total se llevan destinados a este capítulo 460.462 euros. El 2025 fue el último año en que este servicio se contrataba de manera específica, y ascendió a 103.000 euros. Desde el pasado noviembre está incorporado dentro del contrato de mantenimiento. Durante el periodo en que los Franco fueron poseedores de Meirás, estas tareas de cuidado de los jardines y mantenimiento básico de la finca y el inmueble corrieron a cargo de la familia de guardeses que residían en una vivienda aneja a la principal, dentro del recinto amurallado del pazo. La familia planteó al Estado que los subrogara para que continuasen con esta actividad, pero la propuesta fue rechazada de plano.Los capítulos menores de gasto corresponden a limpieza (58.420 euros hasta diciembre de 2025), energía eléctrica (40.897 euros) y agua (4.713 euros). El primero ahora está incorporado a un contrato anual que, como ya se ha indicado, incluye jardinería y el mantenimiento. Precisamente, en este último apartado (33.209 euros) aparecen distintas partidas pequeñas que muestran las distintas reparaciones que se han ido necesitando en Meirás en estos años: revisión y reparación de la instalación eléctrica (4.470 euros), la nueva cartelería de señalización (1.049 euros), medidas urgentes «de reparación y refuerzo en la instalación eléctrica existente» (11.838 euros), el «mantenimiento preventivo de los sistemas electrónicos de seguridad» (3.048 euros) o la «reparación del motor del portalón y telemandos» (1.505 euros). El recibo de la luz en Meirás es variable: en todo 2022 alcanzó los 14.300 euros, pero el pasado año apenas superó los 5.500. MÁS INFORMACIÓN noticia Si El Gobierno alimenta el falso debate sobre el pago a los Franco de los gastos del Pazo de MeirásEl volumen de cuánto le cuesta Meirás al Estado es relevante en el momento actual, cuando está pendiente de resolverse la cantidad que se le debe reembolsar a los herederos de Francisco Franco por haber poseído —y mantenido— el edificio y la finca entre 1975 y 2019, según el marco temporal fijado en su sentencia por el Tribunal Supremo. Es lo que se conoce como la liquidación del estado posesorio, y abarca a los llamados gastos útiles y necesarios, dada la condición de poseedores de buena fe que la Audiencia Provincial les reconoció a los Franco, y que el TS validó en su fallo. «Los gastos necesarios son aquellos sin los cuales el bien se deteriora», explica una voz autorizada en materia de Derecho Civil, «mientras que los útiles son los que, sin ser necesarios, hacen que el bien se revalorice». Las fuentes consultadas avanzan que el procedimiento de ejecución de sentencia en el que se determinen los gastos a resarcir será «complejo». Una de las principales dificultades estará en la capacidad de los Franco para acreditar los gastos sufragados, algunos hace más de cuarenta años. Con lo asumido por el Estado desde 2020 parece evidente que Meirás no salía barato. Con la incógnita abierta de cuánto deberá abonar el Estado a la familia Franco en concepto de liquidación de los gastos derivados de la posesión del pazo de Meirás durante más de cuarenta años, la factura que ya abonan las arcas públicas derivadas del inmueble no deja de crecer. Desde que la vieja residencia estival del dictador pasó provisionalmente a manos del Estado, en diciembre de 2020, se llevan gastados casi 3 millones de euros en su mantenimiento y conservación. Según datos de la Dirección General de Patrimonio facilitados a ABC a través del Portal de Transparencia, en estos algo más de cinco años los gastos han ascendido a 2,9 millones de euros, y eso que Meirás a día de hoy solo es visitable en sus jardines y dos reducidos espacios en el interior del edificio.La principal factura del pazo es el apartado de seguridad, donde el Estado lleva gastados 1,7 millones. Hasta catorce contratos se han ido encadenando para el servicio de vigilancia de Meirás por cantidades variables, en función de su duración. En 2022 hubo dos contratos de apenas un mes, cada uno por 18.014 euros. Las dos últimas anualidades se han ido por encima de los 300.000 euros: 325.966 en 2025, y 336.110 para el actual ejercicio, con duración hasta el mes de diciembre. El segundo capítulo más oneroso es el relativo a las obras que ha precisado el inmueble, catalogadas en el epígrafe de encargos. Patrimonio encaja aquí los 208.000 euros invertidos en 2021 para «actuaciones inmediatas en el edificio necesarias para mantener la integridad», a los que siguieron ese mismo año otros 40.000 en concepto de «trabajos de adecuación y mejora». En 2022 se encargó un «estudio para la reparación de las humedades aparecidas» (8.633 euros) y el año siguiente se acometieron «obras de reparación de la cubierta del vestíbulo principal» (108.821 euros) y «reparación de parte del muro exterior» (34.144 euros). En la actualidad está en vigor un contrato por 176.800 euros para la «realización de la gestión integral» de Meirás, que incluye «limpieza, mantenimiento y jardinería».¿Podría el Estado reclamar alguno de estos gastos derivados de obras en el inmueble a sus anteriores poseedores? La respuesta que dan los distintos expertos del ámbito del Derecho Civil es un rotundo no. «Los gastos en que haya incurrido el Estado ‘a posteriori’» de adquirir la posesión «no tienen relevancia», manifiesta con claridad José Manuel Busto Lago, catedrático de la Universidad de La Coruña. «Si en vez de recibir el pazo en el estado en que se encontraba lo hubieran recibido en ruina, el gasto habría sido mucho mayor. En términos económicos, podríamos llegar a la conclusión que los Franco le ahorraron dinero al Estado», añade.Zonas ajardinadas de Meirás. Miguel MuñízPrecisamente, la amplia extensión ajardinada que rodea el pazo no sale barata. En total se llevan destinados a este capítulo 460.462 euros. El 2025 fue el último año en que este servicio se contrataba de manera específica, y ascendió a 103.000 euros. Desde el pasado noviembre está incorporado dentro del contrato de mantenimiento. Durante el periodo en que los Franco fueron poseedores de Meirás, estas tareas de cuidado de los jardines y mantenimiento básico de la finca y el inmueble corrieron a cargo de la familia de guardeses que residían en una vivienda aneja a la principal, dentro del recinto amurallado del pazo. La familia planteó al Estado que los subrogara para que continuasen con esta actividad, pero la propuesta fue rechazada de plano.Los capítulos menores de gasto corresponden a limpieza (58.420 euros hasta diciembre de 2025), energía eléctrica (40.897 euros) y agua (4.713 euros). El primero ahora está incorporado a un contrato anual que, como ya se ha indicado, incluye jardinería y el mantenimiento. Precisamente, en este último apartado (33.209 euros) aparecen distintas partidas pequeñas que muestran las distintas reparaciones que se han ido necesitando en Meirás en estos años: revisión y reparación de la instalación eléctrica (4.470 euros), la nueva cartelería de señalización (1.049 euros), medidas urgentes «de reparación y refuerzo en la instalación eléctrica existente» (11.838 euros), el «mantenimiento preventivo de los sistemas electrónicos de seguridad» (3.048 euros) o la «reparación del motor del portalón y telemandos» (1.505 euros). El recibo de la luz en Meirás es variable: en todo 2022 alcanzó los 14.300 euros, pero el pasado año apenas superó los 5.500. MÁS INFORMACIÓN noticia Si El Gobierno alimenta el falso debate sobre el pago a los Franco de los gastos del Pazo de MeirásEl volumen de cuánto le cuesta Meirás al Estado es relevante en el momento actual, cuando está pendiente de resolverse la cantidad que se le debe reembolsar a los herederos de Francisco Franco por haber poseído —y mantenido— el edificio y la finca entre 1975 y 2019, según el marco temporal fijado en su sentencia por el Tribunal Supremo. Es lo que se conoce como la liquidación del estado posesorio, y abarca a los llamados gastos útiles y necesarios, dada la condición de poseedores de buena fe que la Audiencia Provincial les reconoció a los Franco, y que el TS validó en su fallo. «Los gastos necesarios son aquellos sin los cuales el bien se deteriora», explica una voz autorizada en materia de Derecho Civil, «mientras que los útiles son los que, sin ser necesarios, hacen que el bien se revalorice». Las fuentes consultadas avanzan que el procedimiento de ejecución de sentencia en el que se determinen los gastos a resarcir será «complejo». Una de las principales dificultades estará en la capacidad de los Franco para acreditar los gastos sufragados, algunos hace más de cuarenta años. Con lo asumido por el Estado desde 2020 parece evidente que Meirás no salía barato. Con la incógnita abierta de cuánto deberá abonar el Estado a la familia Franco en concepto de liquidación de los gastos derivados de la posesión del pazo de Meirás durante más de cuarenta años, la factura que ya abonan las arcas públicas derivadas del inmueble no deja de crecer. Desde que la vieja residencia estival del dictador pasó provisionalmente a manos del Estado, en diciembre de 2020, se llevan gastados casi 3 millones de euros en su mantenimiento y conservación. Según datos de la Dirección General de Patrimonio facilitados a ABC a través del Portal de Transparencia, en estos algo más de cinco años los gastos han ascendido a 2,9 millones de euros, y eso que Meirás a día de hoy solo es visitable en sus jardines y dos reducidos espacios en el interior del edificio.La principal factura del pazo es el apartado de seguridad, donde el Estado lleva gastados 1,7 millones. Hasta catorce contratos se han ido encadenando para el servicio de vigilancia de Meirás por cantidades variables, en función de su duración. En 2022 hubo dos contratos de apenas un mes, cada uno por 18.014 euros. Las dos últimas anualidades se han ido por encima de los 300.000 euros: 325.966 en 2025, y 336.110 para el actual ejercicio, con duración hasta el mes de diciembre. El segundo capítulo más oneroso es el relativo a las obras que ha precisado el inmueble, catalogadas en el epígrafe de encargos. Patrimonio encaja aquí los 208.000 euros invertidos en 2021 para «actuaciones inmediatas en el edificio necesarias para mantener la integridad», a los que siguieron ese mismo año otros 40.000 en concepto de «trabajos de adecuación y mejora». En 2022 se encargó un «estudio para la reparación de las humedades aparecidas» (8.633 euros) y el año siguiente se acometieron «obras de reparación de la cubierta del vestíbulo principal» (108.821 euros) y «reparación de parte del muro exterior» (34.144 euros). En la actualidad está en vigor un contrato por 176.800 euros para la «realización de la gestión integral» de Meirás, que incluye «limpieza, mantenimiento y jardinería».¿Podría el Estado reclamar alguno de estos gastos derivados de obras en el inmueble a sus anteriores poseedores? La respuesta que dan los distintos expertos del ámbito del Derecho Civil es un rotundo no. «Los gastos en que haya incurrido el Estado ‘a posteriori’» de adquirir la posesión «no tienen relevancia», manifiesta con claridad José Manuel Busto Lago, catedrático de la Universidad de La Coruña. «Si en vez de recibir el pazo en el estado en que se encontraba lo hubieran recibido en ruina, el gasto habría sido mucho mayor. En términos económicos, podríamos llegar a la conclusión que los Franco le ahorraron dinero al Estado», añade.Zonas ajardinadas de Meirás. Miguel MuñízPrecisamente, la amplia extensión ajardinada que rodea el pazo no sale barata. En total se llevan destinados a este capítulo 460.462 euros. El 2025 fue el último año en que este servicio se contrataba de manera específica, y ascendió a 103.000 euros. Desde el pasado noviembre está incorporado dentro del contrato de mantenimiento. Durante el periodo en que los Franco fueron poseedores de Meirás, estas tareas de cuidado de los jardines y mantenimiento básico de la finca y el inmueble corrieron a cargo de la familia de guardeses que residían en una vivienda aneja a la principal, dentro del recinto amurallado del pazo. La familia planteó al Estado que los subrogara para que continuasen con esta actividad, pero la propuesta fue rechazada de plano.Los capítulos menores de gasto corresponden a limpieza (58.420 euros hasta diciembre de 2025), energía eléctrica (40.897 euros) y agua (4.713 euros). El primero ahora está incorporado a un contrato anual que, como ya se ha indicado, incluye jardinería y el mantenimiento. Precisamente, en este último apartado (33.209 euros) aparecen distintas partidas pequeñas que muestran las distintas reparaciones que se han ido necesitando en Meirás en estos años: revisión y reparación de la instalación eléctrica (4.470 euros), la nueva cartelería de señalización (1.049 euros), medidas urgentes «de reparación y refuerzo en la instalación eléctrica existente» (11.838 euros), el «mantenimiento preventivo de los sistemas electrónicos de seguridad» (3.048 euros) o la «reparación del motor del portalón y telemandos» (1.505 euros). El recibo de la luz en Meirás es variable: en todo 2022 alcanzó los 14.300 euros, pero el pasado año apenas superó los 5.500. MÁS INFORMACIÓN noticia Si El Gobierno alimenta el falso debate sobre el pago a los Franco de los gastos del Pazo de MeirásEl volumen de cuánto le cuesta Meirás al Estado es relevante en el momento actual, cuando está pendiente de resolverse la cantidad que se le debe reembolsar a los herederos de Francisco Franco por haber poseído —y mantenido— el edificio y la finca entre 1975 y 2019, según el marco temporal fijado en su sentencia por el Tribunal Supremo. Es lo que se conoce como la liquidación del estado posesorio, y abarca a los llamados gastos útiles y necesarios, dada la condición de poseedores de buena fe que la Audiencia Provincial les reconoció a los Franco, y que el TS validó en su fallo. «Los gastos necesarios son aquellos sin los cuales el bien se deteriora», explica una voz autorizada en materia de Derecho Civil, «mientras que los útiles son los que, sin ser necesarios, hacen que el bien se revalorice». Las fuentes consultadas avanzan que el procedimiento de ejecución de sentencia en el que se determinen los gastos a resarcir será «complejo». Una de las principales dificultades estará en la capacidad de los Franco para acreditar los gastos sufragados, algunos hace más de cuarenta años. Con lo asumido por el Estado desde 2020 parece evidente que Meirás no salía barato. RSS de noticias de espana
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