Fuentes de la investigación del caso Forestalia en Aragón diferencian dos plazos de tiempo en que se habrían cometido presuntamente las irregularidades por parte de los cargos públicos que favorecieron a la empresa de Fernando Samper. Dichas fuentes afirman que «en el nivel autonómico todo apunta a que es una cuestión del pasado, mientras que en el nivel estatal los proyectos que se investigan y que venían de la etapa anterior del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) que llegan al Ministerio de Transición Ecológica son bastante recientes», de lo cual se deduce que los delitos cometidos presuntamente por el ex alto cargo de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez , «no habrían prescrito porque han sucedido no hace mucho tiempo». En cambio, habrá que determinar -continúan- si en algunos de los supuestamente cometidos por altos cargos de gobiernos autonómicos anteriores –como el caso del exconsejero de Medio Ambiente del PAR, Alfredo Boné – «sí podría haber vencido el tiempo legal para responder ante la Justicia». Por norma general estos delitos ambientales caducan a los cinco años y a Boné, por ejemplo, no se le podría imputar un delito contra la administración pública porque ya no era un servidor público en el momento de los hechos (había montado una consultora para renovables, Viados, cuya venta a Forestalia se investiga al sospecharse que podría haber sido un «pago» en diferido por los servicios prestados por Boné siendo consejero); no sería como el caso del exsubdirector del Ministerio, que es más claro. Además, las mismas fuentes del caso confirman a ABC que con toda probabilidad no habrá ningún cargo del último Ejecutivo de Jorge Azcón en la comunidad salpicado por la causa, máxime tras el cambio de dirección del órgano de gestión de los permisos ambientales, el Inaga, de manos del socialista Jesús Lobera (cuya gestión sí está bajo sospecha) al actual Luis Simal. Estas fuentes bien informadas coinciden con Jorge Azcón, presidente popular en funciones, que hace unos días remitía la causa exclusivamente a gobiernos pasados en Aragón, con Javier Lambán a los mandos aunque el ínterin de tiempo en la región se puede retrotraer hasta el de Marcelino Iglesias, y al de Pedro Sánchez en el Gobierno de la nación.Noticia relacionada general No No Forestalia El alto cargo de Ribera confesó a la Guardia Civil que compró acciones de las empresas de la trama Borja MéndezLa pregunta que en reiteradas ocasiones se ha dirigido a Azcón, sobre todo cuando están bajo sospecha las prácticas fraudulentas e irregulares que desplegaba la empresa de Fernando Samper para extender sus proyectos de renovables en la región, es si va a anular los contratos vigentes con la gran compañía aragonesa. Y la respuesta es que proyectos promovidos por Forestalia como Búfalo, que contempla la construcción de tres centros de datos en la provincia de Zaragoza y que suponen inversiones milmillonarias en Aragón, se mantendrán, porque los contratos bajo la lupa judicial son anteriores.El Gobierno de Aragón en funciones sigue adelante con los proyectos en marcha comprometidos con Forestalia porque no están bajo sospecha de irregularidadNo existen decisiones judiciales que paralicen esta macroinversión de 12.000 millones de euros. «Los proyectos polémicos son los que están siendo objeto de investigación judicial y remiten a mandatos de Lambán y de Sánchez. La afección será sobre los proyectos en los que haya habido ilegalidades y esos no se podrán sacar adelante dependiendo de la resolución judicial», dicen desde el Ejecutivo aragonés. E insisten en que el PP denunció antes de las elecciones de 2023 las aparentes irregularidades que había en determinadas concesiones (fragmentaciones, informes contradictorios y purga de funcionarios no afines a la trama, así como externalización de informes a empresas relacionadas con Forestalia), se pidió una comisión de investigación en las Cortes y el resultado de la investigación actual ratifica muchas de esas denuncias. En cambio, fuentes de la investigación niegan que tuviera ningún efecto la comisión de investigación, que es una herramienta política.«Al llegar al Gobierno cambiamos el Inaga, con una nueva dirección y con una fuerte inversión en recursos humanos para garantizar su correcto funcionamiento», defienden desde el Ejecutivo ahora en funciones. Precisamente ayer, en pleno maremoto por la trama Forestalia, el consejero de Medio Ambiente en funciones, Manuel Blasco, ofreció una rueda de prensa para hacer balance del ‘renovado’ Inaga con un plan de agilización lanzado desde noviembre de 2023: al contrario que en la etapa socialista, el organismo digitaliza en la actualidad el 80% de sus procedimientos y es más fácil de rastrear en cada trámite; ha disminuido los expedientes fuera de plazo un 44% y reduce al mínimo los encargos a consultoras. La instalación de renovables ha sido un «pastel apetitoso», dicen fuentes de la investigación del caso Forestalia. AbcDe hecho, aunque Blasco justificó en cierta forma que con el ‘boom’ de las renovables en el mandato de Lambán se recurriese a esas empresas externas para reducir la carga de expedientes, también ofreció dos datos muy llamativos: el primero, que en los años 2023, 2024 y 2025 no se ha solicitado a ninguna consultora externa que elaborase las declaraciones de impacto ambiental de renovables (las llamadas DIA, el instrumento técnico que presuntamente se manipuló a favor de la trama en el Instituto autonómico y el Miteco), frente a los 342 expedientes vinculados a renovables donde participaron en 2021 y 2022. En segundo lugar, se han incorporado 14 nuevos puestos de trabajo, en el marco de un refuerzo récord en la plantilla del instituto, que ha pasado de 72 a 86 efectivos. En la investigación se acusa al socialista Lobera de haber apartado de su puesto incluso a los técnicos díscolos con sus resoluciones y de haber reordenado el Inaga de manera anómala para cumplir sus órdenes.Precisamente ayer el consejero en funciones del Gobierno de Aragón hizo balance de la gestión del Inaga, desde su renovación completa en 2023: no se recurre a consultoras externas y se ha digitalizado el 80% de los trámitesPor último, las fuentes del Gobierno maño aseguran que todos los proyectos que se han tramitado en esta etapa serán revisados al dedillo si hay cualquier sombra de sospecha. Forestalia operaba a distintos nivelesDesde dentro de la mastodóntica investigación las fuentes consultadas señalan que Forestalia operaba con diferentes roles en el proceso para generar electricidad. Y que hasta ahí todo era perfectamente legal. De lo que se acusa a la novel de las energías renovables en España es de que por el camino para la obtención de autorizaciones pudiera haber habido ya no solo una «irregularidad administrativa, sino también alguna situación delictiva para la obtención de esas autorizaciones». Y haber utilizado para ello el favor de cargos públicos. El problema de fondo que subyace bajo esta causa es también que España tiene una ley 7/21 de cambio climático pero aún no ha traspuesto la directiva europea de zonas de aceleración renovable, explican fuentes jurídicas, por la que se tiene que hacer una planificación nacional de la implantación de las renovables. Desde el ministerio que entonces dirigía Teresa Ribera «solo se hizo una orientativa instrumentalización de zonas de sensibilidad ambiental; como no se ha creado una norma obligatoria los promotores han ido a buscar los sitios económicamente más baratos para la implantación y los lugares más baratos muchas veces van a coincidir con espacios naturales de sensibilidad máxima conforme al propio criterio del propio ministerio». «El pastel es apetitoso para atraer una guerra de proyectos por conseguir las subastas de los megavatios», dicen. «El pastel es apetitoso para atraer una guerra de proyectos por conseguir las subastas de los megavatios»Estas mismas fuentes conocedoras de la investigación introducen otro elemento para el debate. Hay una petición judicial para detener el Clúster del Maestrazgo, de competencia estatal. Pero por el momento nadie tiene conocimiento, ni en los pueblos de la provincia de Teruel afectados, ni en el juzgado instructor de la causa en la ciudad del mudéjar, de que el Miteco haya ordenado paralizarlo ‘sine die’ hasta la resolución de la Justicia. «Aquí no ha llegado nada», inciden. Las mismas fuentes apuntan a que Sara Aagesen se habría marcado el gesto, pero sin visos de aplicación real hasta que un juez por la vía en curso o por la de lo contencioso administrativo decidiera la medida cautelar. «No creo que el ministerio haya ordenado eso, técnicamente no hay ninguna suspensión y nadie ha dicho nada [mientras siguen aparcados en un hangar del aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del fondo danés CIP al que Forestalia le vendió el proyecto del Clúster]. Hay que recordar además que el Tribunal Supremo se ha pronunciado por dos veces contra el permiso de construcción y no adoptó la paralización provisional de proyectos como el Clúster del Maestrazgo como medida cautelar, pero lo hizo cuando en ningún caso había sospechas de que se podía haber obtenido las declaraciones de impacto ambiental de forma fraudulenta».Por último, las mismas fuentes que investigan los hechos subrayan que el páramo de Teruel ofrecía las condiciones perfectas para extender placas fotovoltaicas y levantar aerogeneradores por doquier, aunque fue precisamente en esta provincia donde la contestación social permitió que interviniese la Justicia. Extremadura y Aragón son las dos comunidades con mayor despliegue renovable: no es casual, el suelo es barato, son territorios muy despoblados y muy extensos… son candidatos ideales. «Proyectos como los del Clúster del Maestrazgo son pan para hoy y hambre para mañana, localmente la extensión de las renovables necesita mucho espacio y es poco compatible con otras actividades»«En realidad estos proyectos son pan para hoy y hambre para mañana; es lo contrario al lema ecologista de piensa globalmente, actúa localmente. Aquí globalmente es bueno, porque reduce las emisiones de gases, pero localmente la extensión de las renovables necesita mucho espacio y es poco compatible con otras actividades; por lo tanto, es bueno unos años pero luego llega un momento en que no te permite otros modelos de desarrollo». «Si no hubiera habido una contestación social en Teruel, la asociación de Apoyo a Teruel Existe no habría denunciado y quizás no se habría sabido nunca lo que presuntamente hacían unos cargos públicos y una empresa». Con más de 500.000 folios de causa, las mismas fuentes no advierten ni por asomo el final de la misma. El juez instructor en Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, ha dado una concesión de plazo a las partes (suspende los plazos procesales) hasta el próximo 31 de marzo por los problemas técnicos que se han sucedido en el Juzgado para remitir la documentación pertinente a los letrados y citarlos así, a partir de esa fecha, para decidir si suspende cautelarmente o no algunos proyectos de Forestalia como el Clúster. MÁS INFORMACIÓN noticia Si Detenido un camionero por atropellar mortalmente a otro en la huida tras robarle el gasoil noticia Si La mano derecha de Lambán asesoró personalmente a ForestaliaEl volumen de la causa es inasumible: son enlaces a procedimientos ministeriales en relación con las DIA y la tramitación de cada una (entre consultas, informes y alegaciones cada DIA puede tener miles de folios por centenares de proyectos). «Hablamos de una causa con miles de folios de trabajo de mucha gente en el ámbito público y privado», acaban dichas fuentes. Fuentes de la investigación del caso Forestalia en Aragón diferencian dos plazos de tiempo en que se habrían cometido presuntamente las irregularidades por parte de los cargos públicos que favorecieron a la empresa de Fernando Samper. Dichas fuentes afirman que «en el nivel autonómico todo apunta a que es una cuestión del pasado, mientras que en el nivel estatal los proyectos que se investigan y que venían de la etapa anterior del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) que llegan al Ministerio de Transición Ecológica son bastante recientes», de lo cual se deduce que los delitos cometidos presuntamente por el ex alto cargo de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez , «no habrían prescrito porque han sucedido no hace mucho tiempo». En cambio, habrá que determinar -continúan- si en algunos de los supuestamente cometidos por altos cargos de gobiernos autonómicos anteriores –como el caso del exconsejero de Medio Ambiente del PAR, Alfredo Boné – «sí podría haber vencido el tiempo legal para responder ante la Justicia». Por norma general estos delitos ambientales caducan a los cinco años y a Boné, por ejemplo, no se le podría imputar un delito contra la administración pública porque ya no era un servidor público en el momento de los hechos (había montado una consultora para renovables, Viados, cuya venta a Forestalia se investiga al sospecharse que podría haber sido un «pago» en diferido por los servicios prestados por Boné siendo consejero); no sería como el caso del exsubdirector del Ministerio, que es más claro. Además, las mismas fuentes del caso confirman a ABC que con toda probabilidad no habrá ningún cargo del último Ejecutivo de Jorge Azcón en la comunidad salpicado por la causa, máxime tras el cambio de dirección del órgano de gestión de los permisos ambientales, el Inaga, de manos del socialista Jesús Lobera (cuya gestión sí está bajo sospecha) al actual Luis Simal. Estas fuentes bien informadas coinciden con Jorge Azcón, presidente popular en funciones, que hace unos días remitía la causa exclusivamente a gobiernos pasados en Aragón, con Javier Lambán a los mandos aunque el ínterin de tiempo en la región se puede retrotraer hasta el de Marcelino Iglesias, y al de Pedro Sánchez en el Gobierno de la nación.Noticia relacionada general No No Forestalia El alto cargo de Ribera confesó a la Guardia Civil que compró acciones de las empresas de la trama Borja MéndezLa pregunta que en reiteradas ocasiones se ha dirigido a Azcón, sobre todo cuando están bajo sospecha las prácticas fraudulentas e irregulares que desplegaba la empresa de Fernando Samper para extender sus proyectos de renovables en la región, es si va a anular los contratos vigentes con la gran compañía aragonesa. Y la respuesta es que proyectos promovidos por Forestalia como Búfalo, que contempla la construcción de tres centros de datos en la provincia de Zaragoza y que suponen inversiones milmillonarias en Aragón, se mantendrán, porque los contratos bajo la lupa judicial son anteriores.El Gobierno de Aragón en funciones sigue adelante con los proyectos en marcha comprometidos con Forestalia porque no están bajo sospecha de irregularidadNo existen decisiones judiciales que paralicen esta macroinversión de 12.000 millones de euros. «Los proyectos polémicos son los que están siendo objeto de investigación judicial y remiten a mandatos de Lambán y de Sánchez. La afección será sobre los proyectos en los que haya habido ilegalidades y esos no se podrán sacar adelante dependiendo de la resolución judicial», dicen desde el Ejecutivo aragonés. E insisten en que el PP denunció antes de las elecciones de 2023 las aparentes irregularidades que había en determinadas concesiones (fragmentaciones, informes contradictorios y purga de funcionarios no afines a la trama, así como externalización de informes a empresas relacionadas con Forestalia), se pidió una comisión de investigación en las Cortes y el resultado de la investigación actual ratifica muchas de esas denuncias. En cambio, fuentes de la investigación niegan que tuviera ningún efecto la comisión de investigación, que es una herramienta política.«Al llegar al Gobierno cambiamos el Inaga, con una nueva dirección y con una fuerte inversión en recursos humanos para garantizar su correcto funcionamiento», defienden desde el Ejecutivo ahora en funciones. Precisamente ayer, en pleno maremoto por la trama Forestalia, el consejero de Medio Ambiente en funciones, Manuel Blasco, ofreció una rueda de prensa para hacer balance del ‘renovado’ Inaga con un plan de agilización lanzado desde noviembre de 2023: al contrario que en la etapa socialista, el organismo digitaliza en la actualidad el 80% de sus procedimientos y es más fácil de rastrear en cada trámite; ha disminuido los expedientes fuera de plazo un 44% y reduce al mínimo los encargos a consultoras. La instalación de renovables ha sido un «pastel apetitoso», dicen fuentes de la investigación del caso Forestalia. AbcDe hecho, aunque Blasco justificó en cierta forma que con el ‘boom’ de las renovables en el mandato de Lambán se recurriese a esas empresas externas para reducir la carga de expedientes, también ofreció dos datos muy llamativos: el primero, que en los años 2023, 2024 y 2025 no se ha solicitado a ninguna consultora externa que elaborase las declaraciones de impacto ambiental de renovables (las llamadas DIA, el instrumento técnico que presuntamente se manipuló a favor de la trama en el Instituto autonómico y el Miteco), frente a los 342 expedientes vinculados a renovables donde participaron en 2021 y 2022. En segundo lugar, se han incorporado 14 nuevos puestos de trabajo, en el marco de un refuerzo récord en la plantilla del instituto, que ha pasado de 72 a 86 efectivos. En la investigación se acusa al socialista Lobera de haber apartado de su puesto incluso a los técnicos díscolos con sus resoluciones y de haber reordenado el Inaga de manera anómala para cumplir sus órdenes.Precisamente ayer el consejero en funciones del Gobierno de Aragón hizo balance de la gestión del Inaga, desde su renovación completa en 2023: no se recurre a consultoras externas y se ha digitalizado el 80% de los trámitesPor último, las fuentes del Gobierno maño aseguran que todos los proyectos que se han tramitado en esta etapa serán revisados al dedillo si hay cualquier sombra de sospecha. Forestalia operaba a distintos nivelesDesde dentro de la mastodóntica investigación las fuentes consultadas señalan que Forestalia operaba con diferentes roles en el proceso para generar electricidad. Y que hasta ahí todo era perfectamente legal. De lo que se acusa a la novel de las energías renovables en España es de que por el camino para la obtención de autorizaciones pudiera haber habido ya no solo una «irregularidad administrativa, sino también alguna situación delictiva para la obtención de esas autorizaciones». Y haber utilizado para ello el favor de cargos públicos. El problema de fondo que subyace bajo esta causa es también que España tiene una ley 7/21 de cambio climático pero aún no ha traspuesto la directiva europea de zonas de aceleración renovable, explican fuentes jurídicas, por la que se tiene que hacer una planificación nacional de la implantación de las renovables. Desde el ministerio que entonces dirigía Teresa Ribera «solo se hizo una orientativa instrumentalización de zonas de sensibilidad ambiental; como no se ha creado una norma obligatoria los promotores han ido a buscar los sitios económicamente más baratos para la implantación y los lugares más baratos muchas veces van a coincidir con espacios naturales de sensibilidad máxima conforme al propio criterio del propio ministerio». «El pastel es apetitoso para atraer una guerra de proyectos por conseguir las subastas de los megavatios», dicen. «El pastel es apetitoso para atraer una guerra de proyectos por conseguir las subastas de los megavatios»Estas mismas fuentes conocedoras de la investigación introducen otro elemento para el debate. Hay una petición judicial para detener el Clúster del Maestrazgo, de competencia estatal. Pero por el momento nadie tiene conocimiento, ni en los pueblos de la provincia de Teruel afectados, ni en el juzgado instructor de la causa en la ciudad del mudéjar, de que el Miteco haya ordenado paralizarlo ‘sine die’ hasta la resolución de la Justicia. «Aquí no ha llegado nada», inciden. Las mismas fuentes apuntan a que Sara Aagesen se habría marcado el gesto, pero sin visos de aplicación real hasta que un juez por la vía en curso o por la de lo contencioso administrativo decidiera la medida cautelar. «No creo que el ministerio haya ordenado eso, técnicamente no hay ninguna suspensión y nadie ha dicho nada [mientras siguen aparcados en un hangar del aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del fondo danés CIP al que Forestalia le vendió el proyecto del Clúster]. Hay que recordar además que el Tribunal Supremo se ha pronunciado por dos veces contra el permiso de construcción y no adoptó la paralización provisional de proyectos como el Clúster del Maestrazgo como medida cautelar, pero lo hizo cuando en ningún caso había sospechas de que se podía haber obtenido las declaraciones de impacto ambiental de forma fraudulenta».Por último, las mismas fuentes que investigan los hechos subrayan que el páramo de Teruel ofrecía las condiciones perfectas para extender placas fotovoltaicas y levantar aerogeneradores por doquier, aunque fue precisamente en esta provincia donde la contestación social permitió que interviniese la Justicia. Extremadura y Aragón son las dos comunidades con mayor despliegue renovable: no es casual, el suelo es barato, son territorios muy despoblados y muy extensos… son candidatos ideales. «Proyectos como los del Clúster del Maestrazgo son pan para hoy y hambre para mañana, localmente la extensión de las renovables necesita mucho espacio y es poco compatible con otras actividades»«En realidad estos proyectos son pan para hoy y hambre para mañana; es lo contrario al lema ecologista de piensa globalmente, actúa localmente. Aquí globalmente es bueno, porque reduce las emisiones de gases, pero localmente la extensión de las renovables necesita mucho espacio y es poco compatible con otras actividades; por lo tanto, es bueno unos años pero luego llega un momento en que no te permite otros modelos de desarrollo». «Si no hubiera habido una contestación social en Teruel, la asociación de Apoyo a Teruel Existe no habría denunciado y quizás no se habría sabido nunca lo que presuntamente hacían unos cargos públicos y una empresa». Con más de 500.000 folios de causa, las mismas fuentes no advierten ni por asomo el final de la misma. El juez instructor en Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, ha dado una concesión de plazo a las partes (suspende los plazos procesales) hasta el próximo 31 de marzo por los problemas técnicos que se han sucedido en el Juzgado para remitir la documentación pertinente a los letrados y citarlos así, a partir de esa fecha, para decidir si suspende cautelarmente o no algunos proyectos de Forestalia como el Clúster. MÁS INFORMACIÓN noticia Si Detenido un camionero por atropellar mortalmente a otro en la huida tras robarle el gasoil noticia Si La mano derecha de Lambán asesoró personalmente a ForestaliaEl volumen de la causa es inasumible: son enlaces a procedimientos ministeriales en relación con las DIA y la tramitación de cada una (entre consultas, informes y alegaciones cada DIA puede tener miles de folios por centenares de proyectos). «Hablamos de una causa con miles de folios de trabajo de mucha gente en el ámbito público y privado», acaban dichas fuentes. Fuentes de la investigación del caso Forestalia en Aragón diferencian dos plazos de tiempo en que se habrían cometido presuntamente las irregularidades por parte de los cargos públicos que favorecieron a la empresa de Fernando Samper. Dichas fuentes afirman que «en el nivel autonómico todo apunta a que es una cuestión del pasado, mientras que en el nivel estatal los proyectos que se investigan y que venían de la etapa anterior del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) que llegan al Ministerio de Transición Ecológica son bastante recientes», de lo cual se deduce que los delitos cometidos presuntamente por el ex alto cargo de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez , «no habrían prescrito porque han sucedido no hace mucho tiempo». En cambio, habrá que determinar -continúan- si en algunos de los supuestamente cometidos por altos cargos de gobiernos autonómicos anteriores –como el caso del exconsejero de Medio Ambiente del PAR, Alfredo Boné – «sí podría haber vencido el tiempo legal para responder ante la Justicia». Por norma general estos delitos ambientales caducan a los cinco años y a Boné, por ejemplo, no se le podría imputar un delito contra la administración pública porque ya no era un servidor público en el momento de los hechos (había montado una consultora para renovables, Viados, cuya venta a Forestalia se investiga al sospecharse que podría haber sido un «pago» en diferido por los servicios prestados por Boné siendo consejero); no sería como el caso del exsubdirector del Ministerio, que es más claro. Además, las mismas fuentes del caso confirman a ABC que con toda probabilidad no habrá ningún cargo del último Ejecutivo de Jorge Azcón en la comunidad salpicado por la causa, máxime tras el cambio de dirección del órgano de gestión de los permisos ambientales, el Inaga, de manos del socialista Jesús Lobera (cuya gestión sí está bajo sospecha) al actual Luis Simal. Estas fuentes bien informadas coinciden con Jorge Azcón, presidente popular en funciones, que hace unos días remitía la causa exclusivamente a gobiernos pasados en Aragón, con Javier Lambán a los mandos aunque el ínterin de tiempo en la región se puede retrotraer hasta el de Marcelino Iglesias, y al de Pedro Sánchez en el Gobierno de la nación.Noticia relacionada general No No Forestalia El alto cargo de Ribera confesó a la Guardia Civil que compró acciones de las empresas de la trama Borja MéndezLa pregunta que en reiteradas ocasiones se ha dirigido a Azcón, sobre todo cuando están bajo sospecha las prácticas fraudulentas e irregulares que desplegaba la empresa de Fernando Samper para extender sus proyectos de renovables en la región, es si va a anular los contratos vigentes con la gran compañía aragonesa. Y la respuesta es que proyectos promovidos por Forestalia como Búfalo, que contempla la construcción de tres centros de datos en la provincia de Zaragoza y que suponen inversiones milmillonarias en Aragón, se mantendrán, porque los contratos bajo la lupa judicial son anteriores.El Gobierno de Aragón en funciones sigue adelante con los proyectos en marcha comprometidos con Forestalia porque no están bajo sospecha de irregularidadNo existen decisiones judiciales que paralicen esta macroinversión de 12.000 millones de euros. «Los proyectos polémicos son los que están siendo objeto de investigación judicial y remiten a mandatos de Lambán y de Sánchez. La afección será sobre los proyectos en los que haya habido ilegalidades y esos no se podrán sacar adelante dependiendo de la resolución judicial», dicen desde el Ejecutivo aragonés. E insisten en que el PP denunció antes de las elecciones de 2023 las aparentes irregularidades que había en determinadas concesiones (fragmentaciones, informes contradictorios y purga de funcionarios no afines a la trama, así como externalización de informes a empresas relacionadas con Forestalia), se pidió una comisión de investigación en las Cortes y el resultado de la investigación actual ratifica muchas de esas denuncias. En cambio, fuentes de la investigación niegan que tuviera ningún efecto la comisión de investigación, que es una herramienta política.«Al llegar al Gobierno cambiamos el Inaga, con una nueva dirección y con una fuerte inversión en recursos humanos para garantizar su correcto funcionamiento», defienden desde el Ejecutivo ahora en funciones. Precisamente ayer, en pleno maremoto por la trama Forestalia, el consejero de Medio Ambiente en funciones, Manuel Blasco, ofreció una rueda de prensa para hacer balance del ‘renovado’ Inaga con un plan de agilización lanzado desde noviembre de 2023: al contrario que en la etapa socialista, el organismo digitaliza en la actualidad el 80% de sus procedimientos y es más fácil de rastrear en cada trámite; ha disminuido los expedientes fuera de plazo un 44% y reduce al mínimo los encargos a consultoras. La instalación de renovables ha sido un «pastel apetitoso», dicen fuentes de la investigación del caso Forestalia. AbcDe hecho, aunque Blasco justificó en cierta forma que con el ‘boom’ de las renovables en el mandato de Lambán se recurriese a esas empresas externas para reducir la carga de expedientes, también ofreció dos datos muy llamativos: el primero, que en los años 2023, 2024 y 2025 no se ha solicitado a ninguna consultora externa que elaborase las declaraciones de impacto ambiental de renovables (las llamadas DIA, el instrumento técnico que presuntamente se manipuló a favor de la trama en el Instituto autonómico y el Miteco), frente a los 342 expedientes vinculados a renovables donde participaron en 2021 y 2022. En segundo lugar, se han incorporado 14 nuevos puestos de trabajo, en el marco de un refuerzo récord en la plantilla del instituto, que ha pasado de 72 a 86 efectivos. En la investigación se acusa al socialista Lobera de haber apartado de su puesto incluso a los técnicos díscolos con sus resoluciones y de haber reordenado el Inaga de manera anómala para cumplir sus órdenes.Precisamente ayer el consejero en funciones del Gobierno de Aragón hizo balance de la gestión del Inaga, desde su renovación completa en 2023: no se recurre a consultoras externas y se ha digitalizado el 80% de los trámitesPor último, las fuentes del Gobierno maño aseguran que todos los proyectos que se han tramitado en esta etapa serán revisados al dedillo si hay cualquier sombra de sospecha. Forestalia operaba a distintos nivelesDesde dentro de la mastodóntica investigación las fuentes consultadas señalan que Forestalia operaba con diferentes roles en el proceso para generar electricidad. Y que hasta ahí todo era perfectamente legal. De lo que se acusa a la novel de las energías renovables en España es de que por el camino para la obtención de autorizaciones pudiera haber habido ya no solo una «irregularidad administrativa, sino también alguna situación delictiva para la obtención de esas autorizaciones». Y haber utilizado para ello el favor de cargos públicos. El problema de fondo que subyace bajo esta causa es también que España tiene una ley 7/21 de cambio climático pero aún no ha traspuesto la directiva europea de zonas de aceleración renovable, explican fuentes jurídicas, por la que se tiene que hacer una planificación nacional de la implantación de las renovables. Desde el ministerio que entonces dirigía Teresa Ribera «solo se hizo una orientativa instrumentalización de zonas de sensibilidad ambiental; como no se ha creado una norma obligatoria los promotores han ido a buscar los sitios económicamente más baratos para la implantación y los lugares más baratos muchas veces van a coincidir con espacios naturales de sensibilidad máxima conforme al propio criterio del propio ministerio». «El pastel es apetitoso para atraer una guerra de proyectos por conseguir las subastas de los megavatios», dicen. «El pastel es apetitoso para atraer una guerra de proyectos por conseguir las subastas de los megavatios»Estas mismas fuentes conocedoras de la investigación introducen otro elemento para el debate. Hay una petición judicial para detener el Clúster del Maestrazgo, de competencia estatal. Pero por el momento nadie tiene conocimiento, ni en los pueblos de la provincia de Teruel afectados, ni en el juzgado instructor de la causa en la ciudad del mudéjar, de que el Miteco haya ordenado paralizarlo ‘sine die’ hasta la resolución de la Justicia. «Aquí no ha llegado nada», inciden. Las mismas fuentes apuntan a que Sara Aagesen se habría marcado el gesto, pero sin visos de aplicación real hasta que un juez por la vía en curso o por la de lo contencioso administrativo decidiera la medida cautelar. «No creo que el ministerio haya ordenado eso, técnicamente no hay ninguna suspensión y nadie ha dicho nada [mientras siguen aparcados en un hangar del aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del fondo danés CIP al que Forestalia le vendió el proyecto del Clúster]. Hay que recordar además que el Tribunal Supremo se ha pronunciado por dos veces contra el permiso de construcción y no adoptó la paralización provisional de proyectos como el Clúster del Maestrazgo como medida cautelar, pero lo hizo cuando en ningún caso había sospechas de que se podía haber obtenido las declaraciones de impacto ambiental de forma fraudulenta».Por último, las mismas fuentes que investigan los hechos subrayan que el páramo de Teruel ofrecía las condiciones perfectas para extender placas fotovoltaicas y levantar aerogeneradores por doquier, aunque fue precisamente en esta provincia donde la contestación social permitió que interviniese la Justicia. Extremadura y Aragón son las dos comunidades con mayor despliegue renovable: no es casual, el suelo es barato, son territorios muy despoblados y muy extensos… son candidatos ideales. «Proyectos como los del Clúster del Maestrazgo son pan para hoy y hambre para mañana, localmente la extensión de las renovables necesita mucho espacio y es poco compatible con otras actividades»«En realidad estos proyectos son pan para hoy y hambre para mañana; es lo contrario al lema ecologista de piensa globalmente, actúa localmente. Aquí globalmente es bueno, porque reduce las emisiones de gases, pero localmente la extensión de las renovables necesita mucho espacio y es poco compatible con otras actividades; por lo tanto, es bueno unos años pero luego llega un momento en que no te permite otros modelos de desarrollo». «Si no hubiera habido una contestación social en Teruel, la asociación de Apoyo a Teruel Existe no habría denunciado y quizás no se habría sabido nunca lo que presuntamente hacían unos cargos públicos y una empresa». Con más de 500.000 folios de causa, las mismas fuentes no advierten ni por asomo el final de la misma. El juez instructor en Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, ha dado una concesión de plazo a las partes (suspende los plazos procesales) hasta el próximo 31 de marzo por los problemas técnicos que se han sucedido en el Juzgado para remitir la documentación pertinente a los letrados y citarlos así, a partir de esa fecha, para decidir si suspende cautelarmente o no algunos proyectos de Forestalia como el Clúster. MÁS INFORMACIÓN noticia Si Detenido un camionero por atropellar mortalmente a otro en la huida tras robarle el gasoil noticia Si La mano derecha de Lambán asesoró personalmente a ForestaliaEl volumen de la causa es inasumible: son enlaces a procedimientos ministeriales en relación con las DIA y la tramitación de cada una (entre consultas, informes y alegaciones cada DIA puede tener miles de folios por centenares de proyectos). «Hablamos de una causa con miles de folios de trabajo de mucha gente en el ámbito público y privado», acaban dichas fuentes. RSS de noticias de espana
Noticias Similares
