La Policía intervino durante el registro que hizo el 24 de octubre de 2024 en el despacho del abogado Miguel Palomero, uno de los presuntos implicados en el caso Plus Ultra, un teléfono móvil que contenía un chat denominado “Danilo-España” en el que supuestamente se recogían las conversaciones a través de la aplicación WhatsApp del letrado con el empresario venezolano Danilo Diazgranados Mangalo, investigado por la justicia francesa, en las que se cita a “alguien denominado ‘Zorro’, ‘Z’ o ‘ZZZZ”. Los responsables de la investigación han identificado a la persona a la que se citaba con estas tres expresiones con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo detallaba la juez de Madrid Esperanza Collazos, que inició las pesquisas sobre las supuestas irregularidades en la concesión de una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea, en el auto del pasado 23 de febrero ―y conocido este miércoles tras levantarse el secreto de las actuaciones― por el que se inhibía en la Audiencia Nacional para que fuera este órgano judicial el que continuara las pesquisas.
La magistrada apunta a la supuesta “influencia” del expresidente ante altos ejecutivos de Repsol para favorecer a un empresario venezolano, que la petrolera niega
La Policía intervino durante el registro que hizo el 24 de octubre de 2024 en el despacho del abogado Miguel Palomero, uno de los presuntos implicados en el caso Plus Ultra, un teléfono móvil que contenía un chat denominado “Danilo-España” en el que supuestamente se recogían las conversaciones a través de la aplicación WhatsApp del letrado con el empresario venezolano Danilo Diazgranados Mangalo, investigado por la justicia francesa, en las que se cita a “alguien denominado ‘Zorro’, ‘Z’ o ‘ZZZZ”. Los responsables de la investigación han identificado a la persona a la que se citaba con estas tres expresiones con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo detallaba la juez de Madrid Esperanza Collazos, que inició las pesquisas sobre las supuestas irregularidades en la concesión de una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea, en el auto del pasado 23 de febrero ―y conocido este miércoles tras levantarse el secreto de las actuaciones― por el que se inhibía en la Audiencia Nacional para que fuera este órgano judicial el que continuara las pesquisas.
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