El pasado 11 de Mayo publicaba yo en ABC un artículo de opinión que titulaba ‘BBVA-Banco de Sabadell, opa y populismo’, en el que dejaba constancia de mi sorpresa (que era y sigue siendo la de muchos observadores dentro y fuera de nuestras fronteras) por la celeridad con la que el gobierno de Pedro Sánchez decidió organizar una consulta pública sin precedentes sobre una operación previamente autorizada, con significativos remedios y gravosas condiciones, por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), tras un largo, exhaustivo y muy profesional análisis de la misma. Calificaba yo entonces dicha encuesta de oscura por naturaleza, etérea en cuanto a sus fines y sus destinatarios, y tocante a un asunto de una evidente sofisticación técnica, jurídica y económica, cuya comprensión no estaba al alcance de cualquiera. Lógicamente, el resultado de esa consulta es todo menos solvente y creíble. En efecto, de las 348.600 respuestas recibidas, el propio Ministerio solo ha podido dar por «válidas» 65.900 provenientes de ciudadanos y entidades varias. Y de ellas, sólo algo más de un 20% solicitan medidas aún más intervencionistas que las impuestas por la CNMC. Todo perfectamente transparente y científico, como se ve. Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido (¿o sería mas apropiado decir que no ha tenido otra que decidir?) impedir que la fusión de ambos bancos no intervenga antes como mínimo de 3 años, extensible a 5, periodo durante el cual BBVA y Banco Sabadell deberán mantener personalidad jurídica y patrimonio separados. Y todo ello, independientemente de cuál sea la voluntad de los accionistas de ambos bancos, del placer con condiciones otorgado por la CNMC el pasado mes de abril, y de la opinión claramente favorable que tienen sobre esta operación los mercados, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea . La explicación dada por el gobierno para justificar tal intervencionismo, impropio de un país miembro de la Unión Europea y sujeto al acervo comunitario, es la supuesta preservación del tan manido, pero nunca convenientemente explicado, «interés público». En un contexto económico y geopolítico como el actual, con un comercio internacional sometido a los vaivenes e incertidumbres de la política arancelaria americana , tan inabarcable y caprichosa como el que la impulsa desde Washington; con guerras al lado de nuestra puerta (Ucrania) y en el siempre explosivo Oriente Próximo, que ya veremos qué consecuencias tienen también para nosotros, y con una China cada día más poderosa e influyente pero también menos transparente en la gestión de su economía y su política internacional, lo que se espera de un país como España , que necesita preservar su buen nombre y el indispensable flujo de inversiones extranjeras para seguir creciendo, es seriedad comercial, previsibilidad en las decisiones de sus autoridades y respeto estricto del principio de legalidad (lo que los anglosajones definen como «the rule of Law»).Pues bien, justo lo contrario es lo que ha hecho este Gobierno con su decisión (inducida) de descarrilar la operación BBVA-Banco de Sabadell postergándola en realidad ‘sine die’. Así las cosas, no sorprende que la Comisión Europea, a petición de Maria Luisa Alburquerque , la discreta y eficiente Comisaria Europea responsable de servicios financieros y unión de ahorros e inversiones, acabe de abrir un procedimiento de infracción al Gobierno español por las trabas impuestas a esta fusión, por entender que puede haberse extralimitado y sus acciones ser contrarias a la libre circulación de capitales. Y es que, en efecto, el intervencionismo de un gobierno europeo en transacciones como la que nos ocupa ha de ser debidamente justificado, proporcionado, y basado en la preservación del interés general (que obviamente dicho gobierno no puede definir por su cuenta y según le convenga). Concluyo esta segunda entrega con unas cuantas preguntas que dejo responder a los lectores con la clarividencia que es la suya, si bien no escamotearé mi propia respuesta. Con los precedentes citados, con esta palmaria inobservancia de principios básicos en una economía moderna seria y la imprevisibilidad de quienes la dirigen, con un gobierno además cercado por gravísimas acusaciones de corrupción que alcanzan hasta la propia Moncloa, ¿qué grupo empresarial, qué gran inversor internacional va a plantearse seriamente invertir en esta España donde, por no haber, no hay ni presupuestos del Estado desde 2023? ¿Cómo se explica que una economía que «va como un cohete» (Sánchez ‘dixit’) esté asistiendo actualmente a una desaceleración salvaje de las inversiones venidas del extranjero)? Y puesto que la consolidación bancaria en el seno de la UE es no solo ineluctable, sino indispensable dado el contexto internacional al que aludía anteriormente, ¿no sería mejor que los bancos españoles participen en esa consolidación bancaria siendo ellos los que compran en lugar de ser los opados? La triste realidad, afirmo, es que el prófugo Puigdemont , desde su cómoda madriguera de Waterloo (tan visitada por personajes tan de fiar como Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros) lamentablemente marca el paso (y la agenda) a todo un Gobierno español, consciente como es él, pero también Pedro Sánchez, de su extrema debilidad y que sin los 7 votos, tan xenófobos como tóxicos de Junts en Cortes, el colchón de la Moncloa y la protección que, por el momento, ofrece saltan por los aires. Y eso son palabras y riesgos mayores. El pasado 11 de Mayo publicaba yo en ABC un artículo de opinión que titulaba ‘BBVA-Banco de Sabadell, opa y populismo’, en el que dejaba constancia de mi sorpresa (que era y sigue siendo la de muchos observadores dentro y fuera de nuestras fronteras) por la celeridad con la que el gobierno de Pedro Sánchez decidió organizar una consulta pública sin precedentes sobre una operación previamente autorizada, con significativos remedios y gravosas condiciones, por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), tras un largo, exhaustivo y muy profesional análisis de la misma. Calificaba yo entonces dicha encuesta de oscura por naturaleza, etérea en cuanto a sus fines y sus destinatarios, y tocante a un asunto de una evidente sofisticación técnica, jurídica y económica, cuya comprensión no estaba al alcance de cualquiera. Lógicamente, el resultado de esa consulta es todo menos solvente y creíble. En efecto, de las 348.600 respuestas recibidas, el propio Ministerio solo ha podido dar por «válidas» 65.900 provenientes de ciudadanos y entidades varias. Y de ellas, sólo algo más de un 20% solicitan medidas aún más intervencionistas que las impuestas por la CNMC. Todo perfectamente transparente y científico, como se ve. Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido (¿o sería mas apropiado decir que no ha tenido otra que decidir?) impedir que la fusión de ambos bancos no intervenga antes como mínimo de 3 años, extensible a 5, periodo durante el cual BBVA y Banco Sabadell deberán mantener personalidad jurídica y patrimonio separados. Y todo ello, independientemente de cuál sea la voluntad de los accionistas de ambos bancos, del placer con condiciones otorgado por la CNMC el pasado mes de abril, y de la opinión claramente favorable que tienen sobre esta operación los mercados, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea . La explicación dada por el gobierno para justificar tal intervencionismo, impropio de un país miembro de la Unión Europea y sujeto al acervo comunitario, es la supuesta preservación del tan manido, pero nunca convenientemente explicado, «interés público». En un contexto económico y geopolítico como el actual, con un comercio internacional sometido a los vaivenes e incertidumbres de la política arancelaria americana , tan inabarcable y caprichosa como el que la impulsa desde Washington; con guerras al lado de nuestra puerta (Ucrania) y en el siempre explosivo Oriente Próximo, que ya veremos qué consecuencias tienen también para nosotros, y con una China cada día más poderosa e influyente pero también menos transparente en la gestión de su economía y su política internacional, lo que se espera de un país como España , que necesita preservar su buen nombre y el indispensable flujo de inversiones extranjeras para seguir creciendo, es seriedad comercial, previsibilidad en las decisiones de sus autoridades y respeto estricto del principio de legalidad (lo que los anglosajones definen como «the rule of Law»).Pues bien, justo lo contrario es lo que ha hecho este Gobierno con su decisión (inducida) de descarrilar la operación BBVA-Banco de Sabadell postergándola en realidad ‘sine die’. Así las cosas, no sorprende que la Comisión Europea, a petición de Maria Luisa Alburquerque , la discreta y eficiente Comisaria Europea responsable de servicios financieros y unión de ahorros e inversiones, acabe de abrir un procedimiento de infracción al Gobierno español por las trabas impuestas a esta fusión, por entender que puede haberse extralimitado y sus acciones ser contrarias a la libre circulación de capitales. Y es que, en efecto, el intervencionismo de un gobierno europeo en transacciones como la que nos ocupa ha de ser debidamente justificado, proporcionado, y basado en la preservación del interés general (que obviamente dicho gobierno no puede definir por su cuenta y según le convenga). Concluyo esta segunda entrega con unas cuantas preguntas que dejo responder a los lectores con la clarividencia que es la suya, si bien no escamotearé mi propia respuesta. Con los precedentes citados, con esta palmaria inobservancia de principios básicos en una economía moderna seria y la imprevisibilidad de quienes la dirigen, con un gobierno además cercado por gravísimas acusaciones de corrupción que alcanzan hasta la propia Moncloa, ¿qué grupo empresarial, qué gran inversor internacional va a plantearse seriamente invertir en esta España donde, por no haber, no hay ni presupuestos del Estado desde 2023? ¿Cómo se explica que una economía que «va como un cohete» (Sánchez ‘dixit’) esté asistiendo actualmente a una desaceleración salvaje de las inversiones venidas del extranjero)? Y puesto que la consolidación bancaria en el seno de la UE es no solo ineluctable, sino indispensable dado el contexto internacional al que aludía anteriormente, ¿no sería mejor que los bancos españoles participen en esa consolidación bancaria siendo ellos los que compran en lugar de ser los opados? La triste realidad, afirmo, es que el prófugo Puigdemont , desde su cómoda madriguera de Waterloo (tan visitada por personajes tan de fiar como Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros) lamentablemente marca el paso (y la agenda) a todo un Gobierno español, consciente como es él, pero también Pedro Sánchez, de su extrema debilidad y que sin los 7 votos, tan xenófobos como tóxicos de Junts en Cortes, el colchón de la Moncloa y la protección que, por el momento, ofrece saltan por los aires. Y eso son palabras y riesgos mayores. El pasado 11 de Mayo publicaba yo en ABC un artículo de opinión que titulaba ‘BBVA-Banco de Sabadell, opa y populismo’, en el que dejaba constancia de mi sorpresa (que era y sigue siendo la de muchos observadores dentro y fuera de nuestras fronteras) por la celeridad con la que el gobierno de Pedro Sánchez decidió organizar una consulta pública sin precedentes sobre una operación previamente autorizada, con significativos remedios y gravosas condiciones, por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), tras un largo, exhaustivo y muy profesional análisis de la misma. Calificaba yo entonces dicha encuesta de oscura por naturaleza, etérea en cuanto a sus fines y sus destinatarios, y tocante a un asunto de una evidente sofisticación técnica, jurídica y económica, cuya comprensión no estaba al alcance de cualquiera. Lógicamente, el resultado de esa consulta es todo menos solvente y creíble. En efecto, de las 348.600 respuestas recibidas, el propio Ministerio solo ha podido dar por «válidas» 65.900 provenientes de ciudadanos y entidades varias. Y de ellas, sólo algo más de un 20% solicitan medidas aún más intervencionistas que las impuestas por la CNMC. Todo perfectamente transparente y científico, como se ve. Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido (¿o sería mas apropiado decir que no ha tenido otra que decidir?) impedir que la fusión de ambos bancos no intervenga antes como mínimo de 3 años, extensible a 5, periodo durante el cual BBVA y Banco Sabadell deberán mantener personalidad jurídica y patrimonio separados. Y todo ello, independientemente de cuál sea la voluntad de los accionistas de ambos bancos, del placer con condiciones otorgado por la CNMC el pasado mes de abril, y de la opinión claramente favorable que tienen sobre esta operación los mercados, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea . La explicación dada por el gobierno para justificar tal intervencionismo, impropio de un país miembro de la Unión Europea y sujeto al acervo comunitario, es la supuesta preservación del tan manido, pero nunca convenientemente explicado, «interés público». En un contexto económico y geopolítico como el actual, con un comercio internacional sometido a los vaivenes e incertidumbres de la política arancelaria americana , tan inabarcable y caprichosa como el que la impulsa desde Washington; con guerras al lado de nuestra puerta (Ucrania) y en el siempre explosivo Oriente Próximo, que ya veremos qué consecuencias tienen también para nosotros, y con una China cada día más poderosa e influyente pero también menos transparente en la gestión de su economía y su política internacional, lo que se espera de un país como España , que necesita preservar su buen nombre y el indispensable flujo de inversiones extranjeras para seguir creciendo, es seriedad comercial, previsibilidad en las decisiones de sus autoridades y respeto estricto del principio de legalidad (lo que los anglosajones definen como «the rule of Law»).Pues bien, justo lo contrario es lo que ha hecho este Gobierno con su decisión (inducida) de descarrilar la operación BBVA-Banco de Sabadell postergándola en realidad ‘sine die’. Así las cosas, no sorprende que la Comisión Europea, a petición de Maria Luisa Alburquerque , la discreta y eficiente Comisaria Europea responsable de servicios financieros y unión de ahorros e inversiones, acabe de abrir un procedimiento de infracción al Gobierno español por las trabas impuestas a esta fusión, por entender que puede haberse extralimitado y sus acciones ser contrarias a la libre circulación de capitales. Y es que, en efecto, el intervencionismo de un gobierno europeo en transacciones como la que nos ocupa ha de ser debidamente justificado, proporcionado, y basado en la preservación del interés general (que obviamente dicho gobierno no puede definir por su cuenta y según le convenga). Concluyo esta segunda entrega con unas cuantas preguntas que dejo responder a los lectores con la clarividencia que es la suya, si bien no escamotearé mi propia respuesta. Con los precedentes citados, con esta palmaria inobservancia de principios básicos en una economía moderna seria y la imprevisibilidad de quienes la dirigen, con un gobierno además cercado por gravísimas acusaciones de corrupción que alcanzan hasta la propia Moncloa, ¿qué grupo empresarial, qué gran inversor internacional va a plantearse seriamente invertir en esta España donde, por no haber, no hay ni presupuestos del Estado desde 2023? ¿Cómo se explica que una economía que «va como un cohete» (Sánchez ‘dixit’) esté asistiendo actualmente a una desaceleración salvaje de las inversiones venidas del extranjero)? Y puesto que la consolidación bancaria en el seno de la UE es no solo ineluctable, sino indispensable dado el contexto internacional al que aludía anteriormente, ¿no sería mejor que los bancos españoles participen en esa consolidación bancaria siendo ellos los que compran en lugar de ser los opados? La triste realidad, afirmo, es que el prófugo Puigdemont , desde su cómoda madriguera de Waterloo (tan visitada por personajes tan de fiar como Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros) lamentablemente marca el paso (y la agenda) a todo un Gobierno español, consciente como es él, pero también Pedro Sánchez, de su extrema debilidad y que sin los 7 votos, tan xenófobos como tóxicos de Junts en Cortes, el colchón de la Moncloa y la protección que, por el momento, ofrece saltan por los aires. Y eso son palabras y riesgos mayores. RSS de noticias de economia
Noticias Similares
