España moviliza en horas su respuesta humanitaria cuando una crisis migratoria golpea una de sus ciudades. Ese reflejo nos honra como país y no debería cuestionarse nunca. Pero hay una segunda emergencia que casi siempre llega después, si es que llega: la económica. La hemos vuelto a ver en Ceuta tras la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio. La atención a las personas fue inmediata; la atención al pequeño comercio, a la hostelería y a los autónomos que sostienen la ciudad avanza mucho más despacio, y en buena medida sigue por hacer.En los últimos días, el propio Gobierno ha reconocido ya la magnitud de lo ocurrido. El pasado 25 de agosto, el Consejo de Ministros declaró la situación en Ceuta de interés para la Seguridad Nacional y constituyó una autoridad funcional, el llamado mando único, liderada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para coordinar a once ministerios con la Ciudad Autónoma. En su comparecencia en el Congreso del pasado jueves, el propio Torres recordó que, de las más de 70.000 personas que entraron los días 30 y 31 de julio, entre el 90 y el 95 por ciento regresaron a Marruecos en las primeras 24 o 48 horas, y cifró en 1.827 las que hoy continúan alojadas en la ciudad. El Gobierno admite, en definitiva, que Ceuta afronta una segunda fase de la crisis, centrada en consolidar la seguridad, la atención humanitaria y el retorno de quienes permanecen. Comparto ese diagnóstico y, sobre todo, la decisión de coordinar la respuesta bajo un mando único: es exactamente el tipo de instrumento extraordinario que una situación así exige. Pero ese mando, tal y como se ha planteado hasta ahora, no incorpora todavía la dimensión económica y laboral que aquí venimos reclamando desde el primer día, y que resulta indispensable para que la ciudad recupere no solo la seguridad, sino también su actividad.Un informe elaborado sobre el terreno por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, que hemos analizado junto con el Consejo Autonómico Andaluz de Graduados Sociales, retrata con precisión esa segunda emergencia: cancelaciones de reservas hoteleras y de billetes de barco, caída de visitantes y de consumo, suspensión de las Fiestas Patronales y de distintos eventos deportivos y culturales que sostienen buena parte de la actividad económica del verano ceutí. La Cámara de Comercio cifra el posible impacto en 27,7 millones de euros al cierre de agosto. Detrás de esa cifra no hay abstracción: hay comercio de proximidad, pequeños hoteles, empresas de transporte marítimo y, sobre todo, un tejido productivo donde predominan los autónomos, las microempresas y las pequeñas empresas, con escaso margen para resistir sin ayuda una caída prolongada de ingresos.Aquí está, a mi juicio, el problema de fondo. El Gobierno ha demostrado esta semana que sabe reaccionar con rapidez cuando lo decide: en pocos días ha declarado el interés para la Seguridad Nacional, ha constituido un mando único y ha empezado a rendir cuentas en el Congreso. Ese mismo reflejo institucional falta, sistemáticamente, en la vertiente económica. Cada vez que un territorio sufre un shock de este tipo, la respuesta a las empresas y a las personas trabajadoras sigue dependiendo de que alguien, nosotros, en este caso, tenga que pedirla expresamente, documentar el impacto y esperar respuesta, mientras el reloj corre en contra de negocios que no pueden permitirse meses sin ingresos.Por eso creo que el mando único constituido esta semana debería ampliar su alcance a la vertiente económica, con un protocolo específico y activable de forma automática que incluya ayudas directas para las empresas que acrediten pérdidas de facturación, protección específica para autónomos y microempresas, atención prioritaria a los sectores más expuestos, comercio, hostelería, turismo, servicios, bonificaciones o reducciones extraordinarias de las cotizaciones a la Seguridad Social, aplazamientos de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, e incentivos claros al mantenimiento del empleo y de las plantillas. Y debería diseñarse, desde el primer momento, para tramitarse con agilidad: una ayuda extraordinaria que exige semanas de papeleo a un autónomo sin ingresos llega, en la práctica, demasiado tarde.Conviene además separar dos planos que el debate público tiende a mezclar. Una cosa es la posición de cada cual sobre política migratoria, legítimamente diversa y objeto de discusión democrática; otra muy distinta es si las pymes, los autónomos y las personas trabajadoras de una ciudad concreta merecen protección económica cuando un fenómeno ajeno a su voluntad pone en riesgo su actividad. En ese segundo terreno no debería caber discrepancia, y mezclarlo con el primero solo sirve para retrasar la respuesta que unos y otros, en el fondo, saben necesaria.Los Graduados Sociales llevamos décadas acompañando, despacho a despacho, a las pequeñas empresas y a las personas trabajadoras de este país. Conocemos la angustia de un empresario que no sabe si podrá mantener su plantilla el mes que viene, y conocemos también lo que separa una buena medida sobre el papel de una medida que realmente llega a tiempo. Por eso ofrecemos nuestro conocimiento técnico al mando único y al conjunto de las administraciones para diseñar ese protocolo económico y participar en su aplicación, tal y como ya hemos trasladado en el caso concreto de Ceuta.Ceuta no necesita solo palabras de ánimo, y tampoco necesita un trato de favor. Necesita que el mando único ya constituido incorpore, con el mismo rango de urgencia que la seguridad y la atención humanitaria, la respuesta económica y laboral a las empresas y a las personas trabajadoras de la ciudad. Los países serios no eligen entre atender la emergencia humanitaria y proteger la economía de quienes la sufren de rebote: hacen las dos cosas, y las hacen con la misma rapidez. El Gobierno ha demostrado esta semana que sabe activar mecanismos extraordinarios cuando se lo propone. Confío en que ese mismo impulso llegue también a nuestras propuestas.Joaquín Merchán Bermejo es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España España moviliza en horas su respuesta humanitaria cuando una crisis migratoria golpea una de sus ciudades. Ese reflejo nos honra como país y no debería cuestionarse nunca. Pero hay una segunda emergencia que casi siempre llega después, si es que llega: la económica. La hemos vuelto a ver en Ceuta tras la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio. La atención a las personas fue inmediata; la atención al pequeño comercio, a la hostelería y a los autónomos que sostienen la ciudad avanza mucho más despacio, y en buena medida sigue por hacer.En los últimos días, el propio Gobierno ha reconocido ya la magnitud de lo ocurrido. El pasado 25 de agosto, el Consejo de Ministros declaró la situación en Ceuta de interés para la Seguridad Nacional y constituyó una autoridad funcional, el llamado mando único, liderada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para coordinar a once ministerios con la Ciudad Autónoma. En su comparecencia en el Congreso del pasado jueves, el propio Torres recordó que, de las más de 70.000 personas que entraron los días 30 y 31 de julio, entre el 90 y el 95 por ciento regresaron a Marruecos en las primeras 24 o 48 horas, y cifró en 1.827 las que hoy continúan alojadas en la ciudad. El Gobierno admite, en definitiva, que Ceuta afronta una segunda fase de la crisis, centrada en consolidar la seguridad, la atención humanitaria y el retorno de quienes permanecen. Comparto ese diagnóstico y, sobre todo, la decisión de coordinar la respuesta bajo un mando único: es exactamente el tipo de instrumento extraordinario que una situación así exige. Pero ese mando, tal y como se ha planteado hasta ahora, no incorpora todavía la dimensión económica y laboral que aquí venimos reclamando desde el primer día, y que resulta indispensable para que la ciudad recupere no solo la seguridad, sino también su actividad.Un informe elaborado sobre el terreno por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, que hemos analizado junto con el Consejo Autonómico Andaluz de Graduados Sociales, retrata con precisión esa segunda emergencia: cancelaciones de reservas hoteleras y de billetes de barco, caída de visitantes y de consumo, suspensión de las Fiestas Patronales y de distintos eventos deportivos y culturales que sostienen buena parte de la actividad económica del verano ceutí. La Cámara de Comercio cifra el posible impacto en 27,7 millones de euros al cierre de agosto. Detrás de esa cifra no hay abstracción: hay comercio de proximidad, pequeños hoteles, empresas de transporte marítimo y, sobre todo, un tejido productivo donde predominan los autónomos, las microempresas y las pequeñas empresas, con escaso margen para resistir sin ayuda una caída prolongada de ingresos.Aquí está, a mi juicio, el problema de fondo. El Gobierno ha demostrado esta semana que sabe reaccionar con rapidez cuando lo decide: en pocos días ha declarado el interés para la Seguridad Nacional, ha constituido un mando único y ha empezado a rendir cuentas en el Congreso. Ese mismo reflejo institucional falta, sistemáticamente, en la vertiente económica. Cada vez que un territorio sufre un shock de este tipo, la respuesta a las empresas y a las personas trabajadoras sigue dependiendo de que alguien, nosotros, en este caso, tenga que pedirla expresamente, documentar el impacto y esperar respuesta, mientras el reloj corre en contra de negocios que no pueden permitirse meses sin ingresos.Por eso creo que el mando único constituido esta semana debería ampliar su alcance a la vertiente económica, con un protocolo específico y activable de forma automática que incluya ayudas directas para las empresas que acrediten pérdidas de facturación, protección específica para autónomos y microempresas, atención prioritaria a los sectores más expuestos, comercio, hostelería, turismo, servicios, bonificaciones o reducciones extraordinarias de las cotizaciones a la Seguridad Social, aplazamientos de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, e incentivos claros al mantenimiento del empleo y de las plantillas. Y debería diseñarse, desde el primer momento, para tramitarse con agilidad: una ayuda extraordinaria que exige semanas de papeleo a un autónomo sin ingresos llega, en la práctica, demasiado tarde.Conviene además separar dos planos que el debate público tiende a mezclar. Una cosa es la posición de cada cual sobre política migratoria, legítimamente diversa y objeto de discusión democrática; otra muy distinta es si las pymes, los autónomos y las personas trabajadoras de una ciudad concreta merecen protección económica cuando un fenómeno ajeno a su voluntad pone en riesgo su actividad. En ese segundo terreno no debería caber discrepancia, y mezclarlo con el primero solo sirve para retrasar la respuesta que unos y otros, en el fondo, saben necesaria.Los Graduados Sociales llevamos décadas acompañando, despacho a despacho, a las pequeñas empresas y a las personas trabajadoras de este país. Conocemos la angustia de un empresario que no sabe si podrá mantener su plantilla el mes que viene, y conocemos también lo que separa una buena medida sobre el papel de una medida que realmente llega a tiempo. Por eso ofrecemos nuestro conocimiento técnico al mando único y al conjunto de las administraciones para diseñar ese protocolo económico y participar en su aplicación, tal y como ya hemos trasladado en el caso concreto de Ceuta.Ceuta no necesita solo palabras de ánimo, y tampoco necesita un trato de favor. Necesita que el mando único ya constituido incorpore, con el mismo rango de urgencia que la seguridad y la atención humanitaria, la respuesta económica y laboral a las empresas y a las personas trabajadoras de la ciudad. Los países serios no eligen entre atender la emergencia humanitaria y proteger la economía de quienes la sufren de rebote: hacen las dos cosas, y las hacen con la misma rapidez. El Gobierno ha demostrado esta semana que sabe activar mecanismos extraordinarios cuando se lo propone. Confío en que ese mismo impulso llegue también a nuestras propuestas.Joaquín Merchán Bermejo es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España España moviliza en horas su respuesta humanitaria cuando una crisis migratoria golpea una de sus ciudades. Ese reflejo nos honra como país y no debería cuestionarse nunca. Pero hay una segunda emergencia que casi siempre llega después, si es que llega: la económica. La hemos vuelto a ver en Ceuta tras la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio. La atención a las personas fue inmediata; la atención al pequeño comercio, a la hostelería y a los autónomos que sostienen la ciudad avanza mucho más despacio, y en buena medida sigue por hacer.En los últimos días, el propio Gobierno ha reconocido ya la magnitud de lo ocurrido. El pasado 25 de agosto, el Consejo de Ministros declaró la situación en Ceuta de interés para la Seguridad Nacional y constituyó una autoridad funcional, el llamado mando único, liderada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para coordinar a once ministerios con la Ciudad Autónoma. En su comparecencia en el Congreso del pasado jueves, el propio Torres recordó que, de las más de 70.000 personas que entraron los días 30 y 31 de julio, entre el 90 y el 95 por ciento regresaron a Marruecos en las primeras 24 o 48 horas, y cifró en 1.827 las que hoy continúan alojadas en la ciudad. El Gobierno admite, en definitiva, que Ceuta afronta una segunda fase de la crisis, centrada en consolidar la seguridad, la atención humanitaria y el retorno de quienes permanecen. Comparto ese diagnóstico y, sobre todo, la decisión de coordinar la respuesta bajo un mando único: es exactamente el tipo de instrumento extraordinario que una situación así exige. Pero ese mando, tal y como se ha planteado hasta ahora, no incorpora todavía la dimensión económica y laboral que aquí venimos reclamando desde el primer día, y que resulta indispensable para que la ciudad recupere no solo la seguridad, sino también su actividad.Un informe elaborado sobre el terreno por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, que hemos analizado junto con el Consejo Autonómico Andaluz de Graduados Sociales, retrata con precisión esa segunda emergencia: cancelaciones de reservas hoteleras y de billetes de barco, caída de visitantes y de consumo, suspensión de las Fiestas Patronales y de distintos eventos deportivos y culturales que sostienen buena parte de la actividad económica del verano ceutí. La Cámara de Comercio cifra el posible impacto en 27,7 millones de euros al cierre de agosto. Detrás de esa cifra no hay abstracción: hay comercio de proximidad, pequeños hoteles, empresas de transporte marítimo y, sobre todo, un tejido productivo donde predominan los autónomos, las microempresas y las pequeñas empresas, con escaso margen para resistir sin ayuda una caída prolongada de ingresos.Aquí está, a mi juicio, el problema de fondo. El Gobierno ha demostrado esta semana que sabe reaccionar con rapidez cuando lo decide: en pocos días ha declarado el interés para la Seguridad Nacional, ha constituido un mando único y ha empezado a rendir cuentas en el Congreso. Ese mismo reflejo institucional falta, sistemáticamente, en la vertiente económica. Cada vez que un territorio sufre un shock de este tipo, la respuesta a las empresas y a las personas trabajadoras sigue dependiendo de que alguien, nosotros, en este caso, tenga que pedirla expresamente, documentar el impacto y esperar respuesta, mientras el reloj corre en contra de negocios que no pueden permitirse meses sin ingresos.Por eso creo que el mando único constituido esta semana debería ampliar su alcance a la vertiente económica, con un protocolo específico y activable de forma automática que incluya ayudas directas para las empresas que acrediten pérdidas de facturación, protección específica para autónomos y microempresas, atención prioritaria a los sectores más expuestos, comercio, hostelería, turismo, servicios, bonificaciones o reducciones extraordinarias de las cotizaciones a la Seguridad Social, aplazamientos de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, e incentivos claros al mantenimiento del empleo y de las plantillas. Y debería diseñarse, desde el primer momento, para tramitarse con agilidad: una ayuda extraordinaria que exige semanas de papeleo a un autónomo sin ingresos llega, en la práctica, demasiado tarde.Conviene además separar dos planos que el debate público tiende a mezclar. Una cosa es la posición de cada cual sobre política migratoria, legítimamente diversa y objeto de discusión democrática; otra muy distinta es si las pymes, los autónomos y las personas trabajadoras de una ciudad concreta merecen protección económica cuando un fenómeno ajeno a su voluntad pone en riesgo su actividad. En ese segundo terreno no debería caber discrepancia, y mezclarlo con el primero solo sirve para retrasar la respuesta que unos y otros, en el fondo, saben necesaria.Los Graduados Sociales llevamos décadas acompañando, despacho a despacho, a las pequeñas empresas y a las personas trabajadoras de este país. Conocemos la angustia de un empresario que no sabe si podrá mantener su plantilla el mes que viene, y conocemos también lo que separa una buena medida sobre el papel de una medida que realmente llega a tiempo. Por eso ofrecemos nuestro conocimiento técnico al mando único y al conjunto de las administraciones para diseñar ese protocolo económico y participar en su aplicación, tal y como ya hemos trasladado en el caso concreto de Ceuta.Ceuta no necesita solo palabras de ánimo, y tampoco necesita un trato de favor. Necesita que el mando único ya constituido incorpore, con el mismo rango de urgencia que la seguridad y la atención humanitaria, la respuesta económica y laboral a las empresas y a las personas trabajadoras de la ciudad. Los países serios no eligen entre atender la emergencia humanitaria y proteger la economía de quienes la sufren de rebote: hacen las dos cosas, y las hacen con la misma rapidez. El Gobierno ha demostrado esta semana que sabe activar mecanismos extraordinarios cuando se lo propone. Confío en que ese mismo impulso llegue también a nuestras propuestas.Joaquín Merchán Bermejo es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España RSS de noticias de economia
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