Si la cuestión prejudicial tiene una particularidad, es que el órgano nacional que la presenta no tiene representación en el procedimiento en el que se estudia su consulta y sí quienes han sido parte en la causa que se somete a consulta, además de la participación opcional de organismos y Estados miembro que quieran hacer aportaciones. En este caso la posición más cercana al Tribunal de Cuentas la ha mantenido Sociedad Civil Catalana , acusación en el procedimiento contable que se sigue contra los dirigentes del ‘procés’ que desviaron fondos públicos y contraria a que se les aplique la amnistía eximiéndoles de responsabilidad por manejar esos fondos por un importe cifrado en más de tres millones. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, esta última en representación de los intereses de España, han defendido ante Europa que se amnistíe a una treintena de líderes independentistas, entre los que están Puigdemont, Junqueras o Artur Mas, alineándose así con las defensas de los demandados. La amnistía, expusieron abogada del Estado y fiscal, ni violenta el derecho de la Unión ni afecta a los fondos europeos. Hasta el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé, puso énfasis en esta postura compartida para que sea tenida en cuenta por el TJUE: «Venimos de la mano defendiendo lo mismo: la legalidad».La abogada del Estado, Andrea Gavela, negó que la ley sea una «autoamnistía» y reprochó al Tribunal de Cuentas no haber acreditado por qué la ley afecta a los intereses financieros de la UE. Si la cuestión prejudicial tiene una particularidad, es que el órgano nacional que la presenta no tiene representación en el procedimiento en el que se estudia su consulta y sí quienes han sido parte en la causa que se somete a consulta, además de la participación opcional de organismos y Estados miembro que quieran hacer aportaciones. En este caso la posición más cercana al Tribunal de Cuentas la ha mantenido Sociedad Civil Catalana , acusación en el procedimiento contable que se sigue contra los dirigentes del ‘procés’ que desviaron fondos públicos y contraria a que se les aplique la amnistía eximiéndoles de responsabilidad por manejar esos fondos por un importe cifrado en más de tres millones. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, esta última en representación de los intereses de España, han defendido ante Europa que se amnistíe a una treintena de líderes independentistas, entre los que están Puigdemont, Junqueras o Artur Mas, alineándose así con las defensas de los demandados. La amnistía, expusieron abogada del Estado y fiscal, ni violenta el derecho de la Unión ni afecta a los fondos europeos. Hasta el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé, puso énfasis en esta postura compartida para que sea tenida en cuenta por el TJUE: «Venimos de la mano defendiendo lo mismo: la legalidad».La abogada del Estado, Andrea Gavela, negó que la ley sea una «autoamnistía» y reprochó al Tribunal de Cuentas no haber acreditado por qué la ley afecta a los intereses financieros de la UE. Si la cuestión prejudicial tiene una particularidad, es que el órgano nacional que la presenta no tiene representación en el procedimiento en el que se estudia su consulta y sí quienes han sido parte en la causa que se somete a consulta, además de la participación opcional de organismos y Estados miembro que quieran hacer aportaciones. En este caso la posición más cercana al Tribunal de Cuentas la ha mantenido Sociedad Civil Catalana , acusación en el procedimiento contable que se sigue contra los dirigentes del ‘procés’ que desviaron fondos públicos y contraria a que se les aplique la amnistía eximiéndoles de responsabilidad por manejar esos fondos por un importe cifrado en más de tres millones. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, esta última en representación de los intereses de España, han defendido ante Europa que se amnistíe a una treintena de líderes independentistas, entre los que están Puigdemont, Junqueras o Artur Mas, alineándose así con las defensas de los demandados. La amnistía, expusieron abogada del Estado y fiscal, ni violenta el derecho de la Unión ni afecta a los fondos europeos. Hasta el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé, puso énfasis en esta postura compartida para que sea tenida en cuenta por el TJUE: «Venimos de la mano defendiendo lo mismo: la legalidad».La abogada del Estado, Andrea Gavela, negó que la ley sea una «autoamnistía» y reprochó al Tribunal de Cuentas no haber acreditado por qué la ley afecta a los intereses financieros de la UE. RSS de noticias de espana
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