El cierre nuclear en España no es un asunto meramente técnico o económico. Es, sobre todo, político. Y en un contexto de inflación, crisis energética, pugna geopolítica y emergencia climática, cada vez resulta más difícil justificar una renuncia unilateral a la que, para muchos expertos del sector, se torna hoy como una fuente firme autóctona y descarbonizada con la que cuenta el país: la nuclear. Los expertos consultados por este periódico coinciden que, en la actualidad, la paradoja es que España podría liderar la transición combinando renovables y nuclear como hacen Francia o Canadá. Pero, en su lugar, tal y como ha podido saber este periódico de fuentes europeas, se resigna a importar gas caro y contaminante, en un acuerdo que beneficia a Washington y desconcierta a Bruselas. «La realidad es que, después del apagón, hay permanentemente acoplados un montón de ciclos combinados de gas –hay operativos 25 ciclos– y que, si se cierran las nucleares, harían falta otras 25 turbinas de gas adicionales funcionando, lo que daría lugar a más contaminación, electricidad más cara, adiós a la transición energética, a lo verde y ruina tras el cierre nuclear», explica un experto energético.Y es en este contexto, donde la patronal del gas, Sedigas, acaba de contratar los servicios de Acento Public Affairs , la consultora de asuntos públicos de los exministros José Blanco y Alfonso Alonso para fortalecer su influencia en Madrid y Bruselas. Blanco fue ministro de de Fomento entre 2009–2011 con el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy consejero de Enagás, y Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados entre 2008 y 2014 y ministro de Sanidad, Política Social e Igualdad con Mariano Rajoy, entre 2014 y 2016. Sedigas justifica el fichaje como un apoyo técnico para defender tres frentes clave: mantener las calderas de gas, impulsar el biometano y garantizar una retribución atractiva para las redes gasistas entre 2027 y 2032. Pero para un observador básico la coincidencia temporal con la crisis energética y el apagón nuclear no pasa desapercibida.Según Sedigas, la nueva normativa europea permitirá seguir usando calderas siempre que funcionen con gases renovables. En paralelo, busca que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fije una retribución que incentive la inversión en redes para biometano e hidrógeno verde. Mientras tanto, los principales accionistas de las nucleares –las eléctricas–, parecen perder peso político.Los expertos y las empresas advierten de que el cierre nuclear no es solo una cuestión ideológica o climática. Es también una decisión económica con efectos directos . España cuenta con siete reactores que suponen cerca del 20% de la generación eléctrica, y las defienden: «son firmes, estables y no dependen del clima ni del mercado internacional». Según la Agencia de la Energía Nuclear, las centrales nucleares han evitado más de 70 gigatoneladas de dióxido de carbono en los últimos 50 años, y siguen evitando más de 1 gigatonelada cada año. Y la AIE ha sido explícita: alcanzar cero emisiones netas en 2050 requiere duplicar la capacidad nuclear global. El cierre nuclear en España no es un asunto meramente técnico o económico. Es, sobre todo, político. Y en un contexto de inflación, crisis energética, pugna geopolítica y emergencia climática, cada vez resulta más difícil justificar una renuncia unilateral a la que, para muchos expertos del sector, se torna hoy como una fuente firme autóctona y descarbonizada con la que cuenta el país: la nuclear. Los expertos consultados por este periódico coinciden que, en la actualidad, la paradoja es que España podría liderar la transición combinando renovables y nuclear como hacen Francia o Canadá. Pero, en su lugar, tal y como ha podido saber este periódico de fuentes europeas, se resigna a importar gas caro y contaminante, en un acuerdo que beneficia a Washington y desconcierta a Bruselas. «La realidad es que, después del apagón, hay permanentemente acoplados un montón de ciclos combinados de gas –hay operativos 25 ciclos– y que, si se cierran las nucleares, harían falta otras 25 turbinas de gas adicionales funcionando, lo que daría lugar a más contaminación, electricidad más cara, adiós a la transición energética, a lo verde y ruina tras el cierre nuclear», explica un experto energético.Y es en este contexto, donde la patronal del gas, Sedigas, acaba de contratar los servicios de Acento Public Affairs , la consultora de asuntos públicos de los exministros José Blanco y Alfonso Alonso para fortalecer su influencia en Madrid y Bruselas. Blanco fue ministro de de Fomento entre 2009–2011 con el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy consejero de Enagás, y Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados entre 2008 y 2014 y ministro de Sanidad, Política Social e Igualdad con Mariano Rajoy, entre 2014 y 2016. Sedigas justifica el fichaje como un apoyo técnico para defender tres frentes clave: mantener las calderas de gas, impulsar el biometano y garantizar una retribución atractiva para las redes gasistas entre 2027 y 2032. Pero para un observador básico la coincidencia temporal con la crisis energética y el apagón nuclear no pasa desapercibida.Según Sedigas, la nueva normativa europea permitirá seguir usando calderas siempre que funcionen con gases renovables. En paralelo, busca que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fije una retribución que incentive la inversión en redes para biometano e hidrógeno verde. Mientras tanto, los principales accionistas de las nucleares –las eléctricas–, parecen perder peso político.Los expertos y las empresas advierten de que el cierre nuclear no es solo una cuestión ideológica o climática. Es también una decisión económica con efectos directos . España cuenta con siete reactores que suponen cerca del 20% de la generación eléctrica, y las defienden: «son firmes, estables y no dependen del clima ni del mercado internacional». Según la Agencia de la Energía Nuclear, las centrales nucleares han evitado más de 70 gigatoneladas de dióxido de carbono en los últimos 50 años, y siguen evitando más de 1 gigatonelada cada año. Y la AIE ha sido explícita: alcanzar cero emisiones netas en 2050 requiere duplicar la capacidad nuclear global. El cierre nuclear en España no es un asunto meramente técnico o económico. Es, sobre todo, político. Y en un contexto de inflación, crisis energética, pugna geopolítica y emergencia climática, cada vez resulta más difícil justificar una renuncia unilateral a la que, para muchos expertos del sector, se torna hoy como una fuente firme autóctona y descarbonizada con la que cuenta el país: la nuclear. Los expertos consultados por este periódico coinciden que, en la actualidad, la paradoja es que España podría liderar la transición combinando renovables y nuclear como hacen Francia o Canadá. Pero, en su lugar, tal y como ha podido saber este periódico de fuentes europeas, se resigna a importar gas caro y contaminante, en un acuerdo que beneficia a Washington y desconcierta a Bruselas. «La realidad es que, después del apagón, hay permanentemente acoplados un montón de ciclos combinados de gas –hay operativos 25 ciclos– y que, si se cierran las nucleares, harían falta otras 25 turbinas de gas adicionales funcionando, lo que daría lugar a más contaminación, electricidad más cara, adiós a la transición energética, a lo verde y ruina tras el cierre nuclear», explica un experto energético.Y es en este contexto, donde la patronal del gas, Sedigas, acaba de contratar los servicios de Acento Public Affairs , la consultora de asuntos públicos de los exministros José Blanco y Alfonso Alonso para fortalecer su influencia en Madrid y Bruselas. Blanco fue ministro de de Fomento entre 2009–2011 con el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy consejero de Enagás, y Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados entre 2008 y 2014 y ministro de Sanidad, Política Social e Igualdad con Mariano Rajoy, entre 2014 y 2016. Sedigas justifica el fichaje como un apoyo técnico para defender tres frentes clave: mantener las calderas de gas, impulsar el biometano y garantizar una retribución atractiva para las redes gasistas entre 2027 y 2032. Pero para un observador básico la coincidencia temporal con la crisis energética y el apagón nuclear no pasa desapercibida.Según Sedigas, la nueva normativa europea permitirá seguir usando calderas siempre que funcionen con gases renovables. En paralelo, busca que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fije una retribución que incentive la inversión en redes para biometano e hidrógeno verde. Mientras tanto, los principales accionistas de las nucleares –las eléctricas–, parecen perder peso político.Los expertos y las empresas advierten de que el cierre nuclear no es solo una cuestión ideológica o climática. Es también una decisión económica con efectos directos . España cuenta con siete reactores que suponen cerca del 20% de la generación eléctrica, y las defienden: «son firmes, estables y no dependen del clima ni del mercado internacional». Según la Agencia de la Energía Nuclear, las centrales nucleares han evitado más de 70 gigatoneladas de dióxido de carbono en los últimos 50 años, y siguen evitando más de 1 gigatonelada cada año. Y la AIE ha sido explícita: alcanzar cero emisiones netas en 2050 requiere duplicar la capacidad nuclear global. RSS de noticias de economia
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