La pirotecnia es un sector siempre acompañado por la polémica. El pasado lunes 17 de agosto, la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) emitió un comunicado en el que denunciaba la «asfixia» ante el «veto» al uso de la pirotecnia en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. En Galicia, por ahora, la situación «no tiene nada que ver», según Santiago López, presidente de la Asociación Gallega de Pirotecnia (AGAPI) y vicepresidente de AEPIRO. El panorama tampoco se parece al vivido el año pasado, cuando las suspensiones fueron mucho más numerosas.«En Andalucía, cuando hay una ola de incendios parece que prohibir la pirotecnia soluciona los problemas», subraya López, una falsa creencia que contradicen los datos oficiales. La Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) apunta que los fuegos artificiales solo han sido causa del 0,049% de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023. El porcentaje queda a gran distancia de la intencionalidad y los rayos, que concentran juntos más de dos tercios del total, y de causas cotidianas como colillas, averías de vehículos, tendidos eléctricos o quemas agrícolas.El tejido empresarial artificiero destaca por su dimensión reducida y por concentrar la mayor parte de su actividad durante el verano. De los meses de junio, julio, agosto y septiembre depende alrededor del 80% de los ingresos de los talleres pirotécnicos. «Somos microempresas, vamos justos de por sí, por lo que si nos retiras una parte importante de la facturación, la continuidad del negocio se ve seriamente comprometida», asegura el presidente de AGAPI, una afirmación que suscriben varias empresas del sector consultadas por ABC, cuyas familias dependen de la estabilidad de sus establecimientos. «Si llega el día del disparo y se cancela después de tener todo el material y el montaje listos, el perjuicio económico es muy importante», agrega López. Ante estas suspensiones de última hora, las empresas asumen en muchas ocasiones el golpe en solitario y sin cobertura aseguradora. «La mayoría de nuestros clientes son personas que llevan muchísimos años con nosotros; no suspenden por gusto, sino obligados por las circunstancias, sobre todo en el caso de comisiones de fiestas o particulares», explica el portavoz gallego, quien precisa que «con los ayuntamientos sí existe un marco contractual y unos procedimientos que se deben respetar».El acopio de equipamiento requiere una planificación anual, lo que agrava todavía más las pérdidas imprevistas. Por ello, aunque en Galicia existe una «cierta normalidad» supeditada a la climatología y a acontecimientos de diversa índole, desde AEPIRO solicitan que los responsables de las anulaciones en otros puntos de España justifiquen el criterio técnico detrás de cada restricción y asuman su coste político. «Lo que no es de recibo es una asfixia por goteo que aboca a la quiebra del sector sin asumir un solo euro de responsabilidad», denuncian desde AEPIRO al exigir indemnizaciones proporcionales al daño causado.Galicia, pionera en seguridadSegún AEPIRO, en comunidades como Andalucía el veto se aplica de forma discrecional y genérica a toda la zona de influencia forestal durante meses, al margen del Índice de Riesgo de Incendios Forestales de la Aemet. En Galicia, en cambio, donde el pasado julio fue el más cálido de los últimos 30 años según MeteoGalicia, las restricciones se gestionan con mayor orden.«Somos pioneros en la gestión de las autorizaciones gracias a tener el Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal (IRDI) sectorizado por municipios», destaca Santiago López. Esta herramienta aporta certidumbre tanto a los propios ayuntamientos como a los profesionales del sector: cuando el riesgo es extremo en un área concreta, no se autoriza el disparo, pero la restricción queda delimitada en tiempo y espacio, a diferencia de la indefinición que impera en otros territorios.«Hay gente a la que no le gusta la actividad y aprovecha cualquier resquicio para atacar al sector», relata López al ser preguntado por la arbitrariedad a la hora de autorizar permisos, a lo que añade: «la pirotecnia está enormemente regulada a nivel de fabricación y de disparo». El protocolo de seguridad exige para cada espectáculo un estudio pormenorizado de la zona de lanzamiento y del área de dispersión de residuos y varillas. Los operarios analizan la dirección del viento y verifican la ausencia de material combustible en el entorno. Si existe riesgo, se dispone de una cuba de agua o se coordina la presencia preventiva de Protección Civil o Bomberos, al tiempo que el personal técnico cuenta con batefuegos, garrafas de agua y extintores. Tras la tirada, los técnicos vigilan el perímetro durante media hora para descartar cualquier foco activo.A esta prevención sobre el terreno se suman las inspecciones previas de la Guardia Civil para supervisar las condiciones de montaje, la correcta manipulación y el almacenamiento del material. En lo que va de año, el instituto armado ha realizado 34 inspecciones en la provincia de Pontevedra con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. La pirotecnia es un sector siempre acompañado por la polémica. El pasado lunes 17 de agosto, la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) emitió un comunicado en el que denunciaba la «asfixia» ante el «veto» al uso de la pirotecnia en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. En Galicia, por ahora, la situación «no tiene nada que ver», según Santiago López, presidente de la Asociación Gallega de Pirotecnia (AGAPI) y vicepresidente de AEPIRO. El panorama tampoco se parece al vivido el año pasado, cuando las suspensiones fueron mucho más numerosas.«En Andalucía, cuando hay una ola de incendios parece que prohibir la pirotecnia soluciona los problemas», subraya López, una falsa creencia que contradicen los datos oficiales. La Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) apunta que los fuegos artificiales solo han sido causa del 0,049% de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023. El porcentaje queda a gran distancia de la intencionalidad y los rayos, que concentran juntos más de dos tercios del total, y de causas cotidianas como colillas, averías de vehículos, tendidos eléctricos o quemas agrícolas.El tejido empresarial artificiero destaca por su dimensión reducida y por concentrar la mayor parte de su actividad durante el verano. De los meses de junio, julio, agosto y septiembre depende alrededor del 80% de los ingresos de los talleres pirotécnicos. «Somos microempresas, vamos justos de por sí, por lo que si nos retiras una parte importante de la facturación, la continuidad del negocio se ve seriamente comprometida», asegura el presidente de AGAPI, una afirmación que suscriben varias empresas del sector consultadas por ABC, cuyas familias dependen de la estabilidad de sus establecimientos. «Si llega el día del disparo y se cancela después de tener todo el material y el montaje listos, el perjuicio económico es muy importante», agrega López. Ante estas suspensiones de última hora, las empresas asumen en muchas ocasiones el golpe en solitario y sin cobertura aseguradora. «La mayoría de nuestros clientes son personas que llevan muchísimos años con nosotros; no suspenden por gusto, sino obligados por las circunstancias, sobre todo en el caso de comisiones de fiestas o particulares», explica el portavoz gallego, quien precisa que «con los ayuntamientos sí existe un marco contractual y unos procedimientos que se deben respetar».El acopio de equipamiento requiere una planificación anual, lo que agrava todavía más las pérdidas imprevistas. Por ello, aunque en Galicia existe una «cierta normalidad» supeditada a la climatología y a acontecimientos de diversa índole, desde AEPIRO solicitan que los responsables de las anulaciones en otros puntos de España justifiquen el criterio técnico detrás de cada restricción y asuman su coste político. «Lo que no es de recibo es una asfixia por goteo que aboca a la quiebra del sector sin asumir un solo euro de responsabilidad», denuncian desde AEPIRO al exigir indemnizaciones proporcionales al daño causado.Galicia, pionera en seguridadSegún AEPIRO, en comunidades como Andalucía el veto se aplica de forma discrecional y genérica a toda la zona de influencia forestal durante meses, al margen del Índice de Riesgo de Incendios Forestales de la Aemet. En Galicia, en cambio, donde el pasado julio fue el más cálido de los últimos 30 años según MeteoGalicia, las restricciones se gestionan con mayor orden.«Somos pioneros en la gestión de las autorizaciones gracias a tener el Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal (IRDI) sectorizado por municipios», destaca Santiago López. Esta herramienta aporta certidumbre tanto a los propios ayuntamientos como a los profesionales del sector: cuando el riesgo es extremo en un área concreta, no se autoriza el disparo, pero la restricción queda delimitada en tiempo y espacio, a diferencia de la indefinición que impera en otros territorios.«Hay gente a la que no le gusta la actividad y aprovecha cualquier resquicio para atacar al sector», relata López al ser preguntado por la arbitrariedad a la hora de autorizar permisos, a lo que añade: «la pirotecnia está enormemente regulada a nivel de fabricación y de disparo». El protocolo de seguridad exige para cada espectáculo un estudio pormenorizado de la zona de lanzamiento y del área de dispersión de residuos y varillas. Los operarios analizan la dirección del viento y verifican la ausencia de material combustible en el entorno. Si existe riesgo, se dispone de una cuba de agua o se coordina la presencia preventiva de Protección Civil o Bomberos, al tiempo que el personal técnico cuenta con batefuegos, garrafas de agua y extintores. Tras la tirada, los técnicos vigilan el perímetro durante media hora para descartar cualquier foco activo.A esta prevención sobre el terreno se suman las inspecciones previas de la Guardia Civil para supervisar las condiciones de montaje, la correcta manipulación y el almacenamiento del material. En lo que va de año, el instituto armado ha realizado 34 inspecciones en la provincia de Pontevedra con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. La pirotecnia es un sector siempre acompañado por la polémica. El pasado lunes 17 de agosto, la Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) emitió un comunicado en el que denunciaba la «asfixia» ante el «veto» al uso de la pirotecnia en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. En Galicia, por ahora, la situación «no tiene nada que ver», según Santiago López, presidente de la Asociación Gallega de Pirotecnia (AGAPI) y vicepresidente de AEPIRO. El panorama tampoco se parece al vivido el año pasado, cuando las suspensiones fueron mucho más numerosas.«En Andalucía, cuando hay una ola de incendios parece que prohibir la pirotecnia soluciona los problemas», subraya López, una falsa creencia que contradicen los datos oficiales. La Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) apunta que los fuegos artificiales solo han sido causa del 0,049% de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023. El porcentaje queda a gran distancia de la intencionalidad y los rayos, que concentran juntos más de dos tercios del total, y de causas cotidianas como colillas, averías de vehículos, tendidos eléctricos o quemas agrícolas.El tejido empresarial artificiero destaca por su dimensión reducida y por concentrar la mayor parte de su actividad durante el verano. De los meses de junio, julio, agosto y septiembre depende alrededor del 80% de los ingresos de los talleres pirotécnicos. «Somos microempresas, vamos justos de por sí, por lo que si nos retiras una parte importante de la facturación, la continuidad del negocio se ve seriamente comprometida», asegura el presidente de AGAPI, una afirmación que suscriben varias empresas del sector consultadas por ABC, cuyas familias dependen de la estabilidad de sus establecimientos. «Si llega el día del disparo y se cancela después de tener todo el material y el montaje listos, el perjuicio económico es muy importante», agrega López. Ante estas suspensiones de última hora, las empresas asumen en muchas ocasiones el golpe en solitario y sin cobertura aseguradora. «La mayoría de nuestros clientes son personas que llevan muchísimos años con nosotros; no suspenden por gusto, sino obligados por las circunstancias, sobre todo en el caso de comisiones de fiestas o particulares», explica el portavoz gallego, quien precisa que «con los ayuntamientos sí existe un marco contractual y unos procedimientos que se deben respetar».El acopio de equipamiento requiere una planificación anual, lo que agrava todavía más las pérdidas imprevistas. Por ello, aunque en Galicia existe una «cierta normalidad» supeditada a la climatología y a acontecimientos de diversa índole, desde AEPIRO solicitan que los responsables de las anulaciones en otros puntos de España justifiquen el criterio técnico detrás de cada restricción y asuman su coste político. «Lo que no es de recibo es una asfixia por goteo que aboca a la quiebra del sector sin asumir un solo euro de responsabilidad», denuncian desde AEPIRO al exigir indemnizaciones proporcionales al daño causado.Galicia, pionera en seguridadSegún AEPIRO, en comunidades como Andalucía el veto se aplica de forma discrecional y genérica a toda la zona de influencia forestal durante meses, al margen del Índice de Riesgo de Incendios Forestales de la Aemet. En Galicia, en cambio, donde el pasado julio fue el más cálido de los últimos 30 años según MeteoGalicia, las restricciones se gestionan con mayor orden.«Somos pioneros en la gestión de las autorizaciones gracias a tener el Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal (IRDI) sectorizado por municipios», destaca Santiago López. Esta herramienta aporta certidumbre tanto a los propios ayuntamientos como a los profesionales del sector: cuando el riesgo es extremo en un área concreta, no se autoriza el disparo, pero la restricción queda delimitada en tiempo y espacio, a diferencia de la indefinición que impera en otros territorios.«Hay gente a la que no le gusta la actividad y aprovecha cualquier resquicio para atacar al sector», relata López al ser preguntado por la arbitrariedad a la hora de autorizar permisos, a lo que añade: «la pirotecnia está enormemente regulada a nivel de fabricación y de disparo». El protocolo de seguridad exige para cada espectáculo un estudio pormenorizado de la zona de lanzamiento y del área de dispersión de residuos y varillas. Los operarios analizan la dirección del viento y verifican la ausencia de material combustible en el entorno. Si existe riesgo, se dispone de una cuba de agua o se coordina la presencia preventiva de Protección Civil o Bomberos, al tiempo que el personal técnico cuenta con batefuegos, garrafas de agua y extintores. Tras la tirada, los técnicos vigilan el perímetro durante media hora para descartar cualquier foco activo.A esta prevención sobre el terreno se suman las inspecciones previas de la Guardia Civil para supervisar las condiciones de montaje, la correcta manipulación y el almacenamiento del material. En lo que va de año, el instituto armado ha realizado 34 inspecciones en la provincia de Pontevedra con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. RSS de noticias de espana
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