Todas las políticas se anuncian por sus intenciones y se juzgan por sus resultados. La vivienda ofrece el ejemplo más acabado de la distancia entre unas y otros durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Se prometió proteger a los vulnerables mediante topes, prórrogas y restricciones crecientes al propietario. El resultado es un mercado más estrecho, en el que jóvenes y hogares pobres encuentran más dificultades para acceder a una vivienda. El Banco de España lo ha medido con precisión. Entre 2019 y 2024 los nuevos contratos de alquiler se encarecieron un 4,9% anual, casi el triple que las actualizaciones de los contratos vigentes (1,7%). Y la prima de entrada, lo que cuesta de más una vivienda que llega al mercado frente a las que siguen alquiladas, ha pasado del 6,2% en 2020 al 16,6% en 2024. Hay dos mercados: uno para quien ya está dentro y otro, más caro, para quien intenta entrar. Y quien quiere entrar es casi siempre joven o recién llegado .El problema no nació ayer. La proporción de jóvenes de 18 a 34 años que vive con sus padres empezó a crecer en 2008 y alcanzó el 66% en 2022, trece puntos más, el mayor aumento entre las grandes economías europeas. La demanda tampoco ayuda: España ha pasado de crear 50.000 hogares en 2015 a más de 275.000 al año en 2022 y 2023. Precisamente por eso importa lo que se hace con la oferta. Con una demanda así, cualquier medida que frene la oferta no reduce la escasez. La reparte .Cataluña es el laboratorio. Desde marzo de 2024 aplica los topes de las zonas tensionadas que creó la Ley de Vivienda de 2023, la del Gobierno de Sánchez. Los datos de fianzas del Incasòl, que son de la propia Generalitat, cuentan lo ocurrido. En el segundo trimestre de 2024 se firmaron en las zonas tensionadas un 17,2% menos de contratos que un año antes, frente a una caída del 1,6% en el resto de Cataluña. Entre enero y septiembre de 2025, Barcelona perdió 2.366 contratos respecto al mismo periodo de 2024. En el tercer trimestre de ese año la ciudad registró la mayor caída de contratos vigentes desde que hay registros. Las rentas marcaron máximos históricos a finales de 2025. Si hoy el contrato medio cuesta algo menos, es en parte porque se alquilan pisos más pequeños.La oferta no desapareció del todo. Se desplazó hacia el alquiler de temporada y de habitaciones, que según el propio Banco de España escapaban a los topes y a las prórrogas forzosas, hasta el punto de que el Govern tuvo que regularlos un año después. El joven que no encuentra un piso termina en una habitación. Ya existía evidencia de este efecto con el tope catalán de 2020. Un estudio de EsadeEcPol observó entonces que el control abarataba las viviendas caras, mientras las baratas subían hasta pegarse al techo del índice de referencia. La norma protegía mejor a quien menos lo necesitabaÉste es el efecto perverso de la política de vivienda de Pedro Sánchez, quien prometió en 2015 que con un gobierno socialista no habría más desahucios. Protege al insider mientras levanta la barrera al outsider. Quien ya tiene contrato lo conserva a un precio contenido. Quien busca uno encuentra menos pisos, más caros, o una habitación. Y muchos jóvenes ni siquiera consiguen abandonar el domicilio familiar. El Gobierno ha convertido así un problema de escasez en otro de selección. Una política así no se vuelve social porque lo diga el BOE. Todas las políticas se anuncian por sus intenciones y se juzgan por sus resultados. La vivienda ofrece el ejemplo más acabado de la distancia entre unas y otros durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Se prometió proteger a los vulnerables mediante topes, prórrogas y restricciones crecientes al propietario. El resultado es un mercado más estrecho, en el que jóvenes y hogares pobres encuentran más dificultades para acceder a una vivienda. El Banco de España lo ha medido con precisión. Entre 2019 y 2024 los nuevos contratos de alquiler se encarecieron un 4,9% anual, casi el triple que las actualizaciones de los contratos vigentes (1,7%). Y la prima de entrada, lo que cuesta de más una vivienda que llega al mercado frente a las que siguen alquiladas, ha pasado del 6,2% en 2020 al 16,6% en 2024. Hay dos mercados: uno para quien ya está dentro y otro, más caro, para quien intenta entrar. Y quien quiere entrar es casi siempre joven o recién llegado .El problema no nació ayer. La proporción de jóvenes de 18 a 34 años que vive con sus padres empezó a crecer en 2008 y alcanzó el 66% en 2022, trece puntos más, el mayor aumento entre las grandes economías europeas. La demanda tampoco ayuda: España ha pasado de crear 50.000 hogares en 2015 a más de 275.000 al año en 2022 y 2023. Precisamente por eso importa lo que se hace con la oferta. Con una demanda así, cualquier medida que frene la oferta no reduce la escasez. La reparte .Cataluña es el laboratorio. Desde marzo de 2024 aplica los topes de las zonas tensionadas que creó la Ley de Vivienda de 2023, la del Gobierno de Sánchez. Los datos de fianzas del Incasòl, que son de la propia Generalitat, cuentan lo ocurrido. En el segundo trimestre de 2024 se firmaron en las zonas tensionadas un 17,2% menos de contratos que un año antes, frente a una caída del 1,6% en el resto de Cataluña. Entre enero y septiembre de 2025, Barcelona perdió 2.366 contratos respecto al mismo periodo de 2024. En el tercer trimestre de ese año la ciudad registró la mayor caída de contratos vigentes desde que hay registros. Las rentas marcaron máximos históricos a finales de 2025. Si hoy el contrato medio cuesta algo menos, es en parte porque se alquilan pisos más pequeños.La oferta no desapareció del todo. Se desplazó hacia el alquiler de temporada y de habitaciones, que según el propio Banco de España escapaban a los topes y a las prórrogas forzosas, hasta el punto de que el Govern tuvo que regularlos un año después. El joven que no encuentra un piso termina en una habitación. Ya existía evidencia de este efecto con el tope catalán de 2020. Un estudio de EsadeEcPol observó entonces que el control abarataba las viviendas caras, mientras las baratas subían hasta pegarse al techo del índice de referencia. La norma protegía mejor a quien menos lo necesitabaÉste es el efecto perverso de la política de vivienda de Pedro Sánchez, quien prometió en 2015 que con un gobierno socialista no habría más desahucios. Protege al insider mientras levanta la barrera al outsider. Quien ya tiene contrato lo conserva a un precio contenido. Quien busca uno encuentra menos pisos, más caros, o una habitación. Y muchos jóvenes ni siquiera consiguen abandonar el domicilio familiar. El Gobierno ha convertido así un problema de escasez en otro de selección. Una política así no se vuelve social porque lo diga el BOE. Todas las políticas se anuncian por sus intenciones y se juzgan por sus resultados. La vivienda ofrece el ejemplo más acabado de la distancia entre unas y otros durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Se prometió proteger a los vulnerables mediante topes, prórrogas y restricciones crecientes al propietario. El resultado es un mercado más estrecho, en el que jóvenes y hogares pobres encuentran más dificultades para acceder a una vivienda. El Banco de España lo ha medido con precisión. Entre 2019 y 2024 los nuevos contratos de alquiler se encarecieron un 4,9% anual, casi el triple que las actualizaciones de los contratos vigentes (1,7%). Y la prima de entrada, lo que cuesta de más una vivienda que llega al mercado frente a las que siguen alquiladas, ha pasado del 6,2% en 2020 al 16,6% en 2024. Hay dos mercados: uno para quien ya está dentro y otro, más caro, para quien intenta entrar. Y quien quiere entrar es casi siempre joven o recién llegado .El problema no nació ayer. La proporción de jóvenes de 18 a 34 años que vive con sus padres empezó a crecer en 2008 y alcanzó el 66% en 2022, trece puntos más, el mayor aumento entre las grandes economías europeas. La demanda tampoco ayuda: España ha pasado de crear 50.000 hogares en 2015 a más de 275.000 al año en 2022 y 2023. Precisamente por eso importa lo que se hace con la oferta. Con una demanda así, cualquier medida que frene la oferta no reduce la escasez. La reparte .Cataluña es el laboratorio. Desde marzo de 2024 aplica los topes de las zonas tensionadas que creó la Ley de Vivienda de 2023, la del Gobierno de Sánchez. Los datos de fianzas del Incasòl, que son de la propia Generalitat, cuentan lo ocurrido. En el segundo trimestre de 2024 se firmaron en las zonas tensionadas un 17,2% menos de contratos que un año antes, frente a una caída del 1,6% en el resto de Cataluña. Entre enero y septiembre de 2025, Barcelona perdió 2.366 contratos respecto al mismo periodo de 2024. En el tercer trimestre de ese año la ciudad registró la mayor caída de contratos vigentes desde que hay registros. Las rentas marcaron máximos históricos a finales de 2025. Si hoy el contrato medio cuesta algo menos, es en parte porque se alquilan pisos más pequeños.La oferta no desapareció del todo. Se desplazó hacia el alquiler de temporada y de habitaciones, que según el propio Banco de España escapaban a los topes y a las prórrogas forzosas, hasta el punto de que el Govern tuvo que regularlos un año después. El joven que no encuentra un piso termina en una habitación. Ya existía evidencia de este efecto con el tope catalán de 2020. Un estudio de EsadeEcPol observó entonces que el control abarataba las viviendas caras, mientras las baratas subían hasta pegarse al techo del índice de referencia. La norma protegía mejor a quien menos lo necesitabaÉste es el efecto perverso de la política de vivienda de Pedro Sánchez, quien prometió en 2015 que con un gobierno socialista no habría más desahucios. Protege al insider mientras levanta la barrera al outsider. Quien ya tiene contrato lo conserva a un precio contenido. Quien busca uno encuentra menos pisos, más caros, o una habitación. Y muchos jóvenes ni siquiera consiguen abandonar el domicilio familiar. El Gobierno ha convertido así un problema de escasez en otro de selección. Una política así no se vuelve social porque lo diga el BOE. RSS de noticias de economia
Noticias Similares
