El juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés por presunta malversación, espera varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para dar por concluida su investigación.En el auto del pasado 20 de marzo, el titular del Juzgado 41 de Madrid citó a los tres investigados este miércoles santo -ellos no acudirán, sino que estarán representados por su defensa- y aclaró que su intención no es «anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral, o de sobreseimiento, sino en el de verificar la verosimilitud de los hechos respecto de los delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias».Es decir, la causa no acaba, la investigación continúa, pero el instructor cumple con el trámite previsto en el artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado (pues insiste en que deben ser juzgados por un jurado popular). En ese transcurso de la investigación, fuentes jurídicas consultadas por ABC trasladan que el magistrado está a la espera de varios informes que encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las gestiones realizadas por la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para que la unidad concluya si se corresponden con lo previsto en las funciones para las que fue contratada (llevar la agenda y protocolo de la mujer del presidente del Gobierno, principalmente) como Directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia en julio de 2018. Entre dichas gestiones, tendrán que analizar cómo la intervención de Álvarez en el registro del software unido a la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid que el juez considera que Begoña Gómez consiguió gracias a las relaciones que le proporcionó ser la esposa del presidente del Gobierno.Peinado ve indicios suficientes de que las funciones de Álvarez se excedieron de tal manera que se malversó dinero público (el de su salario) e imputa dicho delito a Gómez, a la propia Álvarez y a Barrabés. Se apoya en distinta documentación aportada a la causa por las empresas que financiaron la cátedra, impulsaron el software o declaraciones de testigos. «María Cristina Álvarez Rodríguez intervino de forma reiterada en gestiones realizadas mediante correos electrónicos relativos a la organización de actos, tramitación de convenios, seguimiento de patrocinios y gestión documental vinculada a la cátedra, apareciendo dichas comunicaciones en diversos momentos remitidas o gestionadas desde su cuenta institucional de Presidencia del Gobierno. De la documentación remitida a este juzgado por distintas empresas que intervinieron en el desarrollo tecnológico de la plataforma vinculada a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva se desprende también la participación directa de María Cristina Álvarez en diversas reuniones de trabajo relacionadas con el proyecto y con el software asociado al mismo», afirma el juez en alusión a hasta tres reuniones que han permitido constatar los responsables de la compañía Making Science, encargada del proyecto.Noticia relacionada general No No Sánchez vuelve a utilizar Doñana para sus vacaciones tras cuatro años sin ir Joan Guirado400.000 eurosCristina Álvarez, cuya defensa argumenta que sólo destinó «medio minuto al día» a actividades profesionales de Begoña Gómez, ha cobrado un total de 401.802 euros en la Complutense desde que fue contratada en julio de 2018. Pasó de algo más de 44.000 euros brutos anuales en 2019 a 55.000 en 2024.Entre las declaraciones que más comprometen a Álvarez y, por tanto, a Begoña Gómez -puesto que el juez también unificó el pasado 20 de marzo las dos principales líneas de investigación contra ella en la de la malversación-, está la de Miguel Escassi, director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google España y Portugal. En su testifical del 16 de noviembre de 2025, afirmó que se reunió con Álvarez en distintas ocasiones y que la consideró «una persona de apoyo en el proyecto tecnológico», así como que «era una de las personas de la UCM y de la cátedra». Los informes de la Guardia Civil que quedan por aportar, que las acusaciones consideran claves, ayudarán a constatar los indicios de dicha supuesta malversación antes de que el juez de por concluida la investigación. «Iniciado el desarrollo de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, se ha comprobado, a lo largo de la presente instrucción que María Begoña Gómez Fernández desplegó una actividad continuada en relación con dicho proyecto, contando de forma constante con la asistencia de María Cristina Álvarez Rodríguez. No se trataba, en este caso, de actuaciones vinculadas al papel de María Begoña Gómez Fernández como esposa del presidente del Gobierno ni a cuestiones de agenda institucional o privada derivadas de esa condición, sino de actividades propias de la cátedra y de los desarrollos surgidos en su seno», considera acreditado el instructor.Tercer intentoEs la tercera vez que unifica la investigación y cita a los implicados en el trámite de la vía prevista por la ley del Tribunal del Jurado, insistiendo en que éste es el que debe juzgarlos. La primera vez fue el 23 de septiembre de 2025, cuando también incluyó en los hechos presuntamente delictivos a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid. Una vez la Audiencia Provincial le obligó a desimputarle, insistió el 1 de octubre de 2025. Ambos autos fueron revocados por los magistrados de la Audiencia de Madrid y, corregidos los defectos de forma por parte del instructor, el pasado 20 de marzo volvió a citarles al trámite este miércoles, a las 12 horas. Tanto la defensa de Gómez como la de Álvarez han recurrido la decisión del magistrado. El juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés por presunta malversación, espera varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para dar por concluida su investigación.En el auto del pasado 20 de marzo, el titular del Juzgado 41 de Madrid citó a los tres investigados este miércoles santo -ellos no acudirán, sino que estarán representados por su defensa- y aclaró que su intención no es «anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral, o de sobreseimiento, sino en el de verificar la verosimilitud de los hechos respecto de los delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias».Es decir, la causa no acaba, la investigación continúa, pero el instructor cumple con el trámite previsto en el artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado (pues insiste en que deben ser juzgados por un jurado popular). En ese transcurso de la investigación, fuentes jurídicas consultadas por ABC trasladan que el magistrado está a la espera de varios informes que encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las gestiones realizadas por la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para que la unidad concluya si se corresponden con lo previsto en las funciones para las que fue contratada (llevar la agenda y protocolo de la mujer del presidente del Gobierno, principalmente) como Directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia en julio de 2018. Entre dichas gestiones, tendrán que analizar cómo la intervención de Álvarez en el registro del software unido a la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid que el juez considera que Begoña Gómez consiguió gracias a las relaciones que le proporcionó ser la esposa del presidente del Gobierno.Peinado ve indicios suficientes de que las funciones de Álvarez se excedieron de tal manera que se malversó dinero público (el de su salario) e imputa dicho delito a Gómez, a la propia Álvarez y a Barrabés. Se apoya en distinta documentación aportada a la causa por las empresas que financiaron la cátedra, impulsaron el software o declaraciones de testigos. «María Cristina Álvarez Rodríguez intervino de forma reiterada en gestiones realizadas mediante correos electrónicos relativos a la organización de actos, tramitación de convenios, seguimiento de patrocinios y gestión documental vinculada a la cátedra, apareciendo dichas comunicaciones en diversos momentos remitidas o gestionadas desde su cuenta institucional de Presidencia del Gobierno. De la documentación remitida a este juzgado por distintas empresas que intervinieron en el desarrollo tecnológico de la plataforma vinculada a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva se desprende también la participación directa de María Cristina Álvarez en diversas reuniones de trabajo relacionadas con el proyecto y con el software asociado al mismo», afirma el juez en alusión a hasta tres reuniones que han permitido constatar los responsables de la compañía Making Science, encargada del proyecto.Noticia relacionada general No No Sánchez vuelve a utilizar Doñana para sus vacaciones tras cuatro años sin ir Joan Guirado400.000 eurosCristina Álvarez, cuya defensa argumenta que sólo destinó «medio minuto al día» a actividades profesionales de Begoña Gómez, ha cobrado un total de 401.802 euros en la Complutense desde que fue contratada en julio de 2018. Pasó de algo más de 44.000 euros brutos anuales en 2019 a 55.000 en 2024.Entre las declaraciones que más comprometen a Álvarez y, por tanto, a Begoña Gómez -puesto que el juez también unificó el pasado 20 de marzo las dos principales líneas de investigación contra ella en la de la malversación-, está la de Miguel Escassi, director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google España y Portugal. En su testifical del 16 de noviembre de 2025, afirmó que se reunió con Álvarez en distintas ocasiones y que la consideró «una persona de apoyo en el proyecto tecnológico», así como que «era una de las personas de la UCM y de la cátedra». Los informes de la Guardia Civil que quedan por aportar, que las acusaciones consideran claves, ayudarán a constatar los indicios de dicha supuesta malversación antes de que el juez de por concluida la investigación. «Iniciado el desarrollo de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, se ha comprobado, a lo largo de la presente instrucción que María Begoña Gómez Fernández desplegó una actividad continuada en relación con dicho proyecto, contando de forma constante con la asistencia de María Cristina Álvarez Rodríguez. No se trataba, en este caso, de actuaciones vinculadas al papel de María Begoña Gómez Fernández como esposa del presidente del Gobierno ni a cuestiones de agenda institucional o privada derivadas de esa condición, sino de actividades propias de la cátedra y de los desarrollos surgidos en su seno», considera acreditado el instructor.Tercer intentoEs la tercera vez que unifica la investigación y cita a los implicados en el trámite de la vía prevista por la ley del Tribunal del Jurado, insistiendo en que éste es el que debe juzgarlos. La primera vez fue el 23 de septiembre de 2025, cuando también incluyó en los hechos presuntamente delictivos a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid. Una vez la Audiencia Provincial le obligó a desimputarle, insistió el 1 de octubre de 2025. Ambos autos fueron revocados por los magistrados de la Audiencia de Madrid y, corregidos los defectos de forma por parte del instructor, el pasado 20 de marzo volvió a citarles al trámite este miércoles, a las 12 horas. Tanto la defensa de Gómez como la de Álvarez han recurrido la decisión del magistrado. El juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés por presunta malversación, espera varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para dar por concluida su investigación.En el auto del pasado 20 de marzo, el titular del Juzgado 41 de Madrid citó a los tres investigados este miércoles santo -ellos no acudirán, sino que estarán representados por su defensa- y aclaró que su intención no es «anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral, o de sobreseimiento, sino en el de verificar la verosimilitud de los hechos respecto de los delitos de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias».Es decir, la causa no acaba, la investigación continúa, pero el instructor cumple con el trámite previsto en el artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado (pues insiste en que deben ser juzgados por un jurado popular). En ese transcurso de la investigación, fuentes jurídicas consultadas por ABC trasladan que el magistrado está a la espera de varios informes que encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las gestiones realizadas por la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para que la unidad concluya si se corresponden con lo previsto en las funciones para las que fue contratada (llevar la agenda y protocolo de la mujer del presidente del Gobierno, principalmente) como Directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia en julio de 2018. Entre dichas gestiones, tendrán que analizar cómo la intervención de Álvarez en el registro del software unido a la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid que el juez considera que Begoña Gómez consiguió gracias a las relaciones que le proporcionó ser la esposa del presidente del Gobierno.Peinado ve indicios suficientes de que las funciones de Álvarez se excedieron de tal manera que se malversó dinero público (el de su salario) e imputa dicho delito a Gómez, a la propia Álvarez y a Barrabés. Se apoya en distinta documentación aportada a la causa por las empresas que financiaron la cátedra, impulsaron el software o declaraciones de testigos. «María Cristina Álvarez Rodríguez intervino de forma reiterada en gestiones realizadas mediante correos electrónicos relativos a la organización de actos, tramitación de convenios, seguimiento de patrocinios y gestión documental vinculada a la cátedra, apareciendo dichas comunicaciones en diversos momentos remitidas o gestionadas desde su cuenta institucional de Presidencia del Gobierno. De la documentación remitida a este juzgado por distintas empresas que intervinieron en el desarrollo tecnológico de la plataforma vinculada a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva se desprende también la participación directa de María Cristina Álvarez en diversas reuniones de trabajo relacionadas con el proyecto y con el software asociado al mismo», afirma el juez en alusión a hasta tres reuniones que han permitido constatar los responsables de la compañía Making Science, encargada del proyecto.Noticia relacionada general No No Sánchez vuelve a utilizar Doñana para sus vacaciones tras cuatro años sin ir Joan Guirado400.000 eurosCristina Álvarez, cuya defensa argumenta que sólo destinó «medio minuto al día» a actividades profesionales de Begoña Gómez, ha cobrado un total de 401.802 euros en la Complutense desde que fue contratada en julio de 2018. Pasó de algo más de 44.000 euros brutos anuales en 2019 a 55.000 en 2024.Entre las declaraciones que más comprometen a Álvarez y, por tanto, a Begoña Gómez -puesto que el juez también unificó el pasado 20 de marzo las dos principales líneas de investigación contra ella en la de la malversación-, está la de Miguel Escassi, director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google España y Portugal. En su testifical del 16 de noviembre de 2025, afirmó que se reunió con Álvarez en distintas ocasiones y que la consideró «una persona de apoyo en el proyecto tecnológico», así como que «era una de las personas de la UCM y de la cátedra». Los informes de la Guardia Civil que quedan por aportar, que las acusaciones consideran claves, ayudarán a constatar los indicios de dicha supuesta malversación antes de que el juez de por concluida la investigación. «Iniciado el desarrollo de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, se ha comprobado, a lo largo de la presente instrucción que María Begoña Gómez Fernández desplegó una actividad continuada en relación con dicho proyecto, contando de forma constante con la asistencia de María Cristina Álvarez Rodríguez. No se trataba, en este caso, de actuaciones vinculadas al papel de María Begoña Gómez Fernández como esposa del presidente del Gobierno ni a cuestiones de agenda institucional o privada derivadas de esa condición, sino de actividades propias de la cátedra y de los desarrollos surgidos en su seno», considera acreditado el instructor.Tercer intentoEs la tercera vez que unifica la investigación y cita a los implicados en el trámite de la vía prevista por la ley del Tribunal del Jurado, insistiendo en que éste es el que debe juzgarlos. La primera vez fue el 23 de septiembre de 2025, cuando también incluyó en los hechos presuntamente delictivos a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid. Una vez la Audiencia Provincial le obligó a desimputarle, insistió el 1 de octubre de 2025. Ambos autos fueron revocados por los magistrados de la Audiencia de Madrid y, corregidos los defectos de forma por parte del instructor, el pasado 20 de marzo volvió a citarles al trámite este miércoles, a las 12 horas. Tanto la defensa de Gómez como la de Álvarez han recurrido la decisión del magistrado. RSS de noticias de espana
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