La primera intención del Gobierno central era que la Conferencia de Presidentes prevista para el próximo día 13 fuera una sesión monográfica sobre las políticas de vivienda debido a la subida continuada de precios de alquiler y compra, a las dificultades de acceso a un piso y a la creciente presión social. Aunque posteriormente el orden del día se amplió a otros ámbitos como la financiación, la sanidad o la inmigración, este tema se mantiene como prioridad en la agenda de una cumbre que reúne por primera vez a Pedro Sánchez y a todos los presidentes autonómicos desde 2022.Las competencias en vivienda están muy repartidas de forma que cualquier estrategia requiere de un marco de coordinación entre Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero el diálogo en estos momentos está prácticamente roto entre el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, y los territorios gobernados por el PP, entre ellos Andalucía. El primer punto de confrontación es la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023. En ella se abre la posibilidad de que las comunidades declaren zonas tensionadas en sus territorios cuando en determinadas áreas haya subidas desproporcionadas del precio de alquiler. Una vez que esto ocurre se permite el control público de los precios privados. Esta opción la ha aplicado ya Cataluña y se preparan para ella País Vasco y Asturias. Andalucía la recurrió en el Tribunal Constitucional (aunque en este ámbito no le dio la razón) y se niega por completo a aplicar cualquier medida intervencionista. De hecho, la posición del Ejecutivo autonómico es que este marco normativo ha generado «inseguridad» y ha contribuido a la subida de precios. Y, por tanto, reclama (y así volverá a hacerlo en la cumbre de presidentes) que se retire esta ley y que se abra un nuevo marco de diálogo con las comunidades para consensuar otra. El modelo andaluz está recogido en su anteproyecto de ley: rechazo al intervencionismo en el mercado actual, generar instrumentos de seguridad jurídica a los propietarios y centrar las políticas públicas en favorecer la construcción de más pisos dada la existencia de un déficit que en el caso andaluz se estima en 90.000 viviendas, según los datos del Banco de España. En segundo lugar, Junta de Andalucía y Ministerio de Vivienda chocan en cuanto a la regulación de las VPO. El Ejecutivo quiere garantizar por ley que las viviendas protegidas una vez adjudicadas no se puedan vender en un plazo de 30 años. Así figura por ejemplo en el documento político del último congreso del PSOE que plantea incluso su blindaje en la Constitución Española. Esta intención ya fue tumbada una vez por el Tribunal Constitucional precisamente a raíz del recurso presentado por el Gobierno andaluz. La Junta, en cambio, mantiene como principio que impedir la venta de VPO limitaría el acceso a pisos protegidos por parte de familias y la iniciativa privada. Por eso, en el anteproyecto de ley andaluza plantea lo contrario: blindar por ley que en las promociones de VPO en venta se puedan desclasificar (venderse en el mercado privado) en un plazo de 10 años desde su adquisición. Las líneas de ayudas conforman un tercer punto de fricción. El plan del Bono Alquiler Joven en el caso andaluz no ha funcionado en cuanto a su tramitación. Los fondos fueron transferidos desde el Gobierno con unas bases generales de ejecución aunque la gestión correspondía a la comunidad. Con una primera convocatoria aún sin resolverse tras dos años, ahora se abre otra con un presupuesto de partida de 34 millones, la mitad. La Junta pide al Gobierno un cambio en los procedimientos para agilizarlos. El Ministerio reclama que la Junta aporte también dinero para aumentar los beneficiarios (como han hecho otros territorios) y que refuerce la gestión para evitar atascos. La primera intención del Gobierno central era que la Conferencia de Presidentes prevista para el próximo día 13 fuera una sesión monográfica sobre las políticas de vivienda debido a la subida continuada de precios de alquiler y compra, a las dificultades de acceso a un piso y a la creciente presión social. Aunque posteriormente el orden del día se amplió a otros ámbitos como la financiación, la sanidad o la inmigración, este tema se mantiene como prioridad en la agenda de una cumbre que reúne por primera vez a Pedro Sánchez y a todos los presidentes autonómicos desde 2022.Las competencias en vivienda están muy repartidas de forma que cualquier estrategia requiere de un marco de coordinación entre Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero el diálogo en estos momentos está prácticamente roto entre el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, y los territorios gobernados por el PP, entre ellos Andalucía. El primer punto de confrontación es la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023. En ella se abre la posibilidad de que las comunidades declaren zonas tensionadas en sus territorios cuando en determinadas áreas haya subidas desproporcionadas del precio de alquiler. Una vez que esto ocurre se permite el control público de los precios privados. Esta opción la ha aplicado ya Cataluña y se preparan para ella País Vasco y Asturias. Andalucía la recurrió en el Tribunal Constitucional (aunque en este ámbito no le dio la razón) y se niega por completo a aplicar cualquier medida intervencionista. De hecho, la posición del Ejecutivo autonómico es que este marco normativo ha generado «inseguridad» y ha contribuido a la subida de precios. Y, por tanto, reclama (y así volverá a hacerlo en la cumbre de presidentes) que se retire esta ley y que se abra un nuevo marco de diálogo con las comunidades para consensuar otra. El modelo andaluz está recogido en su anteproyecto de ley: rechazo al intervencionismo en el mercado actual, generar instrumentos de seguridad jurídica a los propietarios y centrar las políticas públicas en favorecer la construcción de más pisos dada la existencia de un déficit que en el caso andaluz se estima en 90.000 viviendas, según los datos del Banco de España. En segundo lugar, Junta de Andalucía y Ministerio de Vivienda chocan en cuanto a la regulación de las VPO. El Ejecutivo quiere garantizar por ley que las viviendas protegidas una vez adjudicadas no se puedan vender en un plazo de 30 años. Así figura por ejemplo en el documento político del último congreso del PSOE que plantea incluso su blindaje en la Constitución Española. Esta intención ya fue tumbada una vez por el Tribunal Constitucional precisamente a raíz del recurso presentado por el Gobierno andaluz. La Junta, en cambio, mantiene como principio que impedir la venta de VPO limitaría el acceso a pisos protegidos por parte de familias y la iniciativa privada. Por eso, en el anteproyecto de ley andaluza plantea lo contrario: blindar por ley que en las promociones de VPO en venta se puedan desclasificar (venderse en el mercado privado) en un plazo de 10 años desde su adquisición. Las líneas de ayudas conforman un tercer punto de fricción. El plan del Bono Alquiler Joven en el caso andaluz no ha funcionado en cuanto a su tramitación. Los fondos fueron transferidos desde el Gobierno con unas bases generales de ejecución aunque la gestión correspondía a la comunidad. Con una primera convocatoria aún sin resolverse tras dos años, ahora se abre otra con un presupuesto de partida de 34 millones, la mitad. La Junta pide al Gobierno un cambio en los procedimientos para agilizarlos. El Ministerio reclama que la Junta aporte también dinero para aumentar los beneficiarios (como han hecho otros territorios) y que refuerce la gestión para evitar atascos. La primera intención del Gobierno central era que la Conferencia de Presidentes prevista para el próximo día 13 fuera una sesión monográfica sobre las políticas de vivienda debido a la subida continuada de precios de alquiler y compra, a las dificultades de acceso a un piso y a la creciente presión social. Aunque posteriormente el orden del día se amplió a otros ámbitos como la financiación, la sanidad o la inmigración, este tema se mantiene como prioridad en la agenda de una cumbre que reúne por primera vez a Pedro Sánchez y a todos los presidentes autonómicos desde 2022.Las competencias en vivienda están muy repartidas de forma que cualquier estrategia requiere de un marco de coordinación entre Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero el diálogo en estos momentos está prácticamente roto entre el Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, y los territorios gobernados por el PP, entre ellos Andalucía. El primer punto de confrontación es la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023. En ella se abre la posibilidad de que las comunidades declaren zonas tensionadas en sus territorios cuando en determinadas áreas haya subidas desproporcionadas del precio de alquiler. Una vez que esto ocurre se permite el control público de los precios privados. Esta opción la ha aplicado ya Cataluña y se preparan para ella País Vasco y Asturias. Andalucía la recurrió en el Tribunal Constitucional (aunque en este ámbito no le dio la razón) y se niega por completo a aplicar cualquier medida intervencionista. De hecho, la posición del Ejecutivo autonómico es que este marco normativo ha generado «inseguridad» y ha contribuido a la subida de precios. Y, por tanto, reclama (y así volverá a hacerlo en la cumbre de presidentes) que se retire esta ley y que se abra un nuevo marco de diálogo con las comunidades para consensuar otra. El modelo andaluz está recogido en su anteproyecto de ley: rechazo al intervencionismo en el mercado actual, generar instrumentos de seguridad jurídica a los propietarios y centrar las políticas públicas en favorecer la construcción de más pisos dada la existencia de un déficit que en el caso andaluz se estima en 90.000 viviendas, según los datos del Banco de España. En segundo lugar, Junta de Andalucía y Ministerio de Vivienda chocan en cuanto a la regulación de las VPO. El Ejecutivo quiere garantizar por ley que las viviendas protegidas una vez adjudicadas no se puedan vender en un plazo de 30 años. Así figura por ejemplo en el documento político del último congreso del PSOE que plantea incluso su blindaje en la Constitución Española. Esta intención ya fue tumbada una vez por el Tribunal Constitucional precisamente a raíz del recurso presentado por el Gobierno andaluz. La Junta, en cambio, mantiene como principio que impedir la venta de VPO limitaría el acceso a pisos protegidos por parte de familias y la iniciativa privada. Por eso, en el anteproyecto de ley andaluza plantea lo contrario: blindar por ley que en las promociones de VPO en venta se puedan desclasificar (venderse en el mercado privado) en un plazo de 10 años desde su adquisición. Las líneas de ayudas conforman un tercer punto de fricción. El plan del Bono Alquiler Joven en el caso andaluz no ha funcionado en cuanto a su tramitación. Los fondos fueron transferidos desde el Gobierno con unas bases generales de ejecución aunque la gestión correspondía a la comunidad. Con una primera convocatoria aún sin resolverse tras dos años, ahora se abre otra con un presupuesto de partida de 34 millones, la mitad. La Junta pide al Gobierno un cambio en los procedimientos para agilizarlos. El Ministerio reclama que la Junta aporte también dinero para aumentar los beneficiarios (como han hecho otros territorios) y que refuerce la gestión para evitar atascos. RSS de noticias de espana/andalucia
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