Alrededor de 500.000 inmigrantes en España conseguirán su regularización este año gracias al proceso extraordinario que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes. El Real Decreto plantea que, tras una primera etapa de solicitud -del 16 de abril al 30 de junio-, reciban la autorización de residencia, trabajo, igualdad de derechos y obligaciones, y acceso a la Seguridad Social.El Ejecutivo ha dado luz verde a la medida sin pasar por el Congreso de los Diputados, donde no existe una mayoría suficiente para sacarla adelante. También ha encontrado la oposición del Consejo de Estado , que planteó sus reservas en un informe no vinculante que no ha frenado la aprobación del decreto este 14 de abril.Un tercer actor entró en la conversación pública hace semanas para dar su apoyo a esta iniciativa del Gobierno. La Iglesia, a través de sus organizaciones de acción social y obispos, se pronunció a favor de la regularización del medio millón de personas que actualmente viven en España desamparadas por la ley. Hoy, con el Real Decreto aprobado y esperando a su entrada en vigor, insisten en su contento.Noticia relacionada general No No Nueva misiva a la ciudadanía El presidente defiende en una carta la regularización para «reconocer derechos y exigir obligaciones» Ainhoa MartínezLa Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) consideran que la regularización extraordinaria «es una medida de responsabilidad política, ética y social ».Reconocen que el proceso es «complejo técnica y logísticamente», en parte por el plazo limitado de dos meses y medio en el que los afectados podrán solicitar acogerse a la medida. Las entidades firmantes confían en que «dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, en particular aquellas que llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias».«La dignificación de las personas migrantes constituye para la Iglesia una exigencia inherente a su misión» REDES, CONFER, Cáritas y la CEEApelan al compromiso del Gobierno con las decisiones tomadas: «Este objetivo únicamente será posible si la Administración se dota de los medios adecuados para ofrecer información de calidad y ofrece posibilidades de registro presencial de expedientes».La expresión coherente del Evangelio en la vida públicaLas entidades de la Iglesia han incidido en el valor moral de la medida, exactamente como una «expresión coherente del Evangelio».«La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión », escriben en su comunicado. No se trata únicamente de una opción pastoral, sino también «una exigencia en materia de derechos humanos y por tanto de una expresión coherente del Evangelio en la vida pública».Interpretan la rápida aprobación del decreto como un «paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión». Recuerdan que la medida tiene su origen en un «proceso participativo impulsado por la sociedad civil, que logró concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabar más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)», del que las cuatro entidades han participado desde 2023 .La responsabilidad de la Administración en el bienestar socialREDES, CONFER, Cáritas y la CEE exponen su preocupación «compartida y constatada en el día a día» por «la relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social».«El 68% se encuentra en exclusión social» REDES, CONFER, Cáritas y la CEEInsisten en que es un único paso de un camino más amplio: «La irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación». Citan el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social que estima en casi nueve millones de personas los migrantes que viven en nuestro país: «La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social».Los datos de Cáritas indican que el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas , una cifra mayor a la que verá los beneficios de la nueva regularización extraordinaria. «La irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a toda la convivencia social », se lamentan.«La irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que afecta a toda la convivencia social» REDES, CONFER, Cáritas y la CEEUna salida de la incertidumbre y la vulnerabilidadLos firmantes relacionan directamente los objetivos del Real Decreto con la enseñanda del Evangelio: «Transforma de manera profunda la vida de las personas migrantes, porque les permite salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad asociadas a la irregularidad y acceder plenamente a derechos y oportunidades básicas. Contar con una autorización de residencia y trabajo abre la puerta al empleo formal y digno, a la estabilidad económica y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida».Celebran que esta medida pronto se traduzca en un acceso efectivo a «servicios esenciales» y «trámites cotidianos sin miedo », como la vivienda y la firma de contratos.«Permitirá que cientos de miles de personas coticen y paguen impuestos» REDES, CONFER, Cáritas y la CEE«La regularización reduce la exposición a la explotación laboral, a la discriminación y a situaciones de abuso, y ofrece la tranquilidad de poder circular y relacionarse con las instituciones sin riesgo», escriben. En definitiva, «supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social».Incluyen el efecto que su regularización tendrá en las arcas públicas, ya que «permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del bienestar». Alrededor de 500.000 inmigrantes en España conseguirán su regularización este año gracias al proceso extraordinario que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes. El Real Decreto plantea que, tras una primera etapa de solicitud -del 16 de abril al 30 de junio-, reciban la autorización de residencia, trabajo, igualdad de derechos y obligaciones, y acceso a la Seguridad Social.El Ejecutivo ha dado luz verde a la medida sin pasar por el Congreso de los Diputados, donde no existe una mayoría suficiente para sacarla adelante. También ha encontrado la oposición del Consejo de Estado , que planteó sus reservas en un informe no vinculante que no ha frenado la aprobación del decreto este 14 de abril.Un tercer actor entró en la conversación pública hace semanas para dar su apoyo a esta iniciativa del Gobierno. La Iglesia, a través de sus organizaciones de acción social y obispos, se pronunció a favor de la regularización del medio millón de personas que actualmente viven en España desamparadas por la ley. Hoy, con el Real Decreto aprobado y esperando a su entrada en vigor, insisten en su contento.Noticia relacionada general No No Nueva misiva a la ciudadanía El presidente defiende en una carta la regularización para «reconocer derechos y exigir obligaciones» Ainhoa MartínezLa Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) consideran que la regularización extraordinaria «es una medida de responsabilidad política, ética y social ».Reconocen que el proceso es «complejo técnica y logísticamente», en parte por el plazo limitado de dos meses y medio en el que los afectados podrán solicitar acogerse a la medida. Las entidades firmantes confían en que «dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, en particular aquellas que llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias».«La dignificación de las personas migrantes constituye para la Iglesia una exigencia inherente a su misión» REDES, CONFER, Cáritas y la CEEApelan al compromiso del Gobierno con las decisiones tomadas: «Este objetivo únicamente será posible si la Administración se dota de los medios adecuados para ofrecer información de calidad y ofrece posibilidades de registro presencial de expedientes».La expresión coherente del Evangelio en la vida públicaLas entidades de la Iglesia han incidido en el valor moral de la medida, exactamente como una «expresión coherente del Evangelio».«La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión », escriben en su comunicado. No se trata únicamente de una opción pastoral, sino también «una exigencia en materia de derechos humanos y por tanto de una expresión coherente del Evangelio en la vida pública».Interpretan la rápida aprobación del decreto como un «paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión». Recuerdan que la medida tiene su origen en un «proceso participativo impulsado por la sociedad civil, que logró concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabar más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)», del que las cuatro entidades han participado desde 2023 .La responsabilidad de la Administración en el bienestar socialREDES, CONFER, Cáritas y la CEE exponen su preocupación «compartida y constatada en el día a día» por «la relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social».«El 68% se encuentra en exclusión social» REDES, CONFER, Cáritas y la CEEInsisten en que es un único paso de un camino más amplio: «La irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación». Citan el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social que estima en casi nueve millones de personas los migrantes que viven en nuestro país: «La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social».Los datos de Cáritas indican que el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas , una cifra mayor a la que verá los beneficios de la nueva regularización extraordinaria. «La irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a toda la convivencia social », se lamentan.«La irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que afecta a toda la convivencia social» REDES, CONFER, Cáritas y la CEEUna salida de la incertidumbre y la vulnerabilidadLos firmantes relacionan directamente los objetivos del Real Decreto con la enseñanda del Evangelio: «Transforma de manera profunda la vida de las personas migrantes, porque les permite salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad asociadas a la irregularidad y acceder plenamente a derechos y oportunidades básicas. Contar con una autorización de residencia y trabajo abre la puerta al empleo formal y digno, a la estabilidad económica y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida».Celebran que esta medida pronto se traduzca en un acceso efectivo a «servicios esenciales» y «trámites cotidianos sin miedo », como la vivienda y la firma de contratos.«Permitirá que cientos de miles de personas coticen y paguen impuestos» REDES, CONFER, Cáritas y la CEE«La regularización reduce la exposición a la explotación laboral, a la discriminación y a situaciones de abuso, y ofrece la tranquilidad de poder circular y relacionarse con las instituciones sin riesgo», escriben. En definitiva, «supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social».Incluyen el efecto que su regularización tendrá en las arcas públicas, ya que «permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del bienestar». Alrededor de 500.000 inmigrantes en España conseguirán su regularización este año gracias al proceso extraordinario que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes. El Real Decreto plantea que, tras una primera etapa de solicitud -del 16 de abril al 30 de junio-, reciban la autorización de residencia, trabajo, igualdad de derechos y obligaciones, y acceso a la Seguridad Social.El Ejecutivo ha dado luz verde a la medida sin pasar por el Congreso de los Diputados, donde no existe una mayoría suficiente para sacarla adelante. También ha encontrado la oposición del Consejo de Estado , que planteó sus reservas en un informe no vinculante que no ha frenado la aprobación del decreto este 14 de abril.Un tercer actor entró en la conversación pública hace semanas para dar su apoyo a esta iniciativa del Gobierno. La Iglesia, a través de sus organizaciones de acción social y obispos, se pronunció a favor de la regularización del medio millón de personas que actualmente viven en España desamparadas por la ley. Hoy, con el Real Decreto aprobado y esperando a su entrada en vigor, insisten en su contento.Noticia relacionada general No No Nueva misiva a la ciudadanía El presidente defiende en una carta la regularización para «reconocer derechos y exigir obligaciones» Ainhoa MartínezLa Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) consideran que la regularización extraordinaria «es una medida de responsabilidad política, ética y social ».Reconocen que el proceso es «complejo técnica y logísticamente», en parte por el plazo limitado de dos meses y medio en el que los afectados podrán solicitar acogerse a la medida. Las entidades firmantes confían en que «dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, en particular aquellas que llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias».«La dignificación de las personas migrantes constituye para la Iglesia una exigencia inherente a su misión» REDES, CONFER, Cáritas y la CEEApelan al compromiso del Gobierno con las decisiones tomadas: «Este objetivo únicamente será posible si la Administración se dota de los medios adecuados para ofrecer información de calidad y ofrece posibilidades de registro presencial de expedientes».La expresión coherente del Evangelio en la vida públicaLas entidades de la Iglesia han incidido en el valor moral de la medida, exactamente como una «expresión coherente del Evangelio».«La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión », escriben en su comunicado. No se trata únicamente de una opción pastoral, sino también «una exigencia en materia de derechos humanos y por tanto de una expresión coherente del Evangelio en la vida pública».Interpretan la rápida aprobación del decreto como un «paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión». Recuerdan que la medida tiene su origen en un «proceso participativo impulsado por la sociedad civil, que logró concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabar más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)», del que las cuatro entidades han participado desde 2023 .La responsabilidad de la Administración en el bienestar socialREDES, CONFER, Cáritas y la CEE exponen su preocupación «compartida y constatada en el día a día» por «la relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social».«El 68% se encuentra en exclusión social» REDES, CONFER, Cáritas y la CEEInsisten en que es un único paso de un camino más amplio: «La irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación». Citan el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social que estima en casi nueve millones de personas los migrantes que viven en nuestro país: «La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social».Los datos de Cáritas indican que el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas , una cifra mayor a la que verá los beneficios de la nueva regularización extraordinaria. «La irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a toda la convivencia social », se lamentan.«La irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que afecta a toda la convivencia social» REDES, CONFER, Cáritas y la CEEUna salida de la incertidumbre y la vulnerabilidadLos firmantes relacionan directamente los objetivos del Real Decreto con la enseñanda del Evangelio: «Transforma de manera profunda la vida de las personas migrantes, porque les permite salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad asociadas a la irregularidad y acceder plenamente a derechos y oportunidades básicas. Contar con una autorización de residencia y trabajo abre la puerta al empleo formal y digno, a la estabilidad económica y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida».Celebran que esta medida pronto se traduzca en un acceso efectivo a «servicios esenciales» y «trámites cotidianos sin miedo », como la vivienda y la firma de contratos.«Permitirá que cientos de miles de personas coticen y paguen impuestos» REDES, CONFER, Cáritas y la CEE«La regularización reduce la exposición a la explotación laboral, a la discriminación y a situaciones de abuso, y ofrece la tranquilidad de poder circular y relacionarse con las instituciones sin riesgo», escriben. En definitiva, «supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social».Incluyen el efecto que su regularización tendrá en las arcas públicas, ya que «permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del bienestar». RSS de noticias de sociedad
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