«No es que sea necesario, es que es imprescindible». Inmersos en el mayor ciclo inversor que ha vivido la industria española de defensa en décadas, los grandes actores del tejido empresarial doméstico han decidido dar un paso adelante y acelerar una reivindicación histórica, que si bien en los últimos años ha supuesto un problema molesto ahora se ha convertido en un obstáculo casi insalvable: la necesidad de modificar el marco regulatorio de la contratación pública para adaptarlo a las necesidades específicas del sector de la defensa.La frase es de Gerardo Sánchez Revenga, presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), que junto a la otra gran patronal de la industria de la defensa, Tedae, lleva años reclamando un marco de contratación específico para el sector y ahora ha encomendado un documento de base al despacho Garrigues para que sirva de plataforma de negociación con el Gobierno en el objetivo de acometer una serie de modificaciones legales que el sector considera imprescindibles para poder dar respuesta a la creciente demanda de material de seguridad y defensa.18.903 millones Fue el gasto total comprometido por el Gobierno en el capítulo de Defensa en el ejercicio de 2025 frente a los 15.000 millones de 2024Los contratistas del sector se topan con un sinfín de problemas por el ciclo anual de contratación que impone la legislación de contratos del sector público, que no se ajusta ni de lejos a los tiempos y la complejidad propia del sector de la defensa; por las rigideces a la hora de aplicar fórmulas de adjudicación más directas y ágiles en los casos en que se requiere; o por el desfase entre el precio al que se licitan los mercados y los costes reales del mercado. «Las normas que regulan hoy en día la contratación militar y los presupuestos del Estado fueron diseñadas en un contexto nacional e internacional muy distinto al actual», argumenta el socio de Derecho Público de Garrigues y coordinador del documento, David Arias Guedón, «lo que provoca que sean insuficientes para dar una respuesta acorde a los retos que, en estos momentos, afrontar nuestras fuerzas armadas».Planificación plurianual y contratación más flexibleLas empresas del sector temen que esa rigidez se convierta en un cuello de botella insuperable en el actual contexto de incremento de demanda de material de defensa y consideran imprescindibles un puñado de cambios legales que agilicen los procesos antes de que sea demasiado tarde. El sector lleva años clamando por una Ley de Contratos de Seguridad y Defensa que adapte el marco regulatorio a las singulares necesidades de los contratos de defensa, pero en previsión de que la tramitación de una nueva ley pueda ser un proceso lento y farragoso el documento elaborado por Garrigues plantea una revisión «acotada pero decidida» del actual marco normativo para configurar un marco excepcional y temporal para poder dar respuesta al ciclo inversor actualmente vigente.Entre las medidas que se plantean destaca la instauración de una planificación plurianual, que supere los problemas que genera tener que adjudicar los contratos año a año para cubrir necesidades que desbordan claramente ese marco temporal; la centralización de un órgano administrativo único o en una Agencia Estatal para la contratación de Defensa y Seguridad para eliminar los problemas que ocasiona la coordinación del millar de unidades y los 69 órganos de contratación que operan en el ámbito de la Defensa; la modificación de la regulación actual para que el Ministerio de Defensa pueda eludir el imperativo de contratar por procedimientos abiertos en determinados casos, como ya sucede en otros países como Alemania, Francia o Polonia que recurren con mucho más libertad a procedimientos negociados sin publicidad o al diálogo competitivo ante la necesidad de proteger información clasificada o relativa a intereses de seguridad. «No es que sea necesario, es que es imprescindible». Inmersos en el mayor ciclo inversor que ha vivido la industria española de defensa en décadas, los grandes actores del tejido empresarial doméstico han decidido dar un paso adelante y acelerar una reivindicación histórica, que si bien en los últimos años ha supuesto un problema molesto ahora se ha convertido en un obstáculo casi insalvable: la necesidad de modificar el marco regulatorio de la contratación pública para adaptarlo a las necesidades específicas del sector de la defensa.La frase es de Gerardo Sánchez Revenga, presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), que junto a la otra gran patronal de la industria de la defensa, Tedae, lleva años reclamando un marco de contratación específico para el sector y ahora ha encomendado un documento de base al despacho Garrigues para que sirva de plataforma de negociación con el Gobierno en el objetivo de acometer una serie de modificaciones legales que el sector considera imprescindibles para poder dar respuesta a la creciente demanda de material de seguridad y defensa.18.903 millones Fue el gasto total comprometido por el Gobierno en el capítulo de Defensa en el ejercicio de 2025 frente a los 15.000 millones de 2024Los contratistas del sector se topan con un sinfín de problemas por el ciclo anual de contratación que impone la legislación de contratos del sector público, que no se ajusta ni de lejos a los tiempos y la complejidad propia del sector de la defensa; por las rigideces a la hora de aplicar fórmulas de adjudicación más directas y ágiles en los casos en que se requiere; o por el desfase entre el precio al que se licitan los mercados y los costes reales del mercado. «Las normas que regulan hoy en día la contratación militar y los presupuestos del Estado fueron diseñadas en un contexto nacional e internacional muy distinto al actual», argumenta el socio de Derecho Público de Garrigues y coordinador del documento, David Arias Guedón, «lo que provoca que sean insuficientes para dar una respuesta acorde a los retos que, en estos momentos, afrontar nuestras fuerzas armadas».Planificación plurianual y contratación más flexibleLas empresas del sector temen que esa rigidez se convierta en un cuello de botella insuperable en el actual contexto de incremento de demanda de material de defensa y consideran imprescindibles un puñado de cambios legales que agilicen los procesos antes de que sea demasiado tarde. El sector lleva años clamando por una Ley de Contratos de Seguridad y Defensa que adapte el marco regulatorio a las singulares necesidades de los contratos de defensa, pero en previsión de que la tramitación de una nueva ley pueda ser un proceso lento y farragoso el documento elaborado por Garrigues plantea una revisión «acotada pero decidida» del actual marco normativo para configurar un marco excepcional y temporal para poder dar respuesta al ciclo inversor actualmente vigente.Entre las medidas que se plantean destaca la instauración de una planificación plurianual, que supere los problemas que genera tener que adjudicar los contratos año a año para cubrir necesidades que desbordan claramente ese marco temporal; la centralización de un órgano administrativo único o en una Agencia Estatal para la contratación de Defensa y Seguridad para eliminar los problemas que ocasiona la coordinación del millar de unidades y los 69 órganos de contratación que operan en el ámbito de la Defensa; la modificación de la regulación actual para que el Ministerio de Defensa pueda eludir el imperativo de contratar por procedimientos abiertos en determinados casos, como ya sucede en otros países como Alemania, Francia o Polonia que recurren con mucho más libertad a procedimientos negociados sin publicidad o al diálogo competitivo ante la necesidad de proteger información clasificada o relativa a intereses de seguridad. «No es que sea necesario, es que es imprescindible». Inmersos en el mayor ciclo inversor que ha vivido la industria española de defensa en décadas, los grandes actores del tejido empresarial doméstico han decidido dar un paso adelante y acelerar una reivindicación histórica, que si bien en los últimos años ha supuesto un problema molesto ahora se ha convertido en un obstáculo casi insalvable: la necesidad de modificar el marco regulatorio de la contratación pública para adaptarlo a las necesidades específicas del sector de la defensa.La frase es de Gerardo Sánchez Revenga, presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), que junto a la otra gran patronal de la industria de la defensa, Tedae, lleva años reclamando un marco de contratación específico para el sector y ahora ha encomendado un documento de base al despacho Garrigues para que sirva de plataforma de negociación con el Gobierno en el objetivo de acometer una serie de modificaciones legales que el sector considera imprescindibles para poder dar respuesta a la creciente demanda de material de seguridad y defensa.18.903 millones Fue el gasto total comprometido por el Gobierno en el capítulo de Defensa en el ejercicio de 2025 frente a los 15.000 millones de 2024Los contratistas del sector se topan con un sinfín de problemas por el ciclo anual de contratación que impone la legislación de contratos del sector público, que no se ajusta ni de lejos a los tiempos y la complejidad propia del sector de la defensa; por las rigideces a la hora de aplicar fórmulas de adjudicación más directas y ágiles en los casos en que se requiere; o por el desfase entre el precio al que se licitan los mercados y los costes reales del mercado. «Las normas que regulan hoy en día la contratación militar y los presupuestos del Estado fueron diseñadas en un contexto nacional e internacional muy distinto al actual», argumenta el socio de Derecho Público de Garrigues y coordinador del documento, David Arias Guedón, «lo que provoca que sean insuficientes para dar una respuesta acorde a los retos que, en estos momentos, afrontar nuestras fuerzas armadas».Planificación plurianual y contratación más flexibleLas empresas del sector temen que esa rigidez se convierta en un cuello de botella insuperable en el actual contexto de incremento de demanda de material de defensa y consideran imprescindibles un puñado de cambios legales que agilicen los procesos antes de que sea demasiado tarde. El sector lleva años clamando por una Ley de Contratos de Seguridad y Defensa que adapte el marco regulatorio a las singulares necesidades de los contratos de defensa, pero en previsión de que la tramitación de una nueva ley pueda ser un proceso lento y farragoso el documento elaborado por Garrigues plantea una revisión «acotada pero decidida» del actual marco normativo para configurar un marco excepcional y temporal para poder dar respuesta al ciclo inversor actualmente vigente.Entre las medidas que se plantean destaca la instauración de una planificación plurianual, que supere los problemas que genera tener que adjudicar los contratos año a año para cubrir necesidades que desbordan claramente ese marco temporal; la centralización de un órgano administrativo único o en una Agencia Estatal para la contratación de Defensa y Seguridad para eliminar los problemas que ocasiona la coordinación del millar de unidades y los 69 órganos de contratación que operan en el ámbito de la Defensa; la modificación de la regulación actual para que el Ministerio de Defensa pueda eludir el imperativo de contratar por procedimientos abiertos en determinados casos, como ya sucede en otros países como Alemania, Francia o Polonia que recurren con mucho más libertad a procedimientos negociados sin publicidad o al diálogo competitivo ante la necesidad de proteger información clasificada o relativa a intereses de seguridad. 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