Las fiscalías de las diferentes provincias andaluzas han archivado las quince diligencias penales abiertas por la crisis de los cribados de cáncer de mama del pasado mes de octubre. Estas entidades concluyen así que no existen indicios de delito en estos supuestos errores y dan la puntilla judicial al mayor problema en la gestión del actual Gobierno andaluz. La pasada semana, según fuentes de la Fiscalía, se archivaron las dos últimas, por lo que se llega al final de esta etapa procesal. No obstante, las mujeres afectadas pueden continuar las demandas por otras vías judiciales de forma individual si así lo estiman conveniente.Las denuncias fueron presentadas a finales del año anterior por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama ( Amama Sevilla ), el Defensor del Paciente, Izquierda Unida y Adelante Andalucía.Se cierra la puerta a esta vía, que remonta su origen a la grave crisis sanitaria de octubre de 2025 que provocó el cese de la consejera de Sanidad (Rocío Hernández), la llegada del actual responsable (Antonio Sanz), y la asunción de responsabilidades por parte de la Junta, que comenzó un proceso de renovación profunda del Sistema Andaluz de Salud. Provocó una herida en el Ejecutivo en la que profundizaron todos los grupos de la oposición, especialmente el PSOE de María Jesús Montero, que convirtió las pasadas elecciones en un plebiscito sobre la sanidad pública.El final de un procesoA raíz de denuncias de afectadas se conoció que algunos de los resultados dudosos o no concluyentes de los cribados de cáncer de mama no habían sido comunicados a estas pacientes. Un error (de comunicación, según el Gobierno regional) que afectó a 2.317 mujeres, a las que se les volvió a practicar pruebas para conocer el alcance de su lesión y saber si tenían el tumor. Esta circunstancia derivó en el momento más crítico de toda la legislatura, con la oposición exigiendo la dimisión del presidente Juanma Moreno.Entonces, se presentaron varias denuncias por parte de la Asociación del Paciente, con escritos de dieciséis mujeres con sus casos particulares, acusando a los responsables de una actitud negligente. Incluso llevaron a la Justicia el supuesto borrado de los historiales clínicos, algo que pronto fue desestimado. Las denuncias se interpusieron contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud. Al entender que no existía un patrón común para conectarlos, la Fiscalía de la comunidad autónoma solicitó que fueran investigados «de manera individual y separada». Eran quince los casos a analizar y los quince han sido archivados.Ya no queda ninguna investigación en activo por parte de la Fiscalía, que señala que no hay indicios de delito.Cerrada esta puerta, las afectadas todavía pueden reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración a través de la vía contencioso-administrativa , para así solicitar indemnización si demuestran un año efectivo y que fue consecuencia del funcionamiento del servicio sanitario, con la relación de causalidad entre ambos. Al tratarse de un servicio sanitario público, normalmente la reclamación se canaliza por la vía contencioso-administrativa y no por la civil.Fin a la crisis judicialEs un punto y final a un arduo y delicado proceso marcado por el dolor, las acusaciones y la utilización política de este drama personal. Desde octubre se han ido dando diferentes pasos que han ido suprimiendo la posible responsabilidad penal de los dirigentes denunciados.La Fiscalía Provincial de Sevilla ya decidió archivar las actuaciones por el supuesto borrado de las imágenes de las mamografías, que denunciaron tanto desde Amama como los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz. En aquellos primeros días de diciembre, señaló que no apreciaba «indicios de comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos».Ya en febrero , la Fiscalía de Andalucía archivaba las denuncias, pero consideró antes que en Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, debían seguir indagando para averiguar los hechos. Ya han informado de su resolución.Pese a archivarse los quince procedimientos, tanto desde Izquierda Unida como desde el PSOE mantienen su discurso crítico con el Gobierno andaluz. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, destacó que independientemente de los procedimientos judiciales, la crisis de los cribados del cáncer de mama es el «mayor escándalo» de la sanidad pública andaluza, de ahí la responsabilidad política de la Junta.La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz , afeó la «total opacidad» del Gobierno andaluz, que apostó por «atacar, amenazar, insultar, perseguir e incluso intentar sancionar» a quienes promovieron la denuncia pública del caso desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama.La Junta de Andalucía siempre ha defendido que esta crisis es producto de un grave error en el manejo y la transmisión de la información dentro del SAS, situando el problema casi exclusivamente en el hospital Virgen del Rocío. Por ello se actuó con rapidez destituyendo a la consejera y a parte de la cúpula directiva, aplicando un plan de choque, asumiendo responsabilidades y pidiendo perdón por el daño ocasionado a las afectadas. Las fiscalías de las diferentes provincias andaluzas han archivado las quince diligencias penales abiertas por la crisis de los cribados de cáncer de mama del pasado mes de octubre. Estas entidades concluyen así que no existen indicios de delito en estos supuestos errores y dan la puntilla judicial al mayor problema en la gestión del actual Gobierno andaluz. La pasada semana, según fuentes de la Fiscalía, se archivaron las dos últimas, por lo que se llega al final de esta etapa procesal. No obstante, las mujeres afectadas pueden continuar las demandas por otras vías judiciales de forma individual si así lo estiman conveniente.Las denuncias fueron presentadas a finales del año anterior por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama ( Amama Sevilla ), el Defensor del Paciente, Izquierda Unida y Adelante Andalucía.Se cierra la puerta a esta vía, que remonta su origen a la grave crisis sanitaria de octubre de 2025 que provocó el cese de la consejera de Sanidad (Rocío Hernández), la llegada del actual responsable (Antonio Sanz), y la asunción de responsabilidades por parte de la Junta, que comenzó un proceso de renovación profunda del Sistema Andaluz de Salud. Provocó una herida en el Ejecutivo en la que profundizaron todos los grupos de la oposición, especialmente el PSOE de María Jesús Montero, que convirtió las pasadas elecciones en un plebiscito sobre la sanidad pública.El final de un procesoA raíz de denuncias de afectadas se conoció que algunos de los resultados dudosos o no concluyentes de los cribados de cáncer de mama no habían sido comunicados a estas pacientes. Un error (de comunicación, según el Gobierno regional) que afectó a 2.317 mujeres, a las que se les volvió a practicar pruebas para conocer el alcance de su lesión y saber si tenían el tumor. Esta circunstancia derivó en el momento más crítico de toda la legislatura, con la oposición exigiendo la dimisión del presidente Juanma Moreno.Entonces, se presentaron varias denuncias por parte de la Asociación del Paciente, con escritos de dieciséis mujeres con sus casos particulares, acusando a los responsables de una actitud negligente. Incluso llevaron a la Justicia el supuesto borrado de los historiales clínicos, algo que pronto fue desestimado. Las denuncias se interpusieron contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud. Al entender que no existía un patrón común para conectarlos, la Fiscalía de la comunidad autónoma solicitó que fueran investigados «de manera individual y separada». Eran quince los casos a analizar y los quince han sido archivados.Ya no queda ninguna investigación en activo por parte de la Fiscalía, que señala que no hay indicios de delito.Cerrada esta puerta, las afectadas todavía pueden reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración a través de la vía contencioso-administrativa , para así solicitar indemnización si demuestran un año efectivo y que fue consecuencia del funcionamiento del servicio sanitario, con la relación de causalidad entre ambos. Al tratarse de un servicio sanitario público, normalmente la reclamación se canaliza por la vía contencioso-administrativa y no por la civil.Fin a la crisis judicialEs un punto y final a un arduo y delicado proceso marcado por el dolor, las acusaciones y la utilización política de este drama personal. Desde octubre se han ido dando diferentes pasos que han ido suprimiendo la posible responsabilidad penal de los dirigentes denunciados.La Fiscalía Provincial de Sevilla ya decidió archivar las actuaciones por el supuesto borrado de las imágenes de las mamografías, que denunciaron tanto desde Amama como los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz. En aquellos primeros días de diciembre, señaló que no apreciaba «indicios de comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos».Ya en febrero , la Fiscalía de Andalucía archivaba las denuncias, pero consideró antes que en Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, debían seguir indagando para averiguar los hechos. Ya han informado de su resolución.Pese a archivarse los quince procedimientos, tanto desde Izquierda Unida como desde el PSOE mantienen su discurso crítico con el Gobierno andaluz. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, destacó que independientemente de los procedimientos judiciales, la crisis de los cribados del cáncer de mama es el «mayor escándalo» de la sanidad pública andaluza, de ahí la responsabilidad política de la Junta.La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz , afeó la «total opacidad» del Gobierno andaluz, que apostó por «atacar, amenazar, insultar, perseguir e incluso intentar sancionar» a quienes promovieron la denuncia pública del caso desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama.La Junta de Andalucía siempre ha defendido que esta crisis es producto de un grave error en el manejo y la transmisión de la información dentro del SAS, situando el problema casi exclusivamente en el hospital Virgen del Rocío. Por ello se actuó con rapidez destituyendo a la consejera y a parte de la cúpula directiva, aplicando un plan de choque, asumiendo responsabilidades y pidiendo perdón por el daño ocasionado a las afectadas. Las fiscalías de las diferentes provincias andaluzas han archivado las quince diligencias penales abiertas por la crisis de los cribados de cáncer de mama del pasado mes de octubre. Estas entidades concluyen así que no existen indicios de delito en estos supuestos errores y dan la puntilla judicial al mayor problema en la gestión del actual Gobierno andaluz. La pasada semana, según fuentes de la Fiscalía, se archivaron las dos últimas, por lo que se llega al final de esta etapa procesal. No obstante, las mujeres afectadas pueden continuar las demandas por otras vías judiciales de forma individual si así lo estiman conveniente.Las denuncias fueron presentadas a finales del año anterior por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama ( Amama Sevilla ), el Defensor del Paciente, Izquierda Unida y Adelante Andalucía.Se cierra la puerta a esta vía, que remonta su origen a la grave crisis sanitaria de octubre de 2025 que provocó el cese de la consejera de Sanidad (Rocío Hernández), la llegada del actual responsable (Antonio Sanz), y la asunción de responsabilidades por parte de la Junta, que comenzó un proceso de renovación profunda del Sistema Andaluz de Salud. Provocó una herida en el Ejecutivo en la que profundizaron todos los grupos de la oposición, especialmente el PSOE de María Jesús Montero, que convirtió las pasadas elecciones en un plebiscito sobre la sanidad pública.El final de un procesoA raíz de denuncias de afectadas se conoció que algunos de los resultados dudosos o no concluyentes de los cribados de cáncer de mama no habían sido comunicados a estas pacientes. Un error (de comunicación, según el Gobierno regional) que afectó a 2.317 mujeres, a las que se les volvió a practicar pruebas para conocer el alcance de su lesión y saber si tenían el tumor. Esta circunstancia derivó en el momento más crítico de toda la legislatura, con la oposición exigiendo la dimisión del presidente Juanma Moreno.Entonces, se presentaron varias denuncias por parte de la Asociación del Paciente, con escritos de dieciséis mujeres con sus casos particulares, acusando a los responsables de una actitud negligente. Incluso llevaron a la Justicia el supuesto borrado de los historiales clínicos, algo que pronto fue desestimado. Las denuncias se interpusieron contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud. Al entender que no existía un patrón común para conectarlos, la Fiscalía de la comunidad autónoma solicitó que fueran investigados «de manera individual y separada». Eran quince los casos a analizar y los quince han sido archivados.Ya no queda ninguna investigación en activo por parte de la Fiscalía, que señala que no hay indicios de delito.Cerrada esta puerta, las afectadas todavía pueden reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración a través de la vía contencioso-administrativa , para así solicitar indemnización si demuestran un año efectivo y que fue consecuencia del funcionamiento del servicio sanitario, con la relación de causalidad entre ambos. Al tratarse de un servicio sanitario público, normalmente la reclamación se canaliza por la vía contencioso-administrativa y no por la civil.Fin a la crisis judicialEs un punto y final a un arduo y delicado proceso marcado por el dolor, las acusaciones y la utilización política de este drama personal. Desde octubre se han ido dando diferentes pasos que han ido suprimiendo la posible responsabilidad penal de los dirigentes denunciados.La Fiscalía Provincial de Sevilla ya decidió archivar las actuaciones por el supuesto borrado de las imágenes de las mamografías, que denunciaron tanto desde Amama como los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz. En aquellos primeros días de diciembre, señaló que no apreciaba «indicios de comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos».Ya en febrero , la Fiscalía de Andalucía archivaba las denuncias, pero consideró antes que en Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, debían seguir indagando para averiguar los hechos. Ya han informado de su resolución.Pese a archivarse los quince procedimientos, tanto desde Izquierda Unida como desde el PSOE mantienen su discurso crítico con el Gobierno andaluz. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, destacó que independientemente de los procedimientos judiciales, la crisis de los cribados del cáncer de mama es el «mayor escándalo» de la sanidad pública andaluza, de ahí la responsabilidad política de la Junta.La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz , afeó la «total opacidad» del Gobierno andaluz, que apostó por «atacar, amenazar, insultar, perseguir e incluso intentar sancionar» a quienes promovieron la denuncia pública del caso desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama.La Junta de Andalucía siempre ha defendido que esta crisis es producto de un grave error en el manejo y la transmisión de la información dentro del SAS, situando el problema casi exclusivamente en el hospital Virgen del Rocío. Por ello se actuó con rapidez destituyendo a la consejera y a parte de la cúpula directiva, aplicando un plan de choque, asumiendo responsabilidades y pidiendo perdón por el daño ocasionado a las afectadas. 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