Hace ocho días, en Barcelona, en España, la actriz y directora argentina Dolores Fonzi ganó el premio Goya a la mejor película iberoamericana por Belén, la reconstrucción de la historia de la mujer de 27 años que en 2014 acudió a un hospital de San Miguel de Tucumán, al norte de Argentina, con un aborto espontáneo. La detuvieron y la acusaron de homicidio agravado. Pasó dos años en la cárcel. Ella fue uno de los detonantes de la ola verde por un aborto legal y seguro que se convirtió en ley el 29 de diciembre de 2020. Poco más de cinco años después, el país es otro. La llegada de Javier Milei al poder en diciembre de 2023 inició una época de cambios e incertidumbre a través de recortes económicos y sociales que, como en todo el mundo con los movimientos ultra, ha puesto en la diana primero los derechos y libertades de las mujeres. Fonzi recogió su Goya enfundada en un vestido morado e hizo una advertencia a las cientos de personas de ese auditorio, entre ellas el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez:
Zulema Palavecino: una luchadora que pide jubilaciones dignas
Nueve de cada diez mujeres llegan a la edad de jubilación en Argentina sin haber alcanzado los 30 años de aportes que exige la ley para cobrar una pensión. No porque no hayan trabajado, sino porque en su mayoría tuvieron empleos en negro, en un país con el 43% de informalidad laboral, y/o porque pasaron tiempo alejadas del mercado laboral para cuidar a hijos o padres. Hasta hace un año, había una moratoria que permitía a los trabajadores pagar por sus últimos años de aportes para acceder a una jubilación, pero el presidente Javier Milei la suprimió. Desde entonces, o trabajan hasta completar el período estipulado o solicitan, a partir de los 65 años, una pensión universal para el adulto mayor que los condena a la pobreza: el ingreso equivale a 250 dólares mensuales (unos 215 euros).
Con el objetivo de exigir pensiones dignas, el colectivo Jubiladxs Insurgentes rodea cada miércoles el Congreso argentino. Zulema Palavecino, una de sus integrantes, tiene 75 años. Cuenta que eligieron los miércoles para seguir el ejemplo de Norma Pla, la activista que se convirtió en la imagen de los jubilados en los noventa contra el ajuste de Carlos Menem: trabajó desde los 13 hasta los 62 años, pero no se pudo jubilar porque nunca firmó un contrato. Tres décadas después, su situación es la de miles de mujeres más.
“La moratoria es un parche porque el trabajador trabaja, es el empleador quien tiene que hacer los aportes si no los hizo”, critica Palavecino. “No luchemos para que pongan de nuevo el parche, sino para que no pidan pagar los aportes”, destaca.
Palavecino cree que, para lograr cambios, hay que salir a las calles a pelear por ellos, una tradición muy arraigada en la sociedad argentina. Sin embargo, advierte que esa lucha “es cada vez más asimétrica” y está más criminalizada. “Norma Pla le podía sacar la gorra a un policía, incluso conmoverlo. Hoy los adoctrinan para que nos vean como sus enemigos», dice al recordar cómo un agente antidisturbios empujó al suelo a una jubilada con bastón unos meses atrás. Aun así, pide unir todas las luchas y recuerda que la suya tiene que ver con el futuro de las demás: “Si esto sigue así, nadie podrá jubilarse”.
Emilse Jiménez y las mujeres que rescatan a los niños que la guerra les robó
Emilse Jiménez desconfía del título de lideresa social. “Se ha vuelto un comodín”, dice. A ella le basta uno solo: madre. La madre a la que llaman varias comunidades en el departamento colombiano del Cauca cuando un niño o una niña está en riesgo de ser reclutado por grupos armados. En lo que va de año, Jiménez ha logrado sacar a siete menores de espacios de adoctrinamiento atribuidos a disidencias guerrilleras de las FARC en la región. No va sola: se planta frente a comandantes guerrilleros junto a las mujeres de la Guardia Intercultural Humanitaria, un colectivo que lidera y que se mueve de vereda a vereda para impedir que los grupos armados ilegales conviertan a sus menores en niños soldados. Esta red de casi cien mujeres es la primera organización en Colombia que reúne a autoridades indígenas, afros, cimarronas y campesinas con el objetivo de que los menores no sean carne de cañón.
Jiménez atiende esta entrevista en medio de una carretera que conduce desde Cali, la tercera ciudad de Colombia, hasta el municipio de Buenos Aires (Cauca), de donde es oriunda. “Voy camino a rescatar a una de mis niñas y no sé a qué hora regrese”, dice con la naturalidad de quien se enfrenta a diario a la guerra. Entró al grupo cuando la guerrilla se llevó a uno de sus sobrinos, hace dos años. A sus 58 años, se ha convertido en una de las primeras en enfrentar el delito del reclutamiento forzado, un crimen que ha aumentado dramáticamente en el gobierno de Gustavo Petro, y que ha sumado más de 1.400 casos el último año, según la justicia transicional. El 62% de ellos ha ocurrido en el Cauca, la tierra de Jiménez.
A los niños los engañan a través de redes sociales, especialmente TikTok. Les ofrecen trabajos, dinero rápido o teléfonos nuevos y, cuando aceptan, los citan fuera de sus veredas y los trasladan a zonas bajo control armado. Las primeras alertas suenan cuando los pupitres comienzan a quedar vacíos. En esa búsqueda de los niños que van desapareciendo, Jiménez ha recibido ya cinco amenazas de muerte. Los grupos armados la señalan de sabotearlos. La última advertencia que le hicieron las disidencias de las FARC le valió para salir desplazada de su territorio, pero no ha sido razón suficiente para acallarla. “Las amenazas no son lo urgente. Lo urgente son los niños”, dice.
Carolina Ortiz: una ‘dreamer’ mexicana para proteger a los migrantes de la maquinaria de deportaciones de Trump
Carolina Ortiz supo desde los nueve años que sería defensora de migrantes. A esa edad, a su hermano, diez años mayor, lo deportaron a México, país del que su familia emigró cuando ella era pequeña. En Minnesota, donde se asentaron al llegar a Estados Unidos, siempre fue consciente de las barreras que enfrentaban como indocumentados: las dificultades de su madre para recibir tratamiento para el cáncer que padecía o para encontrar alquiler. “Estaba muy molesta y solo trataba de entender por qué estaban pasando todas estas cosas, pero al mismo tiempo sabía que no era la única”, recuerda la mujer de 33 años.
Su trabajo con la comunidad migrante comenzó cuando acudió a un grupo de jóvenes en su iglesia. Ahí conoció a otras personas que vivían situaciones similares a la suya: “Eso fue lo que me motivó y me permitió usar esa rabia y esa emoción de una manera positiva”. Cuando en 2012 el expresidente Barack Obama creó el programa DACA para indocumentados que llegaron de niños, Ortiz pasó a ser una dreamer protegida de la maquinaria de deportaciones que se llevó a su hermano.
En 2018, se involucró con una organización que entonces solo se estaba gestando: COPAL (Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina), que este año ha hecho frente al megaoperativo migratorio lanzado por el Gobierno de Donald Trump en Minneapolis. Entre el pasado diciembre y este febrero, más de 3.000 agentes de inmigración tomaron las calles de esa ciudad y otras en Minnesota. Entre la violencia ejercida por la policía migratoria, dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados a tiros mientras protestaban.
Durante esas caóticas semanas, Ortiz, que es directora ejecutiva adjunta de COPAL y ya ha obtenido residencia permanente en Estados Unidos, estuvo atendiendo a los migrantes perseguidos. Según denuncia, en aquellos días, agentes llegaron hasta su casa para intimidarla.
Aunque el Gobierno del republicano anunció a mediados de febrero que la operación migratoria en Minnesota había “concluido”, Ortiz sabe que el trabajo está lejos de acabarse: “El trauma, el dolor que queda en nuestras comunidades… Va a llevar años poder volver a la normalidad, que sinceramente no creo que exista”. En medio de tanta crueldad y sufrimiento, la activista destaca una cosa que le da “esperanza”: que las redes de apoyo que lleva tejiendo durante años entre las comunidades migrantes de su Estado sirvieron para resistir a la ofensiva de Trump. Ahora, mirando al futuro, asegura que la “democracia se está viendo amenazada” y son esas redes sobre las que el país se tendrá que apoyar para sobrevivir.
Escuela de Emprendedoras Juana Millán: autonomía para las mujeres y la transformación de una economía voraz
Sandra Salsón Martín dice “turbo”, “capitalismo” e “individualismo” y también que eso no tiene que ver con ellas, las seis mujeres que forman el núcleo de la Escuela de Emprendedoras Juana Millán, nacida en 2014 cuando se dieron cuenta de “las claras diferencias” entre sus trayectorias con sus cooperativas y las de otros emprendedores hombres. “Para nosotras tenía que ver con crear nuestro propio empleo, pero también con unos valores y un proyecto de vida”.
Montaron entonces un curso con “compañeras de Euskadi, Aragón y Cataluña, para ayudar a aterrizar ideas a mujeres que fantasearan con el emprendimiento como vía a su situación laboral”. Y salió bien. Tanto que llevan desde entonces, de forma gratuita, ayudando a otras a que la empresa que tienen en la cabeza se haga real, a consolidar las que ya están montadas o a darle un empujoncito a las que lo necesitan. Y a crear y mantener una red entre todas. Lo impulsan las seis del equipo central, “con 70 especialistas en diversas áreas, desde comunicación a cosas muy concretas, por ejemplo, licencias sanitarias para cosmética ecológica”.
Y repartidas por toda España. “Lo que quieren tiene que ser factible en los territorios en los que viven y revertir en esas comunidades”, dice Salsón, de 48 años y nacida en un pueblito de A Coruña, Mosquetín, pero en Madrid desde los tres. Sentada en una sala de coworking en el centro de la capital, sabe que no todo es la ciudad.
Hasta 2020 buscaron financiación pública y privada y unas 25 mujeres por año pasaban por la Escuela; a partir de 2021, llegó del Instituto de las Mujeres y del Fondo Social Europeo y pudieron “crecer”. En los últimos cinco años cuentan 2.600 juanas: “Mujeres que no quieren formar parte del sistema tal y como está organizado o a las que el sistema ha expulsado, por su edad o sus circunstancias. El mundo es el que es por cómo se ha entendido la economía, el enriquecimiento propio por encima de lo comunitario”. Las mujeres históricamente no han tenido acceso a ese enriquecimiento, al dinero, es decir, a la autonomía. La idea de la escuela es que la tengan para construir un mundo distinto “a este, en el que hay más riqueza para unos poquitos, cuanta mayor destrucción generan”.
Geraldina Guerra y la red que cuenta los feminicidios que el Gobierno se niega a investigar
A dos horas de Quito, en una casa en medio del bosque, vive Geraldina Guerra, activista de derechos humanos y directora de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. A sus 51 años, lleva casi una década mapeando los femicidios en Ecuador, con la satisfacción de que lo que comenzó como un esfuerzo individual, hoy se ha convertido en una red de organizaciones que documentan y verifican estos crímenes, una labor que el Estado ha sido incapaz de replicar.
La idea original nació de un grupo de mujeres cartógrafas, un impulso que, según Guerra, tiene un significado más allá de los números. «Si registramos estos casos, es para dar nombre a lo que está ocurriendo en cada región», explica. «Interpelamos al Estado no como datos, sino como vidas que se están perdiendo».
Con los años, la red está compuesta por una docena de organizaciones, líderes barriales y periodistas, especialmente en zonas rurales, que ha conseguido articularse y renovarse. El Estado, por su parte, sigue sin ser capaz de unificar las cifras que registran los organismos encargados de la protección de las mujeres. «Ni siquiera pueden reunir los datos de las instituciones que deberían proteger a las mujeres. Nosotras, desde la sociedad civil, sí podemos hacerlo», sostiene Guerra. El debilitamiento del sistema estatal bajo el gobierno de Daniel Noboa ha sido un golpe para la lucha contra la violencia, señala. La eliminación del Ministerio de la Mujer, responsable de coordinar el sistema de prevención de violencia, es un retroceso. “Ya no hay autoridad, no hay con quién dialogar”, lamenta.
El proceso de mapeo es minucioso. Por cada caso de femicidio se llena un formulario con detalles precisos: nombre de la víctima, edad, si tenía hijos, su lugar de residencia, si contaba con medidas de protección, si estaba embarazada, si fue asesinada con armas de fuego o algún otro objeto, e incluso si el cuerpo fue desaparecido. Estos registros permiten conocer, trimestre a trimestre, la magnitud del femicidio en Ecuador: cuántos se han cometido, cuántos niños han quedado huérfanos y cuántos transfemicidios se han dado. En 2025, contaron 411 femicidios en total, muchos más de los 274 de 2024.
Eneida Abarca: una de las madres buscadoras que denuncia la inoperancia del Estado
Eneida Abarca (San Salvador, 49 años) es una incansable activista salvadoreña que se ha convertido en el rostro más visible de la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador. Su lucha comenzó tras la desaparición de su hijo, Carlos Ernesto Santos Abarca, el 1 de enero de 2022, cuando salió a jugar baloncesto en la colonia Monserrat, en San Salvador, y no regresó. Desde entonces, Abarca ha emprendido una búsqueda que la ha llevado a organizar plantones frente a la Casa Presidencial, a encarar al ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y a fundar y liderar el grupo de madres buscadoras en El Salvador, acompañando a otras familias que enfrentan la misma incertidumbre.
Tras la desaparición de su hijo, Abarca ha recorrido cientos de kilómetros pegando afiches con la fotografía de su hijo en toda el área metropolitana de San Salvador. Ha buscado en barrios, colonias, quebradas, predios baldíos y en los montes. Ha buscado ayuda de las autoridades, la sociedad civil y hasta ha suplicado personalmente a los pandilleros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha que le devuelvan a su hijo. Junto a su esposo, Ricardo, han denunciado ante organismos internacionales y medios de comunicación la inoperancia del Estado.
“Yo sé que lo voy a encontrar porque a mi hijo no se lo pudo haber tragado la tierra. Solo hay que buscar, buscar, buscar. Hasta que alguien hable”, dice Abarca al preguntarle qué la motiva a seguir buscando. Donde quiera que vaya, ella siempre lleva una camisa con el rostro de su hijo. “La realidad, en El Salvador y en todos los países donde hay desaparecidos, no es que no los encuentren: es que nadie los busca. Si la familia no los busca, las instituciones se acomodan. Por eso es por lo que yo nunca voy a dejar de buscar”, añade.
Periodistas Unidas Mexicanas: tejer alianzas para denunciar el acoso en las redacciones
La red que las mujeres de Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) construyeron en 2019 ha servido como un altavoz para denunciar el acoso sexual y laboral en la industria periodística en México. Frente a la paradoja de trabajar en un medio de comunicación y el silencio que existía en el sector sobre las actitudes machistas, esta colectiva se formó para acompañar a decenas de mujeres que hicieron públicas sus denuncias, en lo que se ha conocido como el Me Too mexicano.
“Por nuestra profesión sabemos que no podemos jugar a las especialistas, no podemos dar acompañamiento psicológico ni asesoría legal, porque no somos psicólogas ni abogadas, pero tenemos buenos contactos entre nuestras fuentes”, cuenta María, portavoz de la colectiva, que prefiere mantener su identidad en el anonimato por seguridad. El grupo ha sufrido amenazas, sobre todo después de hacer público el caso de Andrés Roemer, un exdiplomático acusado de violación por cinco mujeres.
El grupo también se dio a la tarea de hacer una encuesta entre sus colegas para conocer sus condiciones laborales. En los resultados, hallaron que hasta un 73% de las periodistas consultadas había sufrido algún tipo de acoso. “Desde entonces, hemos visto cambios en las redacciones y en las conductas, no necesariamente a partir de la autorreflexión o de que los compañeros hombres dijeran que el acoso estaba mal, sino desde el miedo a ser expuestos”, apunta María.
La colectiva también ha sido muy crítica con los medios de comunicación ante su escasa cobertura con perspectiva de género, particularmente en su despliegue sobre feminicidios. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, señalan, no ha supuesto un cambio estructural para los balances de poder entre el Estado y la prensa, aunque reconocen que la presencia de una mujer en el más alto cargo del país es un cambio “simbólico y valioso». “Nuestra colectiva se convirtió más en un acto de resistencia desde lo individual, cada vez más personal y menos público”, apunta la portavoz.
Elisa Alcaíno: una socióloga que trabaja para romper el círculo de la violencia en las cárceles
Elisa Alcaíno (29 años, Santiago de Chile) conoció la cárcel en una visita junto a su madre cuando era adolescente, un mundo del que no se volvió a separar. La socióloga de la Universidad Católica trabajó con la hermana Nelly León, capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde fue testigo de las desigualdades sociales que afectan a las mujeres en el sistema penal y decidió dedicarse a buscar soluciones y visibilizar la problemática.
En la pandemia, las deficiencias estructurales se agravaron aún más y las reclusas se quedaron sin productos básicos como agua, jabón o toallas higiénicas, según lo que vio la propia Alcaíno, que se organizó con un grupo de mujeres para hacerles llegar los bienes necesitados, especialmente en el norte y sur del país. De esa organización nació la Red de Acción Carcelaria, una fundación de 30 voluntarias que realiza iniciativas público-privadas para, por ejemplo, llevar odontólogos o ginecólogos a las cárceles. Han atendido a mujeres que ejercían como trabajadoras sexuales que nunca se habían hecho un Papanicolaou (PAP, una citología).
Desde el año 2020, la población carcelaria femenina ha aumentado un 65,3%, hasta alcanzar las 5.334 mujeres privadas de libertad. La Red de Acción Carcelaria también trabaja con la Defensoría Penal Pública para levantar información e instalar en el debate público las grietas del sistema para que sea una preocupación política. “Los temas de seguridad están de moda, pero se habla muy poco de para qué sirve la cárcel, la discusión pública nunca ha estado en cómo romper los círculos de violencia y delictual. No existe un índice de reincidencia actualizado, por ejemplo, pero sí sabemos que existen graves vulneraciones”, señala Alcaíno, quien añade que su principal temor con el futuro Gobierno de José Antonio Kast es que la política penitenciaria quede “capturada por discursos punitivos que terminan debilitando el foco, que es el cumplimiento de una pena”.
Magdymar León y las venezolanas que combaten la desigualdad de género de una crisis humanitaria
Venezuela atraviesa desde hace más de ocho años una emergencia que se expresa en desnutrición infantil, muertes por enfermedades prevenibles y el aumento de la violencia contra las mujeres. Varias agencias de Naciones Unidas han desplegado operaciones humanitarias en el país. Dentro de esa compleja arquitectura de asistencia, ha brillado el trabajo de la psicóloga Magdymar León. Directora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa (Avesa), pone su experticia en la Red de Igualdad de Género que evita que la ayuda humanitaria pueda reproducir desigualdades.
León ilustra esa tensión con un ejemplo cotidiano. En una comunidad donde se ejecuta un plan de saneamiento para instalar tanques de agua, se contrata a hombres para realizar las tuberías. A las mujeres, en cambio, se les convoca para identificar necesidades, integrarse a las mesas técnicas, seleccionar a los trabajadores y prepararles la comida. “A ellos les pagan y a ellas no”, explica. La escena revela una lógica arraigada: el trabajo masculino se remunera; el femenino se asume como extensión “natural” del cuidado. Para León, esa división evidencia cómo las prácticas humanitarias pueden reforzar roles de género en lugar de cuestionarlos.
Una de las mayores resistencias que enfrenta es ampliar la noción de lo que significa “salvar vidas”. No se trata solo de distribuir alimentos o medicinas, sino de atender la violencia sexual, la sobrecarga doméstica y la trata de personas, problemas que se agudizan en contextos de emergencia. Frente a un sistema patriarcal global, sostiene, la articulación es inevitable. En un país polarizado políticamente durante dos décadas, el movimiento feminista ha sufrido fracturas. Pero la crisis humanitaria —que ha provocado la migración de más de siete millones de venezolanos y ha tenido impactos diferenciados en las mujeres— ha generado espacios de reencuentro entre distintas corrientes. León advierte riesgos para Venezuela tras el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y dejó a su vicepresidenta a cargo. “El Gobierno estadounidense ha revertido programas que favorecen la igualdad de género y los derechos reproductivos. Si es el que tutela ahora al país, algo de esa lógica puede trasladarse aquí”, señala. “Podrán llegar recursos, pero bajo una visión que no necesariamente favorece a las mujeres ni al país”.
Irma Quezo Maita: una educadora que enseña sus derechos a las mujeres aymaras de las zonas rurales de Bolivia
Cuando Irma Quezo Maita era una niña, su padre les prohibió a ella y a sus cinco hermanos hablar aimara. El señor Zenobio Quezo había sufrido discriminación en la ciudad por hablar su lengua materna y pensó que el castellano era el único camino para que sus hijos lograran prosperidad. Nunca imaginó que el idioma andino sería indispensable para que Irma pudiera formar parte del trabajo que ahora ama: técnica facilitadora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aimara (CDIMA).
La institución fue fundada hace 37 años por Alicia Canaviri y, desde entonces, ha concientizado a más de 40.000 mujeres del campo y de zonas periféricas de Bolivia sobre sus derechos, además de otorgarles herramientas para que consigan su independencia económica a través de cursos de costura, artesanía o gastronomía. Quezo, de 33 años, tiene a CDIMA en su horizonte desde que era pequeña, cuando su madre asistió a uno de los talleres que el centro hizo en su comunidad, Santiago de Callapa, en el altiplano profundo.
“Era machista en un principio. Me prohibía jugar fútbol, que tanto me gusta. ‘Tus hermanos van a la cancha, tú me ayudas en la cocina”, recuerda Quezo. “En el área rural, hasta los mismos padres dicen que, si eres mujercita, no es necesario estudiar: vas a tener marido y necesitas aprender a lavar y cocinar”. Casi tres décadas después, cuando va a las comunidades, ve que la realidad apenas ha cambiado. “La mujer del campo vive en violencia, pero lo tiene naturalizado. Nos dicen que por sus hijos aguantan, que no pueden separarse. La información, la educación, es la mejor herramienta que les puedes dar”. Esa fue una de las razones por las que escogió la carrera de Ciencias de la Educación.
La red que ayuda a mujeres con embarazos inviables a conseguir la interrupción a la que tienen derecho
El enorme estigma que rodea al aborto en Brasil, incluso en los supuestos legales, se suma a las dificultades de un país continental. En el Estado de Bahía, que es más extenso que España y con 15 millones de habitantes, un equipo de la Defensoría Pública —institución que defiende los derechos de colectivos vulnerables además de ofrecer abogado de oficio— gestiona desde 2022 una red que ayuda a mujeres con embarazos inviables a conseguir la interrupción a la que tienen derecho. Un camino nacido gracias a un cuidadoso esfuerzo por sensibilizar, construir alianzas, ofrecer seguridad jurídica y divulgar lo más básico: que la ley ampara el aborto en el caso de fetos sin opciones de nacer vivos y que existe una constelación de profesionales volcados en garantizarlo.
La defensora pública Livia Almeida explica, desde Salvador de Bahía, que esta iniciativa responde al convencimiento de que “el acceso al aborto es una cuestión de salud pública” y al hecho de que “el aborto ilegal es una de las principales causas de mortalidad materna”. Cuando el médico diagnostica un embarazo inviable, se informa a la mujer de las opciones, incluida “la anticipación terapéutica del parto”, es decir, un aborto, término que se evita a toda costa porque, explica Almeida, está muy criminalizado, existe un estigma incluso para las mujeres que tienen derecho”.
Primer paso, primer obstáculo. El diagnóstico debe hacerlo un especialista en medicina fetal, poco común en buena parte de Bahía. Si la mujer decide interrumpir la gestación, el médico solicita al núcleo de defensa de la mujer de la Defensoría Pública, que presenta una petición urgente a un juez de lo penal. El permiso suele llegar en una semana máximo. Entonces la mujer, con garantías jurídicas redobladas para ella misma y los médicos, puede interrumpir el embarazo. Almeida destaca que han atendido a 140 mujeres y cada vez llegan más casos. Consciente del desafío, lamenta que “en Brasil todavía no se aborde el aborto en las facultades de medicina ni en las de derecho”.
Fotografía:
Aurea del Rosario (México), Caroline Yang (Estados Unidos), Sofía Yanjari (Chile), Mariana Nedelcu (Argentina), Jair F. Coll (Colombia), Sara Aliaga (Bolivia), Karen Toro (Ecuador), Gaby Oraa (Venezuela), Camilo Freedman (El Salvador), Jaime Villanueva (España)
Diseño:
Mónica Juárez Martín
Desarrollo:
Miguel Ángel Hernández
Coordinación:
Brenda Valverde Rubio
Edición de fotografía:
Gladys Serrano
Edición de texto:
Lorena Arroyo y Camila Osorio
El movimiento feminista ha llamado este año a un 8M internacionalista. A una red global. Algo que las mujeres llevan mucho tiempo haciendo, organizándose para salvar los obstáculos del sistema frente a todo tipo de amenazas, contra ellas y contra otros: desde gobiernos autoritarios a grupos armados que pretenden cercenar derechos
Hace ocho días, en Barcelona, en España, la actriz y directora argentina Dolores Fonzi ganó el premio Goya a la mejor película iberoamericana por Belén, la reconstrucción de la historia de la mujer de 27 años que en 2014 acudió a un hospital de San Miguel de Tucumán, al norte de Argentina, con un aborto espontáneo. La detuvieron y la acusaron de homicidio agravado. Pasó dos años en la cárcel. Ella fue uno de los detonantes de la ola verde por un aborto legal y seguro que se convirtió en ley el 29 de diciembre de 2020. Poco más de cinco años después, el país es otro. La llegada de Javier Milei al poder en diciembre de 2023 inició una época de cambios e incertidumbre a través de recortes económicos y sociales que, como en todo el mundo con los movimientos ultra, ha puesto en la diana primero los derechos y libertades de las mujeres. Fonzi recogió su Goya enfundada en un vestido morado e hizo una advertencia a las cientos de personas de ese auditorio, entre ellas el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez:
Zulema Palavecino: una luchadora que pide jubilaciones dignas
Nueve de cada diez mujeres llegan a la edad de jubilación en Argentina sin haber alcanzado los 30 años de aportes que exige la ley para cobrar una pensión. No porque no hayan trabajado, sino porque en su mayoría tuvieron empleos en negro, en un país con el 43% de informalidad laboral, y/o porque pasaron tiempo alejadas del mercado laboral para cuidar a hijos o padres. Hasta hace un año, había una moratoria que permitía a los trabajadores pagar por sus últimos años de aportes para acceder a una jubilación, pero el presidente Javier Milei la suprimió. Desde entonces, o trabajan hasta completar el período estipulado o solicitan, a partir de los 65 años, una pensión universal para el adulto mayor que los condena a la pobreza: el ingreso equivale a 250 dólares mensuales (unos 215 euros).
Con el objetivo de exigir pensiones dignas, el colectivo Jubiladxs Insurgentes rodea cada miércoles el Congreso argentino. Zulema Palavecino, una de sus integrantes, tiene 75 años. Cuenta que eligieron los miércoles para seguir el ejemplo de Norma Pla, la activista que se convirtió en la imagen de los jubilados en los noventa contra el ajuste de Carlos Menem: trabajó desde los 13 hasta los 62 años, pero no se pudo jubilar porque nunca firmó un contrato. Tres décadas después, su situación es la de miles de mujeres más.
“La moratoria es un parche porque el trabajador trabaja, es el empleador quien tiene que hacer los aportes si no los hizo”, critica Palavecino. “No luchemos para que pongan de nuevo el parche, sino para que no pidan pagar los aportes”, destaca.
Palavecino cree que, para lograr cambios, hay que salir a las calles a pelear por ellos, una tradición muy arraigada en la sociedad argentina. Sin embargo, advierte que esa lucha “es cada vez más asimétrica” y está más criminalizada. “Norma Pla le podía sacar la gorra a un policía, incluso conmoverlo. Hoy los adoctrinan para que nos vean como sus enemigos», dice al recordar cómo un agente antidisturbios empujó al suelo a una jubilada con bastón unos meses atrás. Aun así, pide unir todas las luchas y recuerda que la suya tiene que ver con el futuro de las demás: “Si esto sigue así, nadie podrá jubilarse”.
Emilse Jiménez y las mujeres que rescatan a los niños que la guerra les robó
Emilse Jiménez desconfía del título de lideresa social. “Se ha vuelto un comodín”, dice. A ella le basta uno solo: madre. La madre a la que llaman varias comunidades en el departamento colombiano del Cauca cuando un niño o una niña está en riesgo de ser reclutado por grupos armados. En lo que va de año, Jiménez ha logrado sacar a siete menores de espacios de adoctrinamiento atribuidos a disidencias guerrilleras de las FARC en la región. No va sola: se planta frente a comandantes guerrilleros junto a las mujeres de la Guardia Intercultural Humanitaria, un colectivo que lidera y que se mueve de vereda a vereda para impedir que los grupos armados ilegales conviertan a sus menores en niños soldados. Esta red de casi cien mujeres es la primera organización en Colombia que reúne a autoridades indígenas, afros, cimarronas y campesinas con el objetivo de que los menores no sean carne de cañón.
Jiménez atiende esta entrevista en medio de una carretera que conduce desde Cali, la tercera ciudad de Colombia, hasta el municipio de Buenos Aires (Cauca), de donde es oriunda. “Voy camino a rescatar a una de mis niñas y no sé a qué hora regrese”, dice con la naturalidad de quien se enfrenta a diario a la guerra. Entró al grupo cuando la guerrilla se llevó a uno de sus sobrinos, hace dos años. A sus 58 años, se ha convertido en una de las primeras en enfrentar el delito del reclutamiento forzado, un crimen que ha aumentado dramáticamente en el gobierno de Gustavo Petro, y que ha sumado más de 1.400 casos el último año, según la justicia transicional. El 62% de ellos ha ocurrido en el Cauca, la tierra de Jiménez.
A los niños los engañan a través de redes sociales, especialmente TikTok. Les ofrecen trabajos, dinero rápido o teléfonos nuevos y, cuando aceptan, los citan fuera de sus veredas y los trasladan a zonas bajo control armado. Las primeras alertas suenan cuando los pupitres comienzan a quedar vacíos. En esa búsqueda de los niños que van desapareciendo, Jiménez ha recibido ya cinco amenazas de muerte. Los grupos armados la señalan de sabotearlos. La última advertencia que le hicieron las disidencias de las FARC le valió para salir desplazada de su territorio, pero no ha sido razón suficiente para acallarla. “Las amenazas no son lo urgente. Lo urgente son los niños”, dice.
Carolina Ortiz: una ‘dreamer’ mexicana para proteger a los migrantes de la maquinaria de deportaciones de Trump
Carolina Ortiz supo desde los nueve años que sería defensora de migrantes. A esa edad, a su hermano, diez años mayor, lo deportaron a México, país del que su familia emigró cuando ella era pequeña. En Minnesota, donde se asentaron al llegar a Estados Unidos, siempre fue consciente de las barreras que enfrentaban como indocumentados: las dificultades de su madre para recibir tratamiento para el cáncer que padecía o para encontrar alquiler. “Estaba muy molesta y solo trataba de entender por qué estaban pasando todas estas cosas, pero al mismo tiempo sabía que no era la única”, recuerda la mujer de 33 años.
Su trabajo con la comunidad migrante comenzó cuando acudió a un grupo de jóvenes en su iglesia. Ahí conoció a otras personas que vivían situaciones similares a la suya: “Eso fue lo que me motivó y me permitió usar esa rabia y esa emoción de una manera positiva”. Cuando en 2012 el expresidente Barack Obama creó el programa DACA para indocumentados que llegaron de niños, Ortiz pasó a ser una dreamer protegida de la maquinaria de deportaciones que se llevó a su hermano.
En 2018, se involucró con una organización que entonces solo se estaba gestando: COPAL (Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina), que este año ha hecho frente al megaoperativo migratorio lanzado por el Gobierno de Donald Trump en Minneapolis. Entre el pasado diciembre y este febrero, más de 3.000 agentes de inmigración tomaron las calles de esa ciudad y otras en Minnesota. Entre la violencia ejercida por la policía migratoria, dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados a tiros mientras protestaban.
Durante esas caóticas semanas, Ortiz, que es directora ejecutiva adjunta de COPAL y ya ha obtenido residencia permanente en Estados Unidos, estuvo atendiendo a los migrantes perseguidos. Según denuncia, en aquellos días, agentes llegaron hasta su casa para intimidarla.
Aunque el Gobierno del republicano anunció a mediados de febrero que la operación migratoria en Minnesota había “concluido”, Ortiz sabe que el trabajo está lejos de acabarse: “El trauma, el dolor que queda en nuestras comunidades… Va a llevar años poder volver a la normalidad, que sinceramente no creo que exista”. En medio de tanta crueldad y sufrimiento, la activista destaca una cosa que le da “esperanza”: que las redes de apoyo que lleva tejiendo durante años entre las comunidades migrantes de su Estado sirvieron para resistir a la ofensiva de Trump. Ahora, mirando al futuro, asegura que la “democracia se está viendo amenazada” y son esas redes sobre las que el país se tendrá que apoyar para sobrevivir.
Escuela de Emprendedoras Juana Millán: autonomía para las mujeres y la transformación de una economía voraz
Sandra Salsón Martín dice “turbo”, “capitalismo” e “individualismo” y también que eso no tiene que ver con ellas, las seis mujeres que forman el núcleo de la Escuela de Emprendedoras Juana Millán, nacida en 2014 cuando se dieron cuenta de “las claras diferencias” entre sus trayectorias con sus cooperativas y las de otros emprendedores hombres. “Para nosotras tenía que ver con crear nuestro propio empleo, pero también con unos valores y un proyecto de vida”.
Montaron entonces un curso con “compañeras de Euskadi, Aragón y Cataluña, para ayudar a aterrizar ideas a mujeres que fantasearan con el emprendimiento como vía a su situación laboral”. Y salió bien. Tanto que llevan desde entonces, de forma gratuita, ayudando a otras a que la empresa que tienen en la cabeza se haga real, a consolidar las que ya están montadas o a darle un empujoncito a las que lo necesitan. Y a crear y mantener una red entre todas. Lo impulsan las seis del equipo central, “con 70 especialistas en diversas áreas, desde comunicación a cosas muy concretas, por ejemplo, licencias sanitarias para cosmética ecológica”.
Y repartidas por toda España. “Lo que quieren tiene que ser factible en los territorios en los que viven y revertir en esas comunidades”, dice Salsón, de 48 años y nacida en un pueblito de A Coruña, Mosquetín, pero en Madrid desde los tres. Sentada en una sala de coworking en el centro de la capital, sabe que no todo es la ciudad.
Hasta 2020 buscaron financiación pública y privada y unas 25 mujeres por año pasaban por la Escuela; a partir de 2021, llegó del Instituto de las Mujeres y del Fondo Social Europeo y pudieron “crecer”. En los últimos cinco años cuentan 2.600 juanas: “Mujeres que no quieren formar parte del sistema tal y como está organizado o a las que el sistema ha expulsado, por su edad o sus circunstancias. El mundo es el que es por cómo se ha entendido la economía, el enriquecimiento propio por encima de lo comunitario”. Las mujeres históricamente no han tenido acceso a ese enriquecimiento, al dinero, es decir, a la autonomía. La idea de la escuela es que la tengan para construir un mundo distinto “a este, en el que hay más riqueza para unos poquitos, cuanta mayor destrucción generan”.
Geraldina Guerra y la red que cuenta los feminicidios que el Gobierno se niega a investigar
A dos horas de Quito, en una casa en medio del bosque, vive Geraldina Guerra, activista de derechos humanos y directora de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo. A sus 51 años, lleva casi una década mapeando los femicidios en Ecuador, con la satisfacción de que lo que comenzó como un esfuerzo individual, hoy se ha convertido en una red de organizaciones que documentan y verifican estos crímenes, una labor que el Estado ha sido incapaz de replicar.
La idea original nació de un grupo de mujeres cartógrafas, un impulso que, según Guerra, tiene un significado más allá de los números. «Si registramos estos casos, es para dar nombre a lo que está ocurriendo en cada región», explica. «Interpelamos al Estado no como datos, sino como vidas que se están perdiendo».
Con los años, la red está compuesta por una docena de organizaciones, líderes barriales y periodistas, especialmente en zonas rurales, que ha conseguido articularse y renovarse. El Estado, por su parte, sigue sin ser capaz de unificar las cifras que registran los organismos encargados de la protección de las mujeres. «Ni siquiera pueden reunir los datos de las instituciones que deberían proteger a las mujeres. Nosotras, desde la sociedad civil, sí podemos hacerlo», sostiene Guerra. El debilitamiento del sistema estatal bajo el gobierno de Daniel Noboa ha sido un golpe para la lucha contra la violencia, señala. La eliminación del Ministerio de la Mujer, responsable de coordinar el sistema de prevención de violencia, es un retroceso. “Ya no hay autoridad, no hay con quién dialogar”, lamenta.
El proceso de mapeo es minucioso. Por cada caso de femicidio se llena un formulario con detalles precisos: nombre de la víctima, edad, si tenía hijos, su lugar de residencia, si contaba con medidas de protección, si estaba embarazada, si fue asesinada con armas de fuego o algún otro objeto, e incluso si el cuerpo fue desaparecido. Estos registros permiten conocer, trimestre a trimestre, la magnitud del femicidio en Ecuador: cuántos se han cometido, cuántos niños han quedado huérfanos y cuántos transfemicidios se han dado. En 2025, contaron 411 femicidios en total, muchos más de los 274 de 2024.
Eneida Abarca: una de las madres buscadoras que denuncia la inoperancia del Estado
Eneida Abarca (San Salvador, 49 años) es una incansable activista salvadoreña que se ha convertido en el rostro más visible de la búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador. Su lucha comenzó tras la desaparición de su hijo, Carlos Ernesto Santos Abarca, el 1 de enero de 2022, cuando salió a jugar baloncesto en la colonia Monserrat, en San Salvador, y no regresó. Desde entonces, Abarca ha emprendido una búsqueda que la ha llevado a organizar plantones frente a la Casa Presidencial, a encarar al ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, y a fundar y liderar el grupo de madres buscadoras en El Salvador, acompañando a otras familias que enfrentan la misma incertidumbre.
Tras la desaparición de su hijo, Abarca ha recorrido cientos de kilómetros pegando afiches con la fotografía de su hijo en toda el área metropolitana de San Salvador. Ha buscado en barrios, colonias, quebradas, predios baldíos y en los montes. Ha buscado ayuda de las autoridades, la sociedad civil y hasta ha suplicado personalmente a los pandilleros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha que le devuelvan a su hijo. Junto a su esposo, Ricardo, han denunciado ante organismos internacionales y medios de comunicación la inoperancia del Estado.
“Yo sé que lo voy a encontrar porque a mi hijo no se lo pudo haber tragado la tierra. Solo hay que buscar, buscar, buscar. Hasta que alguien hable”, dice Abarca al preguntarle qué la motiva a seguir buscando. Donde quiera que vaya, ella siempre lleva una camisa con el rostro de su hijo. “La realidad, en El Salvador y en todos los países donde hay desaparecidos, no es que no los encuentren: es que nadie los busca. Si la familia no los busca, las instituciones se acomodan. Por eso es por lo que yo nunca voy a dejar de buscar”, añade.
Periodistas Unidas Mexicanas: tejer alianzas para denunciar el acoso en las redacciones
La red que las mujeres de Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) construyeron en 2019 ha servido como un altavoz para denunciar el acoso sexual y laboral en la industria periodística en México. Frente a la paradoja de trabajar en un medio de comunicación y el silencio que existía en el sector sobre las actitudes machistas, esta colectiva se formó para acompañar a decenas de mujeres que hicieron públicas sus denuncias, en lo que se ha conocido como el Me Too mexicano.
“Por nuestra profesión sabemos que no podemos jugar a las especialistas, no podemos dar acompañamiento psicológico ni asesoría legal, porque no somos psicólogas ni abogadas, pero tenemos buenos contactos entre nuestras fuentes”, cuenta María, portavoz de la colectiva, que prefiere mantener su identidad en el anonimato por seguridad. El grupo ha sufrido amenazas, sobre todo después de hacer público el caso de Andrés Roemer, un exdiplomático acusado de violación por cinco mujeres.
El grupo también se dio a la tarea de hacer una encuesta entre sus colegas para conocer sus condiciones laborales. En los resultados, hallaron que hasta un 73% de las periodistas consultadas había sufrido algún tipo de acoso. “Desde entonces, hemos visto cambios en las redacciones y en las conductas, no necesariamente a partir de la autorreflexión o de que los compañeros hombres dijeran que el acoso estaba mal, sino desde el miedo a ser expuestos”, apunta María.
La colectiva también ha sido muy crítica con los medios de comunicación ante su escasa cobertura con perspectiva de género, particularmente en su despliegue sobre feminicidios. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, señalan, no ha supuesto un cambio estructural para los balances de poder entre el Estado y la prensa, aunque reconocen que la presencia de una mujer en el más alto cargo del país es un cambio “simbólico y valioso». “Nuestra colectiva se convirtió más en un acto de resistencia desde lo individual, cada vez más personal y menos público”, apunta la portavoz.
Elisa Alcaíno: una socióloga que trabaja para romper el círculo de la violencia en las cárceles
Elisa Alcaíno (29 años, Santiago de Chile) conoció la cárcel en una visita junto a su madre cuando era adolescente, un mundo del que no se volvió a separar. La socióloga de la Universidad Católica trabajó con la hermana Nelly León, capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde fue testigo de las desigualdades sociales que afectan a las mujeres en el sistema penal y decidió dedicarse a buscar soluciones y visibilizar la problemática.
En la pandemia, las deficiencias estructurales se agravaron aún más y las reclusas se quedaron sin productos básicos como agua, jabón o toallas higiénicas, según lo que vio la propia Alcaíno, que se organizó con un grupo de mujeres para hacerles llegar los bienes necesitados, especialmente en el norte y sur del país. De esa organización nació la Red de Acción Carcelaria, una fundación de 30 voluntarias que realiza iniciativas público-privadas para, por ejemplo, llevar odontólogos o ginecólogos a las cárceles. Han atendido a mujeres que ejercían como trabajadoras sexuales que nunca se habían hecho un Papanicolaou (PAP, una citología).
Desde el año 2020, la población carcelaria femenina ha aumentado un 65,3%, hasta alcanzar las 5.334 mujeres privadas de libertad. La Red de Acción Carcelaria también trabaja con la Defensoría Penal Pública para levantar información e instalar en el debate público las grietas del sistema para que sea una preocupación política. “Los temas de seguridad están de moda, pero se habla muy poco de para qué sirve la cárcel, la discusión pública nunca ha estado en cómo romper los círculos de violencia y delictual. No existe un índice de reincidencia actualizado, por ejemplo, pero sí sabemos que existen graves vulneraciones”, señala Alcaíno, quien añade que su principal temor con el futuro Gobierno de José Antonio Kast es que la política penitenciaria quede “capturada por discursos punitivos que terminan debilitando el foco, que es el cumplimiento de una pena”.
Magdymar León y las venezolanas que combaten la desigualdad de género de una crisis humanitaria
Venezuela atraviesa desde hace más de ocho años una emergencia que se expresa en desnutrición infantil, muertes por enfermedades prevenibles y el aumento de la violencia contra las mujeres. Varias agencias de Naciones Unidas han desplegado operaciones humanitarias en el país. Dentro de esa compleja arquitectura de asistencia, ha brillado el trabajo de la psicóloga Magdymar León. Directora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa (Avesa), pone su experticia en la Red de Igualdad de Género que evita que la ayuda humanitaria pueda reproducir desigualdades.
León ilustra esa tensión con un ejemplo cotidiano. En una comunidad donde se ejecuta un plan de saneamiento para instalar tanques de agua, se contrata a hombres para realizar las tuberías. A las mujeres, en cambio, se les convoca para identificar necesidades, integrarse a las mesas técnicas, seleccionar a los trabajadores y prepararles la comida. “A ellos les pagan y a ellas no”, explica. La escena revela una lógica arraigada: el trabajo masculino se remunera; el femenino se asume como extensión “natural” del cuidado. Para León, esa división evidencia cómo las prácticas humanitarias pueden reforzar roles de género en lugar de cuestionarlos.
Una de las mayores resistencias que enfrenta es ampliar la noción de lo que significa “salvar vidas”. No se trata solo de distribuir alimentos o medicinas, sino de atender la violencia sexual, la sobrecarga doméstica y la trata de personas, problemas que se agudizan en contextos de emergencia. Frente a un sistema patriarcal global, sostiene, la articulación es inevitable. En un país polarizado políticamente durante dos décadas, el movimiento feminista ha sufrido fracturas. Pero la crisis humanitaria —que ha provocado la migración de más de siete millones de venezolanos y ha tenido impactos diferenciados en las mujeres— ha generado espacios de reencuentro entre distintas corrientes. León advierte riesgos para Venezuela tras el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y dejó a su vicepresidenta a cargo. “El Gobierno estadounidense ha revertido programas que favorecen la igualdad de género y los derechos reproductivos. Si es el que tutela ahora al país, algo de esa lógica puede trasladarse aquí”, señala. “Podrán llegar recursos, pero bajo una visión que no necesariamente favorece a las mujeres ni al país”.
Irma Quezo Maita: una educadora que enseña sus derechos a las mujeres aymaras de las zonas rurales de Bolivia
Cuando Irma Quezo Maita era una niña, su padre les prohibió a ella y a sus cinco hermanos hablar aimara. El señor Zenobio Quezo había sufrido discriminación en la ciudad por hablar su lengua materna y pensó que el castellano era el único camino para que sus hijos lograran prosperidad. Nunca imaginó que el idioma andino sería indispensable para que Irma pudiera formar parte del trabajo que ahora ama: técnica facilitadora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aimara (CDIMA).
La institución fue fundada hace 37 años por Alicia Canaviri y, desde entonces, ha concientizado a más de 40.000 mujeres del campo y de zonas periféricas de Bolivia sobre sus derechos, además de otorgarles herramientas para que consigan su independencia económica a través de cursos de costura, artesanía o gastronomía. Quezo, de 33 años, tiene a CDIMA en su horizonte desde que era pequeña, cuando su madre asistió a uno de los talleres que el centro hizo en su comunidad, Santiago de Callapa, en el altiplano profundo.
“Era machista en un principio. Me prohibía jugar fútbol, que tanto me gusta. ‘Tus hermanos van a la cancha, tú me ayudas en la cocina”, recuerda Quezo. “En el área rural, hasta los mismos padres dicen que, si eres mujercita, no es necesario estudiar: vas a tener marido y necesitas aprender a lavar y cocinar”. Casi tres décadas después, cuando va a las comunidades, ve que la realidad apenas ha cambiado. “La mujer del campo vive en violencia, pero lo tiene naturalizado. Nos dicen que por sus hijos aguantan, que no pueden separarse. La información, la educación, es la mejor herramienta que les puedes dar”. Esa fue una de las razones por las que escogió la carrera de Ciencias de la Educación.
La red que ayuda a mujeres con embarazos inviables a conseguir la interrupción a la que tienen derecho
El enorme estigma que rodea al aborto en Brasil, incluso en los supuestos legales, se suma a las dificultades de un país continental. En el Estado de Bahía, que es más extenso que España y con 15 millones de habitantes, un equipo de la Defensoría Pública —institución que defiende los derechos de colectivos vulnerables además de ofrecer abogado de oficio— gestiona desde 2022 una red que ayuda a mujeres con embarazos inviables a conseguir la interrupción a la que tienen derecho. Un camino nacido gracias a un cuidadoso esfuerzo por sensibilizar, construir alianzas, ofrecer seguridad jurídica y divulgar lo más básico: que la ley ampara el aborto en el caso de fetos sin opciones de nacer vivos y que existe una constelación de profesionales volcados en garantizarlo.
La defensora pública Livia Almeida explica, desde Salvador de Bahía, que esta iniciativa responde al convencimiento de que “el acceso al aborto es una cuestión de salud pública” y al hecho de que “el aborto ilegal es una de las principales causas de mortalidad materna”. Cuando el médico diagnostica un embarazo inviable, se informa a la mujer de las opciones, incluida “la anticipación terapéutica del parto”, es decir, un aborto, término que se evita a toda costa porque, explica Almeida, está muy criminalizado, existe un estigma incluso para las mujeres que tienen derecho”.
Primer paso, primer obstáculo. El diagnóstico debe hacerlo un especialista en medicina fetal, poco común en buena parte de Bahía. Si la mujer decide interrumpir la gestación, el médico solicita al núcleo de defensa de la mujer de la Defensoría Pública, que presenta una petición urgente a un juez de lo penal. El permiso suele llegar en una semana máximo. Entonces la mujer, con garantías jurídicas redobladas para ella misma y los médicos, puede interrumpir el embarazo. Almeida destaca que han atendido a 140 mujeres y cada vez llegan más casos. Consciente del desafío, lamenta que “en Brasil todavía no se aborde el aborto en las facultades de medicina ni en las de derecho”.
Fotografía:
Aurea del Rosario (México), Caroline Yang (Estados Unidos), Sofía Yanjari (Chile), Mariana Nedelcu (Argentina), Jair F. Coll (Colombia), Sara Aliaga (Bolivia), Karen Toro (Ecuador), Gaby Oraa (Venezuela), Camilo Freedman (El Salvador), Jaime Villanueva (España)
Diseño:
Mónica Juárez Martín
Desarrollo:
Miguel Ángel Hernández
Coordinación:
Brenda Valverde Rubio
Edición de fotografía:
Gladys Serrano
Edición de texto:
Lorena Arroyo y Camila Osorio
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