La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , en el que denuncia graves fallos en la gestión de asistencia de los servicios 061 y 112 tras el accidente ferroviario del 18 de enero. La organización reclama una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades políticas y jurídicas por un siniestro que causó 46 víctimas mortales . El abogado de la asociación, Antonio Benítez, ha presentado denuncias similares ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el Defensor del Pueblo Andaluz y el juzgado de Montoro, advirtiendo de una posible responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración Pública.El colectivo subraya que los problemas de comunicación con los servicios de emergencias también afectaron al ámbito estatal. Según un informe de la Guardia Civil, el análisis inicial de las grabaciones de los centros 112 de Andalucía y Madrid, así como de los centros de seguridad de Adif, revela una importante confusión inicial. Debido al gran volumen de llamadas simultáneas, todas las alertas se vincularon erróneamente al tren Iryo, interpretando que los avisos sobre el tren Alvia correspondían a un incidente de menor gravedad o a la misma colisión.Mario Samper, representante de la asociación, ha confirmado esta mañana a Huelva24 que este escrito cuenta con el consenso absoluto de los afectados y pone el foco en el retraso de la asistencia médica. Según Samper, hubo heridos atrapados entre los restos del tren durante una hora y cuarto sin recibir auxilio especializado, lo que pudo provocar fallecimientos evitables de personas que no fueron localizadas a tiempo. El portavoz denuncia además un «obstruccionismo» por parte del Gobierno autonómico, y asegura que la Junta de Andalucía es la única administración que se ha negado a facilitar a la CIAF los registros y grabaciones de las llamadas recibidas por el 112 y el 061.Cabe aclarar que la Administración andaluza ha puesto a disposición de la jueza de Montoro toda esa información y es la titular del juzgado la que ha denegado recientemente entregar dichas grabaciones a la CIAF por considerarlas no relevantes para el esclarecimiento del caso.La precariedad técnica durante la emergencia, según la información recabada por la asociación y trasladada en su denuncia, obligó al personal del 061 a gestionar la catástrofe «con papel y lápiz» debido a un bloqueo total del sistema informático. Los gestores del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias de Córdoba, según el escrito de la asociación, tuvieron que emplear sus teléfonos particulares para comunicarse al perder el contacto con el centro 112. La denuncia añade que sólo la experiencia de los profesionales permitió sacar adelante el rescate en lo que califican como un caos técnico.La jueza niega el acceso de la CIAFEn relación a la acusación de «obstruccionismo» por parte de la Junta, cabe recordar que la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha dictado una providencia por la que deniega a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) el acceso a los restos del tren Alvia y a los audios del Servicio de Emergencias 112. La magistrada sostiene que no autorizará la inspección del material ferroviario hasta que se proceda a la designación de los peritos judiciales, argumentando además que las grabaciones del despliegue sanitario no tienen interés para la instrucción de la causa penal. La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , en el que denuncia graves fallos en la gestión de asistencia de los servicios 061 y 112 tras el accidente ferroviario del 18 de enero. La organización reclama una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades políticas y jurídicas por un siniestro que causó 46 víctimas mortales . El abogado de la asociación, Antonio Benítez, ha presentado denuncias similares ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el Defensor del Pueblo Andaluz y el juzgado de Montoro, advirtiendo de una posible responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración Pública.El colectivo subraya que los problemas de comunicación con los servicios de emergencias también afectaron al ámbito estatal. Según un informe de la Guardia Civil, el análisis inicial de las grabaciones de los centros 112 de Andalucía y Madrid, así como de los centros de seguridad de Adif, revela una importante confusión inicial. Debido al gran volumen de llamadas simultáneas, todas las alertas se vincularon erróneamente al tren Iryo, interpretando que los avisos sobre el tren Alvia correspondían a un incidente de menor gravedad o a la misma colisión.Mario Samper, representante de la asociación, ha confirmado esta mañana a Huelva24 que este escrito cuenta con el consenso absoluto de los afectados y pone el foco en el retraso de la asistencia médica. Según Samper, hubo heridos atrapados entre los restos del tren durante una hora y cuarto sin recibir auxilio especializado, lo que pudo provocar fallecimientos evitables de personas que no fueron localizadas a tiempo. El portavoz denuncia además un «obstruccionismo» por parte del Gobierno autonómico, y asegura que la Junta de Andalucía es la única administración que se ha negado a facilitar a la CIAF los registros y grabaciones de las llamadas recibidas por el 112 y el 061.Cabe aclarar que la Administración andaluza ha puesto a disposición de la jueza de Montoro toda esa información y es la titular del juzgado la que ha denegado recientemente entregar dichas grabaciones a la CIAF por considerarlas no relevantes para el esclarecimiento del caso.La precariedad técnica durante la emergencia, según la información recabada por la asociación y trasladada en su denuncia, obligó al personal del 061 a gestionar la catástrofe «con papel y lápiz» debido a un bloqueo total del sistema informático. Los gestores del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias de Córdoba, según el escrito de la asociación, tuvieron que emplear sus teléfonos particulares para comunicarse al perder el contacto con el centro 112. La denuncia añade que sólo la experiencia de los profesionales permitió sacar adelante el rescate en lo que califican como un caos técnico.La jueza niega el acceso de la CIAFEn relación a la acusación de «obstruccionismo» por parte de la Junta, cabe recordar que la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha dictado una providencia por la que deniega a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) el acceso a los restos del tren Alvia y a los audios del Servicio de Emergencias 112. La magistrada sostiene que no autorizará la inspección del material ferroviario hasta que se proceda a la designación de los peritos judiciales, argumentando además que las grabaciones del despliegue sanitario no tienen interés para la instrucción de la causa penal. La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado un escrito dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , en el que denuncia graves fallos en la gestión de asistencia de los servicios 061 y 112 tras el accidente ferroviario del 18 de enero. La organización reclama una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades políticas y jurídicas por un siniestro que causó 46 víctimas mortales . El abogado de la asociación, Antonio Benítez, ha presentado denuncias similares ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el Defensor del Pueblo Andaluz y el juzgado de Montoro, advirtiendo de una posible responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración Pública.El colectivo subraya que los problemas de comunicación con los servicios de emergencias también afectaron al ámbito estatal. Según un informe de la Guardia Civil, el análisis inicial de las grabaciones de los centros 112 de Andalucía y Madrid, así como de los centros de seguridad de Adif, revela una importante confusión inicial. Debido al gran volumen de llamadas simultáneas, todas las alertas se vincularon erróneamente al tren Iryo, interpretando que los avisos sobre el tren Alvia correspondían a un incidente de menor gravedad o a la misma colisión.Mario Samper, representante de la asociación, ha confirmado esta mañana a Huelva24 que este escrito cuenta con el consenso absoluto de los afectados y pone el foco en el retraso de la asistencia médica. Según Samper, hubo heridos atrapados entre los restos del tren durante una hora y cuarto sin recibir auxilio especializado, lo que pudo provocar fallecimientos evitables de personas que no fueron localizadas a tiempo. El portavoz denuncia además un «obstruccionismo» por parte del Gobierno autonómico, y asegura que la Junta de Andalucía es la única administración que se ha negado a facilitar a la CIAF los registros y grabaciones de las llamadas recibidas por el 112 y el 061.Cabe aclarar que la Administración andaluza ha puesto a disposición de la jueza de Montoro toda esa información y es la titular del juzgado la que ha denegado recientemente entregar dichas grabaciones a la CIAF por considerarlas no relevantes para el esclarecimiento del caso.La precariedad técnica durante la emergencia, según la información recabada por la asociación y trasladada en su denuncia, obligó al personal del 061 a gestionar la catástrofe «con papel y lápiz» debido a un bloqueo total del sistema informático. Los gestores del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias de Córdoba, según el escrito de la asociación, tuvieron que emplear sus teléfonos particulares para comunicarse al perder el contacto con el centro 112. La denuncia añade que sólo la experiencia de los profesionales permitió sacar adelante el rescate en lo que califican como un caos técnico.La jueza niega el acceso de la CIAFEn relación a la acusación de «obstruccionismo» por parte de la Junta, cabe recordar que la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro ha dictado una providencia por la que deniega a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) el acceso a los restos del tren Alvia y a los audios del Servicio de Emergencias 112. La magistrada sostiene que no autorizará la inspección del material ferroviario hasta que se proceda a la designación de los peritos judiciales, argumentando además que las grabaciones del despliegue sanitario no tienen interés para la instrucción de la causa penal. RSS de noticias de espana/andalucia
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