El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no parece uno de los lugares más atractivos para trabajar. Los funcionarios denuncian que en dieciséis meses, entre enero de 2025 y junio de este año, los puestos sin solicitudes en los concursos específicos se han multiplican por cuatro: han pasado del 8% al 33%, mientras que las plazas que se quedan desiertas en los concursos por traslado llegan al 60%. ¿El motivo? Recortes en los días de teletrabajo, ausencia de negociación e imposiciones en la jornada laboral. «El Ministerio ha perdido el atractivo que lo distinguía en la Administración General del Estado», aseguran. Desde el año 2022 se han convocado 514 plazas de funcionario para puestos muy distintos, de todo tipo: de gestión (cuerpos generales), administrativos adscritos a secretarías y subsecretarías, bibliotecarios, archiveros, sección de publicaciones… No han tenido el éxito esperado y muchos de ellos terminan por no cubrirse. El mayor sindicato de funcionarios, CSIF, explica que detrás de las renuncias se esconden meses de «recortes en el trabajo a distancia y el bloqueo en la negociación de las condiciones laborales ». El último choque con el Ministerio se produjo la pasada semana, cuando la central denunció que el departamento que dirige Félix Bolaños había aprobado unilateralmente, sin acuerdo con los sindicatos, el calendario laboral, «que incumple -dicen- la resolución de Función Pública de 14 de abril», en la que se establece una reducción horaria en la Administración General del Estado para adaptar la nueva jornada de 35 horas semanales. Argumentan que, por el contrario, el departamento ha impuesto un horario de salida a las 14:30 horas para el personal de especial dedicación y la obligación de trabajar por las tardes.general No No Luz verde para desatascar la jubilación parcial de los empleados públicos Susana AlcelayEl origen del conflicto no es nuevo. Recuerdan los funcionarios que entre 2022 y principios de 2024 se apostó por una política de recursos humanos basada en la flexibilidad , el trabajo a distancia y «la escucha activa de la plantilla», lo que «convirtió al Ministerio en un lugar al que los funcionarios sí querían venir». Añaden que esa buena reputación se mantuvo hasta que en la primavera de 2025, «con los recortes unilaterales y sin indicadores objetivos, en el trabajo a distancia ya en vigor y la negociación del calendario laboral convertida en un monólogo de la Administración, la tendencia se invirtió de forma acelerada. Los datos de los concursos de traslado -señalan- lo confirman».ConflictividadLos puestos a los que ningún funcionario presenta solicitud llegan en este momento al 33% tras «un periodo que coincide con el inicio de la conflictividad en torno a la primera negociación del calendario laboral y los sucesivos recortes en el trabajo a distancia». Estos trabajos desiertos, por falta de candidatos o por no alcanzar la puntuación mínima en los concursos generales, han pasado del 27% en 2022 al 60% en 2025; y los específicos, del 34% en 2023 al 42% en 2026De forma paralela, el programa de cobertura de puestos por deslocalización , que permite a empleados públicos realizar sus funciones desde sedes provinciales, oficinas cercanas a su lugar de residencia, o con teletrabajo en zonas de difícil cobertura o declive demográfico, «ha resultado un fiasco por escasa oferta, fracaso en la negociación con otros ministerios o restricciones a su cobertura», reseñan las fuentes consultadas.5 El sindicato de funcionarios se queja de falta de diálogo y critica el hecho de que no se ha producido ninguna reunión entre el subsecretario de la Presidencia y la junta de personal desde junio de 2023, a pesar de que han presentado más de cinco solicitudes formales.Avisa CSIF de que la reducción del trabajo a distancia de tres días a dos ,—primero en mayo de 2025 para parte de la plantilla y luego extendida al Ministerio en septiembre de 2025,— se adoptó sin que la Administración presentara ante la representación sindical que así lo exigía, por las peticiones de los empleados en asambleas, «ni un solo indicador objetivo que la justificara: ningún dato de productividad, ningún análisis de absentismo, ninguna evaluación de la calidad del servicio».Lo mismo ha ocurrido con «la imposición de presencialidad obligatoria» durante las tardes para el personal de especial dedicación . Una obligación que, señala el sindicato, no existe en ningún apartado de la Resolución de Función Pública. Por ello, reclamaron al Gobierno que presentara un análisis en el que se identifique en qué puestos es preciso trabajar por la tarde y permitir acumular las horas en una única tarde semanal. Denuncian que la Administración no lo ha tenido en cuenta.35 La reducción de la jornada hasta las 35 horas no se ha cumplido en el Ministerio de la Presidencia, según denuncian los sindicatos. Aseguran que, por el contrario, se ha impuesto un horario de salida a las 14:30 horas para el personal de especial dedicación y establecido la obligación de trabajar por las tardes.Por último, la central sindical resalta el hecho de que no se ha producido ninguna reunión entre el subsecretario de la Presidencia y la junta de personal desde el mes de junio de 2023, a pesar de que han presentado más de cinco solicitudes formales . Reclaman un encuentro urgente con los responsables del ministerio para formalizar un grupo de trabajo que permita negociar sobre jornada y horarios, y exigen que cualquier decisión de presencialidad o trabajo a distancia se adopte en base a «criterios objetivos» debatidos con los sindicatos, y que se revise la política sobre teletrabajo. Si la Administración no rectifica, advierte de que agotará todas las vías a su disposición, «incluidas las acciones legales o impugnatorias que procedan». Deterioro de servicios clave El choque con el Ministerio de la Presidencia es un añadido más al número de conflictos abiertos entre los funcionarios y el Gobierno, con relaciones que no pasan por su mejor momento. La falta de personal en servicios clave como el SEPE o la Seguridad Social son motivo de enfrentamiento, que se traduce en que lograr una cita puede llegar al mes y medio. La temporalidad, del 30%, es otro asunto sin resolver pese a los continuos toques de atención de Bruselas, y hay también movilizaciones en marcha. Durante el pasado mes de junio CSIF, UGT, CC.OO. y CIG convocaron movilizaciones en la Seguridad Social por incumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla y ante «la ausencia de avances reales para garantizar el futuro de este organismo, un pilar fundamental del estado de Bienestar» Denunciaron que las citas superan el mes y medio. La Agencia Tributaria es también foco de conflicto. Para el próximo septiembre la plantilla de la Agencia Tributaria está convocada a reanudar las movilizaciones que han coincidido con la Campaña de la Renta en toda España «ante la parálisis de las negociaciones para reforzar la plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados». El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no parece uno de los lugares más atractivos para trabajar. Los funcionarios denuncian que en dieciséis meses, entre enero de 2025 y junio de este año, los puestos sin solicitudes en los concursos específicos se han multiplican por cuatro: han pasado del 8% al 33%, mientras que las plazas que se quedan desiertas en los concursos por traslado llegan al 60%. ¿El motivo? Recortes en los días de teletrabajo, ausencia de negociación e imposiciones en la jornada laboral. «El Ministerio ha perdido el atractivo que lo distinguía en la Administración General del Estado», aseguran. Desde el año 2022 se han convocado 514 plazas de funcionario para puestos muy distintos, de todo tipo: de gestión (cuerpos generales), administrativos adscritos a secretarías y subsecretarías, bibliotecarios, archiveros, sección de publicaciones… No han tenido el éxito esperado y muchos de ellos terminan por no cubrirse. El mayor sindicato de funcionarios, CSIF, explica que detrás de las renuncias se esconden meses de «recortes en el trabajo a distancia y el bloqueo en la negociación de las condiciones laborales ». El último choque con el Ministerio se produjo la pasada semana, cuando la central denunció que el departamento que dirige Félix Bolaños había aprobado unilateralmente, sin acuerdo con los sindicatos, el calendario laboral, «que incumple -dicen- la resolución de Función Pública de 14 de abril», en la que se establece una reducción horaria en la Administración General del Estado para adaptar la nueva jornada de 35 horas semanales. Argumentan que, por el contrario, el departamento ha impuesto un horario de salida a las 14:30 horas para el personal de especial dedicación y la obligación de trabajar por las tardes.general No No Luz verde para desatascar la jubilación parcial de los empleados públicos Susana AlcelayEl origen del conflicto no es nuevo. Recuerdan los funcionarios que entre 2022 y principios de 2024 se apostó por una política de recursos humanos basada en la flexibilidad , el trabajo a distancia y «la escucha activa de la plantilla», lo que «convirtió al Ministerio en un lugar al que los funcionarios sí querían venir». Añaden que esa buena reputación se mantuvo hasta que en la primavera de 2025, «con los recortes unilaterales y sin indicadores objetivos, en el trabajo a distancia ya en vigor y la negociación del calendario laboral convertida en un monólogo de la Administración, la tendencia se invirtió de forma acelerada. Los datos de los concursos de traslado -señalan- lo confirman».ConflictividadLos puestos a los que ningún funcionario presenta solicitud llegan en este momento al 33% tras «un periodo que coincide con el inicio de la conflictividad en torno a la primera negociación del calendario laboral y los sucesivos recortes en el trabajo a distancia». Estos trabajos desiertos, por falta de candidatos o por no alcanzar la puntuación mínima en los concursos generales, han pasado del 27% en 2022 al 60% en 2025; y los específicos, del 34% en 2023 al 42% en 2026De forma paralela, el programa de cobertura de puestos por deslocalización , que permite a empleados públicos realizar sus funciones desde sedes provinciales, oficinas cercanas a su lugar de residencia, o con teletrabajo en zonas de difícil cobertura o declive demográfico, «ha resultado un fiasco por escasa oferta, fracaso en la negociación con otros ministerios o restricciones a su cobertura», reseñan las fuentes consultadas.5 El sindicato de funcionarios se queja de falta de diálogo y critica el hecho de que no se ha producido ninguna reunión entre el subsecretario de la Presidencia y la junta de personal desde junio de 2023, a pesar de que han presentado más de cinco solicitudes formales.Avisa CSIF de que la reducción del trabajo a distancia de tres días a dos ,—primero en mayo de 2025 para parte de la plantilla y luego extendida al Ministerio en septiembre de 2025,— se adoptó sin que la Administración presentara ante la representación sindical que así lo exigía, por las peticiones de los empleados en asambleas, «ni un solo indicador objetivo que la justificara: ningún dato de productividad, ningún análisis de absentismo, ninguna evaluación de la calidad del servicio».Lo mismo ha ocurrido con «la imposición de presencialidad obligatoria» durante las tardes para el personal de especial dedicación . Una obligación que, señala el sindicato, no existe en ningún apartado de la Resolución de Función Pública. Por ello, reclamaron al Gobierno que presentara un análisis en el que se identifique en qué puestos es preciso trabajar por la tarde y permitir acumular las horas en una única tarde semanal. Denuncian que la Administración no lo ha tenido en cuenta.35 La reducción de la jornada hasta las 35 horas no se ha cumplido en el Ministerio de la Presidencia, según denuncian los sindicatos. Aseguran que, por el contrario, se ha impuesto un horario de salida a las 14:30 horas para el personal de especial dedicación y establecido la obligación de trabajar por las tardes.Por último, la central sindical resalta el hecho de que no se ha producido ninguna reunión entre el subsecretario de la Presidencia y la junta de personal desde el mes de junio de 2023, a pesar de que han presentado más de cinco solicitudes formales . Reclaman un encuentro urgente con los responsables del ministerio para formalizar un grupo de trabajo que permita negociar sobre jornada y horarios, y exigen que cualquier decisión de presencialidad o trabajo a distancia se adopte en base a «criterios objetivos» debatidos con los sindicatos, y que se revise la política sobre teletrabajo. Si la Administración no rectifica, advierte de que agotará todas las vías a su disposición, «incluidas las acciones legales o impugnatorias que procedan». Deterioro de servicios clave El choque con el Ministerio de la Presidencia es un añadido más al número de conflictos abiertos entre los funcionarios y el Gobierno, con relaciones que no pasan por su mejor momento. La falta de personal en servicios clave como el SEPE o la Seguridad Social son motivo de enfrentamiento, que se traduce en que lograr una cita puede llegar al mes y medio. La temporalidad, del 30%, es otro asunto sin resolver pese a los continuos toques de atención de Bruselas, y hay también movilizaciones en marcha. Durante el pasado mes de junio CSIF, UGT, CC.OO. y CIG convocaron movilizaciones en la Seguridad Social por incumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla y ante «la ausencia de avances reales para garantizar el futuro de este organismo, un pilar fundamental del estado de Bienestar» Denunciaron que las citas superan el mes y medio. La Agencia Tributaria es también foco de conflicto. Para el próximo septiembre la plantilla de la Agencia Tributaria está convocada a reanudar las movilizaciones que han coincidido con la Campaña de la Renta en toda España «ante la parálisis de las negociaciones para reforzar la plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados». El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no parece uno de los lugares más atractivos para trabajar. Los funcionarios denuncian que en dieciséis meses, entre enero de 2025 y junio de este año, los puestos sin solicitudes en los concursos específicos se han multiplican por cuatro: han pasado del 8% al 33%, mientras que las plazas que se quedan desiertas en los concursos por traslado llegan al 60%. ¿El motivo? Recortes en los días de teletrabajo, ausencia de negociación e imposiciones en la jornada laboral. «El Ministerio ha perdido el atractivo que lo distinguía en la Administración General del Estado», aseguran. Desde el año 2022 se han convocado 514 plazas de funcionario para puestos muy distintos, de todo tipo: de gestión (cuerpos generales), administrativos adscritos a secretarías y subsecretarías, bibliotecarios, archiveros, sección de publicaciones… No han tenido el éxito esperado y muchos de ellos terminan por no cubrirse. El mayor sindicato de funcionarios, CSIF, explica que detrás de las renuncias se esconden meses de «recortes en el trabajo a distancia y el bloqueo en la negociación de las condiciones laborales ». El último choque con el Ministerio se produjo la pasada semana, cuando la central denunció que el departamento que dirige Félix Bolaños había aprobado unilateralmente, sin acuerdo con los sindicatos, el calendario laboral, «que incumple -dicen- la resolución de Función Pública de 14 de abril», en la que se establece una reducción horaria en la Administración General del Estado para adaptar la nueva jornada de 35 horas semanales. Argumentan que, por el contrario, el departamento ha impuesto un horario de salida a las 14:30 horas para el personal de especial dedicación y la obligación de trabajar por las tardes.general No No Luz verde para desatascar la jubilación parcial de los empleados públicos Susana AlcelayEl origen del conflicto no es nuevo. Recuerdan los funcionarios que entre 2022 y principios de 2024 se apostó por una política de recursos humanos basada en la flexibilidad , el trabajo a distancia y «la escucha activa de la plantilla», lo que «convirtió al Ministerio en un lugar al que los funcionarios sí querían venir». Añaden que esa buena reputación se mantuvo hasta que en la primavera de 2025, «con los recortes unilaterales y sin indicadores objetivos, en el trabajo a distancia ya en vigor y la negociación del calendario laboral convertida en un monólogo de la Administración, la tendencia se invirtió de forma acelerada. Los datos de los concursos de traslado -señalan- lo confirman».ConflictividadLos puestos a los que ningún funcionario presenta solicitud llegan en este momento al 33% tras «un periodo que coincide con el inicio de la conflictividad en torno a la primera negociación del calendario laboral y los sucesivos recortes en el trabajo a distancia». Estos trabajos desiertos, por falta de candidatos o por no alcanzar la puntuación mínima en los concursos generales, han pasado del 27% en 2022 al 60% en 2025; y los específicos, del 34% en 2023 al 42% en 2026De forma paralela, el programa de cobertura de puestos por deslocalización , que permite a empleados públicos realizar sus funciones desde sedes provinciales, oficinas cercanas a su lugar de residencia, o con teletrabajo en zonas de difícil cobertura o declive demográfico, «ha resultado un fiasco por escasa oferta, fracaso en la negociación con otros ministerios o restricciones a su cobertura», reseñan las fuentes consultadas.5 El sindicato de funcionarios se queja de falta de diálogo y critica el hecho de que no se ha producido ninguna reunión entre el subsecretario de la Presidencia y la junta de personal desde junio de 2023, a pesar de que han presentado más de cinco solicitudes formales.Avisa CSIF de que la reducción del trabajo a distancia de tres días a dos ,—primero en mayo de 2025 para parte de la plantilla y luego extendida al Ministerio en septiembre de 2025,— se adoptó sin que la Administración presentara ante la representación sindical que así lo exigía, por las peticiones de los empleados en asambleas, «ni un solo indicador objetivo que la justificara: ningún dato de productividad, ningún análisis de absentismo, ninguna evaluación de la calidad del servicio».Lo mismo ha ocurrido con «la imposición de presencialidad obligatoria» durante las tardes para el personal de especial dedicación . Una obligación que, señala el sindicato, no existe en ningún apartado de la Resolución de Función Pública. Por ello, reclamaron al Gobierno que presentara un análisis en el que se identifique en qué puestos es preciso trabajar por la tarde y permitir acumular las horas en una única tarde semanal. Denuncian que la Administración no lo ha tenido en cuenta.35 La reducción de la jornada hasta las 35 horas no se ha cumplido en el Ministerio de la Presidencia, según denuncian los sindicatos. Aseguran que, por el contrario, se ha impuesto un horario de salida a las 14:30 horas para el personal de especial dedicación y establecido la obligación de trabajar por las tardes.Por último, la central sindical resalta el hecho de que no se ha producido ninguna reunión entre el subsecretario de la Presidencia y la junta de personal desde el mes de junio de 2023, a pesar de que han presentado más de cinco solicitudes formales . Reclaman un encuentro urgente con los responsables del ministerio para formalizar un grupo de trabajo que permita negociar sobre jornada y horarios, y exigen que cualquier decisión de presencialidad o trabajo a distancia se adopte en base a «criterios objetivos» debatidos con los sindicatos, y que se revise la política sobre teletrabajo. Si la Administración no rectifica, advierte de que agotará todas las vías a su disposición, «incluidas las acciones legales o impugnatorias que procedan». Deterioro de servicios clave El choque con el Ministerio de la Presidencia es un añadido más al número de conflictos abiertos entre los funcionarios y el Gobierno, con relaciones que no pasan por su mejor momento. La falta de personal en servicios clave como el SEPE o la Seguridad Social son motivo de enfrentamiento, que se traduce en que lograr una cita puede llegar al mes y medio. La temporalidad, del 30%, es otro asunto sin resolver pese a los continuos toques de atención de Bruselas, y hay también movilizaciones en marcha. Durante el pasado mes de junio CSIF, UGT, CC.OO. y CIG convocaron movilizaciones en la Seguridad Social por incumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla y ante «la ausencia de avances reales para garantizar el futuro de este organismo, un pilar fundamental del estado de Bienestar» Denunciaron que las citas superan el mes y medio. La Agencia Tributaria es también foco de conflicto. Para el próximo septiembre la plantilla de la Agencia Tributaria está convocada a reanudar las movilizaciones que han coincidido con la Campaña de la Renta en toda España «ante la parálisis de las negociaciones para reforzar la plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados». RSS de noticias de economia
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