El Gobierno Meloni se ve envuelto en una delicada tormenta política, al liberar de una cárcel italiana un general libio acusado de asesinato y torturas. El escándalo podría haberse evitado, según los medios italianos, si la primera ministra hubiera invocado el secreto de Estado.El general libio Osama Almasri , acusado por el Tribunal Penal Internacional (CPI) de crímenes de guerra y lesa humanidad, fue detenido en Turín el 18 de enero. Dos días después, el general Almasri, jefe de la policía judicial de Trípoli, muy influyente en el Gobierno libio, fue trasladado en un avión oficial rumbo a Trípoli , donde fue recibido como un héroe.Las autoridades italianas justificaron la operación por razones de «interés nacional». Medios italianos señalaron entonces, citando fuentes del Ejecutivo, que la decisión de liberar a Almasri obedeció a «razones de Estado», para no arriesgarse a una represalia que habría podido incluir la liberación masiva de migrantes o incluso amenazas contra 500 ciudadanos italianos y los importantes intereses económicos italianos, en particular las instalaciones de la multinacional energética ENI en territorio libio.Noticia Relacionada estandar Si Meloni refuerza su liderazgo y popularidad tras mil días en el Gobierno de Italia Ángel Gómez Fuentes Contra pronóstico, la primera ministra supera récords de duración en un país marcado por la inestabilidad política Ahora se ha conocido un informe de 90 páginas del Tribunal de Ministros que desmonta la versión oficial del Gobierno. La investigación se basa en las declaraciones de altos cargos, incluidos los servicios de Inteligencia. La reconstrucción judicial de los hechos apunta a una reunión clave en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, el 19 de enero, pocas horas después del arresto del general libio.A ella asistieron, entre otros, el subsecretario de Presidencia, Alfredo Mantovano , responsable de los servicios secretos; el ministro del Interior, Matteo Piantedosi ; jefe de los servicios exteriores de Inteligencia (Aise), Giovanni Caravelli , y altos cargos policiales.Durante la conferencia, Caravelli advirtió sobre la «cierta agitación» que se estaba gestando en Libia y sobre la posibilidad de que la temida milicia ‘Rada Force’ realizara detenciones de ciudadanos italianos o registrara oficinas de ENI. A pesar de que el ministro del Interior, Piantedosi, negó categóricamente en el Parlamento cualquier «presión indebida, amenaza o chantaje», los jueces consideran que la verdadera motivación del Gobierno fue, precisamente, evitar estas represalias.Escapar de la Justicia La decisión de liberar a Almasri, según los magistrados, fue «ilegítima, irracional y con fines ilícitos». La devolución a Libia, subraya el informe judicial, permitió a un criminal de guerra huir de la acción de la Justicia internacional. Tres miembros clave del Gobierno Meloni -los ministros de Interior, Piantedosi; el de Justicia, Carlo Nordio, y el subsecretario Mantovano, con un cargo equivalente a ministro de la Presidencia- han sido acusados, en distintos grados, de delitos que van desde complicidad hasta malversación de fondos e incumplimiento de deberes oficiales.Para ser juzgados por el Tribunal de Ministros, tendría que dar su aprobación el Parlamento, cosa que no ocurrirá porque el Gobierno tiene mayoría absoluta. Pero podría abrirse la caja de Pandora si fuera Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete de Nordio, que aparece mencionada decenas de veces en los autos judiciales y cuya versión ha sido tachada de «falaz» por los jueces. Ella, al no ser parlamentaria, no podrá beneficiarse de la protección política de los ministros implicados.Una puerta difícil de cerrar El error de Meloni, según diversos medios italianos, fue el optar por la transparencia pública en lugar de invocar el secreto de Estado. Claudio Cerasa, director de ‘Il Foglio’, un diario liberal, define hoy el error de Meloni como un «autolesionismo de la política» que ha permitido a la magistratura, a través de la fórmula del «acto debido», intervenir en una decisión que debería haber permanecido en el ámbito de la seguridad nacional.Según el diario ‘Domani’, Giorgia Meloni se mostró furiosa con sus asesores jurídicos por no haberle aconsejado el uso inmediato del secreto de Estado . Pero ahora sería demasiado tarde para jugar esa carta sin que parezca un intento desesperado por tapar responsabilidades. Como señala ‘Il Foglio’, al renunciar a blindar el caso desde el principio, el Gobierno Meloni abrió la puerta a una tormenta política que ya es muy difícil cerrar. El Gobierno Meloni se ve envuelto en una delicada tormenta política, al liberar de una cárcel italiana un general libio acusado de asesinato y torturas. El escándalo podría haberse evitado, según los medios italianos, si la primera ministra hubiera invocado el secreto de Estado.El general libio Osama Almasri , acusado por el Tribunal Penal Internacional (CPI) de crímenes de guerra y lesa humanidad, fue detenido en Turín el 18 de enero. Dos días después, el general Almasri, jefe de la policía judicial de Trípoli, muy influyente en el Gobierno libio, fue trasladado en un avión oficial rumbo a Trípoli , donde fue recibido como un héroe.Las autoridades italianas justificaron la operación por razones de «interés nacional». Medios italianos señalaron entonces, citando fuentes del Ejecutivo, que la decisión de liberar a Almasri obedeció a «razones de Estado», para no arriesgarse a una represalia que habría podido incluir la liberación masiva de migrantes o incluso amenazas contra 500 ciudadanos italianos y los importantes intereses económicos italianos, en particular las instalaciones de la multinacional energética ENI en territorio libio.Noticia Relacionada estandar Si Meloni refuerza su liderazgo y popularidad tras mil días en el Gobierno de Italia Ángel Gómez Fuentes Contra pronóstico, la primera ministra supera récords de duración en un país marcado por la inestabilidad política Ahora se ha conocido un informe de 90 páginas del Tribunal de Ministros que desmonta la versión oficial del Gobierno. La investigación se basa en las declaraciones de altos cargos, incluidos los servicios de Inteligencia. La reconstrucción judicial de los hechos apunta a una reunión clave en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, el 19 de enero, pocas horas después del arresto del general libio.A ella asistieron, entre otros, el subsecretario de Presidencia, Alfredo Mantovano , responsable de los servicios secretos; el ministro del Interior, Matteo Piantedosi ; jefe de los servicios exteriores de Inteligencia (Aise), Giovanni Caravelli , y altos cargos policiales.Durante la conferencia, Caravelli advirtió sobre la «cierta agitación» que se estaba gestando en Libia y sobre la posibilidad de que la temida milicia ‘Rada Force’ realizara detenciones de ciudadanos italianos o registrara oficinas de ENI. A pesar de que el ministro del Interior, Piantedosi, negó categóricamente en el Parlamento cualquier «presión indebida, amenaza o chantaje», los jueces consideran que la verdadera motivación del Gobierno fue, precisamente, evitar estas represalias.Escapar de la Justicia La decisión de liberar a Almasri, según los magistrados, fue «ilegítima, irracional y con fines ilícitos». La devolución a Libia, subraya el informe judicial, permitió a un criminal de guerra huir de la acción de la Justicia internacional. Tres miembros clave del Gobierno Meloni -los ministros de Interior, Piantedosi; el de Justicia, Carlo Nordio, y el subsecretario Mantovano, con un cargo equivalente a ministro de la Presidencia- han sido acusados, en distintos grados, de delitos que van desde complicidad hasta malversación de fondos e incumplimiento de deberes oficiales.Para ser juzgados por el Tribunal de Ministros, tendría que dar su aprobación el Parlamento, cosa que no ocurrirá porque el Gobierno tiene mayoría absoluta. Pero podría abrirse la caja de Pandora si fuera Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete de Nordio, que aparece mencionada decenas de veces en los autos judiciales y cuya versión ha sido tachada de «falaz» por los jueces. Ella, al no ser parlamentaria, no podrá beneficiarse de la protección política de los ministros implicados.Una puerta difícil de cerrar El error de Meloni, según diversos medios italianos, fue el optar por la transparencia pública en lugar de invocar el secreto de Estado. Claudio Cerasa, director de ‘Il Foglio’, un diario liberal, define hoy el error de Meloni como un «autolesionismo de la política» que ha permitido a la magistratura, a través de la fórmula del «acto debido», intervenir en una decisión que debería haber permanecido en el ámbito de la seguridad nacional.Según el diario ‘Domani’, Giorgia Meloni se mostró furiosa con sus asesores jurídicos por no haberle aconsejado el uso inmediato del secreto de Estado . Pero ahora sería demasiado tarde para jugar esa carta sin que parezca un intento desesperado por tapar responsabilidades. Como señala ‘Il Foglio’, al renunciar a blindar el caso desde el principio, el Gobierno Meloni abrió la puerta a una tormenta política que ya es muy difícil cerrar. El Gobierno Meloni se ve envuelto en una delicada tormenta política, al liberar de una cárcel italiana un general libio acusado de asesinato y torturas. El escándalo podría haberse evitado, según los medios italianos, si la primera ministra hubiera invocado el secreto de Estado.El general libio Osama Almasri , acusado por el Tribunal Penal Internacional (CPI) de crímenes de guerra y lesa humanidad, fue detenido en Turín el 18 de enero. Dos días después, el general Almasri, jefe de la policía judicial de Trípoli, muy influyente en el Gobierno libio, fue trasladado en un avión oficial rumbo a Trípoli , donde fue recibido como un héroe.Las autoridades italianas justificaron la operación por razones de «interés nacional». Medios italianos señalaron entonces, citando fuentes del Ejecutivo, que la decisión de liberar a Almasri obedeció a «razones de Estado», para no arriesgarse a una represalia que habría podido incluir la liberación masiva de migrantes o incluso amenazas contra 500 ciudadanos italianos y los importantes intereses económicos italianos, en particular las instalaciones de la multinacional energética ENI en territorio libio.Noticia Relacionada estandar Si Meloni refuerza su liderazgo y popularidad tras mil días en el Gobierno de Italia Ángel Gómez Fuentes Contra pronóstico, la primera ministra supera récords de duración en un país marcado por la inestabilidad política Ahora se ha conocido un informe de 90 páginas del Tribunal de Ministros que desmonta la versión oficial del Gobierno. La investigación se basa en las declaraciones de altos cargos, incluidos los servicios de Inteligencia. La reconstrucción judicial de los hechos apunta a una reunión clave en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, el 19 de enero, pocas horas después del arresto del general libio.A ella asistieron, entre otros, el subsecretario de Presidencia, Alfredo Mantovano , responsable de los servicios secretos; el ministro del Interior, Matteo Piantedosi ; jefe de los servicios exteriores de Inteligencia (Aise), Giovanni Caravelli , y altos cargos policiales.Durante la conferencia, Caravelli advirtió sobre la «cierta agitación» que se estaba gestando en Libia y sobre la posibilidad de que la temida milicia ‘Rada Force’ realizara detenciones de ciudadanos italianos o registrara oficinas de ENI. A pesar de que el ministro del Interior, Piantedosi, negó categóricamente en el Parlamento cualquier «presión indebida, amenaza o chantaje», los jueces consideran que la verdadera motivación del Gobierno fue, precisamente, evitar estas represalias.Escapar de la Justicia La decisión de liberar a Almasri, según los magistrados, fue «ilegítima, irracional y con fines ilícitos». La devolución a Libia, subraya el informe judicial, permitió a un criminal de guerra huir de la acción de la Justicia internacional. Tres miembros clave del Gobierno Meloni -los ministros de Interior, Piantedosi; el de Justicia, Carlo Nordio, y el subsecretario Mantovano, con un cargo equivalente a ministro de la Presidencia- han sido acusados, en distintos grados, de delitos que van desde complicidad hasta malversación de fondos e incumplimiento de deberes oficiales.Para ser juzgados por el Tribunal de Ministros, tendría que dar su aprobación el Parlamento, cosa que no ocurrirá porque el Gobierno tiene mayoría absoluta. Pero podría abrirse la caja de Pandora si fuera Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete de Nordio, que aparece mencionada decenas de veces en los autos judiciales y cuya versión ha sido tachada de «falaz» por los jueces. Ella, al no ser parlamentaria, no podrá beneficiarse de la protección política de los ministros implicados.Una puerta difícil de cerrar El error de Meloni, según diversos medios italianos, fue el optar por la transparencia pública en lugar de invocar el secreto de Estado. Claudio Cerasa, director de ‘Il Foglio’, un diario liberal, define hoy el error de Meloni como un «autolesionismo de la política» que ha permitido a la magistratura, a través de la fórmula del «acto debido», intervenir en una decisión que debería haber permanecido en el ámbito de la seguridad nacional.Según el diario ‘Domani’, Giorgia Meloni se mostró furiosa con sus asesores jurídicos por no haberle aconsejado el uso inmediato del secreto de Estado . Pero ahora sería demasiado tarde para jugar esa carta sin que parezca un intento desesperado por tapar responsabilidades. Como señala ‘Il Foglio’, al renunciar a blindar el caso desde el principio, el Gobierno Meloni abrió la puerta a una tormenta política que ya es muy difícil cerrar. RSS de noticias de internacional
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