El Gobierno asiste en estado de espera activa al desarrollo de la relación entre PP y Vox . El entendimiento ha fructificado en un primer acuerdo de coalición en Extremadura y se espera que Aragón y Castilla y León sigan la estela a distintas velocidades. En el Ejecutivo reconocen que están en guardia, atentos al contenido y —sobre todo— posterior desarrollo de los pactos que se rubrican. A la luz del documento extremeño, la primera reacción de Moncloa ha sido de advertencia, anticipando acciones judiciales contra todas aquellas cuestiones que excedan la competencia autonómica o que directamente contravengan la Constitución.Pedro Sánchez consideró que se trata de un acuerdo que supone «un bloqueo, un frenazo y una involución» y alertó de que, si bien «el papel lo aguanta todo», si lo que se ha pactado «lo llevan a leyes autonómicas», el Gobierno «lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho» como ya se ha hecho en otras ocasiones. «Que los extremeños tengan la absoluta garantía», se comprometió, apelando a la defensa de otro tipo de modelo de sociedad. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, avanzó que el Gobierno no dudará en recurrir ante el Tribunal Constitucional cualquier medida que considere «discriminatoria», que suponga «un retroceso en derechos» o que «vulnere la Ley de Memoria Democrática». En una entrevista en «Al Rojo Vivo» de La Sexta, advirtió de que estará «muy vigilante» con la puesta en marcha del acuerdo para investir a María Guardiola , que tildó de «ultra».En la misma línea, criticó que el pacto contemple declarar la cruz de los Caídos de Cáceres como bien de interés cultural, una decisión que, según confirmó, es «absolutamente contrario a la Ley de Memoria Democrática que está en vigor desde el año 2022». Por ello, reiteró que el Ejecutivo recurrirá a la vía judicial siempre que lo considere necesario: «Iremos a los tribunales ordinarios y también al Tribunal Constitucional». Noticia relacionada general No No Acuerdo en Extremadura Vox cuela sus tesis en inmigración y respeta las líneas rojas de Guardiola en Igualdad y LGTBI Adrián García DuránEn este contexto, desde el Gobierno aprovechan para posicionarse como alternativa y como freno, exhibiéndose como la «garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria ni en materia de memoria». Bolaños se mostró «sorprendido» y «preocupado» por el pacto alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, asegurando que Alberto Núñez Feijóo ha asumido «por completo todos los marcos ideológicos de la ultraderecha» de carácter xenófobo, racista y contrario al avance de derechos con el único fin de «mantenerse en el Gobierno».El ministro señaló que Vox «es un partido absolutamente xenófobo» y lo fundamentó en el compromiso de limitar la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular a supuestos de «urgencia vital». Bolaños planteó qué implicaciones reales puede tener esa formulación, cuestionando si significaría negar asistencia a «un bebé» por la situación administrativa de sus progenitores o no atender «a un padre con una fractura de tibia». «Es inhumano ese pacto, absolutamente xenófobo e inhumano», destacó.Sin embargo, desde el Gobierno utilizan este tipo de compromisos para debilitar la posición del partido de Feijóo y consideran que el verdadero problema no es la existencia de fuerzas ultras, presentes «en todo el mundo», sino que «el PP les ponga la alfombra roja para gobernar en Extremadura de momento», anticipando que se prolongarán los acuerdos ya existentes en Castilla y León y Aragón. Bolaños afeó esta estrategia, recordando que en varios países europeos los partidos conservadores tradicionales optan por confrontar a la ultraderecha en lugar de integrarla en sus gobiernos, y mencionó, en concreto, el caso de Hungría como referencia de la deriva que, a su juicio, debe evitarse. El Gobierno asiste en estado de espera activa al desarrollo de la relación entre PP y Vox . El entendimiento ha fructificado en un primer acuerdo de coalición en Extremadura y se espera que Aragón y Castilla y León sigan la estela a distintas velocidades. En el Ejecutivo reconocen que están en guardia, atentos al contenido y —sobre todo— posterior desarrollo de los pactos que se rubrican. A la luz del documento extremeño, la primera reacción de Moncloa ha sido de advertencia, anticipando acciones judiciales contra todas aquellas cuestiones que excedan la competencia autonómica o que directamente contravengan la Constitución.Pedro Sánchez consideró que se trata de un acuerdo que supone «un bloqueo, un frenazo y una involución» y alertó de que, si bien «el papel lo aguanta todo», si lo que se ha pactado «lo llevan a leyes autonómicas», el Gobierno «lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho» como ya se ha hecho en otras ocasiones. «Que los extremeños tengan la absoluta garantía», se comprometió, apelando a la defensa de otro tipo de modelo de sociedad. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, avanzó que el Gobierno no dudará en recurrir ante el Tribunal Constitucional cualquier medida que considere «discriminatoria», que suponga «un retroceso en derechos» o que «vulnere la Ley de Memoria Democrática». En una entrevista en «Al Rojo Vivo» de La Sexta, advirtió de que estará «muy vigilante» con la puesta en marcha del acuerdo para investir a María Guardiola , que tildó de «ultra».En la misma línea, criticó que el pacto contemple declarar la cruz de los Caídos de Cáceres como bien de interés cultural, una decisión que, según confirmó, es «absolutamente contrario a la Ley de Memoria Democrática que está en vigor desde el año 2022». Por ello, reiteró que el Ejecutivo recurrirá a la vía judicial siempre que lo considere necesario: «Iremos a los tribunales ordinarios y también al Tribunal Constitucional». Noticia relacionada general No No Acuerdo en Extremadura Vox cuela sus tesis en inmigración y respeta las líneas rojas de Guardiola en Igualdad y LGTBI Adrián García DuránEn este contexto, desde el Gobierno aprovechan para posicionarse como alternativa y como freno, exhibiéndose como la «garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria ni en materia de memoria». Bolaños se mostró «sorprendido» y «preocupado» por el pacto alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, asegurando que Alberto Núñez Feijóo ha asumido «por completo todos los marcos ideológicos de la ultraderecha» de carácter xenófobo, racista y contrario al avance de derechos con el único fin de «mantenerse en el Gobierno».El ministro señaló que Vox «es un partido absolutamente xenófobo» y lo fundamentó en el compromiso de limitar la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular a supuestos de «urgencia vital». Bolaños planteó qué implicaciones reales puede tener esa formulación, cuestionando si significaría negar asistencia a «un bebé» por la situación administrativa de sus progenitores o no atender «a un padre con una fractura de tibia». «Es inhumano ese pacto, absolutamente xenófobo e inhumano», destacó.Sin embargo, desde el Gobierno utilizan este tipo de compromisos para debilitar la posición del partido de Feijóo y consideran que el verdadero problema no es la existencia de fuerzas ultras, presentes «en todo el mundo», sino que «el PP les ponga la alfombra roja para gobernar en Extremadura de momento», anticipando que se prolongarán los acuerdos ya existentes en Castilla y León y Aragón. Bolaños afeó esta estrategia, recordando que en varios países europeos los partidos conservadores tradicionales optan por confrontar a la ultraderecha en lugar de integrarla en sus gobiernos, y mencionó, en concreto, el caso de Hungría como referencia de la deriva que, a su juicio, debe evitarse. El Gobierno asiste en estado de espera activa al desarrollo de la relación entre PP y Vox . El entendimiento ha fructificado en un primer acuerdo de coalición en Extremadura y se espera que Aragón y Castilla y León sigan la estela a distintas velocidades. En el Ejecutivo reconocen que están en guardia, atentos al contenido y —sobre todo— posterior desarrollo de los pactos que se rubrican. A la luz del documento extremeño, la primera reacción de Moncloa ha sido de advertencia, anticipando acciones judiciales contra todas aquellas cuestiones que excedan la competencia autonómica o que directamente contravengan la Constitución.Pedro Sánchez consideró que se trata de un acuerdo que supone «un bloqueo, un frenazo y una involución» y alertó de que, si bien «el papel lo aguanta todo», si lo que se ha pactado «lo llevan a leyes autonómicas», el Gobierno «lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho» como ya se ha hecho en otras ocasiones. «Que los extremeños tengan la absoluta garantía», se comprometió, apelando a la defensa de otro tipo de modelo de sociedad. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, avanzó que el Gobierno no dudará en recurrir ante el Tribunal Constitucional cualquier medida que considere «discriminatoria», que suponga «un retroceso en derechos» o que «vulnere la Ley de Memoria Democrática». En una entrevista en «Al Rojo Vivo» de La Sexta, advirtió de que estará «muy vigilante» con la puesta en marcha del acuerdo para investir a María Guardiola , que tildó de «ultra».En la misma línea, criticó que el pacto contemple declarar la cruz de los Caídos de Cáceres como bien de interés cultural, una decisión que, según confirmó, es «absolutamente contrario a la Ley de Memoria Democrática que está en vigor desde el año 2022». Por ello, reiteró que el Ejecutivo recurrirá a la vía judicial siempre que lo considere necesario: «Iremos a los tribunales ordinarios y también al Tribunal Constitucional». Noticia relacionada general No No Acuerdo en Extremadura Vox cuela sus tesis en inmigración y respeta las líneas rojas de Guardiola en Igualdad y LGTBI Adrián García DuránEn este contexto, desde el Gobierno aprovechan para posicionarse como alternativa y como freno, exhibiéndose como la «garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria ni en materia de memoria». Bolaños se mostró «sorprendido» y «preocupado» por el pacto alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, asegurando que Alberto Núñez Feijóo ha asumido «por completo todos los marcos ideológicos de la ultraderecha» de carácter xenófobo, racista y contrario al avance de derechos con el único fin de «mantenerse en el Gobierno».El ministro señaló que Vox «es un partido absolutamente xenófobo» y lo fundamentó en el compromiso de limitar la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular a supuestos de «urgencia vital». Bolaños planteó qué implicaciones reales puede tener esa formulación, cuestionando si significaría negar asistencia a «un bebé» por la situación administrativa de sus progenitores o no atender «a un padre con una fractura de tibia». «Es inhumano ese pacto, absolutamente xenófobo e inhumano», destacó.Sin embargo, desde el Gobierno utilizan este tipo de compromisos para debilitar la posición del partido de Feijóo y consideran que el verdadero problema no es la existencia de fuerzas ultras, presentes «en todo el mundo», sino que «el PP les ponga la alfombra roja para gobernar en Extremadura de momento», anticipando que se prolongarán los acuerdos ya existentes en Castilla y León y Aragón. Bolaños afeó esta estrategia, recordando que en varios países europeos los partidos conservadores tradicionales optan por confrontar a la ultraderecha en lugar de integrarla en sus gobiernos, y mencionó, en concreto, el caso de Hungría como referencia de la deriva que, a su juicio, debe evitarse. 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