El último informe se solicitó hace apenas unas semanas. El Ministerio de Hacienda no ha dejado de trabajar desde 2018 en el diseño de un potencial recorte de beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades y el IRPF -los tipos reducidos del IVA los considera intocables- y siempre con el mismo objetivo en mente, el de rescatar para las arcas del Estado alrededor de 5.000 millones de euros de recaudación, que según sus informes acaban en el bolsillo de contribuyentes de clase acomodada o en la caja de empresas que acumulan grandes sumas de beneficios. La medida ha asomado en buena parte de los planes elaborados por el Ministerio en estos años. El último ejemplo ha sido el Plan de Ajuste Fiscal Estructural del Reino de España, acordado con Bruselas en 2024, que entre las medidas para mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema tributario planteaba la adopción de «medidas tributarias sobre la base de las recomendaciones del Comité de Expertos y del grupo de trabajo sobre el impacto de los beneficios fiscales, de las que se espera que entre 2025 y 2031 aumenten la ratio de ingresos sobre PIB en 0,3 puntos», el equivalente a unos 5.000 millones de euros. Hacienda le dijo a Bruselas que para lograrlo aprovecharía los trabajos y recomendaciones realizadas tanto por el Comité de Expertos que elaboró el libro blanco para la reforma fiscal como por el grupo de trabajo sobre beneficios fiscales, constituido en 2022, que evaluó una decena de beneficios del IRPF y el Impuesto de Sociedades. Contaba además con las conclusiones de la evaluación de beneficios fiscales de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que examinó hasta trece incentivos con un coste agregado de 35.000 millones de euros.Noticia relacionada No No Crisis de vivienda Las autonomías acumulan un arsenal de incentivos fiscales Bruno PérezPor si no fuera suficiente todo ese caudal de conocimiento, según ha confirmado ABC en el último año el Ministerio ha pedido varios informes para enfocar el asunto desde una perspectiva más asociada a la progresividad fiscal y a la redistribución, revisando la utilización de estas ayudas por tramos de renta y midiendo el impacto potencial que un recorte indiscriminado podría tener sobre las rentas bajas con el objetivo, según las fuentes consultadas, de modular el repliegue de esos incentivos y valorar la posibilidad de una retirada parcial solo para las rentas más altas .Todos estos trabajos han acabado en el cajón. Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que los asesores científicos que trabajan para el departamento continúan analizando los potenciales impactos de los incentivos fiscales existentes, pero que a día de hoy en la hoja de ruta del Ministerio « no hay un plan para reducir sistemáticamente los incentivos fiscales». A días o como mucho semanas de dejar el Gobierno para presentarse como candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero ya no podrá poner su sello a esta subida fiscal largamente pospuesta y cuya aplicación parece cada vez más improbable.La afirmación de Hacienda zarandea el escenario fiscal con el que, por ejemplo, trabajaba la institución encargada de velar por el cumplimiento de las reglas fiscales europeas y por la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas a medio y largo plazo, la Airef, cuya presidenta saliente recordaba en un reciente encuentro con ABC que consideraba como una tarea pendiente del Gobierno la aplicación práctica de la evaluación sobre beneficios fiscales y la obtención de esos 5.000 millones de euros comprometidos en el plan de ajuste fiscal estructural.La Airef considera la aplicación de sus recomendaciones en materia de beneficios fiscales como una cuenta pendiente del GobiernoFuentes gubernamentales aseguran que la estrategia de Hacienda respecto a ese punto concreto es otra: conseguir que la Comisión Europea le dé por bueno a esos efectos los ingresos adicionales obtenidos del último paquete fiscal, aprobado de forma muy accidentada a principios de 2025. No será una tarea sencilla. La Agencia Tributaria atribuye a ese paquete de medidas fiscales, en el que se incluía el nuevo impuesto transitorio a la banca o el nuevo impuesto sobre el líquido de los cigarrillos electrónicos, un aporte extra de 5.443 millones de euros hasta noviembre, si bien a efectos del plan fiscal la recaudación adicional es inferior a los 1.800 millones, dado que la mayoría de esos recursos de más vienen de la reinstauración del potencial recaudatorio del Impuesto de Sociedades, mutilado en 2024 por una sentencia del Constitucional, y al no haber podido sacar adelante la equiparación fiscal del diésel a la gasolinaEl ejemplo de la reducción por rentas del alquilerEl Ministerio de Hacienda había acumulado evidencias suficientes como para convertir el tijeretazo a los beneficios fiscales en otra vuelta de tuerca a la imposición a las rentas más altas. Los informes elaborados por colaboradores externos y por investigadores del entorno del Ministerio y de la Agencia Tributaria había determinado, por ejemplo, la distancia sideral que existe entre el provecho que sacan de incentivos fiscales como la reducción en el IRPF por los rendimientos asociados al arrendamiento de vivienda las rentas más altas y el resto de los contribuyentes. En este caso concreto, un informe elaborado por funcionarios de la Agencia Tributaria concluía que mientras el ahorro fiscal estándar por este incentivo oscila entre los 500 y los 1.000 euros, en el caso del 1% de los contribuyentes con mayor nivel de renta el beneficio fiscal se disparaba hasta el entorno de los 2.500 euros. Y esto en el año 2022.Algo similar detectaron para otros beneficios fiscales como la reducción por declaración conjunta y por la deducción fiscal por donativos. El trabajo ponía como ejemplo lo ocurrido con el recorte de la desgravación fiscal por aportaciones a planes de pensiones, en la que antes del tijeretazo propinado en la reforma de las pensiones se percibía una concentración del beneficio fiscal en las rentas más altas que se ha atenuado de forma sustancial tras la reforma que recortó de 8.500 euros a 1.500 las aportaciones con derecho a beneficio fiscal. El último informe se solicitó hace apenas unas semanas. El Ministerio de Hacienda no ha dejado de trabajar desde 2018 en el diseño de un potencial recorte de beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades y el IRPF -los tipos reducidos del IVA los considera intocables- y siempre con el mismo objetivo en mente, el de rescatar para las arcas del Estado alrededor de 5.000 millones de euros de recaudación, que según sus informes acaban en el bolsillo de contribuyentes de clase acomodada o en la caja de empresas que acumulan grandes sumas de beneficios. La medida ha asomado en buena parte de los planes elaborados por el Ministerio en estos años. El último ejemplo ha sido el Plan de Ajuste Fiscal Estructural del Reino de España, acordado con Bruselas en 2024, que entre las medidas para mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema tributario planteaba la adopción de «medidas tributarias sobre la base de las recomendaciones del Comité de Expertos y del grupo de trabajo sobre el impacto de los beneficios fiscales, de las que se espera que entre 2025 y 2031 aumenten la ratio de ingresos sobre PIB en 0,3 puntos», el equivalente a unos 5.000 millones de euros. Hacienda le dijo a Bruselas que para lograrlo aprovecharía los trabajos y recomendaciones realizadas tanto por el Comité de Expertos que elaboró el libro blanco para la reforma fiscal como por el grupo de trabajo sobre beneficios fiscales, constituido en 2022, que evaluó una decena de beneficios del IRPF y el Impuesto de Sociedades. Contaba además con las conclusiones de la evaluación de beneficios fiscales de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que examinó hasta trece incentivos con un coste agregado de 35.000 millones de euros.Noticia relacionada No No Crisis de vivienda Las autonomías acumulan un arsenal de incentivos fiscales Bruno PérezPor si no fuera suficiente todo ese caudal de conocimiento, según ha confirmado ABC en el último año el Ministerio ha pedido varios informes para enfocar el asunto desde una perspectiva más asociada a la progresividad fiscal y a la redistribución, revisando la utilización de estas ayudas por tramos de renta y midiendo el impacto potencial que un recorte indiscriminado podría tener sobre las rentas bajas con el objetivo, según las fuentes consultadas, de modular el repliegue de esos incentivos y valorar la posibilidad de una retirada parcial solo para las rentas más altas .Todos estos trabajos han acabado en el cajón. Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que los asesores científicos que trabajan para el departamento continúan analizando los potenciales impactos de los incentivos fiscales existentes, pero que a día de hoy en la hoja de ruta del Ministerio « no hay un plan para reducir sistemáticamente los incentivos fiscales». A días o como mucho semanas de dejar el Gobierno para presentarse como candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero ya no podrá poner su sello a esta subida fiscal largamente pospuesta y cuya aplicación parece cada vez más improbable.La afirmación de Hacienda zarandea el escenario fiscal con el que, por ejemplo, trabajaba la institución encargada de velar por el cumplimiento de las reglas fiscales europeas y por la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas a medio y largo plazo, la Airef, cuya presidenta saliente recordaba en un reciente encuentro con ABC que consideraba como una tarea pendiente del Gobierno la aplicación práctica de la evaluación sobre beneficios fiscales y la obtención de esos 5.000 millones de euros comprometidos en el plan de ajuste fiscal estructural.La Airef considera la aplicación de sus recomendaciones en materia de beneficios fiscales como una cuenta pendiente del GobiernoFuentes gubernamentales aseguran que la estrategia de Hacienda respecto a ese punto concreto es otra: conseguir que la Comisión Europea le dé por bueno a esos efectos los ingresos adicionales obtenidos del último paquete fiscal, aprobado de forma muy accidentada a principios de 2025. No será una tarea sencilla. La Agencia Tributaria atribuye a ese paquete de medidas fiscales, en el que se incluía el nuevo impuesto transitorio a la banca o el nuevo impuesto sobre el líquido de los cigarrillos electrónicos, un aporte extra de 5.443 millones de euros hasta noviembre, si bien a efectos del plan fiscal la recaudación adicional es inferior a los 1.800 millones, dado que la mayoría de esos recursos de más vienen de la reinstauración del potencial recaudatorio del Impuesto de Sociedades, mutilado en 2024 por una sentencia del Constitucional, y al no haber podido sacar adelante la equiparación fiscal del diésel a la gasolinaEl ejemplo de la reducción por rentas del alquilerEl Ministerio de Hacienda había acumulado evidencias suficientes como para convertir el tijeretazo a los beneficios fiscales en otra vuelta de tuerca a la imposición a las rentas más altas. Los informes elaborados por colaboradores externos y por investigadores del entorno del Ministerio y de la Agencia Tributaria había determinado, por ejemplo, la distancia sideral que existe entre el provecho que sacan de incentivos fiscales como la reducción en el IRPF por los rendimientos asociados al arrendamiento de vivienda las rentas más altas y el resto de los contribuyentes. En este caso concreto, un informe elaborado por funcionarios de la Agencia Tributaria concluía que mientras el ahorro fiscal estándar por este incentivo oscila entre los 500 y los 1.000 euros, en el caso del 1% de los contribuyentes con mayor nivel de renta el beneficio fiscal se disparaba hasta el entorno de los 2.500 euros. Y esto en el año 2022.Algo similar detectaron para otros beneficios fiscales como la reducción por declaración conjunta y por la deducción fiscal por donativos. El trabajo ponía como ejemplo lo ocurrido con el recorte de la desgravación fiscal por aportaciones a planes de pensiones, en la que antes del tijeretazo propinado en la reforma de las pensiones se percibía una concentración del beneficio fiscal en las rentas más altas que se ha atenuado de forma sustancial tras la reforma que recortó de 8.500 euros a 1.500 las aportaciones con derecho a beneficio fiscal. El último informe se solicitó hace apenas unas semanas. El Ministerio de Hacienda no ha dejado de trabajar desde 2018 en el diseño de un potencial recorte de beneficios fiscales en el Impuesto de Sociedades y el IRPF -los tipos reducidos del IVA los considera intocables- y siempre con el mismo objetivo en mente, el de rescatar para las arcas del Estado alrededor de 5.000 millones de euros de recaudación, que según sus informes acaban en el bolsillo de contribuyentes de clase acomodada o en la caja de empresas que acumulan grandes sumas de beneficios. La medida ha asomado en buena parte de los planes elaborados por el Ministerio en estos años. El último ejemplo ha sido el Plan de Ajuste Fiscal Estructural del Reino de España, acordado con Bruselas en 2024, que entre las medidas para mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema tributario planteaba la adopción de «medidas tributarias sobre la base de las recomendaciones del Comité de Expertos y del grupo de trabajo sobre el impacto de los beneficios fiscales, de las que se espera que entre 2025 y 2031 aumenten la ratio de ingresos sobre PIB en 0,3 puntos», el equivalente a unos 5.000 millones de euros. Hacienda le dijo a Bruselas que para lograrlo aprovecharía los trabajos y recomendaciones realizadas tanto por el Comité de Expertos que elaboró el libro blanco para la reforma fiscal como por el grupo de trabajo sobre beneficios fiscales, constituido en 2022, que evaluó una decena de beneficios del IRPF y el Impuesto de Sociedades. Contaba además con las conclusiones de la evaluación de beneficios fiscales de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que examinó hasta trece incentivos con un coste agregado de 35.000 millones de euros.Noticia relacionada No No Crisis de vivienda Las autonomías acumulan un arsenal de incentivos fiscales Bruno PérezPor si no fuera suficiente todo ese caudal de conocimiento, según ha confirmado ABC en el último año el Ministerio ha pedido varios informes para enfocar el asunto desde una perspectiva más asociada a la progresividad fiscal y a la redistribución, revisando la utilización de estas ayudas por tramos de renta y midiendo el impacto potencial que un recorte indiscriminado podría tener sobre las rentas bajas con el objetivo, según las fuentes consultadas, de modular el repliegue de esos incentivos y valorar la posibilidad de una retirada parcial solo para las rentas más altas .Todos estos trabajos han acabado en el cajón. Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que los asesores científicos que trabajan para el departamento continúan analizando los potenciales impactos de los incentivos fiscales existentes, pero que a día de hoy en la hoja de ruta del Ministerio « no hay un plan para reducir sistemáticamente los incentivos fiscales». A días o como mucho semanas de dejar el Gobierno para presentarse como candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero ya no podrá poner su sello a esta subida fiscal largamente pospuesta y cuya aplicación parece cada vez más improbable.La afirmación de Hacienda zarandea el escenario fiscal con el que, por ejemplo, trabajaba la institución encargada de velar por el cumplimiento de las reglas fiscales europeas y por la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas a medio y largo plazo, la Airef, cuya presidenta saliente recordaba en un reciente encuentro con ABC que consideraba como una tarea pendiente del Gobierno la aplicación práctica de la evaluación sobre beneficios fiscales y la obtención de esos 5.000 millones de euros comprometidos en el plan de ajuste fiscal estructural.La Airef considera la aplicación de sus recomendaciones en materia de beneficios fiscales como una cuenta pendiente del GobiernoFuentes gubernamentales aseguran que la estrategia de Hacienda respecto a ese punto concreto es otra: conseguir que la Comisión Europea le dé por bueno a esos efectos los ingresos adicionales obtenidos del último paquete fiscal, aprobado de forma muy accidentada a principios de 2025. No será una tarea sencilla. La Agencia Tributaria atribuye a ese paquete de medidas fiscales, en el que se incluía el nuevo impuesto transitorio a la banca o el nuevo impuesto sobre el líquido de los cigarrillos electrónicos, un aporte extra de 5.443 millones de euros hasta noviembre, si bien a efectos del plan fiscal la recaudación adicional es inferior a los 1.800 millones, dado que la mayoría de esos recursos de más vienen de la reinstauración del potencial recaudatorio del Impuesto de Sociedades, mutilado en 2024 por una sentencia del Constitucional, y al no haber podido sacar adelante la equiparación fiscal del diésel a la gasolinaEl ejemplo de la reducción por rentas del alquilerEl Ministerio de Hacienda había acumulado evidencias suficientes como para convertir el tijeretazo a los beneficios fiscales en otra vuelta de tuerca a la imposición a las rentas más altas. Los informes elaborados por colaboradores externos y por investigadores del entorno del Ministerio y de la Agencia Tributaria había determinado, por ejemplo, la distancia sideral que existe entre el provecho que sacan de incentivos fiscales como la reducción en el IRPF por los rendimientos asociados al arrendamiento de vivienda las rentas más altas y el resto de los contribuyentes. En este caso concreto, un informe elaborado por funcionarios de la Agencia Tributaria concluía que mientras el ahorro fiscal estándar por este incentivo oscila entre los 500 y los 1.000 euros, en el caso del 1% de los contribuyentes con mayor nivel de renta el beneficio fiscal se disparaba hasta el entorno de los 2.500 euros. Y esto en el año 2022.Algo similar detectaron para otros beneficios fiscales como la reducción por declaración conjunta y por la deducción fiscal por donativos. El trabajo ponía como ejemplo lo ocurrido con el recorte de la desgravación fiscal por aportaciones a planes de pensiones, en la que antes del tijeretazo propinado en la reforma de las pensiones se percibía una concentración del beneficio fiscal en las rentas más altas que se ha atenuado de forma sustancial tras la reforma que recortó de 8.500 euros a 1.500 las aportaciones con derecho a beneficio fiscal. RSS de noticias de economia
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