En marzo de 2012, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas , abrió una investigación penal sobre las inyecciones de dinero público que la Junta de Andalucía realizó a proyectos empresariales que, en muchos casos, resultaron ruinosos entre los años 2005 y 2010. El Ejecutivo andaluz, entonces en manos del PSOE, canalizó estas ayudas a través de una sociedad de capital riesgo denominada Invercaria ya fuera mediante la concesión discrecional de préstamos participativos o entrando en su capital social. Casi catorce años después, ninguno de los condenados en firme por esta macrocausa de corrupción ha pisado la cárcel y nadie ha saldado tampoco sus deudas con las arcas de la Junta de Andalucía haciendo frente a la responsabilidad civil fijada por los tribunales.La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido durante cinco años la pena de prisión al condenado que estaba más cerca de pisar un centro penitenciario, Tomás Pérez-Sauquillo, que fue presidente de Invercaria entre los años 2005 y 2010 , debido a su delicado estado de salud. Los empresarios condenados a penas de hasta dos años de prisión se están librando de acabar entre rejas al carecer de antecedentes penales.El abogado del antiguo responsable de Invercaria había alegado que sufre una enfermedad muy grave para esquivar la reclusión en una celda. La Fiscalía se opuso a esta petición y solicitó al tribunal que se le denegase este «beneficio». El que fuera alto cargo en los gobiernos del PSOE, que el 12 de mayo cumplirá 80 años , acumula cuatro sentencias firmes que suman 13 años de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos en cuarto piezas del caso: Aceitunas Tatis, Fumapa, Personal y Cedes Electria.La Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el principal condenado accediera a una suspensión de su pena de cárcelEn dos autos dictados el pasado 12 de enero, tres magistrados de la Sección Primera dejan en suspenso la ejecución de dos condenas después de recibir los informes del médico forense . Así, lo exime de estar dos años y un día privado de libertad en la causa referida a la empresa jienense Fumapa y lo libra de otra resolución firme de tres años y medio de prisión por la pieza de Aceitunas Tatis, otra firma de Jaén que recibió 100.000 euros de la Junta para fabricar y comercializar aperitivos denominados «polvazos», «dulces cuernos» o «lengüetazos».El expresidente de Invercaria padece una patología cardiaca y otra de carácter urológico que, a juicio del especialista médico que lo examinó, puede agravarse si ingresara en un centro penitenciario.Autos de la Sección Primera de la AudienciaLa Sección Primera deja en el aire la pena de prisión por un periodo de cinco años al amparo del artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el acusado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. «Las afecciones que padece son tales que, por ejemplo, necesitarán abundante medicación o determinarán que su estancia en el centro penitenciario provoque una intensificación o agravación de las enfermedades, con limitación de su calidad de vida», concluye en el auto referido a Fumapa, empresa que recibió un préstamo de 300.000 euros sin justificación en 2008.Los empresarios condenados con penas de hasta dos años de prisión no han ingresado en prisión al carecer de antecedentes criminalesLa Sala Penal del Supremo aplicó la reforma del delito de malversación aprobada en diciembre de 2022 para rebajarle de tres a dos años la condena impuesta al expresidente de Invercaria por esta misma ayuda. El Gobierno de Pedro Sánchez, tras pactarlo con ERC, introdujo una modalidad atenuada de la malversación con el objetivo de reducir la pena a los dirigentes del proceso independentista catalán .El precedente de José Antonio GriñánTambién por motivos de salud, en junio de 2023, la Audiencia de Sevilla libró de la prisión al expresidente de la Junta José Antonio Griñán para poder tratarse de un cáncer. La Sección Primera en una sentencia (ratificada por el Supremo) impuso al exdirigente socialista seis años de cárcel por un delito de malversación en el caso de los ERE fraudulentos. Un año después, el Constitucional anuló esta pena tras tumbar la interpretación de los delitos que hicieron los tribunales ordinarios.Pérez-Sauquillo ha sido condenado en cuatro ocasiones y absuelto en otras seis piezas del caso Invercaria en la que los jueces no vieron probados los delitos. La última sentencia exculpatoria fue notificada el pasado 21 de enero y se centraba en dos préstamos por un importe total de 1,1 millones de euros que Invercaria concedió a la empresa Operador Aéreo Andalus. La compañía aérea estuvo operando menos de un año.Invercaria funcionaba como una réplica a escala regional de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y Desarrollo Empresarial (Sepides), la empresa pública que ahora está en el epicentro de otra trama de presunta corrupción vinculada al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez . Copiando el modelo de Sepides, la sociedad pública andaluza, liquidada a finales de 2024, se encargaba de apoyar la constitución de nuevos proyectos o de impulsar otros en funcionamiento de la iniciativa privada. De este modo repartió unos 60 millones de euros que han dado pie a una veintena de investigaciones o piezas separadas que juntas componen el rompecabezas de la macrocausa de supuesta corrupción de Invercaria.Cuatro condenas y seis sentencias absolutoriasLa mayoría de causas abiertas por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en las que el magistrado Gutiérrez Casillas dividió el sumario han concluido con un auto de apertura de vista oral y han sido remitidas a la Audiencia Provincial de Sevilla para que los acusados sean juzgados. Casi catorce años después se han celebrado una docena de juicios, de los que cuatro se han saldado con condenas firmes (confirmadas por el Tribunal Supremo) y otros seis han tenido sentencias absolutorias. Las dos piezas que restan, Astraea Astilleros y Badennova, están aún pendientes de que el tribunal dicte una resolución. En estos momentos, la Sección Séptima de la Audiencia está enjuiciando el más de un millón de euros entregado por la Junta a la firma New Technology Chiller . Y quedan por juzgarse los 2,2 millones de Invercaria a Keepfresh, los 1,18 millones otorgados a la empresa jiennense Electronic Devices Manufacturer (EDM) , y otra ayuda concedida a Med & Check SL . En marzo de 2012, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas , abrió una investigación penal sobre las inyecciones de dinero público que la Junta de Andalucía realizó a proyectos empresariales que, en muchos casos, resultaron ruinosos entre los años 2005 y 2010. El Ejecutivo andaluz, entonces en manos del PSOE, canalizó estas ayudas a través de una sociedad de capital riesgo denominada Invercaria ya fuera mediante la concesión discrecional de préstamos participativos o entrando en su capital social. Casi catorce años después, ninguno de los condenados en firme por esta macrocausa de corrupción ha pisado la cárcel y nadie ha saldado tampoco sus deudas con las arcas de la Junta de Andalucía haciendo frente a la responsabilidad civil fijada por los tribunales.La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido durante cinco años la pena de prisión al condenado que estaba más cerca de pisar un centro penitenciario, Tomás Pérez-Sauquillo, que fue presidente de Invercaria entre los años 2005 y 2010 , debido a su delicado estado de salud. Los empresarios condenados a penas de hasta dos años de prisión se están librando de acabar entre rejas al carecer de antecedentes penales.El abogado del antiguo responsable de Invercaria había alegado que sufre una enfermedad muy grave para esquivar la reclusión en una celda. La Fiscalía se opuso a esta petición y solicitó al tribunal que se le denegase este «beneficio». El que fuera alto cargo en los gobiernos del PSOE, que el 12 de mayo cumplirá 80 años , acumula cuatro sentencias firmes que suman 13 años de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos en cuarto piezas del caso: Aceitunas Tatis, Fumapa, Personal y Cedes Electria.La Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el principal condenado accediera a una suspensión de su pena de cárcelEn dos autos dictados el pasado 12 de enero, tres magistrados de la Sección Primera dejan en suspenso la ejecución de dos condenas después de recibir los informes del médico forense . Así, lo exime de estar dos años y un día privado de libertad en la causa referida a la empresa jienense Fumapa y lo libra de otra resolución firme de tres años y medio de prisión por la pieza de Aceitunas Tatis, otra firma de Jaén que recibió 100.000 euros de la Junta para fabricar y comercializar aperitivos denominados «polvazos», «dulces cuernos» o «lengüetazos».El expresidente de Invercaria padece una patología cardiaca y otra de carácter urológico que, a juicio del especialista médico que lo examinó, puede agravarse si ingresara en un centro penitenciario.Autos de la Sección Primera de la AudienciaLa Sección Primera deja en el aire la pena de prisión por un periodo de cinco años al amparo del artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el acusado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. «Las afecciones que padece son tales que, por ejemplo, necesitarán abundante medicación o determinarán que su estancia en el centro penitenciario provoque una intensificación o agravación de las enfermedades, con limitación de su calidad de vida», concluye en el auto referido a Fumapa, empresa que recibió un préstamo de 300.000 euros sin justificación en 2008.Los empresarios condenados con penas de hasta dos años de prisión no han ingresado en prisión al carecer de antecedentes criminalesLa Sala Penal del Supremo aplicó la reforma del delito de malversación aprobada en diciembre de 2022 para rebajarle de tres a dos años la condena impuesta al expresidente de Invercaria por esta misma ayuda. El Gobierno de Pedro Sánchez, tras pactarlo con ERC, introdujo una modalidad atenuada de la malversación con el objetivo de reducir la pena a los dirigentes del proceso independentista catalán .El precedente de José Antonio GriñánTambién por motivos de salud, en junio de 2023, la Audiencia de Sevilla libró de la prisión al expresidente de la Junta José Antonio Griñán para poder tratarse de un cáncer. La Sección Primera en una sentencia (ratificada por el Supremo) impuso al exdirigente socialista seis años de cárcel por un delito de malversación en el caso de los ERE fraudulentos. Un año después, el Constitucional anuló esta pena tras tumbar la interpretación de los delitos que hicieron los tribunales ordinarios.Pérez-Sauquillo ha sido condenado en cuatro ocasiones y absuelto en otras seis piezas del caso Invercaria en la que los jueces no vieron probados los delitos. La última sentencia exculpatoria fue notificada el pasado 21 de enero y se centraba en dos préstamos por un importe total de 1,1 millones de euros que Invercaria concedió a la empresa Operador Aéreo Andalus. La compañía aérea estuvo operando menos de un año.Invercaria funcionaba como una réplica a escala regional de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y Desarrollo Empresarial (Sepides), la empresa pública que ahora está en el epicentro de otra trama de presunta corrupción vinculada al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez . Copiando el modelo de Sepides, la sociedad pública andaluza, liquidada a finales de 2024, se encargaba de apoyar la constitución de nuevos proyectos o de impulsar otros en funcionamiento de la iniciativa privada. De este modo repartió unos 60 millones de euros que han dado pie a una veintena de investigaciones o piezas separadas que juntas componen el rompecabezas de la macrocausa de supuesta corrupción de Invercaria.Cuatro condenas y seis sentencias absolutoriasLa mayoría de causas abiertas por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en las que el magistrado Gutiérrez Casillas dividió el sumario han concluido con un auto de apertura de vista oral y han sido remitidas a la Audiencia Provincial de Sevilla para que los acusados sean juzgados. Casi catorce años después se han celebrado una docena de juicios, de los que cuatro se han saldado con condenas firmes (confirmadas por el Tribunal Supremo) y otros seis han tenido sentencias absolutorias. Las dos piezas que restan, Astraea Astilleros y Badennova, están aún pendientes de que el tribunal dicte una resolución. En estos momentos, la Sección Séptima de la Audiencia está enjuiciando el más de un millón de euros entregado por la Junta a la firma New Technology Chiller . Y quedan por juzgarse los 2,2 millones de Invercaria a Keepfresh, los 1,18 millones otorgados a la empresa jiennense Electronic Devices Manufacturer (EDM) , y otra ayuda concedida a Med & Check SL . En marzo de 2012, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas , abrió una investigación penal sobre las inyecciones de dinero público que la Junta de Andalucía realizó a proyectos empresariales que, en muchos casos, resultaron ruinosos entre los años 2005 y 2010. El Ejecutivo andaluz, entonces en manos del PSOE, canalizó estas ayudas a través de una sociedad de capital riesgo denominada Invercaria ya fuera mediante la concesión discrecional de préstamos participativos o entrando en su capital social. Casi catorce años después, ninguno de los condenados en firme por esta macrocausa de corrupción ha pisado la cárcel y nadie ha saldado tampoco sus deudas con las arcas de la Junta de Andalucía haciendo frente a la responsabilidad civil fijada por los tribunales.La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido durante cinco años la pena de prisión al condenado que estaba más cerca de pisar un centro penitenciario, Tomás Pérez-Sauquillo, que fue presidente de Invercaria entre los años 2005 y 2010 , debido a su delicado estado de salud. Los empresarios condenados a penas de hasta dos años de prisión se están librando de acabar entre rejas al carecer de antecedentes penales.El abogado del antiguo responsable de Invercaria había alegado que sufre una enfermedad muy grave para esquivar la reclusión en una celda. La Fiscalía se opuso a esta petición y solicitó al tribunal que se le denegase este «beneficio». El que fuera alto cargo en los gobiernos del PSOE, que el 12 de mayo cumplirá 80 años , acumula cuatro sentencias firmes que suman 13 años de cárcel por delitos de malversación de caudales públicos en cuarto piezas del caso: Aceitunas Tatis, Fumapa, Personal y Cedes Electria.La Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el principal condenado accediera a una suspensión de su pena de cárcelEn dos autos dictados el pasado 12 de enero, tres magistrados de la Sección Primera dejan en suspenso la ejecución de dos condenas después de recibir los informes del médico forense . Así, lo exime de estar dos años y un día privado de libertad en la causa referida a la empresa jienense Fumapa y lo libra de otra resolución firme de tres años y medio de prisión por la pieza de Aceitunas Tatis, otra firma de Jaén que recibió 100.000 euros de la Junta para fabricar y comercializar aperitivos denominados «polvazos», «dulces cuernos» o «lengüetazos».El expresidente de Invercaria padece una patología cardiaca y otra de carácter urológico que, a juicio del especialista médico que lo examinó, puede agravarse si ingresara en un centro penitenciario.Autos de la Sección Primera de la AudienciaLa Sección Primera deja en el aire la pena de prisión por un periodo de cinco años al amparo del artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el acusado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. «Las afecciones que padece son tales que, por ejemplo, necesitarán abundante medicación o determinarán que su estancia en el centro penitenciario provoque una intensificación o agravación de las enfermedades, con limitación de su calidad de vida», concluye en el auto referido a Fumapa, empresa que recibió un préstamo de 300.000 euros sin justificación en 2008.Los empresarios condenados con penas de hasta dos años de prisión no han ingresado en prisión al carecer de antecedentes criminalesLa Sala Penal del Supremo aplicó la reforma del delito de malversación aprobada en diciembre de 2022 para rebajarle de tres a dos años la condena impuesta al expresidente de Invercaria por esta misma ayuda. El Gobierno de Pedro Sánchez, tras pactarlo con ERC, introdujo una modalidad atenuada de la malversación con el objetivo de reducir la pena a los dirigentes del proceso independentista catalán .El precedente de José Antonio GriñánTambién por motivos de salud, en junio de 2023, la Audiencia de Sevilla libró de la prisión al expresidente de la Junta José Antonio Griñán para poder tratarse de un cáncer. La Sección Primera en una sentencia (ratificada por el Supremo) impuso al exdirigente socialista seis años de cárcel por un delito de malversación en el caso de los ERE fraudulentos. Un año después, el Constitucional anuló esta pena tras tumbar la interpretación de los delitos que hicieron los tribunales ordinarios.Pérez-Sauquillo ha sido condenado en cuatro ocasiones y absuelto en otras seis piezas del caso Invercaria en la que los jueces no vieron probados los delitos. La última sentencia exculpatoria fue notificada el pasado 21 de enero y se centraba en dos préstamos por un importe total de 1,1 millones de euros que Invercaria concedió a la empresa Operador Aéreo Andalus. La compañía aérea estuvo operando menos de un año.Invercaria funcionaba como una réplica a escala regional de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y Desarrollo Empresarial (Sepides), la empresa pública que ahora está en el epicentro de otra trama de presunta corrupción vinculada al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez . Copiando el modelo de Sepides, la sociedad pública andaluza, liquidada a finales de 2024, se encargaba de apoyar la constitución de nuevos proyectos o de impulsar otros en funcionamiento de la iniciativa privada. De este modo repartió unos 60 millones de euros que han dado pie a una veintena de investigaciones o piezas separadas que juntas componen el rompecabezas de la macrocausa de supuesta corrupción de Invercaria.Cuatro condenas y seis sentencias absolutoriasLa mayoría de causas abiertas por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en las que el magistrado Gutiérrez Casillas dividió el sumario han concluido con un auto de apertura de vista oral y han sido remitidas a la Audiencia Provincial de Sevilla para que los acusados sean juzgados. Casi catorce años después se han celebrado una docena de juicios, de los que cuatro se han saldado con condenas firmes (confirmadas por el Tribunal Supremo) y otros seis han tenido sentencias absolutorias. Las dos piezas que restan, Astraea Astilleros y Badennova, están aún pendientes de que el tribunal dicte una resolución. En estos momentos, la Sección Séptima de la Audiencia está enjuiciando el más de un millón de euros entregado por la Junta a la firma New Technology Chiller . Y quedan por juzgarse los 2,2 millones de Invercaria a Keepfresh, los 1,18 millones otorgados a la empresa jiennense Electronic Devices Manufacturer (EDM) , y otra ayuda concedida a Med & Check SL . RSS de noticias de espana/andalucia
Noticias Similares
