En el año 2023 se registraron más de 300 muertes relacionadas con las drogas en la Comunidad de Madrid. Algunas por sobredosis, otras por accidentes de tráfico o por suicidios. La mayoría eran personas jóvenes. Este dato figuraba en la exposición de motivos que justificaba la creación en la Asamblea de una Comisión de estudio sobre el consumo de drogas en la Comunidad de Madrid , y que tuvo el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios, algo realmente complicado en una legislatura bronca y tensa. Pero ese espíritu de unidad ante las drogas ha saltado por los aires este miércoles, justo cuando debían debatir y votar el dictamen. Una nueva trifulca ha derivado en un portazo de Vox, la expulsión de la vicepresidenta, de Más Madrid, y el abandono de la comisión de este grupo y del PSOE. En un ambiente desangelado, el Grupo Popular ha aprobado en solitario su propuesta de dictamen de la comisión, que ahora se elevará al Pleno de la Asamblea. Alrededor de los diputados del PP solo había escaños vacíos. Desde el Gobierno regional de Ayuso se hizo un llamamiento a la unidad ante un problema que sacude a una parte de la sociedad y que la presidenta madrileña consideró siempre una de sus prioridades.El origen de esta última gresca parlamentaria está en una cuestión formal. Según los grupos de la oposición, todos los partidos habían «asumido» que el plazo de registro de las propuestas de dictamen terminaba el lunes 6 de abril a las 14 horas. Sin embargo, según denuncian, el Partido Popular registró su documento el martes 7 de abril a las 9.01 horas, «fuera del plazo acordado». Las fechas y horas son importantes, pues la sesión de la comisión se iba a celebrar el miércoles 8 de abril a las 10 horas. Noticia relacionada general No No Ayuso exhibe su política fiscal: 37 bajadas de impuestos frente a las 141 subidas de Sánchez Mariano CallejaDesde el Partido Popular niegan que se haya incumplido ningún plazo y desmienten que se hubiese establecido un límite para el lunes a las seis de la tarde, ya que «no figura» como tal en ningún acta de la Junta de Portavoces, y por tanto «no existe». Al contrario, el PP se ve amparado por el Reglamento de la Asamblea: «Salvo autorización, por unanimidad, de la Mesa de la Asamblea o de la Mesa de la comisión competente, ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al menos con veinticuatro horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base al mismo». De acuerdo con esto, el dictamen del Grupo Popular se presentó dentro del plazo, puesto que se registró el 7 de abril a las 9.01 y la sesión de la comisión estaba convocada a las 10 del 8 de abril.Como se ve se trata de una cuestión puramente formal. Pero suficiente para que en una Asamblea que parece trabajar siempre al borde de la riña permanente saltase todo por los aires y el eventual acuerdo sobre el problema de las drogas acabase en otra bronca más de los partidos. El primero en dar portazo a la comisión este miércoles ha sido Vox, que había presentado sus propias conclusiones. Su portavoz en esta comisión, Raquel Barrero, ha abandonado la sesión tras denunciar una «clara vulneración del derecho parlamentario» por parte del Partido Popular, por «presentar su dictamen fuera del plazo que ellos mismos habían establecido». Vox defiende que los acuerdos «por unanimidad de los miembros de Mesa y de los portavoces son válidos según la reiterada jurisprudencia y usos y costumbres parlamentarios», por lo que, a su juicio, «el Grupo Parlamentario Popular ha vulnerado dicho acuerdo al presentar su dictamen fuera de plazo». Por ello, ha pedido la impugnación de la sesión.Unos minutos después, se ha producido otra disputa entre el presidente de la comisión, Ismael Sirio López, del PP, y la vicepresidenta, Marta Carmona, de Más Madrid, quien pidió que se leyera un escrito de queja de su partido por la actitud de los populares. El presidente se negó y le retiró el uso de la palabra, pero Carmona continuó con sus interrupciones y cuando recibió la cuarta advertencia, fue expulsada de la comisión. Más Madrid comunicó entonces que se marchaba en bloque. El tercer grupo en dar portazo fue el Socialista, que veía cómo de pronto se había quedado solo con el PP de Ayuso. Rápidamente anunció que se marchaba también de la comisión antidrogas. «Es inadmisible que el Partido Popular ningunee los acuerdos adoptados en una comisión que, por primera vez en mucho tiempo, se aprobó crear por unanimidad de todos los grupos políticos y en la que se han debatido asuntos relevantes y sensibles sobre las adicciones, que afectan a la salud, a la convivencia, a la economía, a la juventud y a las familias«, ha señalado el portavoz del PSOE, Juanjo Marcano. El PSOE había presentado su propuesta de dictamen de manera conjunta con Más Madrid. En el dictamen aprobado, con los votos en solitario del PP, se concluye que el problema no se limita al aumento del consumo, sino que se ve agravado por la banalización en su percepción social, lo que dificulta la prevención, sobre todo en adolescentes y jóvenes. «La normalización de algunas drogas como el cannabis hace que se perciban como sustancias inocuas o no tan dañinas, especialmente entre los jóvenes, lo que incrementa su vulnerabilidad», se subraya. Además, según este dictamen, los trabajos de la comisión determinan «que el consumo de drogas en la Comunidad de Madrid no es un fenómeno marginal ni transitorio, sino una realidad que se transforma con rapidez y que afecta a la vida de muchas personas». En el año 2023 se registraron más de 300 muertes relacionadas con las drogas en la Comunidad de Madrid. Algunas por sobredosis, otras por accidentes de tráfico o por suicidios. La mayoría eran personas jóvenes. Este dato figuraba en la exposición de motivos que justificaba la creación en la Asamblea de una Comisión de estudio sobre el consumo de drogas en la Comunidad de Madrid , y que tuvo el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios, algo realmente complicado en una legislatura bronca y tensa. Pero ese espíritu de unidad ante las drogas ha saltado por los aires este miércoles, justo cuando debían debatir y votar el dictamen. Una nueva trifulca ha derivado en un portazo de Vox, la expulsión de la vicepresidenta, de Más Madrid, y el abandono de la comisión de este grupo y del PSOE. En un ambiente desangelado, el Grupo Popular ha aprobado en solitario su propuesta de dictamen de la comisión, que ahora se elevará al Pleno de la Asamblea. Alrededor de los diputados del PP solo había escaños vacíos. Desde el Gobierno regional de Ayuso se hizo un llamamiento a la unidad ante un problema que sacude a una parte de la sociedad y que la presidenta madrileña consideró siempre una de sus prioridades.El origen de esta última gresca parlamentaria está en una cuestión formal. Según los grupos de la oposición, todos los partidos habían «asumido» que el plazo de registro de las propuestas de dictamen terminaba el lunes 6 de abril a las 14 horas. Sin embargo, según denuncian, el Partido Popular registró su documento el martes 7 de abril a las 9.01 horas, «fuera del plazo acordado». Las fechas y horas son importantes, pues la sesión de la comisión se iba a celebrar el miércoles 8 de abril a las 10 horas. Noticia relacionada general No No Ayuso exhibe su política fiscal: 37 bajadas de impuestos frente a las 141 subidas de Sánchez Mariano CallejaDesde el Partido Popular niegan que se haya incumplido ningún plazo y desmienten que se hubiese establecido un límite para el lunes a las seis de la tarde, ya que «no figura» como tal en ningún acta de la Junta de Portavoces, y por tanto «no existe». Al contrario, el PP se ve amparado por el Reglamento de la Asamblea: «Salvo autorización, por unanimidad, de la Mesa de la Asamblea o de la Mesa de la comisión competente, ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al menos con veinticuatro horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base al mismo». De acuerdo con esto, el dictamen del Grupo Popular se presentó dentro del plazo, puesto que se registró el 7 de abril a las 9.01 y la sesión de la comisión estaba convocada a las 10 del 8 de abril.Como se ve se trata de una cuestión puramente formal. Pero suficiente para que en una Asamblea que parece trabajar siempre al borde de la riña permanente saltase todo por los aires y el eventual acuerdo sobre el problema de las drogas acabase en otra bronca más de los partidos. El primero en dar portazo a la comisión este miércoles ha sido Vox, que había presentado sus propias conclusiones. Su portavoz en esta comisión, Raquel Barrero, ha abandonado la sesión tras denunciar una «clara vulneración del derecho parlamentario» por parte del Partido Popular, por «presentar su dictamen fuera del plazo que ellos mismos habían establecido». Vox defiende que los acuerdos «por unanimidad de los miembros de Mesa y de los portavoces son válidos según la reiterada jurisprudencia y usos y costumbres parlamentarios», por lo que, a su juicio, «el Grupo Parlamentario Popular ha vulnerado dicho acuerdo al presentar su dictamen fuera de plazo». Por ello, ha pedido la impugnación de la sesión.Unos minutos después, se ha producido otra disputa entre el presidente de la comisión, Ismael Sirio López, del PP, y la vicepresidenta, Marta Carmona, de Más Madrid, quien pidió que se leyera un escrito de queja de su partido por la actitud de los populares. El presidente se negó y le retiró el uso de la palabra, pero Carmona continuó con sus interrupciones y cuando recibió la cuarta advertencia, fue expulsada de la comisión. Más Madrid comunicó entonces que se marchaba en bloque. El tercer grupo en dar portazo fue el Socialista, que veía cómo de pronto se había quedado solo con el PP de Ayuso. Rápidamente anunció que se marchaba también de la comisión antidrogas. «Es inadmisible que el Partido Popular ningunee los acuerdos adoptados en una comisión que, por primera vez en mucho tiempo, se aprobó crear por unanimidad de todos los grupos políticos y en la que se han debatido asuntos relevantes y sensibles sobre las adicciones, que afectan a la salud, a la convivencia, a la economía, a la juventud y a las familias«, ha señalado el portavoz del PSOE, Juanjo Marcano. El PSOE había presentado su propuesta de dictamen de manera conjunta con Más Madrid. En el dictamen aprobado, con los votos en solitario del PP, se concluye que el problema no se limita al aumento del consumo, sino que se ve agravado por la banalización en su percepción social, lo que dificulta la prevención, sobre todo en adolescentes y jóvenes. «La normalización de algunas drogas como el cannabis hace que se perciban como sustancias inocuas o no tan dañinas, especialmente entre los jóvenes, lo que incrementa su vulnerabilidad», se subraya. Además, según este dictamen, los trabajos de la comisión determinan «que el consumo de drogas en la Comunidad de Madrid no es un fenómeno marginal ni transitorio, sino una realidad que se transforma con rapidez y que afecta a la vida de muchas personas». En el año 2023 se registraron más de 300 muertes relacionadas con las drogas en la Comunidad de Madrid. Algunas por sobredosis, otras por accidentes de tráfico o por suicidios. La mayoría eran personas jóvenes. Este dato figuraba en la exposición de motivos que justificaba la creación en la Asamblea de una Comisión de estudio sobre el consumo de drogas en la Comunidad de Madrid , y que tuvo el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios, algo realmente complicado en una legislatura bronca y tensa. Pero ese espíritu de unidad ante las drogas ha saltado por los aires este miércoles, justo cuando debían debatir y votar el dictamen. Una nueva trifulca ha derivado en un portazo de Vox, la expulsión de la vicepresidenta, de Más Madrid, y el abandono de la comisión de este grupo y del PSOE. En un ambiente desangelado, el Grupo Popular ha aprobado en solitario su propuesta de dictamen de la comisión, que ahora se elevará al Pleno de la Asamblea. Alrededor de los diputados del PP solo había escaños vacíos. Desde el Gobierno regional de Ayuso se hizo un llamamiento a la unidad ante un problema que sacude a una parte de la sociedad y que la presidenta madrileña consideró siempre una de sus prioridades.El origen de esta última gresca parlamentaria está en una cuestión formal. Según los grupos de la oposición, todos los partidos habían «asumido» que el plazo de registro de las propuestas de dictamen terminaba el lunes 6 de abril a las 14 horas. Sin embargo, según denuncian, el Partido Popular registró su documento el martes 7 de abril a las 9.01 horas, «fuera del plazo acordado». Las fechas y horas son importantes, pues la sesión de la comisión se iba a celebrar el miércoles 8 de abril a las 10 horas. Noticia relacionada general No No Ayuso exhibe su política fiscal: 37 bajadas de impuestos frente a las 141 subidas de Sánchez Mariano CallejaDesde el Partido Popular niegan que se haya incumplido ningún plazo y desmienten que se hubiese establecido un límite para el lunes a las seis de la tarde, ya que «no figura» como tal en ningún acta de la Junta de Portavoces, y por tanto «no existe». Al contrario, el PP se ve amparado por el Reglamento de la Asamblea: «Salvo autorización, por unanimidad, de la Mesa de la Asamblea o de la Mesa de la comisión competente, ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, al menos con veinticuatro horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base al mismo». De acuerdo con esto, el dictamen del Grupo Popular se presentó dentro del plazo, puesto que se registró el 7 de abril a las 9.01 y la sesión de la comisión estaba convocada a las 10 del 8 de abril.Como se ve se trata de una cuestión puramente formal. Pero suficiente para que en una Asamblea que parece trabajar siempre al borde de la riña permanente saltase todo por los aires y el eventual acuerdo sobre el problema de las drogas acabase en otra bronca más de los partidos. El primero en dar portazo a la comisión este miércoles ha sido Vox, que había presentado sus propias conclusiones. Su portavoz en esta comisión, Raquel Barrero, ha abandonado la sesión tras denunciar una «clara vulneración del derecho parlamentario» por parte del Partido Popular, por «presentar su dictamen fuera del plazo que ellos mismos habían establecido». Vox defiende que los acuerdos «por unanimidad de los miembros de Mesa y de los portavoces son válidos según la reiterada jurisprudencia y usos y costumbres parlamentarios», por lo que, a su juicio, «el Grupo Parlamentario Popular ha vulnerado dicho acuerdo al presentar su dictamen fuera de plazo». Por ello, ha pedido la impugnación de la sesión.Unos minutos después, se ha producido otra disputa entre el presidente de la comisión, Ismael Sirio López, del PP, y la vicepresidenta, Marta Carmona, de Más Madrid, quien pidió que se leyera un escrito de queja de su partido por la actitud de los populares. El presidente se negó y le retiró el uso de la palabra, pero Carmona continuó con sus interrupciones y cuando recibió la cuarta advertencia, fue expulsada de la comisión. Más Madrid comunicó entonces que se marchaba en bloque. El tercer grupo en dar portazo fue el Socialista, que veía cómo de pronto se había quedado solo con el PP de Ayuso. Rápidamente anunció que se marchaba también de la comisión antidrogas. «Es inadmisible que el Partido Popular ningunee los acuerdos adoptados en una comisión que, por primera vez en mucho tiempo, se aprobó crear por unanimidad de todos los grupos políticos y en la que se han debatido asuntos relevantes y sensibles sobre las adicciones, que afectan a la salud, a la convivencia, a la economía, a la juventud y a las familias«, ha señalado el portavoz del PSOE, Juanjo Marcano. El PSOE había presentado su propuesta de dictamen de manera conjunta con Más Madrid. En el dictamen aprobado, con los votos en solitario del PP, se concluye que el problema no se limita al aumento del consumo, sino que se ve agravado por la banalización en su percepción social, lo que dificulta la prevención, sobre todo en adolescentes y jóvenes. «La normalización de algunas drogas como el cannabis hace que se perciban como sustancias inocuas o no tan dañinas, especialmente entre los jóvenes, lo que incrementa su vulnerabilidad», se subraya. Además, según este dictamen, los trabajos de la comisión determinan «que el consumo de drogas en la Comunidad de Madrid no es un fenómeno marginal ni transitorio, sino una realidad que se transforma con rapidez y que afecta a la vida de muchas personas». RSS de noticias de espana
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