Sin un solo papel oficial ni la más mínima cobertura legal ni control administrativo de ningún tipo. Así se gastó presuntamente la antigua cúpula de la Junta de Andalucía 1,8 millones de euros de los contribuyentes en dar pagas y «becas» irregulares a extrabajadores de la desaparecida planta gaditana de Delphi que ya estaban cobrando prestaciones por desempleo. Ahora, la juez instructora Pilar Ordóñez ha dejado a un paso del banquillo a cuatro ex altos cargos del PSOE y a un exdirectivo de la Agencia IDEA por urdir este reparto «absolutamente arbitrario», utilizando para ello la extinta fundación pública Faffe como «pantalla» para esquivar los filtros legales.En un auto notificado la pasada semana a las partes, al que ha tenido acceso ABC, la magistrada de la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla da por concluida la investigación y procesa, entre otros, al exconsejero de Innovación y expresidente de la citada agencia autonómica, Martín Soler Márquez , por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.La operación fue orquestada para no dejar rastro. Aprovechando que la extinta Faffe (investigada por enchufar a familiares de cargos del PSOE) ya gestionaba subvenciones para dar cursos de formación al colectivo de Delphi, la antigua Consejería de Innovación decidió manejar la fundación como parapeto para abonar estas ayudas sociolaborales. El único fin era «ocultar» el origen de los fondos públicos y borrar cualquier rastro administrativo que hiciera saltar las alarmas de los interventores, concluye la juez.El exdirector de la Faffe, entre los investigadosAparte de Martín Soler, que fue consejero de Innovación durante apenas un año (2009-2010), el proceso penal se dirige contra su exviceconsejero, Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de la citada agencia, Jacinto Cañete Rolloso, y Antonio Diz-Lois Ruiz, ex director financiero del organismo. La lista de investigados la completa Fernando Villén Rueda, ex director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida como Faffe, y exsecretario de Empleo del PSOE andaluz, que ya fue condenado a cinco años de prisión por gastarse 32.556 euros de fondos públicos en prostíbulos utilizando tarjetas bancarias de la entidad.Para explicar esta operación hay que viajar hasta el año 2007, cuando la multinacional estadounidense Delphi echó el cierre a su planta de automoción de la bahía gaditana dejando en la calle a cerca de 1.600 asalariados. Para aplacar el conflicto laboral, la Junta de Andalucía firmó el 4 de julio de 2007 un protocolo de colaboración con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CGT y USO . En dicho documento, el Gobierno andaluz asumió una serie de compromisos económicos, laborales y formativos con los trabajadores afectados por el despido. Pero lo que comenzó como un acuerdo político de auxilio social derivó con los años en una gestión económica opaca y carente de toda fiscalización legal.Los extrabajadores ya estaban cobrando el paroA lo largo de los ejercicios 2008 y 2009, la Consejería de Empleo pactó con la de Innovación que fuera ésta la que asumiera el desembolso económico que suponía prorrogar las pagas para los extrabajadores de la fábrica automovilística. Los procesados tomaron esta determinación «a pesar de que conocían que tal decisión de otorgar prestaciones complementarias a la prestación de desempleo carecía de toda cobertura legal al no haber sido acordada por la Administración del Estado», advierte la juez en el auto dictado el pasado 15 de septiembre.Aprovechando sus cargos como presidente y vicepresidente del consejo rector de IDEA, encomendaron en 2009 al director general del ente, Jacinto Cañete, la ejecución material de los pagos. La operativa requería una capa de opacidad para evitar los expedientes de concesión preceptivos. Para no levantar sospechas, recurrieron a la Faffe, una entidad sin ánimo de lucro dependiente de la Consejería de Empleo. Los estatutos de la Agencia IDEA imponían barreras de control que decidieron saltarse. Su director general solo podía comprometer gastos inferiores a 450.000 euros. Las operaciones comprendidas entre esa cantidad y los 1,2 millones requerían la autorización del consejo rector. Si el importe era superior, como era el caso, el expediente completo debía elevarse al Consejo de Gobierno para su ratificación.Un protocolo firmado por el Gobierno andaluz y los sindicatos en 2007 incluyó una serie de compromisos económicos que terminaron en ilegalidadesNada de esto ocurrió. Ningún convenio ni adenda millonaria pasó por el filtro de los órganos colegiados de gobierno. «Esta omisión por parte del director general de la Agencia, señor Cañete con el conocimiento y consentimiento tanto del presidente como del vicepresidente (…), fue buscada de propósito para intentar mantener oculto el pago hecho , conocedores de la total falta de cobertura legal», censura la magistrada.El caos administrativo quedó patente cuando se traspasaron los fondos públicos. El 24 de julio de 2009, la Agencia IDEA representada por su director general, Jacinto Cañete, y el máximo responsable de la Faffe, Fernando Villén Rueda, rubrican un convenio por el que se encarga a la fundación «hacer llegar los fondos a los trabajadores afectados, previa comprobación de que cumplen los requisitos». «A pesar de lo que se recoge literalmente en el texto del convenio, la realidad es que ninguna ayuda sociolaboral individual de las que se citan fue previamente ni solicitada por trabajador o sindicato alguno , ni tramitada ni por supuesto aprobada, ni por la Consejería de Innovación, ni por la Consejería de Empleo, ni tampoco por la propia Agencia IDEA», detalla la instructora. Las «falsas» ayudas sociolaboralesEl acuerdo comprometía a la Consejería de Innovación a enviar 73.611,63 euros a la Faffe para librar el primer pago. Dicho desembolso no coincide, sin embargo, con el registrado en la contabilidad de IDEA, que anotó una obligación de pago de 1.275.365,97 euros. Pocos días después, el 4 de agosto del mismo año, la agencia emitió un segundo cheque por valor de 1.750.000 euros en concepto de entrega a cuenta. De este modo, en pleno mes de agosto, con buena parte de las plantillas de ambas entidades de vacaciones, los fondos transferidos a la fundación pública alcanzaron los 1.823.611,63 euros, una cuantía muy superior a la que estaba plasmada en el documento. Para maquillar este desfase, los directivos firmaron una adenda posterior en la que «se vuelve a afirmar falsamente la existencia de previas ayudas sociolaborales individuales concedidas a extrabajadores de Delphi», prosigue el auto.Un agujero de 1,5 millonesCuando el entonces director financiero de IDEA, Antonio Diz-Lois, detectó que se había traspasado a la Faffe medio millón de euros más de lo que estaba documentado, solicitó a Fernando Villén que devolviera «ese exceso». Tras meses de evasivas, en febrero de 2011, poco antes de que el Gobierno presidido por José Antonio Griñán acordara su disolución, la fundación remitió una supuesta cuenta justificativa que aseguraba haber gastado 1.526.029,25 euros en becas y ayudas . En lugar de aportar extractos bancarios, recibos firmados o comprobantes de transferencia a los extrabajadores, la fundación entregó una serie de folios sueltos con simples cuadrantes mecanografiados que incluían nombres, DNI y cantidades. Los responsables de IDEA archivaron la documentación sin realizar «ningún tipo, siquiera somero, de control o verificación» de su autenticidad.La Junta apenas recuperó una pequeña fracción del dinero público desviado tras la disolución de la fundación FaffeLa extinción de la Faffe en mayo de 2011 y su posterior absorción por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) permitió a la Agencia IDEA recuperar 295.583,38 euros en diciembre de 2012, un importe que fue reintegrado por la segunda entidad. El resto del dinero se esfumó sin justificación alguna en un entramado opaco de ayudas. La juez estima en 1.528.028,28 euros «el menoscabo actual para los fondos públicos de la Junta de Andalucía como consecuencia de la indebida disposición arbitraria », después de restar los fondos devueltos. Con las diligencias concluidas, el Ministerio Fiscal y las acusaciones disponen de un plazo improrrogable de diez días para solicitar la apertura del juicio oral y presentar sus respectivos escritos de acusación. Con esta resolución, la Justicia estrecha el cerco sobre otra de las sombras que rodearon la gestión de las crisis industriales y el uso de la Faffe durante el mandato socialista. Sin un solo papel oficial ni la más mínima cobertura legal ni control administrativo de ningún tipo. Así se gastó presuntamente la antigua cúpula de la Junta de Andalucía 1,8 millones de euros de los contribuyentes en dar pagas y «becas» irregulares a extrabajadores de la desaparecida planta gaditana de Delphi que ya estaban cobrando prestaciones por desempleo. Ahora, la juez instructora Pilar Ordóñez ha dejado a un paso del banquillo a cuatro ex altos cargos del PSOE y a un exdirectivo de la Agencia IDEA por urdir este reparto «absolutamente arbitrario», utilizando para ello la extinta fundación pública Faffe como «pantalla» para esquivar los filtros legales.En un auto notificado la pasada semana a las partes, al que ha tenido acceso ABC, la magistrada de la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla da por concluida la investigación y procesa, entre otros, al exconsejero de Innovación y expresidente de la citada agencia autonómica, Martín Soler Márquez , por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.La operación fue orquestada para no dejar rastro. Aprovechando que la extinta Faffe (investigada por enchufar a familiares de cargos del PSOE) ya gestionaba subvenciones para dar cursos de formación al colectivo de Delphi, la antigua Consejería de Innovación decidió manejar la fundación como parapeto para abonar estas ayudas sociolaborales. El único fin era «ocultar» el origen de los fondos públicos y borrar cualquier rastro administrativo que hiciera saltar las alarmas de los interventores, concluye la juez.El exdirector de la Faffe, entre los investigadosAparte de Martín Soler, que fue consejero de Innovación durante apenas un año (2009-2010), el proceso penal se dirige contra su exviceconsejero, Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de la citada agencia, Jacinto Cañete Rolloso, y Antonio Diz-Lois Ruiz, ex director financiero del organismo. La lista de investigados la completa Fernando Villén Rueda, ex director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida como Faffe, y exsecretario de Empleo del PSOE andaluz, que ya fue condenado a cinco años de prisión por gastarse 32.556 euros de fondos públicos en prostíbulos utilizando tarjetas bancarias de la entidad.Para explicar esta operación hay que viajar hasta el año 2007, cuando la multinacional estadounidense Delphi echó el cierre a su planta de automoción de la bahía gaditana dejando en la calle a cerca de 1.600 asalariados. Para aplacar el conflicto laboral, la Junta de Andalucía firmó el 4 de julio de 2007 un protocolo de colaboración con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CGT y USO . En dicho documento, el Gobierno andaluz asumió una serie de compromisos económicos, laborales y formativos con los trabajadores afectados por el despido. Pero lo que comenzó como un acuerdo político de auxilio social derivó con los años en una gestión económica opaca y carente de toda fiscalización legal.Los extrabajadores ya estaban cobrando el paroA lo largo de los ejercicios 2008 y 2009, la Consejería de Empleo pactó con la de Innovación que fuera ésta la que asumiera el desembolso económico que suponía prorrogar las pagas para los extrabajadores de la fábrica automovilística. Los procesados tomaron esta determinación «a pesar de que conocían que tal decisión de otorgar prestaciones complementarias a la prestación de desempleo carecía de toda cobertura legal al no haber sido acordada por la Administración del Estado», advierte la juez en el auto dictado el pasado 15 de septiembre.Aprovechando sus cargos como presidente y vicepresidente del consejo rector de IDEA, encomendaron en 2009 al director general del ente, Jacinto Cañete, la ejecución material de los pagos. La operativa requería una capa de opacidad para evitar los expedientes de concesión preceptivos. Para no levantar sospechas, recurrieron a la Faffe, una entidad sin ánimo de lucro dependiente de la Consejería de Empleo. Los estatutos de la Agencia IDEA imponían barreras de control que decidieron saltarse. Su director general solo podía comprometer gastos inferiores a 450.000 euros. Las operaciones comprendidas entre esa cantidad y los 1,2 millones requerían la autorización del consejo rector. Si el importe era superior, como era el caso, el expediente completo debía elevarse al Consejo de Gobierno para su ratificación.Un protocolo firmado por el Gobierno andaluz y los sindicatos en 2007 incluyó una serie de compromisos económicos que terminaron en ilegalidadesNada de esto ocurrió. Ningún convenio ni adenda millonaria pasó por el filtro de los órganos colegiados de gobierno. «Esta omisión por parte del director general de la Agencia, señor Cañete con el conocimiento y consentimiento tanto del presidente como del vicepresidente (…), fue buscada de propósito para intentar mantener oculto el pago hecho , conocedores de la total falta de cobertura legal», censura la magistrada.El caos administrativo quedó patente cuando se traspasaron los fondos públicos. El 24 de julio de 2009, la Agencia IDEA representada por su director general, Jacinto Cañete, y el máximo responsable de la Faffe, Fernando Villén Rueda, rubrican un convenio por el que se encarga a la fundación «hacer llegar los fondos a los trabajadores afectados, previa comprobación de que cumplen los requisitos». «A pesar de lo que se recoge literalmente en el texto del convenio, la realidad es que ninguna ayuda sociolaboral individual de las que se citan fue previamente ni solicitada por trabajador o sindicato alguno , ni tramitada ni por supuesto aprobada, ni por la Consejería de Innovación, ni por la Consejería de Empleo, ni tampoco por la propia Agencia IDEA», detalla la instructora. Las «falsas» ayudas sociolaboralesEl acuerdo comprometía a la Consejería de Innovación a enviar 73.611,63 euros a la Faffe para librar el primer pago. Dicho desembolso no coincide, sin embargo, con el registrado en la contabilidad de IDEA, que anotó una obligación de pago de 1.275.365,97 euros. Pocos días después, el 4 de agosto del mismo año, la agencia emitió un segundo cheque por valor de 1.750.000 euros en concepto de entrega a cuenta. De este modo, en pleno mes de agosto, con buena parte de las plantillas de ambas entidades de vacaciones, los fondos transferidos a la fundación pública alcanzaron los 1.823.611,63 euros, una cuantía muy superior a la que estaba plasmada en el documento. Para maquillar este desfase, los directivos firmaron una adenda posterior en la que «se vuelve a afirmar falsamente la existencia de previas ayudas sociolaborales individuales concedidas a extrabajadores de Delphi», prosigue el auto.Un agujero de 1,5 millonesCuando el entonces director financiero de IDEA, Antonio Diz-Lois, detectó que se había traspasado a la Faffe medio millón de euros más de lo que estaba documentado, solicitó a Fernando Villén que devolviera «ese exceso». Tras meses de evasivas, en febrero de 2011, poco antes de que el Gobierno presidido por José Antonio Griñán acordara su disolución, la fundación remitió una supuesta cuenta justificativa que aseguraba haber gastado 1.526.029,25 euros en becas y ayudas . En lugar de aportar extractos bancarios, recibos firmados o comprobantes de transferencia a los extrabajadores, la fundación entregó una serie de folios sueltos con simples cuadrantes mecanografiados que incluían nombres, DNI y cantidades. Los responsables de IDEA archivaron la documentación sin realizar «ningún tipo, siquiera somero, de control o verificación» de su autenticidad.La Junta apenas recuperó una pequeña fracción del dinero público desviado tras la disolución de la fundación FaffeLa extinción de la Faffe en mayo de 2011 y su posterior absorción por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) permitió a la Agencia IDEA recuperar 295.583,38 euros en diciembre de 2012, un importe que fue reintegrado por la segunda entidad. El resto del dinero se esfumó sin justificación alguna en un entramado opaco de ayudas. La juez estima en 1.528.028,28 euros «el menoscabo actual para los fondos públicos de la Junta de Andalucía como consecuencia de la indebida disposición arbitraria », después de restar los fondos devueltos. Con las diligencias concluidas, el Ministerio Fiscal y las acusaciones disponen de un plazo improrrogable de diez días para solicitar la apertura del juicio oral y presentar sus respectivos escritos de acusación. Con esta resolución, la Justicia estrecha el cerco sobre otra de las sombras que rodearon la gestión de las crisis industriales y el uso de la Faffe durante el mandato socialista. Sin un solo papel oficial ni la más mínima cobertura legal ni control administrativo de ningún tipo. Así se gastó presuntamente la antigua cúpula de la Junta de Andalucía 1,8 millones de euros de los contribuyentes en dar pagas y «becas» irregulares a extrabajadores de la desaparecida planta gaditana de Delphi que ya estaban cobrando prestaciones por desempleo. Ahora, la juez instructora Pilar Ordóñez ha dejado a un paso del banquillo a cuatro ex altos cargos del PSOE y a un exdirectivo de la Agencia IDEA por urdir este reparto «absolutamente arbitrario», utilizando para ello la extinta fundación pública Faffe como «pantalla» para esquivar los filtros legales.En un auto notificado la pasada semana a las partes, al que ha tenido acceso ABC, la magistrada de la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla da por concluida la investigación y procesa, entre otros, al exconsejero de Innovación y expresidente de la citada agencia autonómica, Martín Soler Márquez , por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.La operación fue orquestada para no dejar rastro. Aprovechando que la extinta Faffe (investigada por enchufar a familiares de cargos del PSOE) ya gestionaba subvenciones para dar cursos de formación al colectivo de Delphi, la antigua Consejería de Innovación decidió manejar la fundación como parapeto para abonar estas ayudas sociolaborales. El único fin era «ocultar» el origen de los fondos públicos y borrar cualquier rastro administrativo que hiciera saltar las alarmas de los interventores, concluye la juez.El exdirector de la Faffe, entre los investigadosAparte de Martín Soler, que fue consejero de Innovación durante apenas un año (2009-2010), el proceso penal se dirige contra su exviceconsejero, Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de la citada agencia, Jacinto Cañete Rolloso, y Antonio Diz-Lois Ruiz, ex director financiero del organismo. La lista de investigados la completa Fernando Villén Rueda, ex director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, conocida como Faffe, y exsecretario de Empleo del PSOE andaluz, que ya fue condenado a cinco años de prisión por gastarse 32.556 euros de fondos públicos en prostíbulos utilizando tarjetas bancarias de la entidad.Para explicar esta operación hay que viajar hasta el año 2007, cuando la multinacional estadounidense Delphi echó el cierre a su planta de automoción de la bahía gaditana dejando en la calle a cerca de 1.600 asalariados. Para aplacar el conflicto laboral, la Junta de Andalucía firmó el 4 de julio de 2007 un protocolo de colaboración con los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CGT y USO . En dicho documento, el Gobierno andaluz asumió una serie de compromisos económicos, laborales y formativos con los trabajadores afectados por el despido. Pero lo que comenzó como un acuerdo político de auxilio social derivó con los años en una gestión económica opaca y carente de toda fiscalización legal.Los extrabajadores ya estaban cobrando el paroA lo largo de los ejercicios 2008 y 2009, la Consejería de Empleo pactó con la de Innovación que fuera ésta la que asumiera el desembolso económico que suponía prorrogar las pagas para los extrabajadores de la fábrica automovilística. Los procesados tomaron esta determinación «a pesar de que conocían que tal decisión de otorgar prestaciones complementarias a la prestación de desempleo carecía de toda cobertura legal al no haber sido acordada por la Administración del Estado», advierte la juez en el auto dictado el pasado 15 de septiembre.Aprovechando sus cargos como presidente y vicepresidente del consejo rector de IDEA, encomendaron en 2009 al director general del ente, Jacinto Cañete, la ejecución material de los pagos. La operativa requería una capa de opacidad para evitar los expedientes de concesión preceptivos. Para no levantar sospechas, recurrieron a la Faffe, una entidad sin ánimo de lucro dependiente de la Consejería de Empleo. Los estatutos de la Agencia IDEA imponían barreras de control que decidieron saltarse. Su director general solo podía comprometer gastos inferiores a 450.000 euros. Las operaciones comprendidas entre esa cantidad y los 1,2 millones requerían la autorización del consejo rector. Si el importe era superior, como era el caso, el expediente completo debía elevarse al Consejo de Gobierno para su ratificación.Un protocolo firmado por el Gobierno andaluz y los sindicatos en 2007 incluyó una serie de compromisos económicos que terminaron en ilegalidadesNada de esto ocurrió. Ningún convenio ni adenda millonaria pasó por el filtro de los órganos colegiados de gobierno. «Esta omisión por parte del director general de la Agencia, señor Cañete con el conocimiento y consentimiento tanto del presidente como del vicepresidente (…), fue buscada de propósito para intentar mantener oculto el pago hecho , conocedores de la total falta de cobertura legal», censura la magistrada.El caos administrativo quedó patente cuando se traspasaron los fondos públicos. El 24 de julio de 2009, la Agencia IDEA representada por su director general, Jacinto Cañete, y el máximo responsable de la Faffe, Fernando Villén Rueda, rubrican un convenio por el que se encarga a la fundación «hacer llegar los fondos a los trabajadores afectados, previa comprobación de que cumplen los requisitos». «A pesar de lo que se recoge literalmente en el texto del convenio, la realidad es que ninguna ayuda sociolaboral individual de las que se citan fue previamente ni solicitada por trabajador o sindicato alguno , ni tramitada ni por supuesto aprobada, ni por la Consejería de Innovación, ni por la Consejería de Empleo, ni tampoco por la propia Agencia IDEA», detalla la instructora. Las «falsas» ayudas sociolaboralesEl acuerdo comprometía a la Consejería de Innovación a enviar 73.611,63 euros a la Faffe para librar el primer pago. Dicho desembolso no coincide, sin embargo, con el registrado en la contabilidad de IDEA, que anotó una obligación de pago de 1.275.365,97 euros. Pocos días después, el 4 de agosto del mismo año, la agencia emitió un segundo cheque por valor de 1.750.000 euros en concepto de entrega a cuenta. De este modo, en pleno mes de agosto, con buena parte de las plantillas de ambas entidades de vacaciones, los fondos transferidos a la fundación pública alcanzaron los 1.823.611,63 euros, una cuantía muy superior a la que estaba plasmada en el documento. Para maquillar este desfase, los directivos firmaron una adenda posterior en la que «se vuelve a afirmar falsamente la existencia de previas ayudas sociolaborales individuales concedidas a extrabajadores de Delphi», prosigue el auto.Un agujero de 1,5 millonesCuando el entonces director financiero de IDEA, Antonio Diz-Lois, detectó que se había traspasado a la Faffe medio millón de euros más de lo que estaba documentado, solicitó a Fernando Villén que devolviera «ese exceso». Tras meses de evasivas, en febrero de 2011, poco antes de que el Gobierno presidido por José Antonio Griñán acordara su disolución, la fundación remitió una supuesta cuenta justificativa que aseguraba haber gastado 1.526.029,25 euros en becas y ayudas . En lugar de aportar extractos bancarios, recibos firmados o comprobantes de transferencia a los extrabajadores, la fundación entregó una serie de folios sueltos con simples cuadrantes mecanografiados que incluían nombres, DNI y cantidades. Los responsables de IDEA archivaron la documentación sin realizar «ningún tipo, siquiera somero, de control o verificación» de su autenticidad.La Junta apenas recuperó una pequeña fracción del dinero público desviado tras la disolución de la fundación FaffeLa extinción de la Faffe en mayo de 2011 y su posterior absorción por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) permitió a la Agencia IDEA recuperar 295.583,38 euros en diciembre de 2012, un importe que fue reintegrado por la segunda entidad. El resto del dinero se esfumó sin justificación alguna en un entramado opaco de ayudas. La juez estima en 1.528.028,28 euros «el menoscabo actual para los fondos públicos de la Junta de Andalucía como consecuencia de la indebida disposición arbitraria », después de restar los fondos devueltos. Con las diligencias concluidas, el Ministerio Fiscal y las acusaciones disponen de un plazo improrrogable de diez días para solicitar la apertura del juicio oral y presentar sus respectivos escritos de acusación. Con esta resolución, la Justicia estrecha el cerco sobre otra de las sombras que rodearon la gestión de las crisis industriales y el uso de la Faffe durante el mandato socialista. RSS de noticias de espana/andalucia
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