Las calles del núcleo costero de Matalascañas, en Huelva, han amanecido esta miércoles con una estampa inusual que ha sido recibida con alivio por residentes y veraneantes, en su mayoría procedentes de Sevilla. Los operarios de la empresa concesionaria han comenzado a retirar parquímetros que se instalaron en mayo para cobrar por estacionar en la calle de esta población dependiente del Ayuntamiento de Almonte . Así lo revelan las fotos tomadas por los vecinos de la zona que han sido remitidas a este periódico, que se ha puesto en contacto con el Consistorio, que no confirma ni desmiente la retirada de la s máquinas de cobro.El desmantelamiento del servicio de la ORA se produce después de que la Junta de Andalucía, tras una denuncia presentada por la Asociación de Propietarios de Matalascañas, resolviera que la puesta en marcha de este servicio a través de un decreto firmado por el alcalde de Almonte, Francisco Bella (del grupo independiente Ilusiona), carecía de cualquier respaldo legal. El regidor, ante la falta de una mayoría suficiente en el Pleno del Ayuntamiento para aprobar las ordenanzas reguladoras antes del 15 de mayo, optó por implantarla a través de un decreto que, según la administración autonómica, vulnera la normativa de Haciendas Locales.La gestión de este servicio está marcada por la improvisación . La Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública inició actuaciones de tutela después de que el colectivo vecinal alertara de la irregularidad. El documento, firmado este pasado martes, es explícito: la Junta formuló un requerimiento formal contra el Decreto 2026-2358, sosteniendo que la implantación de la zona azul no podía decretarse unilateralmente, sino que requería obligatoriamente el paso por el Pleno municipal, algo que no se logró ni en la sesión ordinaria del día 15 ni en la extraordinaria del 21 de mayo. La comunicación de la Junta ha sacado a la luz la existencia de un segundo decreto, fechado el 14 de mayo, mediante el cual el propio Consistorio dejaba sin efecto la resolución inicial. Para la Asociación de Propietarios, este movimiento no es más que un « reconocimiento implícito » de la chapuza administrativa cometida, una anulación que, denuncian, fue ocultada tanto a la oposición como a los vecinos durante los plenos decisivos.Silencio en el AyuntamientoAnte las evidencias gráficas que muestran a los operarios retirando las máquinas de cobro —con tarifas que oscilaban entre 1,35 euros por una hora y 6,30 euros por seis horas—, el Ayuntamiento almonteño no ha emitido ningún comunicado al respecto.Este mutismo contrasta con la actitud beligerante que el alcalde, Francisco Bella, mostró al inicio de la temporada. En aquel momento, defendió el servicio amparándose en informes de la Secretaría General y de Patrimonio, calificando la puesta en marcha como la ejecución de un contrato ya adjudicado a la empresa Dornier S.A . Según Bella, el retraso del servicio causaría un «perjuicio económico irreparable» a las arcas locales. Sin embargo, su insistencia en aplicar tarifas de forma «provisional» ha chocado frontalmente con la interpretación jurídica de la oposición y de la Junta, que insisten en que los pagos de los usuarios son tasas que deben ser aprobadas mediante ordenanza por el Pleno, un paso que el gobierno local no ha logrado dar.Los propietarios, en rebeldía con la medidaEl conflicto ha trascendido lo puramente económico, convirtiéndose en un pulso político de alto voltaje con los vecinos. La Asociación de Propietarios ha denunciado además una presunta «manipulación» por parte del gobierno municipal respecto al papel del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA). El Ayuntamiento había trasladado públicamente la idea de que este órgano respaldaba la zona azul; sin embargo, los vecinos aclaran que el tribunal simplemente inadmitió su recurso por cuestiones formales, sin entrar en el fondo del asunto ni validar la legalidad del servicio.Ante la imposibilidad de llevar a cabo su medida más polémica, Bella manifestó su intención de llevar las ordenanzas a todos los plenos necesarios hasta conseguir la mayoría requerida. No obstante, por ahora, los propietarios y veraneantes de Matalascañas pueden respirar tranquilos: este verano, al menos por el momento, aparcar en la vía pública será gratuito. Las calles del núcleo costero de Matalascañas, en Huelva, han amanecido esta miércoles con una estampa inusual que ha sido recibida con alivio por residentes y veraneantes, en su mayoría procedentes de Sevilla. Los operarios de la empresa concesionaria han comenzado a retirar parquímetros que se instalaron en mayo para cobrar por estacionar en la calle de esta población dependiente del Ayuntamiento de Almonte . Así lo revelan las fotos tomadas por los vecinos de la zona que han sido remitidas a este periódico, que se ha puesto en contacto con el Consistorio, que no confirma ni desmiente la retirada de la s máquinas de cobro.El desmantelamiento del servicio de la ORA se produce después de que la Junta de Andalucía, tras una denuncia presentada por la Asociación de Propietarios de Matalascañas, resolviera que la puesta en marcha de este servicio a través de un decreto firmado por el alcalde de Almonte, Francisco Bella (del grupo independiente Ilusiona), carecía de cualquier respaldo legal. El regidor, ante la falta de una mayoría suficiente en el Pleno del Ayuntamiento para aprobar las ordenanzas reguladoras antes del 15 de mayo, optó por implantarla a través de un decreto que, según la administración autonómica, vulnera la normativa de Haciendas Locales.La gestión de este servicio está marcada por la improvisación . La Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública inició actuaciones de tutela después de que el colectivo vecinal alertara de la irregularidad. El documento, firmado este pasado martes, es explícito: la Junta formuló un requerimiento formal contra el Decreto 2026-2358, sosteniendo que la implantación de la zona azul no podía decretarse unilateralmente, sino que requería obligatoriamente el paso por el Pleno municipal, algo que no se logró ni en la sesión ordinaria del día 15 ni en la extraordinaria del 21 de mayo. La comunicación de la Junta ha sacado a la luz la existencia de un segundo decreto, fechado el 14 de mayo, mediante el cual el propio Consistorio dejaba sin efecto la resolución inicial. Para la Asociación de Propietarios, este movimiento no es más que un « reconocimiento implícito » de la chapuza administrativa cometida, una anulación que, denuncian, fue ocultada tanto a la oposición como a los vecinos durante los plenos decisivos.Silencio en el AyuntamientoAnte las evidencias gráficas que muestran a los operarios retirando las máquinas de cobro —con tarifas que oscilaban entre 1,35 euros por una hora y 6,30 euros por seis horas—, el Ayuntamiento almonteño no ha emitido ningún comunicado al respecto.Este mutismo contrasta con la actitud beligerante que el alcalde, Francisco Bella, mostró al inicio de la temporada. En aquel momento, defendió el servicio amparándose en informes de la Secretaría General y de Patrimonio, calificando la puesta en marcha como la ejecución de un contrato ya adjudicado a la empresa Dornier S.A . Según Bella, el retraso del servicio causaría un «perjuicio económico irreparable» a las arcas locales. Sin embargo, su insistencia en aplicar tarifas de forma «provisional» ha chocado frontalmente con la interpretación jurídica de la oposición y de la Junta, que insisten en que los pagos de los usuarios son tasas que deben ser aprobadas mediante ordenanza por el Pleno, un paso que el gobierno local no ha logrado dar.Los propietarios, en rebeldía con la medidaEl conflicto ha trascendido lo puramente económico, convirtiéndose en un pulso político de alto voltaje con los vecinos. La Asociación de Propietarios ha denunciado además una presunta «manipulación» por parte del gobierno municipal respecto al papel del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA). El Ayuntamiento había trasladado públicamente la idea de que este órgano respaldaba la zona azul; sin embargo, los vecinos aclaran que el tribunal simplemente inadmitió su recurso por cuestiones formales, sin entrar en el fondo del asunto ni validar la legalidad del servicio.Ante la imposibilidad de llevar a cabo su medida más polémica, Bella manifestó su intención de llevar las ordenanzas a todos los plenos necesarios hasta conseguir la mayoría requerida. No obstante, por ahora, los propietarios y veraneantes de Matalascañas pueden respirar tranquilos: este verano, al menos por el momento, aparcar en la vía pública será gratuito. Las calles del núcleo costero de Matalascañas, en Huelva, han amanecido esta miércoles con una estampa inusual que ha sido recibida con alivio por residentes y veraneantes, en su mayoría procedentes de Sevilla. Los operarios de la empresa concesionaria han comenzado a retirar parquímetros que se instalaron en mayo para cobrar por estacionar en la calle de esta población dependiente del Ayuntamiento de Almonte . Así lo revelan las fotos tomadas por los vecinos de la zona que han sido remitidas a este periódico, que se ha puesto en contacto con el Consistorio, que no confirma ni desmiente la retirada de la s máquinas de cobro.El desmantelamiento del servicio de la ORA se produce después de que la Junta de Andalucía, tras una denuncia presentada por la Asociación de Propietarios de Matalascañas, resolviera que la puesta en marcha de este servicio a través de un decreto firmado por el alcalde de Almonte, Francisco Bella (del grupo independiente Ilusiona), carecía de cualquier respaldo legal. El regidor, ante la falta de una mayoría suficiente en el Pleno del Ayuntamiento para aprobar las ordenanzas reguladoras antes del 15 de mayo, optó por implantarla a través de un decreto que, según la administración autonómica, vulnera la normativa de Haciendas Locales.La gestión de este servicio está marcada por la improvisación . La Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública inició actuaciones de tutela después de que el colectivo vecinal alertara de la irregularidad. El documento, firmado este pasado martes, es explícito: la Junta formuló un requerimiento formal contra el Decreto 2026-2358, sosteniendo que la implantación de la zona azul no podía decretarse unilateralmente, sino que requería obligatoriamente el paso por el Pleno municipal, algo que no se logró ni en la sesión ordinaria del día 15 ni en la extraordinaria del 21 de mayo. La comunicación de la Junta ha sacado a la luz la existencia de un segundo decreto, fechado el 14 de mayo, mediante el cual el propio Consistorio dejaba sin efecto la resolución inicial. Para la Asociación de Propietarios, este movimiento no es más que un « reconocimiento implícito » de la chapuza administrativa cometida, una anulación que, denuncian, fue ocultada tanto a la oposición como a los vecinos durante los plenos decisivos.Silencio en el AyuntamientoAnte las evidencias gráficas que muestran a los operarios retirando las máquinas de cobro —con tarifas que oscilaban entre 1,35 euros por una hora y 6,30 euros por seis horas—, el Ayuntamiento almonteño no ha emitido ningún comunicado al respecto.Este mutismo contrasta con la actitud beligerante que el alcalde, Francisco Bella, mostró al inicio de la temporada. En aquel momento, defendió el servicio amparándose en informes de la Secretaría General y de Patrimonio, calificando la puesta en marcha como la ejecución de un contrato ya adjudicado a la empresa Dornier S.A . Según Bella, el retraso del servicio causaría un «perjuicio económico irreparable» a las arcas locales. Sin embargo, su insistencia en aplicar tarifas de forma «provisional» ha chocado frontalmente con la interpretación jurídica de la oposición y de la Junta, que insisten en que los pagos de los usuarios son tasas que deben ser aprobadas mediante ordenanza por el Pleno, un paso que el gobierno local no ha logrado dar.Los propietarios, en rebeldía con la medidaEl conflicto ha trascendido lo puramente económico, convirtiéndose en un pulso político de alto voltaje con los vecinos. La Asociación de Propietarios ha denunciado además una presunta «manipulación» por parte del gobierno municipal respecto al papel del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA). El Ayuntamiento había trasladado públicamente la idea de que este órgano respaldaba la zona azul; sin embargo, los vecinos aclaran que el tribunal simplemente inadmitió su recurso por cuestiones formales, sin entrar en el fondo del asunto ni validar la legalidad del servicio.Ante la imposibilidad de llevar a cabo su medida más polémica, Bella manifestó su intención de llevar las ordenanzas a todos los plenos necesarios hasta conseguir la mayoría requerida. No obstante, por ahora, los propietarios y veraneantes de Matalascañas pueden respirar tranquilos: este verano, al menos por el momento, aparcar en la vía pública será gratuito. RSS de noticias de espana/andalucia
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