«Detenido un ciudadano acusado de espiar para Ucrania» es un titular cada vez más habitual en la prensa rusa. Más de 1.900 personas han tenido que defenderse de acusaciones como «traición», «espionaje» o «colaboración con un Estado extranjero» desde 2022, año en el que comenzó la guerra contra Ucrania. El último caso de un presunto traidor arrestado se registró este mismo martes. Las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre al que acusan de compartir con Kiev información sobre infraestructuras clave de la provincia rusa de Riazán.El conflicto ruso-ucraniano, lejos de ser una «operación militar especial» de pocos días, como las autoridades rusas tenían en mente al iniciar la invasión, se ha prolongado durante más de cuatro años. Y ese golpe de realidad ha alimentado la paranoia del Kremlin hacia sus propios ciudadanos.Las cifras actuales pulverizan cualquier precedente. En 2021 solo 14 personas fueron juzgadas por alta traición y, en los 24 años transcurridos desde la aprobación del actual Código Penal, en 1997, apenas se habían acumulado 170 casos. Vyorstka, un medio crítico con el Kremlin catalogado como «agente extranjero» por las autoridades rusas, reveló que solo durante los seis primeros meses de 2026 fueron juzgadas 312 personas por delitos relacionados con la seguridad del Estado.Durante la mayor parte del periodo comprendido entre 1997 y 2021 hubo menos de un juicio al mes por este tipo de cargos. Incluso el delito de «cooperación confidencial con extranjeros» no existía antes de 2022. Fue creado durante la invasión para castigar contactos no autorizados con otros Estados. Entre 2022 y 2026, más de 1.900 personas han sido acusadas de este y otros delitos similares, y los medios independientes rusos han logrado recopilar información sobre alrededor de 1.500 de ellas. Según la base de datos elaborada por estos medios, solo el 4% tenía acceso real a información clasificada.Detenidos en zonas de guerraUn tercio de los acusados son civiles y otro tercio, ciudadanos ucranianos residentes en Rusia o en territorios controlados por Moscú. Es el caso del hombre detenido este martes en Riazán. Aunque obtuvo la nacionalidad rusa en 2022, nació en Ucrania. La mayoría de los ucranianos acusados de estos delitos residían en las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. La comunidad internacional sigue reconociendo estas provincias como parte de Ucrania, pese a que se encuentran bajo control total o parcial de Rusia.Según denuncian organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchos de los detenidos en los territorios anexionados fueron acusados únicamente por tomar fotografías cerca de convoyes militares rusos o por conservar mensajes críticos con la ocupación. Personal de la ONU entrevistó a 403 civiles liberados. El 85% denunció haber sufrido torturas, agresiones sexuales, palizas y condiciones inhumanas de detención, incluida la privación de agua, alimentos y asistencia médica.Condenas en aumentoLas penas impuestas por estos delitos han aumentado de forma constante. La condena media era de 12 años en 2022, mientras que en 2026 ya alcanza los 16 años. Diez personas han sido condenadas incluso a cadena perpetua, una pena que antes de la guerra se reservaba habitualmente para asesinos en serie y delincuentes sexuales especialmente graves. Sin embargo, desde 2022 se introdujeron modificaciones legales que permiten imponer este castigo también a los condenados por traición.En teoría, la legislación rusa contempla la posibilidad de solicitar la libertad condicional tras 25 años de prisión, aunque las peticiones suelen ser rechazadas. Además, los condenados no cumplen sus penas en cárceles ordinarias, sino en colonias penales, instituciones heredadas del sistema penitenciario soviético. Algunas de ellas son conocidas por sus durísimas condiciones, como el ‘Delfín Negro’ o el ‘Búho Polar’. Allí permanecen separados de la población reclusa común.En muchos casos, la identidad de los condenados no se hace pública. Sin embargo, existe una excepción especialmente conocida: la del periodista Iván Safronov. El reportero fue condenado en 2022 a 22 años de prisión en una colonia penal de régimen estricto tras ser declarado culpable de alta traición. Actualmente cumple condena en la colonia penitenciaria de máxima seguridad IK-7, en la región siberiana de Krasnoyarsk, situada a más de 4.000 kilómetros de Moscú.Safronov trabajó durante años para medios próximos al ‘establishment’ ruso y no era considerado especialmente crítico con el Kremlin. Especializado en asuntos militares, de defensa y del sector espacial, siempre defendió que la información utilizada en sus investigaciones procedía de fuentes abiertas y publicaciones accesibles al público. La Fiscalía llegó a ofrecerle una reducción de la condena hasta los 12 años de prisión a cambio de que reconociera su culpabilidad. Él se negó y mantuvo su inocencia hasta el final del proceso. «Detenido un ciudadano acusado de espiar para Ucrania» es un titular cada vez más habitual en la prensa rusa. Más de 1.900 personas han tenido que defenderse de acusaciones como «traición», «espionaje» o «colaboración con un Estado extranjero» desde 2022, año en el que comenzó la guerra contra Ucrania. El último caso de un presunto traidor arrestado se registró este mismo martes. Las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre al que acusan de compartir con Kiev información sobre infraestructuras clave de la provincia rusa de Riazán.El conflicto ruso-ucraniano, lejos de ser una «operación militar especial» de pocos días, como las autoridades rusas tenían en mente al iniciar la invasión, se ha prolongado durante más de cuatro años. Y ese golpe de realidad ha alimentado la paranoia del Kremlin hacia sus propios ciudadanos.Las cifras actuales pulverizan cualquier precedente. En 2021 solo 14 personas fueron juzgadas por alta traición y, en los 24 años transcurridos desde la aprobación del actual Código Penal, en 1997, apenas se habían acumulado 170 casos. Vyorstka, un medio crítico con el Kremlin catalogado como «agente extranjero» por las autoridades rusas, reveló que solo durante los seis primeros meses de 2026 fueron juzgadas 312 personas por delitos relacionados con la seguridad del Estado.Durante la mayor parte del periodo comprendido entre 1997 y 2021 hubo menos de un juicio al mes por este tipo de cargos. Incluso el delito de «cooperación confidencial con extranjeros» no existía antes de 2022. Fue creado durante la invasión para castigar contactos no autorizados con otros Estados. Entre 2022 y 2026, más de 1.900 personas han sido acusadas de este y otros delitos similares, y los medios independientes rusos han logrado recopilar información sobre alrededor de 1.500 de ellas. Según la base de datos elaborada por estos medios, solo el 4% tenía acceso real a información clasificada.Detenidos en zonas de guerraUn tercio de los acusados son civiles y otro tercio, ciudadanos ucranianos residentes en Rusia o en territorios controlados por Moscú. Es el caso del hombre detenido este martes en Riazán. Aunque obtuvo la nacionalidad rusa en 2022, nació en Ucrania. La mayoría de los ucranianos acusados de estos delitos residían en las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. La comunidad internacional sigue reconociendo estas provincias como parte de Ucrania, pese a que se encuentran bajo control total o parcial de Rusia.Según denuncian organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchos de los detenidos en los territorios anexionados fueron acusados únicamente por tomar fotografías cerca de convoyes militares rusos o por conservar mensajes críticos con la ocupación. Personal de la ONU entrevistó a 403 civiles liberados. El 85% denunció haber sufrido torturas, agresiones sexuales, palizas y condiciones inhumanas de detención, incluida la privación de agua, alimentos y asistencia médica.Condenas en aumentoLas penas impuestas por estos delitos han aumentado de forma constante. La condena media era de 12 años en 2022, mientras que en 2026 ya alcanza los 16 años. Diez personas han sido condenadas incluso a cadena perpetua, una pena que antes de la guerra se reservaba habitualmente para asesinos en serie y delincuentes sexuales especialmente graves. Sin embargo, desde 2022 se introdujeron modificaciones legales que permiten imponer este castigo también a los condenados por traición.En teoría, la legislación rusa contempla la posibilidad de solicitar la libertad condicional tras 25 años de prisión, aunque las peticiones suelen ser rechazadas. Además, los condenados no cumplen sus penas en cárceles ordinarias, sino en colonias penales, instituciones heredadas del sistema penitenciario soviético. Algunas de ellas son conocidas por sus durísimas condiciones, como el ‘Delfín Negro’ o el ‘Búho Polar’. Allí permanecen separados de la población reclusa común.En muchos casos, la identidad de los condenados no se hace pública. Sin embargo, existe una excepción especialmente conocida: la del periodista Iván Safronov. El reportero fue condenado en 2022 a 22 años de prisión en una colonia penal de régimen estricto tras ser declarado culpable de alta traición. Actualmente cumple condena en la colonia penitenciaria de máxima seguridad IK-7, en la región siberiana de Krasnoyarsk, situada a más de 4.000 kilómetros de Moscú.Safronov trabajó durante años para medios próximos al ‘establishment’ ruso y no era considerado especialmente crítico con el Kremlin. Especializado en asuntos militares, de defensa y del sector espacial, siempre defendió que la información utilizada en sus investigaciones procedía de fuentes abiertas y publicaciones accesibles al público. La Fiscalía llegó a ofrecerle una reducción de la condena hasta los 12 años de prisión a cambio de que reconociera su culpabilidad. Él se negó y mantuvo su inocencia hasta el final del proceso. «Detenido un ciudadano acusado de espiar para Ucrania» es un titular cada vez más habitual en la prensa rusa. Más de 1.900 personas han tenido que defenderse de acusaciones como «traición», «espionaje» o «colaboración con un Estado extranjero» desde 2022, año en el que comenzó la guerra contra Ucrania. El último caso de un presunto traidor arrestado se registró este mismo martes. Las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre al que acusan de compartir con Kiev información sobre infraestructuras clave de la provincia rusa de Riazán.El conflicto ruso-ucraniano, lejos de ser una «operación militar especial» de pocos días, como las autoridades rusas tenían en mente al iniciar la invasión, se ha prolongado durante más de cuatro años. Y ese golpe de realidad ha alimentado la paranoia del Kremlin hacia sus propios ciudadanos.Las cifras actuales pulverizan cualquier precedente. En 2021 solo 14 personas fueron juzgadas por alta traición y, en los 24 años transcurridos desde la aprobación del actual Código Penal, en 1997, apenas se habían acumulado 170 casos. Vyorstka, un medio crítico con el Kremlin catalogado como «agente extranjero» por las autoridades rusas, reveló que solo durante los seis primeros meses de 2026 fueron juzgadas 312 personas por delitos relacionados con la seguridad del Estado.Durante la mayor parte del periodo comprendido entre 1997 y 2021 hubo menos de un juicio al mes por este tipo de cargos. Incluso el delito de «cooperación confidencial con extranjeros» no existía antes de 2022. Fue creado durante la invasión para castigar contactos no autorizados con otros Estados. Entre 2022 y 2026, más de 1.900 personas han sido acusadas de este y otros delitos similares, y los medios independientes rusos han logrado recopilar información sobre alrededor de 1.500 de ellas. Según la base de datos elaborada por estos medios, solo el 4% tenía acceso real a información clasificada.Detenidos en zonas de guerraUn tercio de los acusados son civiles y otro tercio, ciudadanos ucranianos residentes en Rusia o en territorios controlados por Moscú. Es el caso del hombre detenido este martes en Riazán. Aunque obtuvo la nacionalidad rusa en 2022, nació en Ucrania. La mayoría de los ucranianos acusados de estos delitos residían en las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. La comunidad internacional sigue reconociendo estas provincias como parte de Ucrania, pese a que se encuentran bajo control total o parcial de Rusia.Según denuncian organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchos de los detenidos en los territorios anexionados fueron acusados únicamente por tomar fotografías cerca de convoyes militares rusos o por conservar mensajes críticos con la ocupación. Personal de la ONU entrevistó a 403 civiles liberados. El 85% denunció haber sufrido torturas, agresiones sexuales, palizas y condiciones inhumanas de detención, incluida la privación de agua, alimentos y asistencia médica.Condenas en aumentoLas penas impuestas por estos delitos han aumentado de forma constante. La condena media era de 12 años en 2022, mientras que en 2026 ya alcanza los 16 años. Diez personas han sido condenadas incluso a cadena perpetua, una pena que antes de la guerra se reservaba habitualmente para asesinos en serie y delincuentes sexuales especialmente graves. Sin embargo, desde 2022 se introdujeron modificaciones legales que permiten imponer este castigo también a los condenados por traición.En teoría, la legislación rusa contempla la posibilidad de solicitar la libertad condicional tras 25 años de prisión, aunque las peticiones suelen ser rechazadas. Además, los condenados no cumplen sus penas en cárceles ordinarias, sino en colonias penales, instituciones heredadas del sistema penitenciario soviético. Algunas de ellas son conocidas por sus durísimas condiciones, como el ‘Delfín Negro’ o el ‘Búho Polar’. Allí permanecen separados de la población reclusa común.En muchos casos, la identidad de los condenados no se hace pública. Sin embargo, existe una excepción especialmente conocida: la del periodista Iván Safronov. El reportero fue condenado en 2022 a 22 años de prisión en una colonia penal de régimen estricto tras ser declarado culpable de alta traición. Actualmente cumple condena en la colonia penitenciaria de máxima seguridad IK-7, en la región siberiana de Krasnoyarsk, situada a más de 4.000 kilómetros de Moscú.Safronov trabajó durante años para medios próximos al ‘establishment’ ruso y no era considerado especialmente crítico con el Kremlin. Especializado en asuntos militares, de defensa y del sector espacial, siempre defendió que la información utilizada en sus investigaciones procedía de fuentes abiertas y publicaciones accesibles al público. La Fiscalía llegó a ofrecerle una reducción de la condena hasta los 12 años de prisión a cambio de que reconociera su culpabilidad. Él se negó y mantuvo su inocencia hasta el final del proceso. RSS de noticias de internacional
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