Como un náufrago que ya divisa tierra firme, el Gobierno prácticamente está tocando el verano con la punta de los dedos. El descanso estival se antoja —un año más— ese horizonte franqueable para poder aflojar la presión y resetear la estrategia de cara a septiembre. En Moncloa llegan, de nuevo, exhaustos. Cercados por los casos judiciales que les atenazan por el frente familiar —con la sentencia al hermano del presidente y el aval al juicio oral a Begoña Gómez— y en el puramente político, tras la condena a José Luis Ábalos y con otros procesos que siguen elevando la preocupación en las filas socialistas: Leire Díez, la causa sobre la financiación del PSOE o la investigación de Plus Ultra, con la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero y derivadas que podrían llegar a alcanzar a la SEPI o al Consejo de Ministros que aprobó el rescate a la aerolínea. Con todos estos elementos en la arena judicial, Pedro Sánchez se someterá al tradicional balance de fin de curso el próximo martes y tras participar en el despacho con el Rey Felipe VI en Marivent (Palma) pondrá rumbo a sus vacaciones. En el Ejecutivo trabajan para alumbrar en el último Consejo de Ministros de julio el decreto sobre medidas de vivienda con el objetivo de proyectar cierta proactividad ejecutiva, pero lo cierto es que siguen adoleciendo de una debilidad parlamentaria que obliga a una cuadratura del círculo ciertamente complicada para su aprobación. El grueso de las cuestiones pendientes se dejan ya para la vuelta. No tanto por falta de tiempo, que también, sino por una mera apuesta estratégica. El jueves, el Congreso de los Diputados cumplió el guion esperado y tumbó por segunda vez la senda de estabilidad . No se esperaban resultados diferentes llevando los mismos números que se habían rechazado previamente, hace una semana y hace un año. En la práctica, la derrota es un puro trámite para seguir adelante con la pauta presupuestaria, que, ahora, deberá diseñarse en base a los cálculos de déficit vigentes. Ya después del verano, Sánchez decidirá cuándo activa el calendario de las cuentas públicas y, por extensión, quizá también el electoral. En Moncloa no se comprometen a cumplir la Constitución , esto es, a presentarlas para su aprobación antes del 31 de septiembre como estipula la Carta Magna. Los plazos no son un obstáculo, dado que existe tiempo material para hacerlo, porque si se presentaran al inicio del periodo de sesiones, en tres semanas podría agendarse la votación. Sin embargo, en el Gobierno están valorando utilizar los Presupuestos como palanca para llamar anticipadamente a las urnas. Los comicios se sitúan tentativamente en el primer trimestre de 2027 y esto chocaría con el mandato constitucional de presentarlas antes de que acabe el tercer trimestre. En el entorno del presidente explican que aprovechará las semanas de descanso para decidir qué hacer, pero a la espera de decisiones, desde el Ejecutivo ya han activado el adelanto electoral. Al menos, en todo lo que respecta a su operativa y que cabe ir preparando con cierta anticipación. El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, a través de la Dirección General de Política Interior, publicó este lunes una licitación clave de cara a la convocatoria de los comicios . Se trata de un contrato con procedimiento abierto para realizar el escrutinio de los votos. Esto es, la empresa beneficiaria deberá proveer los servicios informáticos para la recogida de datos que garantice «la gestión de la información electoral, el desarrollo de una plataforma web informativa del proceso, servicios de apoyo a las Juntas Electorales territoriales y el procesamiento de los resultados definitivos». El tiempo medio que tardará en adjudicarse es aproximadamente de dos a cinco meses, lo que encaja con las previsiones que manejan en Moncloa. La licitación cuenta con un presupuesto de más de 46 millones de euros y se suma a la que ya se resolvió hace solo dos meses para adjudicar la provisión de urnas, sobres, papeletas impresas, kits de oficina para mesas electorales, cabinas de votación, señalización y material auxiliar.El pasado mes de mayo se adjudicó la provisión de urnas, sobres y papeletas para las mesas electorales de los próximos comiciosMientras se pone en marcha la maquinaria electoral, se echa el freno a las cuestiones políticas más controvertidas. En el Gobierno asumen que, a medida que se acerquen las urnas, habrá un distanciamiento progresivo de sus aliados parlamentarios y desde Moncloa también van a contribuir a esta separación para tratar de limitar el perjuicio que generan ciertos pactos en sus expectativas electorales. En el Ejecutivo han puesto en pausa algunas las cesiones que tenían previsto desbloquear o, al menos, impulsar antes del verano como gesto para seguir cultivando su precaria mayoría parlamentaria. Hacienda ha dejado en suspenso la soberanía fiscal para Cataluña, tal como se deduce del borrador sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que el Ministerio de Arcadi España ha remitido a las comunidades autónomas y en el que no hay ni rastro de la cesión de competencias sobre el IRPF ni mención alguna a la Agencia Tributaria catalana. Desde la Generalitat, comandada por Salvador Illa, tampoco se atreven a calendarizar los avances en este sentido ni tienen urgencia en materializar una competencia diluida.En lo que atañe al propio modelo de financiación, en Moncloa han preferido también procrastinar y dejarlo en el cajón de los asuntos pendientes para septiembre. Si en un inicio estaba previsto poder aprobarlo en Consejo de Ministros antes del descanso estival, hace días que se decidió posponerlo para el nuevo curso. Este retraso complica en sí misma la viabilidad de la propuesta, porque el margen temporal se estrecha —apenas restan unos meses de legislatura— y el Gobierno tampoco tiene los apoyos suficientes para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, debido a las suspicacias que genera el trato de favor a Cataluña. Ni siquiera los socios catalanes de Junts parecen dispuestos a avalarlo. Este es uno de los melones que María Jesús Montero le dejó abierto —y sin culminar— a su sucesor antes de asumir las riendas del PSOE en Andalucía.El modelo de financiación autonómica, que el Consejo de Ministros preveía aprobar en julio, se deja ya para el próximo cursoOtros aliados, en este caso los nacionalistas vascos, también tendrán que esperar a la vuelta del verano para seguir avanzando en los compromisos pendientes. Prácticamente sin tiempo para celebrarlo, Sánchez y el lendakari, Imanol Pradales, han decidido retrasar el encuentro previsto para este mes de julio por falta de acuerdo en las negociaciones para culminar el traspaso de más competencias. En concreto, se trata de algunas cuestiones sobre Seguridad Social —las prestaciones familiares contributivas y las de incapacidad—, también las relacionadas con las mutuas colaboradoras y sobre puertos. «Las posiciones están muy alejadas», reconocen desde el Gobierno vasco. De este modo, la Comisión Bilateral de Cooperación se celebrará cuando existan avances suficientes que se puedan sellar en el encuentro.La mayoría de aliados parlamentarios del Ejecutivo se enfrenta a una disyuntiva. Conscientes de que la legislatura está en tiempo de descuento y ante la certeza de que un futuro gobierno de PP y Vox será menos permeable a sus exigencias —por afinidad ideológica, pero también por su suficiente solvencia aritmética— se debaten entre tratar de exprimir al máximo la debilidad de Sánchez para conseguir sus pretensiones en el tiempo que le quede o empezar a distanciarse de un Ejecutivo que se ha convertido ya en un activo tóxico por la sombra de la corrupción que se cierne sobre él. Además, algunos socios son también potenciales rivales en las urnas en el ciclo electoral municipal y autonómico, por lo que los equilibrios se extreman al máximo. Modo campañaCon ello, las suspicacias se han disparado y los otrora aliados ven en cada gesto del Gobierno un acto de campaña. También en el PP han activado el modo electoral. En el entorno de Alberto Núñez Feijó no descartan que el presidente del Gobierno dé la sorpresa y adelante las elecciones antes de que termine el año. Así, todos los partidos creen que a partir de septiembre el clima de confrontación habitual se recrudecerá todavía más, porque la legislatura entrará en los minutos de descuento. En Moncloa ya llevan semanas en esta dinámica y no ocultan que los últimos coletazos del mandato estarán dirigidos a lanzar grandes medidas sociales, aunque sea como mejor eslogan —ante la incapacidad de que puedan ser aprobadas en el Congreso—, o para tratar de perpetuar su legado.Junts y Podemos amenazan el decreto de vivienda Pedro Sánchez tenía un plan. Quería poner el broche al curso político, que parlamentariamente ha acabado con una doble derrota a la senda de estabilidad, alumbrando en Consejo de Ministros un decreto sobre vivienda. La gran asignatura pendiente de la coalición progresista volverá a quedar para septiembre bajo amenaza cierta de repetir el suspenso. Pese a que en Moncloa aspiraban a diseñar un texto que pudiera vencer los vetos recíprocos de una mayoría de investidura incompatible entre sí, el portazo de Junts y Podemos condena, en la práctica, el último intento del Gobierno para cerrar julio proyectando cierta iniciativa política. Los morados piden retirar la reforma del suelo que se ha introducido por la puerta de atrás, mientras que los independentistas catalanes quieren incluir su sello con iniciativas dirigidas a acabar con la ocupación de viviendas. La sensación es que el texto tiene muy complicada su viabilidad parlamentaria. En Vivienda evitan pronunciarse sobre cualquier extremo hasta que acaben las negociaciones y Sumar trata de marca perfil y rentabilizar los avances, anunciando los acuerdos que consiguen arrancar a la parte socialista.En este capítulo se integra la gran apuesta en inversión en dependencia, con una inyección récord de 6.200 millones de euros para 2026 y con el objetivo de que la aportación del Estado supere los 7.200 millones el año que viene. De este modo, en el Gobierno tratan de justificar que «merece la pena» seguir gobernando y a través de una lluvia de recursos para servicios públicos alejar el debate de los tribunales y centrarlo en la política, donde quieren reivindicar un modelo propio de gestión, apostando por el gasto social y confrontando con las políticas de las comunidades del PP que —a su juicio— apuestan por el recorte en derechos y las privatizaciones. Una forma de tratar de exhibir músculo ideológico en un momento de profunda debilidad política por todos los escándalos que capitalizan la conversación pública. Como un náufrago que ya divisa tierra firme, el Gobierno prácticamente está tocando el verano con la punta de los dedos. El descanso estival se antoja —un año más— ese horizonte franqueable para poder aflojar la presión y resetear la estrategia de cara a septiembre. En Moncloa llegan, de nuevo, exhaustos. Cercados por los casos judiciales que les atenazan por el frente familiar —con la sentencia al hermano del presidente y el aval al juicio oral a Begoña Gómez— y en el puramente político, tras la condena a José Luis Ábalos y con otros procesos que siguen elevando la preocupación en las filas socialistas: Leire Díez, la causa sobre la financiación del PSOE o la investigación de Plus Ultra, con la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero y derivadas que podrían llegar a alcanzar a la SEPI o al Consejo de Ministros que aprobó el rescate a la aerolínea. Con todos estos elementos en la arena judicial, Pedro Sánchez se someterá al tradicional balance de fin de curso el próximo martes y tras participar en el despacho con el Rey Felipe VI en Marivent (Palma) pondrá rumbo a sus vacaciones. En el Ejecutivo trabajan para alumbrar en el último Consejo de Ministros de julio el decreto sobre medidas de vivienda con el objetivo de proyectar cierta proactividad ejecutiva, pero lo cierto es que siguen adoleciendo de una debilidad parlamentaria que obliga a una cuadratura del círculo ciertamente complicada para su aprobación. El grueso de las cuestiones pendientes se dejan ya para la vuelta. No tanto por falta de tiempo, que también, sino por una mera apuesta estratégica. El jueves, el Congreso de los Diputados cumplió el guion esperado y tumbó por segunda vez la senda de estabilidad . No se esperaban resultados diferentes llevando los mismos números que se habían rechazado previamente, hace una semana y hace un año. En la práctica, la derrota es un puro trámite para seguir adelante con la pauta presupuestaria, que, ahora, deberá diseñarse en base a los cálculos de déficit vigentes. Ya después del verano, Sánchez decidirá cuándo activa el calendario de las cuentas públicas y, por extensión, quizá también el electoral. En Moncloa no se comprometen a cumplir la Constitución , esto es, a presentarlas para su aprobación antes del 31 de septiembre como estipula la Carta Magna. Los plazos no son un obstáculo, dado que existe tiempo material para hacerlo, porque si se presentaran al inicio del periodo de sesiones, en tres semanas podría agendarse la votación. Sin embargo, en el Gobierno están valorando utilizar los Presupuestos como palanca para llamar anticipadamente a las urnas. Los comicios se sitúan tentativamente en el primer trimestre de 2027 y esto chocaría con el mandato constitucional de presentarlas antes de que acabe el tercer trimestre. En el entorno del presidente explican que aprovechará las semanas de descanso para decidir qué hacer, pero a la espera de decisiones, desde el Ejecutivo ya han activado el adelanto electoral. Al menos, en todo lo que respecta a su operativa y que cabe ir preparando con cierta anticipación. El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, a través de la Dirección General de Política Interior, publicó este lunes una licitación clave de cara a la convocatoria de los comicios . Se trata de un contrato con procedimiento abierto para realizar el escrutinio de los votos. Esto es, la empresa beneficiaria deberá proveer los servicios informáticos para la recogida de datos que garantice «la gestión de la información electoral, el desarrollo de una plataforma web informativa del proceso, servicios de apoyo a las Juntas Electorales territoriales y el procesamiento de los resultados definitivos». El tiempo medio que tardará en adjudicarse es aproximadamente de dos a cinco meses, lo que encaja con las previsiones que manejan en Moncloa. La licitación cuenta con un presupuesto de más de 46 millones de euros y se suma a la que ya se resolvió hace solo dos meses para adjudicar la provisión de urnas, sobres, papeletas impresas, kits de oficina para mesas electorales, cabinas de votación, señalización y material auxiliar.El pasado mes de mayo se adjudicó la provisión de urnas, sobres y papeletas para las mesas electorales de los próximos comiciosMientras se pone en marcha la maquinaria electoral, se echa el freno a las cuestiones políticas más controvertidas. En el Gobierno asumen que, a medida que se acerquen las urnas, habrá un distanciamiento progresivo de sus aliados parlamentarios y desde Moncloa también van a contribuir a esta separación para tratar de limitar el perjuicio que generan ciertos pactos en sus expectativas electorales. En el Ejecutivo han puesto en pausa algunas las cesiones que tenían previsto desbloquear o, al menos, impulsar antes del verano como gesto para seguir cultivando su precaria mayoría parlamentaria. Hacienda ha dejado en suspenso la soberanía fiscal para Cataluña, tal como se deduce del borrador sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que el Ministerio de Arcadi España ha remitido a las comunidades autónomas y en el que no hay ni rastro de la cesión de competencias sobre el IRPF ni mención alguna a la Agencia Tributaria catalana. Desde la Generalitat, comandada por Salvador Illa, tampoco se atreven a calendarizar los avances en este sentido ni tienen urgencia en materializar una competencia diluida.En lo que atañe al propio modelo de financiación, en Moncloa han preferido también procrastinar y dejarlo en el cajón de los asuntos pendientes para septiembre. Si en un inicio estaba previsto poder aprobarlo en Consejo de Ministros antes del descanso estival, hace días que se decidió posponerlo para el nuevo curso. Este retraso complica en sí misma la viabilidad de la propuesta, porque el margen temporal se estrecha —apenas restan unos meses de legislatura— y el Gobierno tampoco tiene los apoyos suficientes para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, debido a las suspicacias que genera el trato de favor a Cataluña. Ni siquiera los socios catalanes de Junts parecen dispuestos a avalarlo. Este es uno de los melones que María Jesús Montero le dejó abierto —y sin culminar— a su sucesor antes de asumir las riendas del PSOE en Andalucía.El modelo de financiación autonómica, que el Consejo de Ministros preveía aprobar en julio, se deja ya para el próximo cursoOtros aliados, en este caso los nacionalistas vascos, también tendrán que esperar a la vuelta del verano para seguir avanzando en los compromisos pendientes. Prácticamente sin tiempo para celebrarlo, Sánchez y el lendakari, Imanol Pradales, han decidido retrasar el encuentro previsto para este mes de julio por falta de acuerdo en las negociaciones para culminar el traspaso de más competencias. En concreto, se trata de algunas cuestiones sobre Seguridad Social —las prestaciones familiares contributivas y las de incapacidad—, también las relacionadas con las mutuas colaboradoras y sobre puertos. «Las posiciones están muy alejadas», reconocen desde el Gobierno vasco. De este modo, la Comisión Bilateral de Cooperación se celebrará cuando existan avances suficientes que se puedan sellar en el encuentro.La mayoría de aliados parlamentarios del Ejecutivo se enfrenta a una disyuntiva. Conscientes de que la legislatura está en tiempo de descuento y ante la certeza de que un futuro gobierno de PP y Vox será menos permeable a sus exigencias —por afinidad ideológica, pero también por su suficiente solvencia aritmética— se debaten entre tratar de exprimir al máximo la debilidad de Sánchez para conseguir sus pretensiones en el tiempo que le quede o empezar a distanciarse de un Ejecutivo que se ha convertido ya en un activo tóxico por la sombra de la corrupción que se cierne sobre él. Además, algunos socios son también potenciales rivales en las urnas en el ciclo electoral municipal y autonómico, por lo que los equilibrios se extreman al máximo. Modo campañaCon ello, las suspicacias se han disparado y los otrora aliados ven en cada gesto del Gobierno un acto de campaña. También en el PP han activado el modo electoral. En el entorno de Alberto Núñez Feijó no descartan que el presidente del Gobierno dé la sorpresa y adelante las elecciones antes de que termine el año. Así, todos los partidos creen que a partir de septiembre el clima de confrontación habitual se recrudecerá todavía más, porque la legislatura entrará en los minutos de descuento. En Moncloa ya llevan semanas en esta dinámica y no ocultan que los últimos coletazos del mandato estarán dirigidos a lanzar grandes medidas sociales, aunque sea como mejor eslogan —ante la incapacidad de que puedan ser aprobadas en el Congreso—, o para tratar de perpetuar su legado.Junts y Podemos amenazan el decreto de vivienda Pedro Sánchez tenía un plan. Quería poner el broche al curso político, que parlamentariamente ha acabado con una doble derrota a la senda de estabilidad, alumbrando en Consejo de Ministros un decreto sobre vivienda. La gran asignatura pendiente de la coalición progresista volverá a quedar para septiembre bajo amenaza cierta de repetir el suspenso. Pese a que en Moncloa aspiraban a diseñar un texto que pudiera vencer los vetos recíprocos de una mayoría de investidura incompatible entre sí, el portazo de Junts y Podemos condena, en la práctica, el último intento del Gobierno para cerrar julio proyectando cierta iniciativa política. Los morados piden retirar la reforma del suelo que se ha introducido por la puerta de atrás, mientras que los independentistas catalanes quieren incluir su sello con iniciativas dirigidas a acabar con la ocupación de viviendas. La sensación es que el texto tiene muy complicada su viabilidad parlamentaria. En Vivienda evitan pronunciarse sobre cualquier extremo hasta que acaben las negociaciones y Sumar trata de marca perfil y rentabilizar los avances, anunciando los acuerdos que consiguen arrancar a la parte socialista.En este capítulo se integra la gran apuesta en inversión en dependencia, con una inyección récord de 6.200 millones de euros para 2026 y con el objetivo de que la aportación del Estado supere los 7.200 millones el año que viene. De este modo, en el Gobierno tratan de justificar que «merece la pena» seguir gobernando y a través de una lluvia de recursos para servicios públicos alejar el debate de los tribunales y centrarlo en la política, donde quieren reivindicar un modelo propio de gestión, apostando por el gasto social y confrontando con las políticas de las comunidades del PP que —a su juicio— apuestan por el recorte en derechos y las privatizaciones. Una forma de tratar de exhibir músculo ideológico en un momento de profunda debilidad política por todos los escándalos que capitalizan la conversación pública. Como un náufrago que ya divisa tierra firme, el Gobierno prácticamente está tocando el verano con la punta de los dedos. El descanso estival se antoja —un año más— ese horizonte franqueable para poder aflojar la presión y resetear la estrategia de cara a septiembre. En Moncloa llegan, de nuevo, exhaustos. Cercados por los casos judiciales que les atenazan por el frente familiar —con la sentencia al hermano del presidente y el aval al juicio oral a Begoña Gómez— y en el puramente político, tras la condena a José Luis Ábalos y con otros procesos que siguen elevando la preocupación en las filas socialistas: Leire Díez, la causa sobre la financiación del PSOE o la investigación de Plus Ultra, con la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero y derivadas que podrían llegar a alcanzar a la SEPI o al Consejo de Ministros que aprobó el rescate a la aerolínea. Con todos estos elementos en la arena judicial, Pedro Sánchez se someterá al tradicional balance de fin de curso el próximo martes y tras participar en el despacho con el Rey Felipe VI en Marivent (Palma) pondrá rumbo a sus vacaciones. En el Ejecutivo trabajan para alumbrar en el último Consejo de Ministros de julio el decreto sobre medidas de vivienda con el objetivo de proyectar cierta proactividad ejecutiva, pero lo cierto es que siguen adoleciendo de una debilidad parlamentaria que obliga a una cuadratura del círculo ciertamente complicada para su aprobación. El grueso de las cuestiones pendientes se dejan ya para la vuelta. No tanto por falta de tiempo, que también, sino por una mera apuesta estratégica. El jueves, el Congreso de los Diputados cumplió el guion esperado y tumbó por segunda vez la senda de estabilidad . No se esperaban resultados diferentes llevando los mismos números que se habían rechazado previamente, hace una semana y hace un año. En la práctica, la derrota es un puro trámite para seguir adelante con la pauta presupuestaria, que, ahora, deberá diseñarse en base a los cálculos de déficit vigentes. Ya después del verano, Sánchez decidirá cuándo activa el calendario de las cuentas públicas y, por extensión, quizá también el electoral. En Moncloa no se comprometen a cumplir la Constitución , esto es, a presentarlas para su aprobación antes del 31 de septiembre como estipula la Carta Magna. Los plazos no son un obstáculo, dado que existe tiempo material para hacerlo, porque si se presentaran al inicio del periodo de sesiones, en tres semanas podría agendarse la votación. Sin embargo, en el Gobierno están valorando utilizar los Presupuestos como palanca para llamar anticipadamente a las urnas. Los comicios se sitúan tentativamente en el primer trimestre de 2027 y esto chocaría con el mandato constitucional de presentarlas antes de que acabe el tercer trimestre. En el entorno del presidente explican que aprovechará las semanas de descanso para decidir qué hacer, pero a la espera de decisiones, desde el Ejecutivo ya han activado el adelanto electoral. Al menos, en todo lo que respecta a su operativa y que cabe ir preparando con cierta anticipación. El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, a través de la Dirección General de Política Interior, publicó este lunes una licitación clave de cara a la convocatoria de los comicios . Se trata de un contrato con procedimiento abierto para realizar el escrutinio de los votos. Esto es, la empresa beneficiaria deberá proveer los servicios informáticos para la recogida de datos que garantice «la gestión de la información electoral, el desarrollo de una plataforma web informativa del proceso, servicios de apoyo a las Juntas Electorales territoriales y el procesamiento de los resultados definitivos». El tiempo medio que tardará en adjudicarse es aproximadamente de dos a cinco meses, lo que encaja con las previsiones que manejan en Moncloa. La licitación cuenta con un presupuesto de más de 46 millones de euros y se suma a la que ya se resolvió hace solo dos meses para adjudicar la provisión de urnas, sobres, papeletas impresas, kits de oficina para mesas electorales, cabinas de votación, señalización y material auxiliar.El pasado mes de mayo se adjudicó la provisión de urnas, sobres y papeletas para las mesas electorales de los próximos comiciosMientras se pone en marcha la maquinaria electoral, se echa el freno a las cuestiones políticas más controvertidas. En el Gobierno asumen que, a medida que se acerquen las urnas, habrá un distanciamiento progresivo de sus aliados parlamentarios y desde Moncloa también van a contribuir a esta separación para tratar de limitar el perjuicio que generan ciertos pactos en sus expectativas electorales. En el Ejecutivo han puesto en pausa algunas las cesiones que tenían previsto desbloquear o, al menos, impulsar antes del verano como gesto para seguir cultivando su precaria mayoría parlamentaria. Hacienda ha dejado en suspenso la soberanía fiscal para Cataluña, tal como se deduce del borrador sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que el Ministerio de Arcadi España ha remitido a las comunidades autónomas y en el que no hay ni rastro de la cesión de competencias sobre el IRPF ni mención alguna a la Agencia Tributaria catalana. Desde la Generalitat, comandada por Salvador Illa, tampoco se atreven a calendarizar los avances en este sentido ni tienen urgencia en materializar una competencia diluida.En lo que atañe al propio modelo de financiación, en Moncloa han preferido también procrastinar y dejarlo en el cajón de los asuntos pendientes para septiembre. Si en un inicio estaba previsto poder aprobarlo en Consejo de Ministros antes del descanso estival, hace días que se decidió posponerlo para el nuevo curso. Este retraso complica en sí misma la viabilidad de la propuesta, porque el margen temporal se estrecha —apenas restan unos meses de legislatura— y el Gobierno tampoco tiene los apoyos suficientes para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, debido a las suspicacias que genera el trato de favor a Cataluña. Ni siquiera los socios catalanes de Junts parecen dispuestos a avalarlo. Este es uno de los melones que María Jesús Montero le dejó abierto —y sin culminar— a su sucesor antes de asumir las riendas del PSOE en Andalucía.El modelo de financiación autonómica, que el Consejo de Ministros preveía aprobar en julio, se deja ya para el próximo cursoOtros aliados, en este caso los nacionalistas vascos, también tendrán que esperar a la vuelta del verano para seguir avanzando en los compromisos pendientes. Prácticamente sin tiempo para celebrarlo, Sánchez y el lendakari, Imanol Pradales, han decidido retrasar el encuentro previsto para este mes de julio por falta de acuerdo en las negociaciones para culminar el traspaso de más competencias. En concreto, se trata de algunas cuestiones sobre Seguridad Social —las prestaciones familiares contributivas y las de incapacidad—, también las relacionadas con las mutuas colaboradoras y sobre puertos. «Las posiciones están muy alejadas», reconocen desde el Gobierno vasco. De este modo, la Comisión Bilateral de Cooperación se celebrará cuando existan avances suficientes que se puedan sellar en el encuentro.La mayoría de aliados parlamentarios del Ejecutivo se enfrenta a una disyuntiva. Conscientes de que la legislatura está en tiempo de descuento y ante la certeza de que un futuro gobierno de PP y Vox será menos permeable a sus exigencias —por afinidad ideológica, pero también por su suficiente solvencia aritmética— se debaten entre tratar de exprimir al máximo la debilidad de Sánchez para conseguir sus pretensiones en el tiempo que le quede o empezar a distanciarse de un Ejecutivo que se ha convertido ya en un activo tóxico por la sombra de la corrupción que se cierne sobre él. Además, algunos socios son también potenciales rivales en las urnas en el ciclo electoral municipal y autonómico, por lo que los equilibrios se extreman al máximo. Modo campañaCon ello, las suspicacias se han disparado y los otrora aliados ven en cada gesto del Gobierno un acto de campaña. También en el PP han activado el modo electoral. En el entorno de Alberto Núñez Feijó no descartan que el presidente del Gobierno dé la sorpresa y adelante las elecciones antes de que termine el año. Así, todos los partidos creen que a partir de septiembre el clima de confrontación habitual se recrudecerá todavía más, porque la legislatura entrará en los minutos de descuento. En Moncloa ya llevan semanas en esta dinámica y no ocultan que los últimos coletazos del mandato estarán dirigidos a lanzar grandes medidas sociales, aunque sea como mejor eslogan —ante la incapacidad de que puedan ser aprobadas en el Congreso—, o para tratar de perpetuar su legado.Junts y Podemos amenazan el decreto de vivienda Pedro Sánchez tenía un plan. Quería poner el broche al curso político, que parlamentariamente ha acabado con una doble derrota a la senda de estabilidad, alumbrando en Consejo de Ministros un decreto sobre vivienda. La gran asignatura pendiente de la coalición progresista volverá a quedar para septiembre bajo amenaza cierta de repetir el suspenso. Pese a que en Moncloa aspiraban a diseñar un texto que pudiera vencer los vetos recíprocos de una mayoría de investidura incompatible entre sí, el portazo de Junts y Podemos condena, en la práctica, el último intento del Gobierno para cerrar julio proyectando cierta iniciativa política. Los morados piden retirar la reforma del suelo que se ha introducido por la puerta de atrás, mientras que los independentistas catalanes quieren incluir su sello con iniciativas dirigidas a acabar con la ocupación de viviendas. La sensación es que el texto tiene muy complicada su viabilidad parlamentaria. En Vivienda evitan pronunciarse sobre cualquier extremo hasta que acaben las negociaciones y Sumar trata de marca perfil y rentabilizar los avances, anunciando los acuerdos que consiguen arrancar a la parte socialista.En este capítulo se integra la gran apuesta en inversión en dependencia, con una inyección récord de 6.200 millones de euros para 2026 y con el objetivo de que la aportación del Estado supere los 7.200 millones el año que viene. De este modo, en el Gobierno tratan de justificar que «merece la pena» seguir gobernando y a través de una lluvia de recursos para servicios públicos alejar el debate de los tribunales y centrarlo en la política, donde quieren reivindicar un modelo propio de gestión, apostando por el gasto social y confrontando con las políticas de las comunidades del PP que —a su juicio— apuestan por el recorte en derechos y las privatizaciones. Una forma de tratar de exhibir músculo ideológico en un momento de profunda debilidad política por todos los escándalos que capitalizan la conversación pública. RSS de noticias de espana
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