Cuando el sector agrícola español atraviesa su peor crisis de costes desde 2022, debido a una guerra en Irán que ha reeditado el ‘shock’ provocado por la invasión rusa de Ucrania al disparar el precio del combustible y los fertilizantes, un mes después de que los productores de trigo, cebada, avena, centeno, arroz, alfalfa o maíz terminaran la cosecha «más cara de la historia», según denunciaron a este periódico, y a cuatro meses de que el cereal de verano empiece otra siembra que se promete igual de funesta, esta mañana el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un plan a largo plazo con el que el Gobierno pretende atajar la crisis por su flanco más débil: el de los fertilizantes. Lo ha hecho en un acto en San Martín de la Vega (Madrid) en el que le acompañaba el ministro de Agricultura, Luis Planas, y después de asistir a una demostración de lo que se conoce como ‘fertilización de precisión’, una tecnología aún en un estado muy primario que consiste en la aplicación quirúrgica de bioestimulantes solamente allá donde la tierra los necesite, con ánimo de que una vez llegue el momento de abonar, se puedan conseguir los mismos efectos con menor cantidad de químicos. El ‘show’, que ha tenido como protagonista a un dron de la multinacional Fertinagro Biotech que ha hecho las veces de tractor, era pertinente, pues la fertilización de precisión es precisamente uno de los tres ejes de la estrategia presentada esta mañana. Los otros dos, según ha detallado Sánchez, son la consecución de mayor «autonomía estratégica» en un país que importa casi la totalidad de las materias primas que necesita para fabricar abonos químicos y la «transparencia de precios», ha afirmado Sánchez, en alusión a la voluntad del Ejecutivo de crear un sistema de información sobre el mercado de fertilizantes «que nos permita anticiparnos, detectar tensiones y responder con rapidez a situaciones inflacionistas». Hasta ahí puede leerse, pues tanto la dotación económica del llamado Plan Estatal de Fertilizantes como sus ejes concretos de actuación son por el momento desconocidas, pues el Ejecutivo trabaja con un calendario en el que el plan no estaría listo hasta el primer trimestre de 2027, según ha avanzado el presidente. El problema de partida es simple, y es que la industria agroquímica de nuestro país sigue siendo totalmente dependiente de las importaciones de insumos como el gas natural, la urea o el amoníaco para elaborar sus productos, circunstancia que en momentos de crisis geopolítica ha demostrado ser una vulnerabilidad. Desde que empezó la guerra de Ucrania y la UE aplicó sanciones a Rusia, que provee a los agricultores españoles con hasta el 20% de los fertilizantes que necesita, estos se han encarecido un 60%; y desde el inicio de la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y el posterior cierre del estrecho de Ormuz, una vía de agua por la que pasan entre 25% y el 35% (datos del Banco Mundial) de los insumos que se necesitan para fabricar fertilizantes, su precio ha aumentado más de un 30%. Como se ha visto, para reducir esta dependencia el Gobierno trabaja pretende espolear tanto la industria de la fertilización de precisión -para ahorrar producto- como la descarbonilación del sector, dos objetivos que son muy a largo plazo pero que en todo caso cuentan con apoyo del sector productivo, según ha expresado a ABC Paloma Pérez, que es secretaria general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE). Durante su alocución, tanto Planas como Sánchez se han referido a los fertilizantes inorgánicos como otra de las vías para resolver el problema; es decir, al uso de deyecciones ganaderas como fertilizante, tras un proceso de tratado que se lleva a cabo, por ejemplo, en plantas de cogeneración de purines. Como ya explicó la organización agraria COAG, en este ámbito España cuenta con un verdadero ‘tesoro’ en bruto. Sirva de ejemplo el caso de las explotaciones porcinas de Cataluña, que cada año generan 1,4 millones de deyecciones excedentarias que actualmente son un coste para los ganaderos, que pagan 2,5 euros por metro cúbico para deshacerse de ellas. Bien empleadas, aseguran desde la organización agraria, esas deyecciones pueden convertirse en una materia prima que genere ingresos de entre 5 y 7 euros por metro cúbico. El problema, de nuevo, está en que la industria de los fertilizantes inorgánicos está muy lejos de poder suplir las necesidades del mercado, tanto por las inversiones acometidas hasta ahora como por los costes; de hecho, y según opinión de Paloma Pérez, los purines son más un complemento que una verdadera alternativa. En lo que refiere al uso de purines como alternativa a la fertilización química, hay que recordar que en este momento una de las principales escollos está en la Directiva Europea de Nitratos, que fija en 170kg por hectárea la cantidad de nitrógeno de origen animal que puede utilizarse en zonas vulnerables, aunque en febrero de este año la Comisión Europea autorizó el uso de 80 kg ‘extra’, siempre que sean purines tratados. En términos generales, el plan presentado hoy por el presidente sigue la estela del plan presentado en mayo por la Comisión Europea, que al fin y al cabo es la que tiene la mayor parte de las competencias en este ámbito; de hecho, hoy el presidente se lo ha recordado al apuntar que la estrategia presentada esta mañana es un «complemento», mientras que los pasos clave tienen que venir «de Bruselas». Ahí es donde se juega la batalla decisiva en lo que respecta a la fertilización, no solo en lo que respecta a la Directiva de Nitratos, que es difícil que vaya a flexibilizarse más debido a los elementos más favorables a la agenda verde en el seno de la Comisión, también en lo que refiere al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), un impuesto implementado en enero de este año para gravar las importaciones de fertilizantes a la UE en función de la contaminación generada durante su producción, y que ya en 2015 encareció estos insumos hasta en un 15%. Los agricultores europeos llevan tiempo pidiendo la eliminación de esta tasa, cosa que se antoja difícil, entre otras cosas porque para hacer esto también debería eliminar o reducir la tasa verde que paga la industria agroquímica comunitaria, pues el MAFC no es más que un mecanismo para igualar las condiciones dentro y fuera de las fronteras de la UE y evitar competencia desleal. Si hoy Sánchez se ha desplazado hasta San Martín de la Vega ha sido, como se ha visto, para hablar de medidas que son muy a largo plazo, mientras que no ha habido referencia alguna a los aspectos más polémicos de la actual normativa europea ni a nuevas ayudas económicas. Desde que empezara el conflicto en Irán, y eso sí lo ha recordado el presidente, el Ministerio de Agricultura ha destinado más de 600 millones de euros en ayudas a la compra de fertilizantes, que han beneficiado a 425.000 productores. Cuando el sector agrícola español atraviesa su peor crisis de costes desde 2022, debido a una guerra en Irán que ha reeditado el ‘shock’ provocado por la invasión rusa de Ucrania al disparar el precio del combustible y los fertilizantes, un mes después de que los productores de trigo, cebada, avena, centeno, arroz, alfalfa o maíz terminaran la cosecha «más cara de la historia», según denunciaron a este periódico, y a cuatro meses de que el cereal de verano empiece otra siembra que se promete igual de funesta, esta mañana el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un plan a largo plazo con el que el Gobierno pretende atajar la crisis por su flanco más débil: el de los fertilizantes. Lo ha hecho en un acto en San Martín de la Vega (Madrid) en el que le acompañaba el ministro de Agricultura, Luis Planas, y después de asistir a una demostración de lo que se conoce como ‘fertilización de precisión’, una tecnología aún en un estado muy primario que consiste en la aplicación quirúrgica de bioestimulantes solamente allá donde la tierra los necesite, con ánimo de que una vez llegue el momento de abonar, se puedan conseguir los mismos efectos con menor cantidad de químicos. El ‘show’, que ha tenido como protagonista a un dron de la multinacional Fertinagro Biotech que ha hecho las veces de tractor, era pertinente, pues la fertilización de precisión es precisamente uno de los tres ejes de la estrategia presentada esta mañana. Los otros dos, según ha detallado Sánchez, son la consecución de mayor «autonomía estratégica» en un país que importa casi la totalidad de las materias primas que necesita para fabricar abonos químicos y la «transparencia de precios», ha afirmado Sánchez, en alusión a la voluntad del Ejecutivo de crear un sistema de información sobre el mercado de fertilizantes «que nos permita anticiparnos, detectar tensiones y responder con rapidez a situaciones inflacionistas». Hasta ahí puede leerse, pues tanto la dotación económica del llamado Plan Estatal de Fertilizantes como sus ejes concretos de actuación son por el momento desconocidas, pues el Ejecutivo trabaja con un calendario en el que el plan no estaría listo hasta el primer trimestre de 2027, según ha avanzado el presidente. El problema de partida es simple, y es que la industria agroquímica de nuestro país sigue siendo totalmente dependiente de las importaciones de insumos como el gas natural, la urea o el amoníaco para elaborar sus productos, circunstancia que en momentos de crisis geopolítica ha demostrado ser una vulnerabilidad. Desde que empezó la guerra de Ucrania y la UE aplicó sanciones a Rusia, que provee a los agricultores españoles con hasta el 20% de los fertilizantes que necesita, estos se han encarecido un 60%; y desde el inicio de la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y el posterior cierre del estrecho de Ormuz, una vía de agua por la que pasan entre 25% y el 35% (datos del Banco Mundial) de los insumos que se necesitan para fabricar fertilizantes, su precio ha aumentado más de un 30%. Como se ha visto, para reducir esta dependencia el Gobierno trabaja pretende espolear tanto la industria de la fertilización de precisión -para ahorrar producto- como la descarbonilación del sector, dos objetivos que son muy a largo plazo pero que en todo caso cuentan con apoyo del sector productivo, según ha expresado a ABC Paloma Pérez, que es secretaria general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE). Durante su alocución, tanto Planas como Sánchez se han referido a los fertilizantes inorgánicos como otra de las vías para resolver el problema; es decir, al uso de deyecciones ganaderas como fertilizante, tras un proceso de tratado que se lleva a cabo, por ejemplo, en plantas de cogeneración de purines. Como ya explicó la organización agraria COAG, en este ámbito España cuenta con un verdadero ‘tesoro’ en bruto. Sirva de ejemplo el caso de las explotaciones porcinas de Cataluña, que cada año generan 1,4 millones de deyecciones excedentarias que actualmente son un coste para los ganaderos, que pagan 2,5 euros por metro cúbico para deshacerse de ellas. Bien empleadas, aseguran desde la organización agraria, esas deyecciones pueden convertirse en una materia prima que genere ingresos de entre 5 y 7 euros por metro cúbico. El problema, de nuevo, está en que la industria de los fertilizantes inorgánicos está muy lejos de poder suplir las necesidades del mercado, tanto por las inversiones acometidas hasta ahora como por los costes; de hecho, y según opinión de Paloma Pérez, los purines son más un complemento que una verdadera alternativa. En lo que refiere al uso de purines como alternativa a la fertilización química, hay que recordar que en este momento una de las principales escollos está en la Directiva Europea de Nitratos, que fija en 170kg por hectárea la cantidad de nitrógeno de origen animal que puede utilizarse en zonas vulnerables, aunque en febrero de este año la Comisión Europea autorizó el uso de 80 kg ‘extra’, siempre que sean purines tratados. En términos generales, el plan presentado hoy por el presidente sigue la estela del plan presentado en mayo por la Comisión Europea, que al fin y al cabo es la que tiene la mayor parte de las competencias en este ámbito; de hecho, hoy el presidente se lo ha recordado al apuntar que la estrategia presentada esta mañana es un «complemento», mientras que los pasos clave tienen que venir «de Bruselas». Ahí es donde se juega la batalla decisiva en lo que respecta a la fertilización, no solo en lo que respecta a la Directiva de Nitratos, que es difícil que vaya a flexibilizarse más debido a los elementos más favorables a la agenda verde en el seno de la Comisión, también en lo que refiere al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), un impuesto implementado en enero de este año para gravar las importaciones de fertilizantes a la UE en función de la contaminación generada durante su producción, y que ya en 2015 encareció estos insumos hasta en un 15%. Los agricultores europeos llevan tiempo pidiendo la eliminación de esta tasa, cosa que se antoja difícil, entre otras cosas porque para hacer esto también debería eliminar o reducir la tasa verde que paga la industria agroquímica comunitaria, pues el MAFC no es más que un mecanismo para igualar las condiciones dentro y fuera de las fronteras de la UE y evitar competencia desleal. Si hoy Sánchez se ha desplazado hasta San Martín de la Vega ha sido, como se ha visto, para hablar de medidas que son muy a largo plazo, mientras que no ha habido referencia alguna a los aspectos más polémicos de la actual normativa europea ni a nuevas ayudas económicas. Desde que empezara el conflicto en Irán, y eso sí lo ha recordado el presidente, el Ministerio de Agricultura ha destinado más de 600 millones de euros en ayudas a la compra de fertilizantes, que han beneficiado a 425.000 productores. Cuando el sector agrícola español atraviesa su peor crisis de costes desde 2022, debido a una guerra en Irán que ha reeditado el ‘shock’ provocado por la invasión rusa de Ucrania al disparar el precio del combustible y los fertilizantes, un mes después de que los productores de trigo, cebada, avena, centeno, arroz, alfalfa o maíz terminaran la cosecha «más cara de la historia», según denunciaron a este periódico, y a cuatro meses de que el cereal de verano empiece otra siembra que se promete igual de funesta, esta mañana el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un plan a largo plazo con el que el Gobierno pretende atajar la crisis por su flanco más débil: el de los fertilizantes. Lo ha hecho en un acto en San Martín de la Vega (Madrid) en el que le acompañaba el ministro de Agricultura, Luis Planas, y después de asistir a una demostración de lo que se conoce como ‘fertilización de precisión’, una tecnología aún en un estado muy primario que consiste en la aplicación quirúrgica de bioestimulantes solamente allá donde la tierra los necesite, con ánimo de que una vez llegue el momento de abonar, se puedan conseguir los mismos efectos con menor cantidad de químicos. El ‘show’, que ha tenido como protagonista a un dron de la multinacional Fertinagro Biotech que ha hecho las veces de tractor, era pertinente, pues la fertilización de precisión es precisamente uno de los tres ejes de la estrategia presentada esta mañana. Los otros dos, según ha detallado Sánchez, son la consecución de mayor «autonomía estratégica» en un país que importa casi la totalidad de las materias primas que necesita para fabricar abonos químicos y la «transparencia de precios», ha afirmado Sánchez, en alusión a la voluntad del Ejecutivo de crear un sistema de información sobre el mercado de fertilizantes «que nos permita anticiparnos, detectar tensiones y responder con rapidez a situaciones inflacionistas». Hasta ahí puede leerse, pues tanto la dotación económica del llamado Plan Estatal de Fertilizantes como sus ejes concretos de actuación son por el momento desconocidas, pues el Ejecutivo trabaja con un calendario en el que el plan no estaría listo hasta el primer trimestre de 2027, según ha avanzado el presidente. El problema de partida es simple, y es que la industria agroquímica de nuestro país sigue siendo totalmente dependiente de las importaciones de insumos como el gas natural, la urea o el amoníaco para elaborar sus productos, circunstancia que en momentos de crisis geopolítica ha demostrado ser una vulnerabilidad. Desde que empezó la guerra de Ucrania y la UE aplicó sanciones a Rusia, que provee a los agricultores españoles con hasta el 20% de los fertilizantes que necesita, estos se han encarecido un 60%; y desde el inicio de la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y el posterior cierre del estrecho de Ormuz, una vía de agua por la que pasan entre 25% y el 35% (datos del Banco Mundial) de los insumos que se necesitan para fabricar fertilizantes, su precio ha aumentado más de un 30%. Como se ha visto, para reducir esta dependencia el Gobierno trabaja pretende espolear tanto la industria de la fertilización de precisión -para ahorrar producto- como la descarbonilación del sector, dos objetivos que son muy a largo plazo pero que en todo caso cuentan con apoyo del sector productivo, según ha expresado a ABC Paloma Pérez, que es secretaria general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE). Durante su alocución, tanto Planas como Sánchez se han referido a los fertilizantes inorgánicos como otra de las vías para resolver el problema; es decir, al uso de deyecciones ganaderas como fertilizante, tras un proceso de tratado que se lleva a cabo, por ejemplo, en plantas de cogeneración de purines. Como ya explicó la organización agraria COAG, en este ámbito España cuenta con un verdadero ‘tesoro’ en bruto. Sirva de ejemplo el caso de las explotaciones porcinas de Cataluña, que cada año generan 1,4 millones de deyecciones excedentarias que actualmente son un coste para los ganaderos, que pagan 2,5 euros por metro cúbico para deshacerse de ellas. Bien empleadas, aseguran desde la organización agraria, esas deyecciones pueden convertirse en una materia prima que genere ingresos de entre 5 y 7 euros por metro cúbico. El problema, de nuevo, está en que la industria de los fertilizantes inorgánicos está muy lejos de poder suplir las necesidades del mercado, tanto por las inversiones acometidas hasta ahora como por los costes; de hecho, y según opinión de Paloma Pérez, los purines son más un complemento que una verdadera alternativa. En lo que refiere al uso de purines como alternativa a la fertilización química, hay que recordar que en este momento una de las principales escollos está en la Directiva Europea de Nitratos, que fija en 170kg por hectárea la cantidad de nitrógeno de origen animal que puede utilizarse en zonas vulnerables, aunque en febrero de este año la Comisión Europea autorizó el uso de 80 kg ‘extra’, siempre que sean purines tratados. En términos generales, el plan presentado hoy por el presidente sigue la estela del plan presentado en mayo por la Comisión Europea, que al fin y al cabo es la que tiene la mayor parte de las competencias en este ámbito; de hecho, hoy el presidente se lo ha recordado al apuntar que la estrategia presentada esta mañana es un «complemento», mientras que los pasos clave tienen que venir «de Bruselas». Ahí es donde se juega la batalla decisiva en lo que respecta a la fertilización, no solo en lo que respecta a la Directiva de Nitratos, que es difícil que vaya a flexibilizarse más debido a los elementos más favorables a la agenda verde en el seno de la Comisión, también en lo que refiere al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), un impuesto implementado en enero de este año para gravar las importaciones de fertilizantes a la UE en función de la contaminación generada durante su producción, y que ya en 2015 encareció estos insumos hasta en un 15%. Los agricultores europeos llevan tiempo pidiendo la eliminación de esta tasa, cosa que se antoja difícil, entre otras cosas porque para hacer esto también debería eliminar o reducir la tasa verde que paga la industria agroquímica comunitaria, pues el MAFC no es más que un mecanismo para igualar las condiciones dentro y fuera de las fronteras de la UE y evitar competencia desleal. Si hoy Sánchez se ha desplazado hasta San Martín de la Vega ha sido, como se ha visto, para hablar de medidas que son muy a largo plazo, mientras que no ha habido referencia alguna a los aspectos más polémicos de la actual normativa europea ni a nuevas ayudas económicas. Desde que empezara el conflicto en Irán, y eso sí lo ha recordado el presidente, el Ministerio de Agricultura ha destinado más de 600 millones de euros en ayudas a la compra de fertilizantes, que han beneficiado a 425.000 productores. RSS de noticias de economia
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