Sin consenso y en el tiempo de descuento. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes el polémico real decreto que fija los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital para los centros de datos. Llega a nueve días de las generales, con las Cortes disueltas y frente a tecnológicas, eléctricas y varias comunidades autónomas. La norma obliga a las instalaciones de 10 MW o más a cubrir el 80% de su consumo con renovables, hora a hora. Quien no lo acredite a tiempo podrá perder el acceso a la red. Moncloa quiere que se publique en el BOE antes de la cita con las urnas, aunque solo entrará en vigor 20 días después, cuando el país ya haya votado.Lo que pase el 29-N decidirá el futuro de una regulación que la industria considera la más exigente de Europa. El Partido Popular se ha comprometido a derogarla si gobierna. Varias autonomías, entre ellas Madrid o Aragón, han anunciado que la recurrirán. La patronal SpainDC llegó a cifrar en 67.000 millones de euros la inversión amenazada. Ahora sostiene que el decreto podría contravenir la normativa europea de digitalización y no descarta llevar el caso a Bruselas.
El Ejecutivo desoye al sector, que cifra en casi 67.000 millones de euros las inversiones en riesgo por el nuevo marco. El PP garantiza que derogará el texto si llega a La Moncloa tras el 29-N
Sin consenso y en el tiempo de descuento. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes el polémico real decreto que fija los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital para los centros de datos. Llega a nueve días de las generales, con las Cortes disueltas y frente a tecnológicas, eléctricas y varias comunidades autónomas. La norma obliga a las instalaciones de 10 MW o más a cubrir el 80% de su consumo con renovables, hora a hora. Quien no lo acredite a tiempo podrá perder el acceso a la red. Moncloa quiere que se publique en el BOE antes de la cita con las urnas, aunque solo entrará en vigor 20 días después, cuando el país ya haya votado.Lo que pase el 29-N decidirá el futuro de una regulación que la industria considera la más exigente de Europa. El Partido Popular se ha comprometido a derogarla si gobierna. Varias autonomías, entre ellas Madrid o Aragón, han anunciado que la recurrirán. La patronal SpainDC llegó a cifrar en 67.000 millones de euros la inversión amenazada. Ahora sostiene que el decreto podría contravenir la normativa europea de digitalización y no descarta llevar el caso a Bruselas.
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