El prestigioso Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) viene pidiendo reiteradamente al Gobierno de Pedro Sánchez desde 2019 —y sin éxito— que someta a revisión por un organismo independiente las limitaciones «al ejercicio de actividades privadas posteriores al cese» de los altos cargos.El apremio es general, pretende endurecer la legislación y no cita específicamente a los ex presidentes del Ejecutivo , pero lógicamente deben considerarse incluidos. El estatuto que regula a los exjefes del Gobierno fue actualizado en 1992 y no establece ninguna limitación para sus negocios privados. La revisión y endurecimiento de las condiciones para los ex altos cargos fue la séptima de las 19 recomendaciones que el Greco —órgano del Consejo de Europa — emitió para nuestro país hace ya casi siete años tras la llamada Quinta Ronda. Es decir, el examen de las medidas para prevenir la corrupción en el Gobierno central y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado . opinion No No El falso legado de Zapatero Ana SánchezDesde entonces, el Greco viene haciendo evaluaciones de seguimiento a nuestro país, concluyendo una y otra vez que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo los deberes. «España no ha implementado satisfactoriamente ni ha abordado de manera satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones», concluyó el último examen, aprobado en junio de 2025. «Las restricciones posteriores al cese de funciones para los cargos políticos y los requisitos de transparencia financiera necesitan reforzarse, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados», insistió el organismo sobre las actividades posteriores al cargo público. La falta de regulación del ‘lobby’ de la que presuntamente se ha aprovechado José Luis Rodríguez Zapatero también fue señalada como otra tarea necesaria para evitar la corrupción. El organismo advirtió que el Ejecutivo pretendía regular el lobby de forma incompleta, sin controlar a los cargos públicos«El Greco lamenta que el proyecto de Ley sobre la Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés —regulación de los lobbies— no haya sido aprobado, ya que tenía como objetivo aumentar la transparencia en las actividades de ‘lobby’ frente al Poder Ejecutivo», cargó en su informe del año pasado.En ese mismo examen también advirtió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretendía afrontar el problema de forma incompleta, sin aumentar el control sobre los miembros del Gobierno . «Se centra en un lado de la ecuación: los grupos de presión, mediante la creación de un registro, el establecimiento de sus obligaciones y la conducta requerida, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento», señaló. «El borrador no menciona el otro lado de la ecuación: los miembros del Ejecutivo, que es el objetivo específico de la recomendación. Es necesario abordar esta cuestión de manera efectiva», denunció.Instar normas sobre el lobismoLa regulación de la actividad del ‘lobby’ es la sexta recomendación de la Quinta Ronda del Greco e insta a establecer normas sobre cómo los miembros del Gobierno «deben mantener contactos con lobistas y otros terceros que buscan influir en la labor legislativa y de otro tipo del Gobierno». Además, obliga a divulgar «información suficiente sobre el propósito de estos contactos, la identidad de las personas con quienes se realizaron las reuniones o en cuyo nombre tuvieron lugar, y el tema específico de la conversación». Sobre esta segunda parte, la transparencia de las agendas, el Greco constató que tampoco había avances. «No se ha añadido nada nuevo a lo que ya se describió en el Informe de Evaluación», recoge su último examen. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ilustra ahora con precisión las grietas del sistema español que el Greco lleva años pidiendo cerrar. Desde que dejó la presidencia del Gobierno en 2011, el exlíder socialista ha desarrollado una intensa y opaca actividad como mediador y asesor en Venezuela, Nicaragua, Cuba, China —regímenes con los que mantuvo relaciones durante su etapa en el poder—. Ninguna de esas actividades fue sometida a escrutinio por falta de regulación. «Las restricciones posteriores al cese de funciones para los cargos políticos y los requisitos de transparencia financiera necesitan reforzarse»El Grupo de Estados contra la Corrupción instó a una revisión de las limitaciones de los negocios privados de los ex altos cargos al examinar nuestra legislación y concluir que «es necesario mejorar el régimen de supervisión y rendición de cuentas». «Las restricciones posteriores al cese de funciones para los cargos políticos y los requisitos de transparencia financiera necesitan reforzarse, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados», abundó. Además, el Greco especificó que si bien la legislación española sobre puertas giratorias está «razonablemente desarrollada sobre el papel» su credibilidad estaba «minada» a ojos de los ciudadanos por su deficiente aplicación en la práctica. Como ejemplo, este organismo citaba que incluso los dos años de incompatibilidad dejan «margen para eludir el espíritu de la ley, por ejemplo, en situaciones en las que el alto cargo puede que no esté trabajando para una empresa que se haya visto afectada por decisiones en las que ha participado, sino para un tercero en su nombre, como un grupo de interés o un bufete de abogados». También señalaba que la incompatibilidad tampoco «aborda la cuestión de la abstención de participar en determinados casos o ámbitos relacionados con las esferas de competencia del alto cargo durante el desempeño del puesto». Bloqueo políticoPor último, el Greco recogía que varios partidos políticos estaban a favor de endurecer el régimen sancionador para los ex altos cargos elevando multas, incluyendo responsabilidades penales y ampliando el plazo de incompatibilidades para reducir el riesgo de corrupción. Pero advertía de que «el consenso político al respecto parece muy poco factible en la actualidad». De ahí que tenga aún más sentido su recomendación de que la revisión de la legislación se lleve a cabo por un organismo independiente.Nuestro país tiene abierto desde 2023 un procedimiento de incumplimiento por la falta de aplicación de las recomendaciones contra la corrupción, y en su último informe, el de 2025, el Greco mostró su disgusto al comprobar que el Gobierno de Pedro Sánchez seguía ignorando las medidas. Por ello, pidió al secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset , que remitiera una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares , advirtiéndole de los incumplimientos. Albares se la remitió al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños , que respondió a Berset asegurando que estaban en marcha reformas para cumplir las recomendaciones. Casi un año después, al menos la recomendación séptima sigue sin cumplirse, como acaba de poner de manifiesto la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero . El prestigioso Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) viene pidiendo reiteradamente al Gobierno de Pedro Sánchez desde 2019 —y sin éxito— que someta a revisión por un organismo independiente las limitaciones «al ejercicio de actividades privadas posteriores al cese» de los altos cargos.El apremio es general, pretende endurecer la legislación y no cita específicamente a los ex presidentes del Ejecutivo , pero lógicamente deben considerarse incluidos. El estatuto que regula a los exjefes del Gobierno fue actualizado en 1992 y no establece ninguna limitación para sus negocios privados. La revisión y endurecimiento de las condiciones para los ex altos cargos fue la séptima de las 19 recomendaciones que el Greco —órgano del Consejo de Europa — emitió para nuestro país hace ya casi siete años tras la llamada Quinta Ronda. Es decir, el examen de las medidas para prevenir la corrupción en el Gobierno central y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado . opinion No No El falso legado de Zapatero Ana SánchezDesde entonces, el Greco viene haciendo evaluaciones de seguimiento a nuestro país, concluyendo una y otra vez que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo los deberes. «España no ha implementado satisfactoriamente ni ha abordado de manera satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones», concluyó el último examen, aprobado en junio de 2025. «Las restricciones posteriores al cese de funciones para los cargos políticos y los requisitos de transparencia financiera necesitan reforzarse, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados», insistió el organismo sobre las actividades posteriores al cargo público. La falta de regulación del ‘lobby’ de la que presuntamente se ha aprovechado José Luis Rodríguez Zapatero también fue señalada como otra tarea necesaria para evitar la corrupción. El organismo advirtió que el Ejecutivo pretendía regular el lobby de forma incompleta, sin controlar a los cargos públicos«El Greco lamenta que el proyecto de Ley sobre la Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés —regulación de los lobbies— no haya sido aprobado, ya que tenía como objetivo aumentar la transparencia en las actividades de ‘lobby’ frente al Poder Ejecutivo», cargó en su informe del año pasado.En ese mismo examen también advirtió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretendía afrontar el problema de forma incompleta, sin aumentar el control sobre los miembros del Gobierno . «Se centra en un lado de la ecuación: los grupos de presión, mediante la creación de un registro, el establecimiento de sus obligaciones y la conducta requerida, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento», señaló. «El borrador no menciona el otro lado de la ecuación: los miembros del Ejecutivo, que es el objetivo específico de la recomendación. Es necesario abordar esta cuestión de manera efectiva», denunció.Instar normas sobre el lobismoLa regulación de la actividad del ‘lobby’ es la sexta recomendación de la Quinta Ronda del Greco e insta a establecer normas sobre cómo los miembros del Gobierno «deben mantener contactos con lobistas y otros terceros que buscan influir en la labor legislativa y de otro tipo del Gobierno». Además, obliga a divulgar «información suficiente sobre el propósito de estos contactos, la identidad de las personas con quienes se realizaron las reuniones o en cuyo nombre tuvieron lugar, y el tema específico de la conversación». Sobre esta segunda parte, la transparencia de las agendas, el Greco constató que tampoco había avances. «No se ha añadido nada nuevo a lo que ya se describió en el Informe de Evaluación», recoge su último examen. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ilustra ahora con precisión las grietas del sistema español que el Greco lleva años pidiendo cerrar. Desde que dejó la presidencia del Gobierno en 2011, el exlíder socialista ha desarrollado una intensa y opaca actividad como mediador y asesor en Venezuela, Nicaragua, Cuba, China —regímenes con los que mantuvo relaciones durante su etapa en el poder—. Ninguna de esas actividades fue sometida a escrutinio por falta de regulación. «Las restricciones posteriores al cese de funciones para los cargos políticos y los requisitos de transparencia financiera necesitan reforzarse»El Grupo de Estados contra la Corrupción instó a una revisión de las limitaciones de los negocios privados de los ex altos cargos al examinar nuestra legislación y concluir que «es necesario mejorar el régimen de supervisión y rendición de cuentas». «Las restricciones posteriores al cese de funciones para los cargos políticos y los requisitos de transparencia financiera necesitan reforzarse, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados», abundó. Además, el Greco especificó que si bien la legislación española sobre puertas giratorias está «razonablemente desarrollada sobre el papel» su credibilidad estaba «minada» a ojos de los ciudadanos por su deficiente aplicación en la práctica. Como ejemplo, este organismo citaba que incluso los dos años de incompatibilidad dejan «margen para eludir el espíritu de la ley, por ejemplo, en situaciones en las que el alto cargo puede que no esté trabajando para una empresa que se haya visto afectada por decisiones en las que ha participado, sino para un tercero en su nombre, como un grupo de interés o un bufete de abogados». También señalaba que la incompatibilidad tampoco «aborda la cuestión de la abstención de participar en determinados casos o ámbitos relacionados con las esferas de competencia del alto cargo durante el desempeño del puesto». Bloqueo políticoPor último, el Greco recogía que varios partidos políticos estaban a favor de endurecer el régimen sancionador para los ex altos cargos elevando multas, incluyendo responsabilidades penales y ampliando el plazo de incompatibilidades para reducir el riesgo de corrupción. Pero advertía de que «el consenso político al respecto parece muy poco factible en la actualidad». De ahí que tenga aún más sentido su recomendación de que la revisión de la legislación se lleve a cabo por un organismo independiente.Nuestro país tiene abierto desde 2023 un procedimiento de incumplimiento por la falta de aplicación de las recomendaciones contra la corrupción, y en su último informe, el de 2025, el Greco mostró su disgusto al comprobar que el Gobierno de Pedro Sánchez seguía ignorando las medidas. Por ello, pidió al secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset , que remitiera una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares , advirtiéndole de los incumplimientos. Albares se la remitió al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños , que respondió a Berset asegurando que estaban en marcha reformas para cumplir las recomendaciones. Casi un año después, al menos la recomendación séptima sigue sin cumplirse, como acaba de poner de manifiesto la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero . El prestigioso Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) viene pidiendo reiteradamente al Gobierno de Pedro Sánchez desde 2019 —y sin éxito— que someta a revisión por un organismo independiente las limitaciones «al ejercicio de actividades privadas posteriores al cese» de los altos cargos.El apremio es general, pretende endurecer la legislación y no cita específicamente a los ex presidentes del Ejecutivo , pero lógicamente deben considerarse incluidos. El estatuto que regula a los exjefes del Gobierno fue actualizado en 1992 y no establece ninguna limitación para sus negocios privados. La revisión y endurecimiento de las condiciones para los ex altos cargos fue la séptima de las 19 recomendaciones que el Greco —órgano del Consejo de Europa — emitió para nuestro país hace ya casi siete años tras la llamada Quinta Ronda. Es decir, el examen de las medidas para prevenir la corrupción en el Gobierno central y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado . opinion No No El falso legado de Zapatero Ana SánchezDesde entonces, el Greco viene haciendo evaluaciones de seguimiento a nuestro país, concluyendo una y otra vez que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo los deberes. «España no ha implementado satisfactoriamente ni ha abordado de manera satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones», concluyó el último examen, aprobado en junio de 2025. «Las restricciones posteriores al cese de funciones para los cargos políticos y los requisitos de transparencia financiera necesitan reforzarse, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados», insistió el organismo sobre las actividades posteriores al cargo público. La falta de regulación del ‘lobby’ de la que presuntamente se ha aprovechado José Luis Rodríguez Zapatero también fue señalada como otra tarea necesaria para evitar la corrupción. El organismo advirtió que el Ejecutivo pretendía regular el lobby de forma incompleta, sin controlar a los cargos públicos«El Greco lamenta que el proyecto de Ley sobre la Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés —regulación de los lobbies— no haya sido aprobado, ya que tenía como objetivo aumentar la transparencia en las actividades de ‘lobby’ frente al Poder Ejecutivo», cargó en su informe del año pasado.En ese mismo examen también advirtió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretendía afrontar el problema de forma incompleta, sin aumentar el control sobre los miembros del Gobierno . «Se centra en un lado de la ecuación: los grupos de presión, mediante la creación de un registro, el establecimiento de sus obligaciones y la conducta requerida, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento», señaló. «El borrador no menciona el otro lado de la ecuación: los miembros del Ejecutivo, que es el objetivo específico de la recomendación. Es necesario abordar esta cuestión de manera efectiva», denunció.Instar normas sobre el lobismoLa regulación de la actividad del ‘lobby’ es la sexta recomendación de la Quinta Ronda del Greco e insta a establecer normas sobre cómo los miembros del Gobierno «deben mantener contactos con lobistas y otros terceros que buscan influir en la labor legislativa y de otro tipo del Gobierno». Además, obliga a divulgar «información suficiente sobre el propósito de estos contactos, la identidad de las personas con quienes se realizaron las reuniones o en cuyo nombre tuvieron lugar, y el tema específico de la conversación». Sobre esta segunda parte, la transparencia de las agendas, el Greco constató que tampoco había avances. «No se ha añadido nada nuevo a lo que ya se describió en el Informe de Evaluación», recoge su último examen. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ilustra ahora con precisión las grietas del sistema español que el Greco lleva años pidiendo cerrar. Desde que dejó la presidencia del Gobierno en 2011, el exlíder socialista ha desarrollado una intensa y opaca actividad como mediador y asesor en Venezuela, Nicaragua, Cuba, China —regímenes con los que mantuvo relaciones durante su etapa en el poder—. Ninguna de esas actividades fue sometida a escrutinio por falta de regulación. «Las restricciones posteriores al cese de funciones para los cargos políticos y los requisitos de transparencia financiera necesitan reforzarse»El Grupo de Estados contra la Corrupción instó a una revisión de las limitaciones de los negocios privados de los ex altos cargos al examinar nuestra legislación y concluir que «es necesario mejorar el régimen de supervisión y rendición de cuentas». «Las restricciones posteriores al cese de funciones para los cargos políticos y los requisitos de transparencia financiera necesitan reforzarse, especialmente en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de datos financieros desglosados», abundó. Además, el Greco especificó que si bien la legislación española sobre puertas giratorias está «razonablemente desarrollada sobre el papel» su credibilidad estaba «minada» a ojos de los ciudadanos por su deficiente aplicación en la práctica. Como ejemplo, este organismo citaba que incluso los dos años de incompatibilidad dejan «margen para eludir el espíritu de la ley, por ejemplo, en situaciones en las que el alto cargo puede que no esté trabajando para una empresa que se haya visto afectada por decisiones en las que ha participado, sino para un tercero en su nombre, como un grupo de interés o un bufete de abogados». También señalaba que la incompatibilidad tampoco «aborda la cuestión de la abstención de participar en determinados casos o ámbitos relacionados con las esferas de competencia del alto cargo durante el desempeño del puesto». Bloqueo políticoPor último, el Greco recogía que varios partidos políticos estaban a favor de endurecer el régimen sancionador para los ex altos cargos elevando multas, incluyendo responsabilidades penales y ampliando el plazo de incompatibilidades para reducir el riesgo de corrupción. Pero advertía de que «el consenso político al respecto parece muy poco factible en la actualidad». De ahí que tenga aún más sentido su recomendación de que la revisión de la legislación se lleve a cabo por un organismo independiente.Nuestro país tiene abierto desde 2023 un procedimiento de incumplimiento por la falta de aplicación de las recomendaciones contra la corrupción, y en su último informe, el de 2025, el Greco mostró su disgusto al comprobar que el Gobierno de Pedro Sánchez seguía ignorando las medidas. Por ello, pidió al secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset , que remitiera una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares , advirtiéndole de los incumplimientos. Albares se la remitió al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños , que respondió a Berset asegurando que estaban en marcha reformas para cumplir las recomendaciones. Casi un año después, al menos la recomendación séptima sigue sin cumplirse, como acaba de poner de manifiesto la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero . RSS de noticias de espana
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