Con una finalidad «exclusivamente estadística, de planificación y de evaluación del sistema sanitario», el Ministerio de Sanidad quiere conocer el nivel de renta de los pacientes que están en lista de espera para ser atendidos en consulta, ser operados o que estén pendientes de alguna prueba diagnóstica. Así se desprende del proyecto de real decreto mediante el que el departamento de Mónica García quiere cambiar la manera en la que las comunidades autónomas miden cuántos enfermos esperan una cita o intervención, que se debatirá este viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.En concreto, el texto, al que ha accedido ABC, establece en su artículo 6 que el Ministerio de Sanidad cruzará los datos que le envíen las comunidades autónomas sobre las listas de espera con la información de la base de datos de la población que tiene derecho a la asistencia sanitaria en el sistema público para «garantizar la unicidad de los registros» y «posibilitar la desagregación de los indicadores por determinantes sociales de la salud». Esos datos, prosigue, se seudonimizarán, es decir, se reemplazarán por códigos que no permitan identificar a la persona. Ese cruce de datos, dice la disposición adicional cuarta del texto, se hará con «las variables estrictamente necesarias para la desagregación de los indicadores por nivel de renta o privación socioeconómica, país de nacimiento y ámbito residencial rural o urbano». El resultado, incide el texto, no podrá usarse como objeto de comunicación, consulta o explotación a nivel personal, como tampoco de apoyo para tomar decisiones sobre pacientes concretos. «Dado que el tratamiento regulado en esta disposición adicional tiene una finalidad exclusivamente estadística, de planificación y de evaluación del sistema sanitario, y se limita en todo caso a resultados agregados, queda prohibida la reidentificación de los microdatos seudonimizados», recoge. En esta línea, el proyecto de real decreto hace hincapié en que los indicadores que se desagreguen por los determinantes sociales de la salud se publicarán exclusivamente de forma «agregada y anonimizada» de manera que se impida la identificación, tanto directa como indirecta, de las personas afectadas.Instrucciones comunesLos datos sobre los pacientes que se mantienen en espera, continúa el proyecto, se tratarán mediante unas instrucciones comunes que se acordarán en el Consejo Interterritorial. Y el ministerio, afirma el texto, garantizará que las personas autorizadas para tratarlos contraen un compromiso de confidencialidad, guardan secreto profesional y no los comunican a terceros. El texto afirma que cruzará los datos con una finalidad «exclusivamente estadística, de planificación y de evaluación del sistema sanitario»Sanidad presentará este viernes a las comunidades autónomas su proyecto de real decreto para cambiar el sistema de medición de las listas de espera. Lo hace, ha reiterado en diversas ocasiones la ministra, para evitar el «maquillaje» de los datos que a su juicio existe. La semana pasada, el departamento de Mónica García adelantó ya la mayoría de las modificaciones, como la inclusión en el sistema de medición de las listas de espera para consultas de Atención Primaria. Hasta ahora, solo se medía la espera de los pacientes pendientes de una operación o de una primera visita con un médico especialista y los días de espera para ser atendido por el médico de familia se deducían a través del Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El texto establece un plazo de dos años para que las autonomías puedan adaptar sus sistemas a la nueva medición.El nuevo decreto establece que en el ámbito hospitalario, el paciente pasará a formar parte de la lista de espera inmediatamente después de que el facultativo en cuestión le indique la necesidad de visitar a un especialista, realizarse una prueba o someterse a una intervención quirúrgica, aunque no haya disponibilidad en la agenda. El trámite formal no podrá demorarse más de cinco días naturales y no podrán existir listados paralelos. En cuanto a la atención primaria, es decir, a la espera para ser atendido en el centro de salud por el médico de familia, enfermera o pediatra, el paciente engrosará esa lista desde el momento en el que solicite la cita. Los pacientes podrán acceder a todo momento a la información sobre su cita, como al motivo de inclusión en la lista de espera y el tipo de prioridad clínica asignada, al tiempo que llevan esperando desde la indicación, a la fecha y el estado de la cita asignada o a la estimación de la demora prevista para su proceso, así como a los tiempos de espera del centro sanitario que les corresponde. Se les asignará un identificador único que englobará todas las asistencias del mismo proceso. Hasta que el proceso finaliceNo se les sacará de la lista de espera hasta que ese proceso haya finalizado. Es decir, si un paciente necesita acudir a un especialista por una enfermedad que tiene y el médico le indica que debe operarse, figurará en la lista de espera desde que se le haya indicado que tiene que visitarle el citado especialista y hasta que su cirugía finalice. En los casos en los que se derive a los enfermos a centros concertados para agilizar los plazos, no abandonarán tampoco las listas de espera hasta que la operación se haya completado. Los pacientes que rechacen ser derivados a otros centros, tanto privados como públicos, mantendrán su orden en la lista de esperaAdemás, aquellos que rechacen ser derivados a otro centro, ya sea público o privado, seguirán ocupando su posición en la lista de espera para su centro, sin pasar a la cola de la misma. El nuevo proyecto ampliará de 15 a 25 los procedimientos y cirugías en los que se mide la espera y cuantificará también la demora en 15 pruebas diagnósticas. Hasta ahora, las listas de espera se publicaban por semestre, pero con el nuevo sistema pasarán a publicarse trimestralmente. El Ministerio de Sanidad tendrá un plazo máximo de sesenta días naturales desde el último día del trimestre para hacer pública la información. Con una finalidad «exclusivamente estadística, de planificación y de evaluación del sistema sanitario», el Ministerio de Sanidad quiere conocer el nivel de renta de los pacientes que están en lista de espera para ser atendidos en consulta, ser operados o que estén pendientes de alguna prueba diagnóstica. Así se desprende del proyecto de real decreto mediante el que el departamento de Mónica García quiere cambiar la manera en la que las comunidades autónomas miden cuántos enfermos esperan una cita o intervención, que se debatirá este viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.En concreto, el texto, al que ha accedido ABC, establece en su artículo 6 que el Ministerio de Sanidad cruzará los datos que le envíen las comunidades autónomas sobre las listas de espera con la información de la base de datos de la población que tiene derecho a la asistencia sanitaria en el sistema público para «garantizar la unicidad de los registros» y «posibilitar la desagregación de los indicadores por determinantes sociales de la salud». Esos datos, prosigue, se seudonimizarán, es decir, se reemplazarán por códigos que no permitan identificar a la persona. Ese cruce de datos, dice la disposición adicional cuarta del texto, se hará con «las variables estrictamente necesarias para la desagregación de los indicadores por nivel de renta o privación socioeconómica, país de nacimiento y ámbito residencial rural o urbano». El resultado, incide el texto, no podrá usarse como objeto de comunicación, consulta o explotación a nivel personal, como tampoco de apoyo para tomar decisiones sobre pacientes concretos. «Dado que el tratamiento regulado en esta disposición adicional tiene una finalidad exclusivamente estadística, de planificación y de evaluación del sistema sanitario, y se limita en todo caso a resultados agregados, queda prohibida la reidentificación de los microdatos seudonimizados», recoge. En esta línea, el proyecto de real decreto hace hincapié en que los indicadores que se desagreguen por los determinantes sociales de la salud se publicarán exclusivamente de forma «agregada y anonimizada» de manera que se impida la identificación, tanto directa como indirecta, de las personas afectadas.Instrucciones comunesLos datos sobre los pacientes que se mantienen en espera, continúa el proyecto, se tratarán mediante unas instrucciones comunes que se acordarán en el Consejo Interterritorial. Y el ministerio, afirma el texto, garantizará que las personas autorizadas para tratarlos contraen un compromiso de confidencialidad, guardan secreto profesional y no los comunican a terceros. El texto afirma que cruzará los datos con una finalidad «exclusivamente estadística, de planificación y de evaluación del sistema sanitario»Sanidad presentará este viernes a las comunidades autónomas su proyecto de real decreto para cambiar el sistema de medición de las listas de espera. Lo hace, ha reiterado en diversas ocasiones la ministra, para evitar el «maquillaje» de los datos que a su juicio existe. La semana pasada, el departamento de Mónica García adelantó ya la mayoría de las modificaciones, como la inclusión en el sistema de medición de las listas de espera para consultas de Atención Primaria. Hasta ahora, solo se medía la espera de los pacientes pendientes de una operación o de una primera visita con un médico especialista y los días de espera para ser atendido por el médico de familia se deducían a través del Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El texto establece un plazo de dos años para que las autonomías puedan adaptar sus sistemas a la nueva medición.El nuevo decreto establece que en el ámbito hospitalario, el paciente pasará a formar parte de la lista de espera inmediatamente después de que el facultativo en cuestión le indique la necesidad de visitar a un especialista, realizarse una prueba o someterse a una intervención quirúrgica, aunque no haya disponibilidad en la agenda. El trámite formal no podrá demorarse más de cinco días naturales y no podrán existir listados paralelos. En cuanto a la atención primaria, es decir, a la espera para ser atendido en el centro de salud por el médico de familia, enfermera o pediatra, el paciente engrosará esa lista desde el momento en el que solicite la cita. Los pacientes podrán acceder a todo momento a la información sobre su cita, como al motivo de inclusión en la lista de espera y el tipo de prioridad clínica asignada, al tiempo que llevan esperando desde la indicación, a la fecha y el estado de la cita asignada o a la estimación de la demora prevista para su proceso, así como a los tiempos de espera del centro sanitario que les corresponde. Se les asignará un identificador único que englobará todas las asistencias del mismo proceso. Hasta que el proceso finaliceNo se les sacará de la lista de espera hasta que ese proceso haya finalizado. Es decir, si un paciente necesita acudir a un especialista por una enfermedad que tiene y el médico le indica que debe operarse, figurará en la lista de espera desde que se le haya indicado que tiene que visitarle el citado especialista y hasta que su cirugía finalice. En los casos en los que se derive a los enfermos a centros concertados para agilizar los plazos, no abandonarán tampoco las listas de espera hasta que la operación se haya completado. Los pacientes que rechacen ser derivados a otros centros, tanto privados como públicos, mantendrán su orden en la lista de esperaAdemás, aquellos que rechacen ser derivados a otro centro, ya sea público o privado, seguirán ocupando su posición en la lista de espera para su centro, sin pasar a la cola de la misma. El nuevo proyecto ampliará de 15 a 25 los procedimientos y cirugías en los que se mide la espera y cuantificará también la demora en 15 pruebas diagnósticas. Hasta ahora, las listas de espera se publicaban por semestre, pero con el nuevo sistema pasarán a publicarse trimestralmente. El Ministerio de Sanidad tendrá un plazo máximo de sesenta días naturales desde el último día del trimestre para hacer pública la información. Con una finalidad «exclusivamente estadística, de planificación y de evaluación del sistema sanitario», el Ministerio de Sanidad quiere conocer el nivel de renta de los pacientes que están en lista de espera para ser atendidos en consulta, ser operados o que estén pendientes de alguna prueba diagnóstica. Así se desprende del proyecto de real decreto mediante el que el departamento de Mónica García quiere cambiar la manera en la que las comunidades autónomas miden cuántos enfermos esperan una cita o intervención, que se debatirá este viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.En concreto, el texto, al que ha accedido ABC, establece en su artículo 6 que el Ministerio de Sanidad cruzará los datos que le envíen las comunidades autónomas sobre las listas de espera con la información de la base de datos de la población que tiene derecho a la asistencia sanitaria en el sistema público para «garantizar la unicidad de los registros» y «posibilitar la desagregación de los indicadores por determinantes sociales de la salud». Esos datos, prosigue, se seudonimizarán, es decir, se reemplazarán por códigos que no permitan identificar a la persona. Ese cruce de datos, dice la disposición adicional cuarta del texto, se hará con «las variables estrictamente necesarias para la desagregación de los indicadores por nivel de renta o privación socioeconómica, país de nacimiento y ámbito residencial rural o urbano». El resultado, incide el texto, no podrá usarse como objeto de comunicación, consulta o explotación a nivel personal, como tampoco de apoyo para tomar decisiones sobre pacientes concretos. «Dado que el tratamiento regulado en esta disposición adicional tiene una finalidad exclusivamente estadística, de planificación y de evaluación del sistema sanitario, y se limita en todo caso a resultados agregados, queda prohibida la reidentificación de los microdatos seudonimizados», recoge. En esta línea, el proyecto de real decreto hace hincapié en que los indicadores que se desagreguen por los determinantes sociales de la salud se publicarán exclusivamente de forma «agregada y anonimizada» de manera que se impida la identificación, tanto directa como indirecta, de las personas afectadas.Instrucciones comunesLos datos sobre los pacientes que se mantienen en espera, continúa el proyecto, se tratarán mediante unas instrucciones comunes que se acordarán en el Consejo Interterritorial. Y el ministerio, afirma el texto, garantizará que las personas autorizadas para tratarlos contraen un compromiso de confidencialidad, guardan secreto profesional y no los comunican a terceros. El texto afirma que cruzará los datos con una finalidad «exclusivamente estadística, de planificación y de evaluación del sistema sanitario»Sanidad presentará este viernes a las comunidades autónomas su proyecto de real decreto para cambiar el sistema de medición de las listas de espera. Lo hace, ha reiterado en diversas ocasiones la ministra, para evitar el «maquillaje» de los datos que a su juicio existe. La semana pasada, el departamento de Mónica García adelantó ya la mayoría de las modificaciones, como la inclusión en el sistema de medición de las listas de espera para consultas de Atención Primaria. Hasta ahora, solo se medía la espera de los pacientes pendientes de una operación o de una primera visita con un médico especialista y los días de espera para ser atendido por el médico de familia se deducían a través del Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El texto establece un plazo de dos años para que las autonomías puedan adaptar sus sistemas a la nueva medición.El nuevo decreto establece que en el ámbito hospitalario, el paciente pasará a formar parte de la lista de espera inmediatamente después de que el facultativo en cuestión le indique la necesidad de visitar a un especialista, realizarse una prueba o someterse a una intervención quirúrgica, aunque no haya disponibilidad en la agenda. El trámite formal no podrá demorarse más de cinco días naturales y no podrán existir listados paralelos. En cuanto a la atención primaria, es decir, a la espera para ser atendido en el centro de salud por el médico de familia, enfermera o pediatra, el paciente engrosará esa lista desde el momento en el que solicite la cita. Los pacientes podrán acceder a todo momento a la información sobre su cita, como al motivo de inclusión en la lista de espera y el tipo de prioridad clínica asignada, al tiempo que llevan esperando desde la indicación, a la fecha y el estado de la cita asignada o a la estimación de la demora prevista para su proceso, así como a los tiempos de espera del centro sanitario que les corresponde. Se les asignará un identificador único que englobará todas las asistencias del mismo proceso. Hasta que el proceso finaliceNo se les sacará de la lista de espera hasta que ese proceso haya finalizado. Es decir, si un paciente necesita acudir a un especialista por una enfermedad que tiene y el médico le indica que debe operarse, figurará en la lista de espera desde que se le haya indicado que tiene que visitarle el citado especialista y hasta que su cirugía finalice. En los casos en los que se derive a los enfermos a centros concertados para agilizar los plazos, no abandonarán tampoco las listas de espera hasta que la operación se haya completado. Los pacientes que rechacen ser derivados a otros centros, tanto privados como públicos, mantendrán su orden en la lista de esperaAdemás, aquellos que rechacen ser derivados a otro centro, ya sea público o privado, seguirán ocupando su posición en la lista de espera para su centro, sin pasar a la cola de la misma. El nuevo proyecto ampliará de 15 a 25 los procedimientos y cirugías en los que se mide la espera y cuantificará también la demora en 15 pruebas diagnósticas. Hasta ahora, las listas de espera se publicaban por semestre, pero con el nuevo sistema pasarán a publicarse trimestralmente. El Ministerio de Sanidad tendrá un plazo máximo de sesenta días naturales desde el último día del trimestre para hacer pública la información. RSS de noticias de sociedad
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