La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , impulsa una nueva regulación para los medios de comunicación que ha generado críticas en la opinión pública y en organizaciones de defensa de la libertad de expresión.La propuesta del Gobierno mexicano es que la prensa digital, las emisoras de radio y los canales de televisión abran una instancia para recibir quejas de las audiencias. Esas reclamaciones luego podrán ser elevadas al regulador, controlado por el oficialismo, que podrá imponer multas a las empresas informativas de hasta el 1% de su utilidad neta por cada queja del público.La norma podría amenazar la viabilidad de la prensa no gubernamental porque, por ejemplo, si una noticia que recibe quejas es emitida seis veces en un día, la multa se aplica a todas las emisiones, lo que supondría el 6%, y puede dejar a los medios en una posición de quiebra.La nueva regulación, de salir adelante, implicaría un potencial frente para las cadenas de televisión españolas que se emiten en los sistemas de pago de México. Es el caso de Antena 3 y Televisión Española.«El tema es que estas directrices van más allá y establecen la posibilidad de que se sancione por falta de información objetiva, por falta de información veraz, por mezclar opiniones con información y no señalar cuál es la opinión y cuál es la información, y una serie de cuestiones muy vagas, muy ambiguas que dan pie para que el Gobierno imponga sanciones a la prensa», denuncia Leopoldo Maldonado , titular de la ONG Artículo 19, en defensa de los periodistas.«No hace falta que sancionen a alguien. Ya con saber que puede ser sancionado con estos montos altísimos, evidentemente va a generar un efecto de autocensura», advirtió Maldonado.Información falsaPor su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) reconoció que la propuesta no es de censura, pero «incluye temas que preocupan». La entidad que agrupa a las empresas de radio y televisión de México dijo que «las directrices son aún ambiguas y dan lugar a discrecionalidad por parte del Gobierno». Expresó además que «el proyecto permite al Gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda subordinado a la autoridad».El Gobierno quiere que los medios reciban quejas de las audiencias, que luego serán revisadas por las autoridades para imponer sanciones de 1%, lo que amenaza la viabilidad de muchas empresas informativasFrente a las críticas, Sheinbaum ha defendido su propuesta: «Ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar. Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegurar.» La oposición ha cuestionado la propuesta al denunciar que el objetivo de Sheinbaum es evitar que los medios de comunicación señalen a los políticos del oficialismo sospechosos de tener nexos con el crimen organizado.Para la oposición, la medida busca evitar que los medios de comunicación señalen a los políticos del oficialismo sospechosos de tener nexos con el crimen organizadoEn este sentido, el caso más delicado para la presidenta es el del exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha , un aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador que debió separarse del cargo después de que la Fiscalía de Nueva York lo acusara de nexos con el crimen organizado.La cobertura del caso Rocha ha sido un golpe para la imagen del oficialismo. Según diversas encuestadoras, la imagen presidencial ronda el 60% de aprobación, un número consistente pero sometido a un proceso de erosión si se considera que hace un año alcanzaba el 75%.Asesinato de periodistasEl contexto del debate no es el ideal para el Gobierno mexicano. En lo que va de año han sido asesinados siete periodistas, lo que vuelve a ratificar a México como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado mexicano esclarecer los asesinatos de los periodistas Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, además de investigar los homicidios de otros cinco comunicadores ocurridos en lo que va de 2026.«Resulta especialmente preocupante que las víctimas hubieran denunciado previamente amenazas, sin que se tenga conocimiento de investigaciones al respecto», señaló la CIDH, al advertir también que detecta deficiencias en la adopción de medidas preventivas.La CIDH recordó que Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado el 16 de julio en Puebla, después de denunciar amenazas relacionadas con su trabajo. Seis días después fue asesinado en Oaxaca Francisco Alejandro Leyva Aguilar, columnista y administrador de una página de análisis político, quien también había denunciado amenazas un año antes sin recibir protección.Además de ellos, los otros periodistas asesinados en México este año son Carlos Castro, Juan David Gámez, Roxana Rivera, Luis Ángel López y Alex Serna. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , impulsa una nueva regulación para los medios de comunicación que ha generado críticas en la opinión pública y en organizaciones de defensa de la libertad de expresión.La propuesta del Gobierno mexicano es que la prensa digital, las emisoras de radio y los canales de televisión abran una instancia para recibir quejas de las audiencias. Esas reclamaciones luego podrán ser elevadas al regulador, controlado por el oficialismo, que podrá imponer multas a las empresas informativas de hasta el 1% de su utilidad neta por cada queja del público.La norma podría amenazar la viabilidad de la prensa no gubernamental porque, por ejemplo, si una noticia que recibe quejas es emitida seis veces en un día, la multa se aplica a todas las emisiones, lo que supondría el 6%, y puede dejar a los medios en una posición de quiebra.La nueva regulación, de salir adelante, implicaría un potencial frente para las cadenas de televisión españolas que se emiten en los sistemas de pago de México. Es el caso de Antena 3 y Televisión Española.«El tema es que estas directrices van más allá y establecen la posibilidad de que se sancione por falta de información objetiva, por falta de información veraz, por mezclar opiniones con información y no señalar cuál es la opinión y cuál es la información, y una serie de cuestiones muy vagas, muy ambiguas que dan pie para que el Gobierno imponga sanciones a la prensa», denuncia Leopoldo Maldonado , titular de la ONG Artículo 19, en defensa de los periodistas.«No hace falta que sancionen a alguien. Ya con saber que puede ser sancionado con estos montos altísimos, evidentemente va a generar un efecto de autocensura», advirtió Maldonado.Información falsaPor su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) reconoció que la propuesta no es de censura, pero «incluye temas que preocupan». La entidad que agrupa a las empresas de radio y televisión de México dijo que «las directrices son aún ambiguas y dan lugar a discrecionalidad por parte del Gobierno». Expresó además que «el proyecto permite al Gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda subordinado a la autoridad».El Gobierno quiere que los medios reciban quejas de las audiencias, que luego serán revisadas por las autoridades para imponer sanciones de 1%, lo que amenaza la viabilidad de muchas empresas informativasFrente a las críticas, Sheinbaum ha defendido su propuesta: «Ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar. Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegurar.» La oposición ha cuestionado la propuesta al denunciar que el objetivo de Sheinbaum es evitar que los medios de comunicación señalen a los políticos del oficialismo sospechosos de tener nexos con el crimen organizado.Para la oposición, la medida busca evitar que los medios de comunicación señalen a los políticos del oficialismo sospechosos de tener nexos con el crimen organizadoEn este sentido, el caso más delicado para la presidenta es el del exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha , un aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador que debió separarse del cargo después de que la Fiscalía de Nueva York lo acusara de nexos con el crimen organizado.La cobertura del caso Rocha ha sido un golpe para la imagen del oficialismo. Según diversas encuestadoras, la imagen presidencial ronda el 60% de aprobación, un número consistente pero sometido a un proceso de erosión si se considera que hace un año alcanzaba el 75%.Asesinato de periodistasEl contexto del debate no es el ideal para el Gobierno mexicano. En lo que va de año han sido asesinados siete periodistas, lo que vuelve a ratificar a México como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado mexicano esclarecer los asesinatos de los periodistas Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, además de investigar los homicidios de otros cinco comunicadores ocurridos en lo que va de 2026.«Resulta especialmente preocupante que las víctimas hubieran denunciado previamente amenazas, sin que se tenga conocimiento de investigaciones al respecto», señaló la CIDH, al advertir también que detecta deficiencias en la adopción de medidas preventivas.La CIDH recordó que Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado el 16 de julio en Puebla, después de denunciar amenazas relacionadas con su trabajo. Seis días después fue asesinado en Oaxaca Francisco Alejandro Leyva Aguilar, columnista y administrador de una página de análisis político, quien también había denunciado amenazas un año antes sin recibir protección.Además de ellos, los otros periodistas asesinados en México este año son Carlos Castro, Juan David Gámez, Roxana Rivera, Luis Ángel López y Alex Serna. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , impulsa una nueva regulación para los medios de comunicación que ha generado críticas en la opinión pública y en organizaciones de defensa de la libertad de expresión.La propuesta del Gobierno mexicano es que la prensa digital, las emisoras de radio y los canales de televisión abran una instancia para recibir quejas de las audiencias. Esas reclamaciones luego podrán ser elevadas al regulador, controlado por el oficialismo, que podrá imponer multas a las empresas informativas de hasta el 1% de su utilidad neta por cada queja del público.La norma podría amenazar la viabilidad de la prensa no gubernamental porque, por ejemplo, si una noticia que recibe quejas es emitida seis veces en un día, la multa se aplica a todas las emisiones, lo que supondría el 6%, y puede dejar a los medios en una posición de quiebra.La nueva regulación, de salir adelante, implicaría un potencial frente para las cadenas de televisión españolas que se emiten en los sistemas de pago de México. Es el caso de Antena 3 y Televisión Española.«El tema es que estas directrices van más allá y establecen la posibilidad de que se sancione por falta de información objetiva, por falta de información veraz, por mezclar opiniones con información y no señalar cuál es la opinión y cuál es la información, y una serie de cuestiones muy vagas, muy ambiguas que dan pie para que el Gobierno imponga sanciones a la prensa», denuncia Leopoldo Maldonado , titular de la ONG Artículo 19, en defensa de los periodistas.«No hace falta que sancionen a alguien. Ya con saber que puede ser sancionado con estos montos altísimos, evidentemente va a generar un efecto de autocensura», advirtió Maldonado.Información falsaPor su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) reconoció que la propuesta no es de censura, pero «incluye temas que preocupan». La entidad que agrupa a las empresas de radio y televisión de México dijo que «las directrices son aún ambiguas y dan lugar a discrecionalidad por parte del Gobierno». Expresó además que «el proyecto permite al Gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda subordinado a la autoridad».El Gobierno quiere que los medios reciban quejas de las audiencias, que luego serán revisadas por las autoridades para imponer sanciones de 1%, lo que amenaza la viabilidad de muchas empresas informativasFrente a las críticas, Sheinbaum ha defendido su propuesta: «Ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar. Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegurar.» La oposición ha cuestionado la propuesta al denunciar que el objetivo de Sheinbaum es evitar que los medios de comunicación señalen a los políticos del oficialismo sospechosos de tener nexos con el crimen organizado.Para la oposición, la medida busca evitar que los medios de comunicación señalen a los políticos del oficialismo sospechosos de tener nexos con el crimen organizadoEn este sentido, el caso más delicado para la presidenta es el del exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha , un aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador que debió separarse del cargo después de que la Fiscalía de Nueva York lo acusara de nexos con el crimen organizado.La cobertura del caso Rocha ha sido un golpe para la imagen del oficialismo. Según diversas encuestadoras, la imagen presidencial ronda el 60% de aprobación, un número consistente pero sometido a un proceso de erosión si se considera que hace un año alcanzaba el 75%.Asesinato de periodistasEl contexto del debate no es el ideal para el Gobierno mexicano. En lo que va de año han sido asesinados siete periodistas, lo que vuelve a ratificar a México como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado mexicano esclarecer los asesinatos de los periodistas Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, además de investigar los homicidios de otros cinco comunicadores ocurridos en lo que va de 2026.«Resulta especialmente preocupante que las víctimas hubieran denunciado previamente amenazas, sin que se tenga conocimiento de investigaciones al respecto», señaló la CIDH, al advertir también que detecta deficiencias en la adopción de medidas preventivas.La CIDH recordó que Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado el 16 de julio en Puebla, después de denunciar amenazas relacionadas con su trabajo. Seis días después fue asesinado en Oaxaca Francisco Alejandro Leyva Aguilar, columnista y administrador de una página de análisis político, quien también había denunciado amenazas un año antes sin recibir protección.Además de ellos, los otros periodistas asesinados en México este año son Carlos Castro, Juan David Gámez, Roxana Rivera, Luis Ángel López y Alex Serna. RSS de noticias de internacional
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