Seis meses meses después del accidente ferroviario de Adamuz, que costó la vida a 46 personas y provocó más de 120 heridos, de momento no ha habido ninguna asunción de responsabilidades . No la ha habido en el ámbito político, ya que no se han producido dimisiones, ni tampoco en el judicial, donde, por ahora, no hay personas investigadas.No existe esa asunción de responsabilidades, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido señalado tanto por las críticas de la oposición como por las asociaciones de víctimas de Adamuz, que han exigido su dimisión. Desde el Ministerio, sin embargo, defienden que deben ser los peritos judiciales quienes determinen con precisión técnica si el origen de la catástrofe estuvo en una rotura espontánea del carril o en un defecto de fabricación del material ferroviario.Aunque la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro lleva investigando el caso desde finales del pasado mes de enero, la magnitud de la macrocausa hace que el procedimiento avance con lentitud y que todavía no haya respuestas. Actualmente, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la instrucción está centrada fundamentalmente en la elaboración de informes periciales y análisis de laboratorio, unos trabajos que, lógicamente, requieren tiempo. Algunos de ellos tienen, además, un elevado coste económico. El último supera los 200.000 euros.Por el momento no hay ninguna persona investigada y tampoco se prevé que se tome declaración a nadie a corto plazo, ya que, según el TSJA, antes es necesario esclarecer técnicamente qué ocurrió . No obstante, a mediados del pasado mes de junio, la jueza Cristina Pastor aclaró que la causa se sigue por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes.De hecho, en uno de sus últimos autos, la magistrada precisó que el objeto de la instrucción es «determinar cuál fue la causa que originó el siniestro entre los dos trenes implicados y dirimir las correspondientes responsabilidades penales», al rechazar las denuncias relacionadas con los supuestos retrasos en la llegada de los servicios de emergencia.En la macrocausa hay 300 letrados personados en representación de las acusaciones particularesEn cualquier caso, la instrucción ha adquirido una gran magnitud debido al elevado número de acusaciones particulares que han decidido personarse. Por el momento, hay cerca de 300 letrados personados en representación de las acusaciones particulares —algunas de ellas cuentan con dos o tres abogados—, además de seis acusaciones populares.La investigación ha descartado por completo el error humano y el exceso de velocidad por parte de los maquinistas. El principal foco se centra ahora en un posible fallo técnico en la infraestructura ferroviaria o en el material rodante de los trenes.Asimismo, la investigación trata de determinar si existió alguna negligencia por parte de los técnicos de Adif encargados de autorizar la circulación de trenes a 200 kilómetros por hora por un tramo que, según los informes y los avisos previos de los maquinistas —quienes habían solicitado reducir la velocidad—, acumulaba anomalías en la soldadura de los raíles.A día de hoy, no se ha señalado ni investigado penalmente a ningún directivo o técnico concreto de Adif, Renfe o Iryo. Sin embargo, Adif, como gestor de la infraestructura ferroviaria, es la entidad sobre la que recaen las principales sospechas. La magnitud y complejidad de la causa provocará, sin duda, que las repuestas y la asunción de responsabilidades se demore. Seis meses meses después del accidente ferroviario de Adamuz, que costó la vida a 46 personas y provocó más de 120 heridos, de momento no ha habido ninguna asunción de responsabilidades . No la ha habido en el ámbito político, ya que no se han producido dimisiones, ni tampoco en el judicial, donde, por ahora, no hay personas investigadas.No existe esa asunción de responsabilidades, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido señalado tanto por las críticas de la oposición como por las asociaciones de víctimas de Adamuz, que han exigido su dimisión. Desde el Ministerio, sin embargo, defienden que deben ser los peritos judiciales quienes determinen con precisión técnica si el origen de la catástrofe estuvo en una rotura espontánea del carril o en un defecto de fabricación del material ferroviario.Aunque la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro lleva investigando el caso desde finales del pasado mes de enero, la magnitud de la macrocausa hace que el procedimiento avance con lentitud y que todavía no haya respuestas. Actualmente, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la instrucción está centrada fundamentalmente en la elaboración de informes periciales y análisis de laboratorio, unos trabajos que, lógicamente, requieren tiempo. Algunos de ellos tienen, además, un elevado coste económico. El último supera los 200.000 euros.Por el momento no hay ninguna persona investigada y tampoco se prevé que se tome declaración a nadie a corto plazo, ya que, según el TSJA, antes es necesario esclarecer técnicamente qué ocurrió . No obstante, a mediados del pasado mes de junio, la jueza Cristina Pastor aclaró que la causa se sigue por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes.De hecho, en uno de sus últimos autos, la magistrada precisó que el objeto de la instrucción es «determinar cuál fue la causa que originó el siniestro entre los dos trenes implicados y dirimir las correspondientes responsabilidades penales», al rechazar las denuncias relacionadas con los supuestos retrasos en la llegada de los servicios de emergencia.En la macrocausa hay 300 letrados personados en representación de las acusaciones particularesEn cualquier caso, la instrucción ha adquirido una gran magnitud debido al elevado número de acusaciones particulares que han decidido personarse. Por el momento, hay cerca de 300 letrados personados en representación de las acusaciones particulares —algunas de ellas cuentan con dos o tres abogados—, además de seis acusaciones populares.La investigación ha descartado por completo el error humano y el exceso de velocidad por parte de los maquinistas. El principal foco se centra ahora en un posible fallo técnico en la infraestructura ferroviaria o en el material rodante de los trenes.Asimismo, la investigación trata de determinar si existió alguna negligencia por parte de los técnicos de Adif encargados de autorizar la circulación de trenes a 200 kilómetros por hora por un tramo que, según los informes y los avisos previos de los maquinistas —quienes habían solicitado reducir la velocidad—, acumulaba anomalías en la soldadura de los raíles.A día de hoy, no se ha señalado ni investigado penalmente a ningún directivo o técnico concreto de Adif, Renfe o Iryo. Sin embargo, Adif, como gestor de la infraestructura ferroviaria, es la entidad sobre la que recaen las principales sospechas. La magnitud y complejidad de la causa provocará, sin duda, que las repuestas y la asunción de responsabilidades se demore. Seis meses meses después del accidente ferroviario de Adamuz, que costó la vida a 46 personas y provocó más de 120 heridos, de momento no ha habido ninguna asunción de responsabilidades . No la ha habido en el ámbito político, ya que no se han producido dimisiones, ni tampoco en el judicial, donde, por ahora, no hay personas investigadas.No existe esa asunción de responsabilidades, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido señalado tanto por las críticas de la oposición como por las asociaciones de víctimas de Adamuz, que han exigido su dimisión. Desde el Ministerio, sin embargo, defienden que deben ser los peritos judiciales quienes determinen con precisión técnica si el origen de la catástrofe estuvo en una rotura espontánea del carril o en un defecto de fabricación del material ferroviario.Aunque la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro lleva investigando el caso desde finales del pasado mes de enero, la magnitud de la macrocausa hace que el procedimiento avance con lentitud y que todavía no haya respuestas. Actualmente, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la instrucción está centrada fundamentalmente en la elaboración de informes periciales y análisis de laboratorio, unos trabajos que, lógicamente, requieren tiempo. Algunos de ellos tienen, además, un elevado coste económico. El último supera los 200.000 euros.Por el momento no hay ninguna persona investigada y tampoco se prevé que se tome declaración a nadie a corto plazo, ya que, según el TSJA, antes es necesario esclarecer técnicamente qué ocurrió . No obstante, a mediados del pasado mes de junio, la jueza Cristina Pastor aclaró que la causa se sigue por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes.De hecho, en uno de sus últimos autos, la magistrada precisó que el objeto de la instrucción es «determinar cuál fue la causa que originó el siniestro entre los dos trenes implicados y dirimir las correspondientes responsabilidades penales», al rechazar las denuncias relacionadas con los supuestos retrasos en la llegada de los servicios de emergencia.En la macrocausa hay 300 letrados personados en representación de las acusaciones particularesEn cualquier caso, la instrucción ha adquirido una gran magnitud debido al elevado número de acusaciones particulares que han decidido personarse. Por el momento, hay cerca de 300 letrados personados en representación de las acusaciones particulares —algunas de ellas cuentan con dos o tres abogados—, además de seis acusaciones populares.La investigación ha descartado por completo el error humano y el exceso de velocidad por parte de los maquinistas. El principal foco se centra ahora en un posible fallo técnico en la infraestructura ferroviaria o en el material rodante de los trenes.Asimismo, la investigación trata de determinar si existió alguna negligencia por parte de los técnicos de Adif encargados de autorizar la circulación de trenes a 200 kilómetros por hora por un tramo que, según los informes y los avisos previos de los maquinistas —quienes habían solicitado reducir la velocidad—, acumulaba anomalías en la soldadura de los raíles.A día de hoy, no se ha señalado ni investigado penalmente a ningún directivo o técnico concreto de Adif, Renfe o Iryo. Sin embargo, Adif, como gestor de la infraestructura ferroviaria, es la entidad sobre la que recaen las principales sospechas. La magnitud y complejidad de la causa provocará, sin duda, que las repuestas y la asunción de responsabilidades se demore. RSS de noticias de espana/andalucia
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