Hay decisiones políticas que resuelven problemas. Otras, simplemente, los administran. Y luego están las que los agravan mientras fingen combatirlos. El decreto de prórroga de alquileres pertenece a esta última categoría.Los términos del debate han sido los habituales: proteger al vulnerable, dar estabilidad a quienes peor lo pasan. Difícil oponerse. El envoltorio moral, como siempre, impecable. La verborrea, de cine. El problema surge al pasar de las palabras cuquis a la eficacia práctica. Entonces se comprueba su esterilidad. El decreto no solo no aborda la causa de los altos precios de la vivienda, sino que contribuirá a su aumento y, con ello, a la incertidumbre e inseguridad vital de cada vez más jóvenes y familias.España reúne hoy todos los elementos para que la vivienda sea un bien escaso y, en consecuencia, costoso. Hay escasez porque hay muchas más personas buscando casas que inmuebles disponibles. Y hay precios crecientes porque ese desequilibrio no se corrige. Es más: se agranda y se estimula políticamente con una mezcla singular de dogmatismo e incapacidad. Por un lado, se bloquea la producción de vivienda y se abrazan ideas antieconómicas, como los controles de precios, que hunden la oferta disponible. Por otro, se abren de par en par las puertas del país a millones de personas que requieren alojamiento.Las cuentas no salen. Cada año se producen 90.000 viviendas, huyen de las malas regulaciones del alquiler decenas de miles de unidades y entra a España más de 1 millón de inmigrantes. Todavía alguno se sorprende de la escalada de precios. Tenemos lo que la izquierda pidió a los Reyes Magos: especulación. Porque solo se puede especular con lo que escasea y mucha gente quiere. Es aritmética básica.Aritmética básica con implicaciones concretas en la vida de la gente. Emancipaciones frustradas. Pisos compartidos eternamente. Familias embutidas en menos metros de los que necesitan. Parejas que retrasan tener hijos. Sueldos que se van casi íntegros en pagar una caja de zapatos. Y lo peor de todo: la sensación de que, por mucho que uno haga, nunca encontrará la salida del laberinto.En este contexto de harakiri inmobiliario llega la prórroga. Lo presentan como una salvación para los inquilinos cuyos contratos vencen próximamente. Pero es un espejismo. Una sentencia a plazos: la causa de la escasez seguirá intacta. Y cuando termine la prórroga los pisos serán más caros y aún más difíciles de pagar. Es deplorar del síntoma mientras se celebra la enfermedad.La literatura académica ha acreditado que los cambios regulatorios repentinos y arbitrarios sobre los alquileres, como los del decreto, conducen a contracciones significativas de la oferta y a filtros de acceso cada vez más duros. ¿Los perdedores? Quienes buscan piso y se quedan fuera: jóvenes, trabajadores precarios, rentas bajas, familias con menores o dependientes. Descartados y descastados.No es una hipótesis, es una constatación. La borrachera legislativa de estos años ya ha supuesto la desaparición de más de la mitad de la oferta de alquiler existente en 2020. Al ahondar en esta misma senda, el decreto restringiría aún más la entrada a quienes necesitan vivienda. Según el INE, el año pasado tres millones de personas y sus hijos buscaron piso y no lo encontraron. Tres millones de vidas paradas. Y subiendo. Sacrificarlas no es velar por el bien común.Ahí está el agujero moral del decreto: todos los hogares que nunca serán. Para todos ellos, el decreto era una puerta cerrada, un futuro suspendido. También para quienes hoy tienen contrato y mañana buscarán casas que no existirán o no podrán pagar.Para ayudar a los inquilinos, presentes y futuros, solo hay un camino: control migratorio, aumento de oferta y fin de experimentos normativos. Si no millones de españoles seguirán atrapados en la antesala de su propia vida y el Gobierno continuará siendo la compañía aseguradora de las ganancias de los poderosos, los únicos beneficiados de tener una oferta pírrica y una demanda disparada.Carlos H. Quero es portavoz nacional de Vivienda de VOX. Hay decisiones políticas que resuelven problemas. Otras, simplemente, los administran. Y luego están las que los agravan mientras fingen combatirlos. El decreto de prórroga de alquileres pertenece a esta última categoría.Los términos del debate han sido los habituales: proteger al vulnerable, dar estabilidad a quienes peor lo pasan. Difícil oponerse. El envoltorio moral, como siempre, impecable. La verborrea, de cine. El problema surge al pasar de las palabras cuquis a la eficacia práctica. Entonces se comprueba su esterilidad. El decreto no solo no aborda la causa de los altos precios de la vivienda, sino que contribuirá a su aumento y, con ello, a la incertidumbre e inseguridad vital de cada vez más jóvenes y familias.España reúne hoy todos los elementos para que la vivienda sea un bien escaso y, en consecuencia, costoso. Hay escasez porque hay muchas más personas buscando casas que inmuebles disponibles. Y hay precios crecientes porque ese desequilibrio no se corrige. Es más: se agranda y se estimula políticamente con una mezcla singular de dogmatismo e incapacidad. Por un lado, se bloquea la producción de vivienda y se abrazan ideas antieconómicas, como los controles de precios, que hunden la oferta disponible. Por otro, se abren de par en par las puertas del país a millones de personas que requieren alojamiento.Las cuentas no salen. Cada año se producen 90.000 viviendas, huyen de las malas regulaciones del alquiler decenas de miles de unidades y entra a España más de 1 millón de inmigrantes. Todavía alguno se sorprende de la escalada de precios. Tenemos lo que la izquierda pidió a los Reyes Magos: especulación. Porque solo se puede especular con lo que escasea y mucha gente quiere. Es aritmética básica.Aritmética básica con implicaciones concretas en la vida de la gente. Emancipaciones frustradas. Pisos compartidos eternamente. Familias embutidas en menos metros de los que necesitan. Parejas que retrasan tener hijos. Sueldos que se van casi íntegros en pagar una caja de zapatos. Y lo peor de todo: la sensación de que, por mucho que uno haga, nunca encontrará la salida del laberinto.En este contexto de harakiri inmobiliario llega la prórroga. Lo presentan como una salvación para los inquilinos cuyos contratos vencen próximamente. Pero es un espejismo. Una sentencia a plazos: la causa de la escasez seguirá intacta. Y cuando termine la prórroga los pisos serán más caros y aún más difíciles de pagar. Es deplorar del síntoma mientras se celebra la enfermedad.La literatura académica ha acreditado que los cambios regulatorios repentinos y arbitrarios sobre los alquileres, como los del decreto, conducen a contracciones significativas de la oferta y a filtros de acceso cada vez más duros. ¿Los perdedores? Quienes buscan piso y se quedan fuera: jóvenes, trabajadores precarios, rentas bajas, familias con menores o dependientes. Descartados y descastados.No es una hipótesis, es una constatación. La borrachera legislativa de estos años ya ha supuesto la desaparición de más de la mitad de la oferta de alquiler existente en 2020. Al ahondar en esta misma senda, el decreto restringiría aún más la entrada a quienes necesitan vivienda. Según el INE, el año pasado tres millones de personas y sus hijos buscaron piso y no lo encontraron. Tres millones de vidas paradas. Y subiendo. Sacrificarlas no es velar por el bien común.Ahí está el agujero moral del decreto: todos los hogares que nunca serán. Para todos ellos, el decreto era una puerta cerrada, un futuro suspendido. También para quienes hoy tienen contrato y mañana buscarán casas que no existirán o no podrán pagar.Para ayudar a los inquilinos, presentes y futuros, solo hay un camino: control migratorio, aumento de oferta y fin de experimentos normativos. Si no millones de españoles seguirán atrapados en la antesala de su propia vida y el Gobierno continuará siendo la compañía aseguradora de las ganancias de los poderosos, los únicos beneficiados de tener una oferta pírrica y una demanda disparada.Carlos H. Quero es portavoz nacional de Vivienda de VOX. Hay decisiones políticas que resuelven problemas. Otras, simplemente, los administran. Y luego están las que los agravan mientras fingen combatirlos. El decreto de prórroga de alquileres pertenece a esta última categoría.Los términos del debate han sido los habituales: proteger al vulnerable, dar estabilidad a quienes peor lo pasan. Difícil oponerse. El envoltorio moral, como siempre, impecable. La verborrea, de cine. El problema surge al pasar de las palabras cuquis a la eficacia práctica. Entonces se comprueba su esterilidad. El decreto no solo no aborda la causa de los altos precios de la vivienda, sino que contribuirá a su aumento y, con ello, a la incertidumbre e inseguridad vital de cada vez más jóvenes y familias.España reúne hoy todos los elementos para que la vivienda sea un bien escaso y, en consecuencia, costoso. Hay escasez porque hay muchas más personas buscando casas que inmuebles disponibles. Y hay precios crecientes porque ese desequilibrio no se corrige. Es más: se agranda y se estimula políticamente con una mezcla singular de dogmatismo e incapacidad. Por un lado, se bloquea la producción de vivienda y se abrazan ideas antieconómicas, como los controles de precios, que hunden la oferta disponible. Por otro, se abren de par en par las puertas del país a millones de personas que requieren alojamiento.Las cuentas no salen. Cada año se producen 90.000 viviendas, huyen de las malas regulaciones del alquiler decenas de miles de unidades y entra a España más de 1 millón de inmigrantes. Todavía alguno se sorprende de la escalada de precios. Tenemos lo que la izquierda pidió a los Reyes Magos: especulación. Porque solo se puede especular con lo que escasea y mucha gente quiere. Es aritmética básica.Aritmética básica con implicaciones concretas en la vida de la gente. Emancipaciones frustradas. Pisos compartidos eternamente. Familias embutidas en menos metros de los que necesitan. Parejas que retrasan tener hijos. Sueldos que se van casi íntegros en pagar una caja de zapatos. Y lo peor de todo: la sensación de que, por mucho que uno haga, nunca encontrará la salida del laberinto.En este contexto de harakiri inmobiliario llega la prórroga. Lo presentan como una salvación para los inquilinos cuyos contratos vencen próximamente. Pero es un espejismo. Una sentencia a plazos: la causa de la escasez seguirá intacta. Y cuando termine la prórroga los pisos serán más caros y aún más difíciles de pagar. Es deplorar del síntoma mientras se celebra la enfermedad.La literatura académica ha acreditado que los cambios regulatorios repentinos y arbitrarios sobre los alquileres, como los del decreto, conducen a contracciones significativas de la oferta y a filtros de acceso cada vez más duros. ¿Los perdedores? Quienes buscan piso y se quedan fuera: jóvenes, trabajadores precarios, rentas bajas, familias con menores o dependientes. Descartados y descastados.No es una hipótesis, es una constatación. La borrachera legislativa de estos años ya ha supuesto la desaparición de más de la mitad de la oferta de alquiler existente en 2020. Al ahondar en esta misma senda, el decreto restringiría aún más la entrada a quienes necesitan vivienda. Según el INE, el año pasado tres millones de personas y sus hijos buscaron piso y no lo encontraron. Tres millones de vidas paradas. Y subiendo. Sacrificarlas no es velar por el bien común.Ahí está el agujero moral del decreto: todos los hogares que nunca serán. Para todos ellos, el decreto era una puerta cerrada, un futuro suspendido. También para quienes hoy tienen contrato y mañana buscarán casas que no existirán o no podrán pagar.Para ayudar a los inquilinos, presentes y futuros, solo hay un camino: control migratorio, aumento de oferta y fin de experimentos normativos. Si no millones de españoles seguirán atrapados en la antesala de su propia vida y el Gobierno continuará siendo la compañía aseguradora de las ganancias de los poderosos, los únicos beneficiados de tener una oferta pírrica y una demanda disparada.Carlos H. Quero es portavoz nacional de Vivienda de VOX. RSS de noticias de espana
Todos los hogares que no serán
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