Un potencial Gobierno de derechas -a priori, una coalición entre Partido Popular y Vox- reformará en su totalidad Redeia -el gestor global de infraestructuras esenciales de electricidad y telecomunicaciones español-, tal y como se conoce hoy. Según ha podido saber ABC en fuentes políticas, entre las prioridades coincidentes de ambas formaciones está acabar con la intervención estatal en las empresas con participación pública, entre las que destacan a Redeia -matriz de Red Eléctrica-, presidida hoy por Beatriz Corredor, la que fuera ministra de Vivienda bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ostenta un 20% del capital. Las fuentes explican a este periódico que Redeia deberá ser ‘per se’ independiente, por lo que una vez ordenado y modernizado se estudiará la idoneidad de una salida paulatina del Estado «de sus tripas», si bien, sobre todo, se buscará en el inicio de su plan de choque la ‘ neutralidad ‘. Coinciden ambos partidos en que se estudiará reducir la participación pública en el operador eléctrico, un extremo en el que aún no se han puesto de acuerdo, si bien sí será despolitizada con la salida de altos cargos, entre ellos la propia presidenta, y una vez limpia y ordenada, plantear también una potencial fusión con Enagás , en la que el Estado -también a través de la SEPI- mantiene un 5% de participación. «No hay una decisión en firme y cualquier medida se estudiará caso por caso, pero distinguiendo entre activos financieros y de infraestructura energética esencial; hay que tener en cuenta que, de momento, en cuanto a Redeia existe una obligación legal de mantener una participación pública mínima del 10%, lo que impediría a priori una salida total del Estado, si bien la norma se podrá tocar sin muchos problemas», explica una fuente próxima a ambas formaciones. De hecho, como informó ABC, Red Eléctrica es una de las empresas que el vicesecretario de Economía de los populares, Alberto Nadal, considera una excepción entre las privatizables, y cree que podría mantenerse cierta presencia del Estado, «porque presta un servicio público esencial». En cualquier caso, expertos del sector consultados por este periódico coinciden con los planes de un Gobierno futurible de derechas y aseguran que una vez conseguido un nuevo grupo independiente y neutro, es cuando «se podrá volver a poner sobre la mesa la fusión entre Red Eléctrica y Enagás -principal compañía transportista de gas natural en España y el Gestor Técnico del Sistema Gasista-, y no porque se vayan a obtener grandes sinergias, que no se van a obtener, pero la segunda tiene una serie de carencias que es necesario cubrir y una fusión justificaría además un ajuste de empleo en dos plantillas muy sobredimensionadas ya».Ahora bien, ese futurible Gobierno de coalición de derechas aún tendrá que ponerse de acuerdo en más decisiones en torno a la nueva Redeia, por ejemplo, en cómo financiar un nuevo y potente plan de inversiones , pero no con cargo a Presupuestos, como algún miembro del PP ha anunciado ya. De hecho, es algo para lo que tendrán que sentarse a hablar despacio, puntualizan las fuentes, para llegar a un pacto común. Para Vox -dicen-, la solución pasa por limpiar la tarifa de todo aquello que no sea eléctrico, con lo que se liberaría capital para cubrir cualquier inversión. «Será del todo urgente modificar radicalmente el sistema de retribución, tanto el sistema de la TRF (Tasa de Retribución Financiera) vinculado a la deuda pública que se establece en el año 2014, como el sistema actual del UAC, carecen completamente de sentido, y la prueba es que llega un punto en el que asfixian a la compañía, no le permiten llevar a cabo ni siquiera las inversiones propias de su objeto social», apuntan. «Lo que hay que hacer es retribuir adecuadamente la compañía con cargo a la tarifa, limpiar la tarifa para que haya dinero para lo que tiene que haber y no para otros menesteres, y dejar los Presupuestos para la política».Separar funciones, la eterna polémicaMientras, expertos consultados por este periódico devuelven a la actualidad la eterna polémica en torno a la posibilidad de que una vez se produzca un cambio político al frente del Ejecutivo, el nuevo Gobierno salido de las urnas se planteará a más separar las funciones del operador del sistema. No necesariamente sacar a este del grupo , pero sí separarlo, y modificar la idea de un operador del sistema independiente por uno neutral.Tal y como la propia compañía explica en su página web, «Red Eléctrica de España es la sociedad que desarrolla la actividad principal del Grupo Redeia, mediante el desempeño de las funciones de transportista único y operador del sistema eléctrico español (TSO), cuya misión consiste en garantizar en todo momento la seguridad y continuidad del suministro eléctrico y gestionar el transporte de energía en alta tensión».20% Estudiar la venta de participación pública en el operador eléctrico A cierre de diciembre de 2025, un 70,29% de las acciones de Redeia lo constituyen capital flotante, un 20% corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un 5% a Pontegadea Inversiones, S.L., un 4,67% a BlackRock correspondiente al porcentaje de derechos de voto atribuidos a las acciones y el 0,04% corresponde a la participación de miembros del consejo y autocartera.Y es que para la actual alta dirección de Redeia el modelo vigente desde hace más de cuatro décadas funciona y debe seguir así, si bien el debate de si seguir que un mismo grupo opere el sistema eléctrico y, a la vez, sea el dueño y planificador de la red de alta tensión no es lo lógico. Una polémica, por cierto, que se reabrió tras el apagón del 28 de abril de 2025.Parte del sector opina justo lo contrario que Red Eléctrica. Es el caso de una de las grandes del sector, Iberdrola. Su consejero delegado en España, Mario Ruiz-Tagle, propuso en junio de 2024 abrir la red de alta tensión a la iniciativa privada mediante concesiones a 30 años, y lo conectaba directamente a un problema para el que el Gobierno actual no ha dado solución alguna: la lentitud en la construcción de infraestructuras para electrificar la economía. Una iniciativa que desde entonces ha seguido abanderando la compañía en boca de su propio presidente, Ignacio S. Galán.Mientras, en el arco parlamentario, el PNV se ha mostrado más duro que PP y Vox incluso en su apuesta por cambiar el modelo actual. Desde la formación vasca, la diputada Idoia Sagastizábal llegó a preguntar a la entonces presidenta de la CNMC, Cani Fernández, si la concentración de funciones «sigue siendo el modelo más eficiente» e incluso acusó a Red Eléctrica de «actuar como juez y parte en un negocio que además está regulado».En mayo pasado, con Fernández aún en la presidencia de Competencia, el regulador puso en duda el modelo de la compañía presidida por Corredor y advirtió del riesgo de conflictos de interés entre la operación del sistema y la actividad de transporte, ambas gestionadas por Red Eléctrica. En un informe aprobado el 14 de dicho mes, tan solo dos días después de que la energética acusara a la CNMC también de «conflicto de interés» por la apertura de un expediente muy grave al operador en el marco del día del apagón del 28 de abril de hace un año, el regulador se revolvió y le devolvió las críticas al operador.Entonces, si bien es verdad que Competencia reconoció avances en el cumplimiento de las medidas de separación funcional aplicables a la unidad que opera el sistema y gestiona la red de transporte, alertó de que el modelo actual puede no ser suficiente para evitar conflictos de interés entre la función técnica de operación y la actividad regulada de transporte, retribuida con cargo al sistema eléctrico.Además, el regulador advirtió en su ‘Informe de seguimiento del cumplimiento de los criterios de separación funcional que aplican a la unidad orgánica que ejerce la función de operador del sistema eléctrico y gestor de la red de transporte integrada en Red Eléctrica de España’ de que la compañía pueda priorizar inversiones más rentables a otras necesarias al mismo tiempo que cuestiona el pago en acciones a directivos. Un potencial Gobierno de derechas -a priori, una coalición entre Partido Popular y Vox- reformará en su totalidad Redeia -el gestor global de infraestructuras esenciales de electricidad y telecomunicaciones español-, tal y como se conoce hoy. Según ha podido saber ABC en fuentes políticas, entre las prioridades coincidentes de ambas formaciones está acabar con la intervención estatal en las empresas con participación pública, entre las que destacan a Redeia -matriz de Red Eléctrica-, presidida hoy por Beatriz Corredor, la que fuera ministra de Vivienda bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ostenta un 20% del capital. Las fuentes explican a este periódico que Redeia deberá ser ‘per se’ independiente, por lo que una vez ordenado y modernizado se estudiará la idoneidad de una salida paulatina del Estado «de sus tripas», si bien, sobre todo, se buscará en el inicio de su plan de choque la ‘ neutralidad ‘. Coinciden ambos partidos en que se estudiará reducir la participación pública en el operador eléctrico, un extremo en el que aún no se han puesto de acuerdo, si bien sí será despolitizada con la salida de altos cargos, entre ellos la propia presidenta, y una vez limpia y ordenada, plantear también una potencial fusión con Enagás , en la que el Estado -también a través de la SEPI- mantiene un 5% de participación. «No hay una decisión en firme y cualquier medida se estudiará caso por caso, pero distinguiendo entre activos financieros y de infraestructura energética esencial; hay que tener en cuenta que, de momento, en cuanto a Redeia existe una obligación legal de mantener una participación pública mínima del 10%, lo que impediría a priori una salida total del Estado, si bien la norma se podrá tocar sin muchos problemas», explica una fuente próxima a ambas formaciones. De hecho, como informó ABC, Red Eléctrica es una de las empresas que el vicesecretario de Economía de los populares, Alberto Nadal, considera una excepción entre las privatizables, y cree que podría mantenerse cierta presencia del Estado, «porque presta un servicio público esencial». En cualquier caso, expertos del sector consultados por este periódico coinciden con los planes de un Gobierno futurible de derechas y aseguran que una vez conseguido un nuevo grupo independiente y neutro, es cuando «se podrá volver a poner sobre la mesa la fusión entre Red Eléctrica y Enagás -principal compañía transportista de gas natural en España y el Gestor Técnico del Sistema Gasista-, y no porque se vayan a obtener grandes sinergias, que no se van a obtener, pero la segunda tiene una serie de carencias que es necesario cubrir y una fusión justificaría además un ajuste de empleo en dos plantillas muy sobredimensionadas ya».Ahora bien, ese futurible Gobierno de coalición de derechas aún tendrá que ponerse de acuerdo en más decisiones en torno a la nueva Redeia, por ejemplo, en cómo financiar un nuevo y potente plan de inversiones , pero no con cargo a Presupuestos, como algún miembro del PP ha anunciado ya. De hecho, es algo para lo que tendrán que sentarse a hablar despacio, puntualizan las fuentes, para llegar a un pacto común. Para Vox -dicen-, la solución pasa por limpiar la tarifa de todo aquello que no sea eléctrico, con lo que se liberaría capital para cubrir cualquier inversión. «Será del todo urgente modificar radicalmente el sistema de retribución, tanto el sistema de la TRF (Tasa de Retribución Financiera) vinculado a la deuda pública que se establece en el año 2014, como el sistema actual del UAC, carecen completamente de sentido, y la prueba es que llega un punto en el que asfixian a la compañía, no le permiten llevar a cabo ni siquiera las inversiones propias de su objeto social», apuntan. «Lo que hay que hacer es retribuir adecuadamente la compañía con cargo a la tarifa, limpiar la tarifa para que haya dinero para lo que tiene que haber y no para otros menesteres, y dejar los Presupuestos para la política».Separar funciones, la eterna polémicaMientras, expertos consultados por este periódico devuelven a la actualidad la eterna polémica en torno a la posibilidad de que una vez se produzca un cambio político al frente del Ejecutivo, el nuevo Gobierno salido de las urnas se planteará a más separar las funciones del operador del sistema. No necesariamente sacar a este del grupo , pero sí separarlo, y modificar la idea de un operador del sistema independiente por uno neutral.Tal y como la propia compañía explica en su página web, «Red Eléctrica de España es la sociedad que desarrolla la actividad principal del Grupo Redeia, mediante el desempeño de las funciones de transportista único y operador del sistema eléctrico español (TSO), cuya misión consiste en garantizar en todo momento la seguridad y continuidad del suministro eléctrico y gestionar el transporte de energía en alta tensión».20% Estudiar la venta de participación pública en el operador eléctrico A cierre de diciembre de 2025, un 70,29% de las acciones de Redeia lo constituyen capital flotante, un 20% corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un 5% a Pontegadea Inversiones, S.L., un 4,67% a BlackRock correspondiente al porcentaje de derechos de voto atribuidos a las acciones y el 0,04% corresponde a la participación de miembros del consejo y autocartera.Y es que para la actual alta dirección de Redeia el modelo vigente desde hace más de cuatro décadas funciona y debe seguir así, si bien el debate de si seguir que un mismo grupo opere el sistema eléctrico y, a la vez, sea el dueño y planificador de la red de alta tensión no es lo lógico. Una polémica, por cierto, que se reabrió tras el apagón del 28 de abril de 2025.Parte del sector opina justo lo contrario que Red Eléctrica. Es el caso de una de las grandes del sector, Iberdrola. Su consejero delegado en España, Mario Ruiz-Tagle, propuso en junio de 2024 abrir la red de alta tensión a la iniciativa privada mediante concesiones a 30 años, y lo conectaba directamente a un problema para el que el Gobierno actual no ha dado solución alguna: la lentitud en la construcción de infraestructuras para electrificar la economía. Una iniciativa que desde entonces ha seguido abanderando la compañía en boca de su propio presidente, Ignacio S. Galán.Mientras, en el arco parlamentario, el PNV se ha mostrado más duro que PP y Vox incluso en su apuesta por cambiar el modelo actual. Desde la formación vasca, la diputada Idoia Sagastizábal llegó a preguntar a la entonces presidenta de la CNMC, Cani Fernández, si la concentración de funciones «sigue siendo el modelo más eficiente» e incluso acusó a Red Eléctrica de «actuar como juez y parte en un negocio que además está regulado».En mayo pasado, con Fernández aún en la presidencia de Competencia, el regulador puso en duda el modelo de la compañía presidida por Corredor y advirtió del riesgo de conflictos de interés entre la operación del sistema y la actividad de transporte, ambas gestionadas por Red Eléctrica. En un informe aprobado el 14 de dicho mes, tan solo dos días después de que la energética acusara a la CNMC también de «conflicto de interés» por la apertura de un expediente muy grave al operador en el marco del día del apagón del 28 de abril de hace un año, el regulador se revolvió y le devolvió las críticas al operador.Entonces, si bien es verdad que Competencia reconoció avances en el cumplimiento de las medidas de separación funcional aplicables a la unidad que opera el sistema y gestiona la red de transporte, alertó de que el modelo actual puede no ser suficiente para evitar conflictos de interés entre la función técnica de operación y la actividad regulada de transporte, retribuida con cargo al sistema eléctrico.Además, el regulador advirtió en su ‘Informe de seguimiento del cumplimiento de los criterios de separación funcional que aplican a la unidad orgánica que ejerce la función de operador del sistema eléctrico y gestor de la red de transporte integrada en Red Eléctrica de España’ de que la compañía pueda priorizar inversiones más rentables a otras necesarias al mismo tiempo que cuestiona el pago en acciones a directivos. Un potencial Gobierno de derechas -a priori, una coalición entre Partido Popular y Vox- reformará en su totalidad Redeia -el gestor global de infraestructuras esenciales de electricidad y telecomunicaciones español-, tal y como se conoce hoy. Según ha podido saber ABC en fuentes políticas, entre las prioridades coincidentes de ambas formaciones está acabar con la intervención estatal en las empresas con participación pública, entre las que destacan a Redeia -matriz de Red Eléctrica-, presidida hoy por Beatriz Corredor, la que fuera ministra de Vivienda bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ostenta un 20% del capital. Las fuentes explican a este periódico que Redeia deberá ser ‘per se’ independiente, por lo que una vez ordenado y modernizado se estudiará la idoneidad de una salida paulatina del Estado «de sus tripas», si bien, sobre todo, se buscará en el inicio de su plan de choque la ‘ neutralidad ‘. Coinciden ambos partidos en que se estudiará reducir la participación pública en el operador eléctrico, un extremo en el que aún no se han puesto de acuerdo, si bien sí será despolitizada con la salida de altos cargos, entre ellos la propia presidenta, y una vez limpia y ordenada, plantear también una potencial fusión con Enagás , en la que el Estado -también a través de la SEPI- mantiene un 5% de participación. «No hay una decisión en firme y cualquier medida se estudiará caso por caso, pero distinguiendo entre activos financieros y de infraestructura energética esencial; hay que tener en cuenta que, de momento, en cuanto a Redeia existe una obligación legal de mantener una participación pública mínima del 10%, lo que impediría a priori una salida total del Estado, si bien la norma se podrá tocar sin muchos problemas», explica una fuente próxima a ambas formaciones. De hecho, como informó ABC, Red Eléctrica es una de las empresas que el vicesecretario de Economía de los populares, Alberto Nadal, considera una excepción entre las privatizables, y cree que podría mantenerse cierta presencia del Estado, «porque presta un servicio público esencial». En cualquier caso, expertos del sector consultados por este periódico coinciden con los planes de un Gobierno futurible de derechas y aseguran que una vez conseguido un nuevo grupo independiente y neutro, es cuando «se podrá volver a poner sobre la mesa la fusión entre Red Eléctrica y Enagás -principal compañía transportista de gas natural en España y el Gestor Técnico del Sistema Gasista-, y no porque se vayan a obtener grandes sinergias, que no se van a obtener, pero la segunda tiene una serie de carencias que es necesario cubrir y una fusión justificaría además un ajuste de empleo en dos plantillas muy sobredimensionadas ya».Ahora bien, ese futurible Gobierno de coalición de derechas aún tendrá que ponerse de acuerdo en más decisiones en torno a la nueva Redeia, por ejemplo, en cómo financiar un nuevo y potente plan de inversiones , pero no con cargo a Presupuestos, como algún miembro del PP ha anunciado ya. De hecho, es algo para lo que tendrán que sentarse a hablar despacio, puntualizan las fuentes, para llegar a un pacto común. Para Vox -dicen-, la solución pasa por limpiar la tarifa de todo aquello que no sea eléctrico, con lo que se liberaría capital para cubrir cualquier inversión. «Será del todo urgente modificar radicalmente el sistema de retribución, tanto el sistema de la TRF (Tasa de Retribución Financiera) vinculado a la deuda pública que se establece en el año 2014, como el sistema actual del UAC, carecen completamente de sentido, y la prueba es que llega un punto en el que asfixian a la compañía, no le permiten llevar a cabo ni siquiera las inversiones propias de su objeto social», apuntan. «Lo que hay que hacer es retribuir adecuadamente la compañía con cargo a la tarifa, limpiar la tarifa para que haya dinero para lo que tiene que haber y no para otros menesteres, y dejar los Presupuestos para la política».Separar funciones, la eterna polémicaMientras, expertos consultados por este periódico devuelven a la actualidad la eterna polémica en torno a la posibilidad de que una vez se produzca un cambio político al frente del Ejecutivo, el nuevo Gobierno salido de las urnas se planteará a más separar las funciones del operador del sistema. No necesariamente sacar a este del grupo , pero sí separarlo, y modificar la idea de un operador del sistema independiente por uno neutral.Tal y como la propia compañía explica en su página web, «Red Eléctrica de España es la sociedad que desarrolla la actividad principal del Grupo Redeia, mediante el desempeño de las funciones de transportista único y operador del sistema eléctrico español (TSO), cuya misión consiste en garantizar en todo momento la seguridad y continuidad del suministro eléctrico y gestionar el transporte de energía en alta tensión».20% Estudiar la venta de participación pública en el operador eléctrico A cierre de diciembre de 2025, un 70,29% de las acciones de Redeia lo constituyen capital flotante, un 20% corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un 5% a Pontegadea Inversiones, S.L., un 4,67% a BlackRock correspondiente al porcentaje de derechos de voto atribuidos a las acciones y el 0,04% corresponde a la participación de miembros del consejo y autocartera.Y es que para la actual alta dirección de Redeia el modelo vigente desde hace más de cuatro décadas funciona y debe seguir así, si bien el debate de si seguir que un mismo grupo opere el sistema eléctrico y, a la vez, sea el dueño y planificador de la red de alta tensión no es lo lógico. Una polémica, por cierto, que se reabrió tras el apagón del 28 de abril de 2025.Parte del sector opina justo lo contrario que Red Eléctrica. Es el caso de una de las grandes del sector, Iberdrola. Su consejero delegado en España, Mario Ruiz-Tagle, propuso en junio de 2024 abrir la red de alta tensión a la iniciativa privada mediante concesiones a 30 años, y lo conectaba directamente a un problema para el que el Gobierno actual no ha dado solución alguna: la lentitud en la construcción de infraestructuras para electrificar la economía. Una iniciativa que desde entonces ha seguido abanderando la compañía en boca de su propio presidente, Ignacio S. Galán.Mientras, en el arco parlamentario, el PNV se ha mostrado más duro que PP y Vox incluso en su apuesta por cambiar el modelo actual. Desde la formación vasca, la diputada Idoia Sagastizábal llegó a preguntar a la entonces presidenta de la CNMC, Cani Fernández, si la concentración de funciones «sigue siendo el modelo más eficiente» e incluso acusó a Red Eléctrica de «actuar como juez y parte en un negocio que además está regulado».En mayo pasado, con Fernández aún en la presidencia de Competencia, el regulador puso en duda el modelo de la compañía presidida por Corredor y advirtió del riesgo de conflictos de interés entre la operación del sistema y la actividad de transporte, ambas gestionadas por Red Eléctrica. En un informe aprobado el 14 de dicho mes, tan solo dos días después de que la energética acusara a la CNMC también de «conflicto de interés» por la apertura de un expediente muy grave al operador en el marco del día del apagón del 28 de abril de hace un año, el regulador se revolvió y le devolvió las críticas al operador.Entonces, si bien es verdad que Competencia reconoció avances en el cumplimiento de las medidas de separación funcional aplicables a la unidad que opera el sistema y gestiona la red de transporte, alertó de que el modelo actual puede no ser suficiente para evitar conflictos de interés entre la función técnica de operación y la actividad regulada de transporte, retribuida con cargo al sistema eléctrico.Además, el regulador advirtió en su ‘Informe de seguimiento del cumplimiento de los criterios de separación funcional que aplican a la unidad orgánica que ejerce la función de operador del sistema eléctrico y gestor de la red de transporte integrada en Red Eléctrica de España’ de que la compañía pueda priorizar inversiones más rentables a otras necesarias al mismo tiempo que cuestiona el pago en acciones a directivos. 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