La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un informe al juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, en el que aprecia «arbitrariedad» por parte de la empresa pública Red.es para adjudicar contratos a la empresa de Juan Carlos Barrabés, se investiga si protegido de la esposa del presidente del Gobierno, en perjuicio de otras compañías.Según el informe, consultado por ABC, que recaba comunicaciones entre miembros del equipo de selección de ofertas, los funcionarios públicos habrían recurrido a prácticas arbitrarias para bajar la nota de otros competidores en la fase de criterios valorativos y conseguir que la compañía de Barrabés, profesor en el máster de la Complutense de Begoña Gómez, fuera la adjudicataria.Los agentes recogen algunas de esas comunicaciones en el informe entregado al juez y destacan que otras fueron borradas por los implicados. Consideran que la compañía más perjudicada por la aplicación de dichos criterios fue Everis. Dicho informe, con fecha de febrero e incluido en un escrito de la Fiscalía Europea en el que el organismo alertaba de posible prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea en la adjudicación de tres contratos por valor de 4 millones de euros, llevó al magistrado madrileño a abrir una nueva pieza de investigación contra Juan Carlos Barrabés, el empresario que ayudó a la mujer del presidente a impulsar su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. La pieza de investigación, iniciada el 8 de junio, es independiente a la abierta a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias por la que ya le ha enviado a juicio.En esta nueva línea se aborda la implicación de distintos funcionarios, miembros de la mayoría de departamentos de Red.es como Administración, Finanzas, Asesoría Jurídica, Control de Contratación y la propia dirección de la compañía pública. La más afectada es Economía Digital, cuyo director en el momento de las adjudicaciones, Luis Prieto, está en el centro de la investigación. Los contratos de 2,4 millones; 2,3 millones y 3,6 millones fueron adjudicados entre enero de 2020 y diciembre de 2023.Criterios de valoraciónSegún la Guardia Civil, su departamento decidió cambiar los criterios de valoración de las ofertas para «atribuir un peso del 49% sobre la licitación a los criterios sujetos a juicio de valor en lugar del 40%, pese a resultar infructuosa».Así, los agentes han recogido correos intercambiados entre los implicados de los que se desprende que eran conscientes de que su comportamiento no estaba siendo justo: «Seamos radicales, para evitar una subasta. Como consecuencia, dejamos fuera a muchas de las ofertas, es cierto, pero tenemos mayor posibilidad de adjudicar una buena oferta», escribió la subdirectora adjunta de Economía Digital ya jubilada.»Muy justo no es, pero a mí me puede más el miedo a que salga alguno de estos a que puedan reclamar…», dijo una técnico senior del mismo departamento. «Estoy intentando cambiar las de las puntuaciones más altas para bajarlas, pero es que realmente me parecen buenas», afirmó la misma funcionaria.Los agentes destacan que el jefe del Departamento, Prieto, «habría solicitado expresamente» en marzo de 2021 las ofertas de la UTE The Valley-Barrabés; Everis y Santillana, que le remitió una subordinada. Para la Guardia Civil, «pese a tener acceso al resto de ofertas, de esta petición expresa y de los hechos que se suceden, se desprende que estas tres ofertas serían las únicas sometidas a un análisis directo por parte de Prieto. En todo caso, existiendo una clara diferenciación respecto a la consideración del resto de ofertas». Los investigadores concluyen en su informe que «tras su revisión, la calificación de Santillana se mantiene según la valoración del equipo de evaluadores -pese a ya estar condicionada por esa valoración previa-. Respecto a las UTE The Valley-Barrabés (la del empresario investigado) y Everis, la comprobación directa de ambas desembocó en la ampliación de la diferencia entre ambas por un gran margen». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un informe al juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, en el que aprecia «arbitrariedad» por parte de la empresa pública Red.es para adjudicar contratos a la empresa de Juan Carlos Barrabés, se investiga si protegido de la esposa del presidente del Gobierno, en perjuicio de otras compañías.Según el informe, consultado por ABC, que recaba comunicaciones entre miembros del equipo de selección de ofertas, los funcionarios públicos habrían recurrido a prácticas arbitrarias para bajar la nota de otros competidores en la fase de criterios valorativos y conseguir que la compañía de Barrabés, profesor en el máster de la Complutense de Begoña Gómez, fuera la adjudicataria.Los agentes recogen algunas de esas comunicaciones en el informe entregado al juez y destacan que otras fueron borradas por los implicados. Consideran que la compañía más perjudicada por la aplicación de dichos criterios fue Everis. Dicho informe, con fecha de febrero e incluido en un escrito de la Fiscalía Europea en el que el organismo alertaba de posible prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea en la adjudicación de tres contratos por valor de 4 millones de euros, llevó al magistrado madrileño a abrir una nueva pieza de investigación contra Juan Carlos Barrabés, el empresario que ayudó a la mujer del presidente a impulsar su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. La pieza de investigación, iniciada el 8 de junio, es independiente a la abierta a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias por la que ya le ha enviado a juicio.En esta nueva línea se aborda la implicación de distintos funcionarios, miembros de la mayoría de departamentos de Red.es como Administración, Finanzas, Asesoría Jurídica, Control de Contratación y la propia dirección de la compañía pública. La más afectada es Economía Digital, cuyo director en el momento de las adjudicaciones, Luis Prieto, está en el centro de la investigación. Los contratos de 2,4 millones; 2,3 millones y 3,6 millones fueron adjudicados entre enero de 2020 y diciembre de 2023.Criterios de valoraciónSegún la Guardia Civil, su departamento decidió cambiar los criterios de valoración de las ofertas para «atribuir un peso del 49% sobre la licitación a los criterios sujetos a juicio de valor en lugar del 40%, pese a resultar infructuosa».Así, los agentes han recogido correos intercambiados entre los implicados de los que se desprende que eran conscientes de que su comportamiento no estaba siendo justo: «Seamos radicales, para evitar una subasta. Como consecuencia, dejamos fuera a muchas de las ofertas, es cierto, pero tenemos mayor posibilidad de adjudicar una buena oferta», escribió la subdirectora adjunta de Economía Digital ya jubilada.»Muy justo no es, pero a mí me puede más el miedo a que salga alguno de estos a que puedan reclamar…», dijo una técnico senior del mismo departamento. «Estoy intentando cambiar las de las puntuaciones más altas para bajarlas, pero es que realmente me parecen buenas», afirmó la misma funcionaria.Los agentes destacan que el jefe del Departamento, Prieto, «habría solicitado expresamente» en marzo de 2021 las ofertas de la UTE The Valley-Barrabés; Everis y Santillana, que le remitió una subordinada. Para la Guardia Civil, «pese a tener acceso al resto de ofertas, de esta petición expresa y de los hechos que se suceden, se desprende que estas tres ofertas serían las únicas sometidas a un análisis directo por parte de Prieto. En todo caso, existiendo una clara diferenciación respecto a la consideración del resto de ofertas». Los investigadores concluyen en su informe que «tras su revisión, la calificación de Santillana se mantiene según la valoración del equipo de evaluadores -pese a ya estar condicionada por esa valoración previa-. Respecto a las UTE The Valley-Barrabés (la del empresario investigado) y Everis, la comprobación directa de ambas desembocó en la ampliación de la diferencia entre ambas por un gran margen». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un informe al juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, en el que aprecia «arbitrariedad» por parte de la empresa pública Red.es para adjudicar contratos a la empresa de Juan Carlos Barrabés, se investiga si protegido de la esposa del presidente del Gobierno, en perjuicio de otras compañías.Según el informe, consultado por ABC, que recaba comunicaciones entre miembros del equipo de selección de ofertas, los funcionarios públicos habrían recurrido a prácticas arbitrarias para bajar la nota de otros competidores en la fase de criterios valorativos y conseguir que la compañía de Barrabés, profesor en el máster de la Complutense de Begoña Gómez, fuera la adjudicataria.Los agentes recogen algunas de esas comunicaciones en el informe entregado al juez y destacan que otras fueron borradas por los implicados. Consideran que la compañía más perjudicada por la aplicación de dichos criterios fue Everis. Dicho informe, con fecha de febrero e incluido en un escrito de la Fiscalía Europea en el que el organismo alertaba de posible prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea en la adjudicación de tres contratos por valor de 4 millones de euros, llevó al magistrado madrileño a abrir una nueva pieza de investigación contra Juan Carlos Barrabés, el empresario que ayudó a la mujer del presidente a impulsar su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. La pieza de investigación, iniciada el 8 de junio, es independiente a la abierta a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias por la que ya le ha enviado a juicio.En esta nueva línea se aborda la implicación de distintos funcionarios, miembros de la mayoría de departamentos de Red.es como Administración, Finanzas, Asesoría Jurídica, Control de Contratación y la propia dirección de la compañía pública. La más afectada es Economía Digital, cuyo director en el momento de las adjudicaciones, Luis Prieto, está en el centro de la investigación. Los contratos de 2,4 millones; 2,3 millones y 3,6 millones fueron adjudicados entre enero de 2020 y diciembre de 2023.Criterios de valoraciónSegún la Guardia Civil, su departamento decidió cambiar los criterios de valoración de las ofertas para «atribuir un peso del 49% sobre la licitación a los criterios sujetos a juicio de valor en lugar del 40%, pese a resultar infructuosa».Así, los agentes han recogido correos intercambiados entre los implicados de los que se desprende que eran conscientes de que su comportamiento no estaba siendo justo: «Seamos radicales, para evitar una subasta. Como consecuencia, dejamos fuera a muchas de las ofertas, es cierto, pero tenemos mayor posibilidad de adjudicar una buena oferta», escribió la subdirectora adjunta de Economía Digital ya jubilada.»Muy justo no es, pero a mí me puede más el miedo a que salga alguno de estos a que puedan reclamar…», dijo una técnico senior del mismo departamento. «Estoy intentando cambiar las de las puntuaciones más altas para bajarlas, pero es que realmente me parecen buenas», afirmó la misma funcionaria.Los agentes destacan que el jefe del Departamento, Prieto, «habría solicitado expresamente» en marzo de 2021 las ofertas de la UTE The Valley-Barrabés; Everis y Santillana, que le remitió una subordinada. Para la Guardia Civil, «pese a tener acceso al resto de ofertas, de esta petición expresa y de los hechos que se suceden, se desprende que estas tres ofertas serían las únicas sometidas a un análisis directo por parte de Prieto. En todo caso, existiendo una clara diferenciación respecto a la consideración del resto de ofertas». Los investigadores concluyen en su informe que «tras su revisión, la calificación de Santillana se mantiene según la valoración del equipo de evaluadores -pese a ya estar condicionada por esa valoración previa-. Respecto a las UTE The Valley-Barrabés (la del empresario investigado) y Everis, la comprobación directa de ambas desembocó en la ampliación de la diferencia entre ambas por un gran margen». RSS de noticias de espana
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