El Tribunal Constitucional, que se enfrenta esta semana a su reto más escrutado de este mandato, es un órgano institucional clave del sistema democrático, intérprete último y máximo de la norma suprema, que dicta sentencias determinantes pero no se considera una instancia jurídica. Sus magistrados, elegidos con un método y una ley que no es de ahora ni sanchista, son figuras experimentadas y baqueteadas en las refriegas políticas del país, pero no se pueden defender ni justificar por los métodos habituales de los políticos profesionales. Se solían sustentar con el prestigio de su carrera y los razonamientos de sus sentencias. Eso era más o menos así hasta ahora.
Amnistía y vivienda han reproducido en el pleno la división política entre magistrados progresistas y conservadores
El Tribunal Constitucional, que se enfrenta esta semana a su reto más escrutado de este mandato, es un órgano institucional clave del sistema democrático, intérprete último y máximo de la norma suprema, que dicta sentencias determinantes pero no se considera una instancia jurídica. Sus magistrados, elegidos con un método y una ley que no es de ahora ni sanchista, son figuras experimentadas y baqueteadas en las refriegas políticas del país, pero no se pueden defender ni justificar por los métodos habituales de los políticos profesionales. Se solían sustentar con el prestigio de su carrera y los razonamientos de sus sentencias. Eso era más o menos así hasta ahora.
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