Era la crónica de una prohibición anunciada, que deja inservible a la propia Competencia y provoca la ira de los reguladores europeos . Un bloqueo en toda regla de la opa de BBVA sobre Sabadell. El Gobierno ha puesto la operación en la alacena de arriba, donde nadie llega sin jugarse el tipo y donde el riesgo de aguantar para completar la operación es mayor que los beneficios que pudieran aguardar a la vuelta de tres años, que en la era digital son tres siglos. El Ejecutivo ha dejado abierta la ventana mientras se marcha de la habitación, esperando que el presidente del BBVA, Carlos Torres, tire por ella su opa, los planes de crecimiento del propio banco y la carrera de cuantos confiaban en que Europa pondría coto a una forma de hacer política de destrucción masiva, porque nadie gana y todos pierden, aunque algunos todavía no lo vean.El Gobierno de Sánchez no se salta la legislación, pero la violenta . La lleva a un extremo en lo que ya no se puede distinguir lo legal de lo ilegal, ni lo posible de lo imposible. Lo que está claro es que hay, cuanto menos, un exceso de celo y una injerencia que trastoca el resultado de un movimiento que debiera haber sido netamente profesional. Porque, sin injerencia política, lo mismo la operación tampoco se hubiese llevado a cabo, sea porque no era lo mejor para ambos bancos, sea por lo que sea. Pero lo cierto es que el mismo Gobierno ha creado un problema donde solo debiera haber sido una decisión de los accionistas. Y ahora los accionistas sabiendo de facto que no habrá sinergias en tres a cinco años, no querrán la operación, que para entonces podría tener un coste inasumible. En virtud del veto, en teoría, ambas entidades mantendrán durante al menos tres años su autonomía de gestión; si bien, en la práctica, eso supone que el BBVA ni podrá contabilizar las sinergias calculadas en 850 millones, ni implementarlas fusionando las plataformas tecnológicas. Interesante será lo que finalmente venga desde Bruselas . De momento, ayer advirtieron de que cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción «debe ser excepcional, proporcionada y justificada por razones válidas de interés público». Un tono duro que va al choque contra el Ejecutivo español. Que una cosa es una opa y después una fusión, pero condicionar una fusión antes de una opa es una interferencia que debería llevar a Bruselas a iniciar un expediente por vulnerar la libertad de movimientos de capitales. Aunque el problema de encomendarse a Bruselas es salir de Málaga para meterse en Malagón. La parsimonia comunitaria acaba con la paciencia de cualquiera. Recordar que nuestra ley de defensa de la competencia solo permite al Ejecutivo confirmar o suavizar los compromisos pactados con la CNMC, no endurecer una opa dejándola en suspenso y condicionada a una hipotética autorización futura de fusión. El saltarse lo resuelto por los reguladores resulta arbitrario. Con esta medida el BBVA puede acudir al Supremo si entiende que el Ejecutivo se extralimita, y Bruselas puede abrir un expediente sancionador así como elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE y, si confirma la violación de la normativa comunitaria, aplicaría multas a España por incumplir sus tratados, el de libre circulación del mercado de capitales y mercado interior. Tiempo al tiempo, algo que BBVA ya no tiene. Era la crónica de una prohibición anunciada, que deja inservible a la propia Competencia y provoca la ira de los reguladores europeos . Un bloqueo en toda regla de la opa de BBVA sobre Sabadell. El Gobierno ha puesto la operación en la alacena de arriba, donde nadie llega sin jugarse el tipo y donde el riesgo de aguantar para completar la operación es mayor que los beneficios que pudieran aguardar a la vuelta de tres años, que en la era digital son tres siglos. El Ejecutivo ha dejado abierta la ventana mientras se marcha de la habitación, esperando que el presidente del BBVA, Carlos Torres, tire por ella su opa, los planes de crecimiento del propio banco y la carrera de cuantos confiaban en que Europa pondría coto a una forma de hacer política de destrucción masiva, porque nadie gana y todos pierden, aunque algunos todavía no lo vean.El Gobierno de Sánchez no se salta la legislación, pero la violenta . La lleva a un extremo en lo que ya no se puede distinguir lo legal de lo ilegal, ni lo posible de lo imposible. Lo que está claro es que hay, cuanto menos, un exceso de celo y una injerencia que trastoca el resultado de un movimiento que debiera haber sido netamente profesional. Porque, sin injerencia política, lo mismo la operación tampoco se hubiese llevado a cabo, sea porque no era lo mejor para ambos bancos, sea por lo que sea. Pero lo cierto es que el mismo Gobierno ha creado un problema donde solo debiera haber sido una decisión de los accionistas. Y ahora los accionistas sabiendo de facto que no habrá sinergias en tres a cinco años, no querrán la operación, que para entonces podría tener un coste inasumible. En virtud del veto, en teoría, ambas entidades mantendrán durante al menos tres años su autonomía de gestión; si bien, en la práctica, eso supone que el BBVA ni podrá contabilizar las sinergias calculadas en 850 millones, ni implementarlas fusionando las plataformas tecnológicas. Interesante será lo que finalmente venga desde Bruselas . De momento, ayer advirtieron de que cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción «debe ser excepcional, proporcionada y justificada por razones válidas de interés público». Un tono duro que va al choque contra el Ejecutivo español. Que una cosa es una opa y después una fusión, pero condicionar una fusión antes de una opa es una interferencia que debería llevar a Bruselas a iniciar un expediente por vulnerar la libertad de movimientos de capitales. Aunque el problema de encomendarse a Bruselas es salir de Málaga para meterse en Malagón. La parsimonia comunitaria acaba con la paciencia de cualquiera. Recordar que nuestra ley de defensa de la competencia solo permite al Ejecutivo confirmar o suavizar los compromisos pactados con la CNMC, no endurecer una opa dejándola en suspenso y condicionada a una hipotética autorización futura de fusión. El saltarse lo resuelto por los reguladores resulta arbitrario. Con esta medida el BBVA puede acudir al Supremo si entiende que el Ejecutivo se extralimita, y Bruselas puede abrir un expediente sancionador así como elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE y, si confirma la violación de la normativa comunitaria, aplicaría multas a España por incumplir sus tratados, el de libre circulación del mercado de capitales y mercado interior. Tiempo al tiempo, algo que BBVA ya no tiene. Era la crónica de una prohibición anunciada, que deja inservible a la propia Competencia y provoca la ira de los reguladores europeos . Un bloqueo en toda regla de la opa de BBVA sobre Sabadell. El Gobierno ha puesto la operación en la alacena de arriba, donde nadie llega sin jugarse el tipo y donde el riesgo de aguantar para completar la operación es mayor que los beneficios que pudieran aguardar a la vuelta de tres años, que en la era digital son tres siglos. El Ejecutivo ha dejado abierta la ventana mientras se marcha de la habitación, esperando que el presidente del BBVA, Carlos Torres, tire por ella su opa, los planes de crecimiento del propio banco y la carrera de cuantos confiaban en que Europa pondría coto a una forma de hacer política de destrucción masiva, porque nadie gana y todos pierden, aunque algunos todavía no lo vean.El Gobierno de Sánchez no se salta la legislación, pero la violenta . La lleva a un extremo en lo que ya no se puede distinguir lo legal de lo ilegal, ni lo posible de lo imposible. Lo que está claro es que hay, cuanto menos, un exceso de celo y una injerencia que trastoca el resultado de un movimiento que debiera haber sido netamente profesional. Porque, sin injerencia política, lo mismo la operación tampoco se hubiese llevado a cabo, sea porque no era lo mejor para ambos bancos, sea por lo que sea. Pero lo cierto es que el mismo Gobierno ha creado un problema donde solo debiera haber sido una decisión de los accionistas. Y ahora los accionistas sabiendo de facto que no habrá sinergias en tres a cinco años, no querrán la operación, que para entonces podría tener un coste inasumible. En virtud del veto, en teoría, ambas entidades mantendrán durante al menos tres años su autonomía de gestión; si bien, en la práctica, eso supone que el BBVA ni podrá contabilizar las sinergias calculadas en 850 millones, ni implementarlas fusionando las plataformas tecnológicas. Interesante será lo que finalmente venga desde Bruselas . De momento, ayer advirtieron de que cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción «debe ser excepcional, proporcionada y justificada por razones válidas de interés público». Un tono duro que va al choque contra el Ejecutivo español. Que una cosa es una opa y después una fusión, pero condicionar una fusión antes de una opa es una interferencia que debería llevar a Bruselas a iniciar un expediente por vulnerar la libertad de movimientos de capitales. Aunque el problema de encomendarse a Bruselas es salir de Málaga para meterse en Malagón. La parsimonia comunitaria acaba con la paciencia de cualquiera. Recordar que nuestra ley de defensa de la competencia solo permite al Ejecutivo confirmar o suavizar los compromisos pactados con la CNMC, no endurecer una opa dejándola en suspenso y condicionada a una hipotética autorización futura de fusión. El saltarse lo resuelto por los reguladores resulta arbitrario. Con esta medida el BBVA puede acudir al Supremo si entiende que el Ejecutivo se extralimita, y Bruselas puede abrir un expediente sancionador así como elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE y, si confirma la violación de la normativa comunitaria, aplicaría multas a España por incumplir sus tratados, el de libre circulación del mercado de capitales y mercado interior. Tiempo al tiempo, algo que BBVA ya no tiene. RSS de noticias de economia
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