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Universidades calca hasta las erratas del decreto que tumbó el Supremo y apunta a aprobarlo con el Gobierno en funciones

noviembre 17, 2026
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El Ministerio de Universidades no solo ha decidido reactivar por la vía rápida su reforma contra la expansión de los campus privados tras el varapalo del Tribunal Supremo, sino que lo ha hecho recuperando exactamente el mismo borrador que el Alto Tribunal anuló hace unas semanas, manteniendo incluso las mismas erratas de redacción . Como ha podido comprobar ABC comparando el nuevo texto y el anulado, no hay ni un solo cambio jurídico ni de contenido. Ni una sola coma. Resulta especialmente irónica esta tramitación exprés iniciada por el ministerio de Diana Morant en el tiempo de descuento, ya que el motivo por el que el Tribunal anuló la norma no fue el contenido, sino la urgencia con la que se aprobó. Es decir, la razón del fallo no reside en las exigencias fijadas por la norma, sino en un defecto formal durante su elaboración: el Consejo de Ministros no justificó debidamente la vía de urgencia utilizada. Universidades se saltó el trámite de consulta pública previa, impidiendo a los sectores afectados alegar antes de la redacción del texto, una omisión que el Alto Tribunal califica como «nulidad de pleno derecho». Sin embargo, las prisas que ha demostrado el Ejecutivo en estos últimos días de la legislatura es aún mayor. El Supremo dio la razón al Gobierno de Baleares, sin embargo, varias comunidades autónomas y centros educativos privados presentaron otros seis recursos aludiendo no a la forma sino al fondo del real decreto. Según fuentes jurídicas consultadas, al Gobierno le consta que hay numerosos recursos «sobre el fondo» que se van a reiterar, por lo que las posibilidades de sacar adelante la norma son «escasísimas». En cualquier caso, el equipo de Diana Morant justifica a este diario que el texto que ahora se tramita sea «exactamente igual que el anterior, ya que la sentencia del TS no entra en el fondo del real decreto». Desde ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), máximo representante de la privada en España, aseguran a ABC que la tramitación del nuevo texto es una «auténtica aberración». De hecho, han pedido que se paralice, como hicieron con el texto ya anulado. ¿Se atreverá el Gobierno a aprobarlo? Pero, además, hay un escollo temporal que también resulta llamativo: el trámite de audiencia e información pública abierto la semana pasada se extenderá hasta el próximo 2 de diciembre, lo que aboca al Ejecutivo a intentar aprobar la norma en el Consejo de Ministros cuando ya se encuentre en funciones tras las elecciones generales del 29-N. Desde el Ministerio de Universidades aseguran a este diario que la necesidad de este real decreto «era y sigue siendo clara y urgente, y por eso ha vuelto a iniciar todos los trámites para aprobarlo en Consejo de Ministros cuando corresponda». En teoría, cuando el Gobierno esté en funciones puede aprobar reales decretos, siempre y cuando concurran razones de extraordinaria y urgente necesidad debidamente acreditadas. Pero, una vez más, surge el mismo interrogante: ¿es urgente aprobar una norma que limita la creación y acreditación de universidades privadas? Desde el sector, insisten en que sería «una absoluta torpeza» aprobarlo estando en funciones. Cuando el Tribunal Supremo tumbó la norma popularmente conocida como «antichiringuitos», el presidente del Gobierno reaccionó con rapidez a través de las redes sociales para marcar la hoja de ruta de su equipo: «Acatamos el fallo del Tribunal Supremo, pero no nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio», aseveró. Para Sánchez, el sistema universitario público se encuentra «bajo asedio» debido a la «proliferación descontrolada» de campus privados, una dinámica que, a su juicio, perjudica la calidad educativa y la igualdad de oportunidades. «Fuerza las costuras del Estado de Derecho»El intento del Ejecutivo de sacar adelante la normativa ‘in extremis’ ha vuelto a poner sobre la mesa el debate jurídico sobre los tiempos y las formas de la actividad legislativa. Fuentes jurídicas consultadas por este diario han coincidido al calificar la maniobra como un intento de «forzar las costuras del Estado de Derecho» en el tramo final de la legislatura. Aun así, el ministerio ha acelerado los pasos normativos con la intención de dejar blindado el texto frente al sector educativo privado, que junto al Consejo de Estado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el propio Ministerio de Economía ya se mostró altamente crítico con el redactado original. Una obsesión para Sánchez A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo no ha ocultado su obsesión contra la educación privada, en todas las etapas educativas. La llamada ley de ratios, ahora en un limbo, suponía una reducción del número de estudiantes que habría provocado, por ejemplo, el cierre del 100% de las guarderías infantiles. Antes de que estallara el ‘caso Maricarmen’ y el Gobierno convocara elecciones, Pedro Sánchez anunció que su equipo estaba trabajando en un nuevo real decreto que incluiría nuevos requisitos para las universidades privadas, como contar con un 50% de profesores que tengan título de doctor o presencialidad «allí donde sea necesaria». Se trataba del tercer decreto en menos de un año que el Ejecutivo preparaba para poner coto a la proliferación de campus privados.El 7 octubre del año pasado se aprobó el texto que ha tumbado el Tribunal Supremo. Pero no quedó ahí. Meses después, el Ministerio de Educación, ya en manos de Milagros Tolón, (que no el de Universidades) anunciaba una nueva norma con el mismo espíritu , pero que afectaría a la FP, que ahora también se imparte en universidades.Esta última endurecía las condiciones para la Formación Profesional privada (no así para la pública), algo que había suscitado intensas críticas dentro del sector. El Gobierno pretendía aprobar este texto antes de final de año, aunque es probable que hubiese tenido un recorrido judicial similar al del decreto «antichiringuitos» primigenio, ahora invalidado. El Ministerio de Universidades no solo ha decidido reactivar por la vía rápida su reforma contra la expansión de los campus privados tras el varapalo del Tribunal Supremo, sino que lo ha hecho recuperando exactamente el mismo borrador que el Alto Tribunal anuló hace unas semanas, manteniendo incluso las mismas erratas de redacción . Como ha podido comprobar ABC comparando el nuevo texto y el anulado, no hay ni un solo cambio jurídico ni de contenido. Ni una sola coma. Resulta especialmente irónica esta tramitación exprés iniciada por el ministerio de Diana Morant en el tiempo de descuento, ya que el motivo por el que el Tribunal anuló la norma no fue el contenido, sino la urgencia con la que se aprobó. Es decir, la razón del fallo no reside en las exigencias fijadas por la norma, sino en un defecto formal durante su elaboración: el Consejo de Ministros no justificó debidamente la vía de urgencia utilizada. Universidades se saltó el trámite de consulta pública previa, impidiendo a los sectores afectados alegar antes de la redacción del texto, una omisión que el Alto Tribunal califica como «nulidad de pleno derecho». Sin embargo, las prisas que ha demostrado el Ejecutivo en estos últimos días de la legislatura es aún mayor. El Supremo dio la razón al Gobierno de Baleares, sin embargo, varias comunidades autónomas y centros educativos privados presentaron otros seis recursos aludiendo no a la forma sino al fondo del real decreto. Según fuentes jurídicas consultadas, al Gobierno le consta que hay numerosos recursos «sobre el fondo» que se van a reiterar, por lo que las posibilidades de sacar adelante la norma son «escasísimas». En cualquier caso, el equipo de Diana Morant justifica a este diario que el texto que ahora se tramita sea «exactamente igual que el anterior, ya que la sentencia del TS no entra en el fondo del real decreto». Desde ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), máximo representante de la privada en España, aseguran a ABC que la tramitación del nuevo texto es una «auténtica aberración». De hecho, han pedido que se paralice, como hicieron con el texto ya anulado. ¿Se atreverá el Gobierno a aprobarlo? Pero, además, hay un escollo temporal que también resulta llamativo: el trámite de audiencia e información pública abierto la semana pasada se extenderá hasta el próximo 2 de diciembre, lo que aboca al Ejecutivo a intentar aprobar la norma en el Consejo de Ministros cuando ya se encuentre en funciones tras las elecciones generales del 29-N. Desde el Ministerio de Universidades aseguran a este diario que la necesidad de este real decreto «era y sigue siendo clara y urgente, y por eso ha vuelto a iniciar todos los trámites para aprobarlo en Consejo de Ministros cuando corresponda». En teoría, cuando el Gobierno esté en funciones puede aprobar reales decretos, siempre y cuando concurran razones de extraordinaria y urgente necesidad debidamente acreditadas. Pero, una vez más, surge el mismo interrogante: ¿es urgente aprobar una norma que limita la creación y acreditación de universidades privadas? Desde el sector, insisten en que sería «una absoluta torpeza» aprobarlo estando en funciones. Cuando el Tribunal Supremo tumbó la norma popularmente conocida como «antichiringuitos», el presidente del Gobierno reaccionó con rapidez a través de las redes sociales para marcar la hoja de ruta de su equipo: «Acatamos el fallo del Tribunal Supremo, pero no nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio», aseveró. Para Sánchez, el sistema universitario público se encuentra «bajo asedio» debido a la «proliferación descontrolada» de campus privados, una dinámica que, a su juicio, perjudica la calidad educativa y la igualdad de oportunidades. «Fuerza las costuras del Estado de Derecho»El intento del Ejecutivo de sacar adelante la normativa ‘in extremis’ ha vuelto a poner sobre la mesa el debate jurídico sobre los tiempos y las formas de la actividad legislativa. Fuentes jurídicas consultadas por este diario han coincidido al calificar la maniobra como un intento de «forzar las costuras del Estado de Derecho» en el tramo final de la legislatura. Aun así, el ministerio ha acelerado los pasos normativos con la intención de dejar blindado el texto frente al sector educativo privado, que junto al Consejo de Estado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el propio Ministerio de Economía ya se mostró altamente crítico con el redactado original. Una obsesión para Sánchez A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo no ha ocultado su obsesión contra la educación privada, en todas las etapas educativas. La llamada ley de ratios, ahora en un limbo, suponía una reducción del número de estudiantes que habría provocado, por ejemplo, el cierre del 100% de las guarderías infantiles. Antes de que estallara el ‘caso Maricarmen’ y el Gobierno convocara elecciones, Pedro Sánchez anunció que su equipo estaba trabajando en un nuevo real decreto que incluiría nuevos requisitos para las universidades privadas, como contar con un 50% de profesores que tengan título de doctor o presencialidad «allí donde sea necesaria». Se trataba del tercer decreto en menos de un año que el Ejecutivo preparaba para poner coto a la proliferación de campus privados.El 7 octubre del año pasado se aprobó el texto que ha tumbado el Tribunal Supremo. Pero no quedó ahí. Meses después, el Ministerio de Educación, ya en manos de Milagros Tolón, (que no el de Universidades) anunciaba una nueva norma con el mismo espíritu , pero que afectaría a la FP, que ahora también se imparte en universidades.Esta última endurecía las condiciones para la Formación Profesional privada (no así para la pública), algo que había suscitado intensas críticas dentro del sector. El Gobierno pretendía aprobar este texto antes de final de año, aunque es probable que hubiese tenido un recorrido judicial similar al del decreto «antichiringuitos» primigenio, ahora invalidado.  El Ministerio de Universidades no solo ha decidido reactivar por la vía rápida su reforma contra la expansión de los campus privados tras el varapalo del Tribunal Supremo, sino que lo ha hecho recuperando exactamente el mismo borrador que el Alto Tribunal anuló hace unas semanas, manteniendo incluso las mismas erratas de redacción . Como ha podido comprobar ABC comparando el nuevo texto y el anulado, no hay ni un solo cambio jurídico ni de contenido. Ni una sola coma. Resulta especialmente irónica esta tramitación exprés iniciada por el ministerio de Diana Morant en el tiempo de descuento, ya que el motivo por el que el Tribunal anuló la norma no fue el contenido, sino la urgencia con la que se aprobó. Es decir, la razón del fallo no reside en las exigencias fijadas por la norma, sino en un defecto formal durante su elaboración: el Consejo de Ministros no justificó debidamente la vía de urgencia utilizada. Universidades se saltó el trámite de consulta pública previa, impidiendo a los sectores afectados alegar antes de la redacción del texto, una omisión que el Alto Tribunal califica como «nulidad de pleno derecho». Sin embargo, las prisas que ha demostrado el Ejecutivo en estos últimos días de la legislatura es aún mayor. El Supremo dio la razón al Gobierno de Baleares, sin embargo, varias comunidades autónomas y centros educativos privados presentaron otros seis recursos aludiendo no a la forma sino al fondo del real decreto. Según fuentes jurídicas consultadas, al Gobierno le consta que hay numerosos recursos «sobre el fondo» que se van a reiterar, por lo que las posibilidades de sacar adelante la norma son «escasísimas». En cualquier caso, el equipo de Diana Morant justifica a este diario que el texto que ahora se tramita sea «exactamente igual que el anterior, ya que la sentencia del TS no entra en el fondo del real decreto». Desde ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), máximo representante de la privada en España, aseguran a ABC que la tramitación del nuevo texto es una «auténtica aberración». De hecho, han pedido que se paralice, como hicieron con el texto ya anulado. ¿Se atreverá el Gobierno a aprobarlo? Pero, además, hay un escollo temporal que también resulta llamativo: el trámite de audiencia e información pública abierto la semana pasada se extenderá hasta el próximo 2 de diciembre, lo que aboca al Ejecutivo a intentar aprobar la norma en el Consejo de Ministros cuando ya se encuentre en funciones tras las elecciones generales del 29-N. Desde el Ministerio de Universidades aseguran a este diario que la necesidad de este real decreto «era y sigue siendo clara y urgente, y por eso ha vuelto a iniciar todos los trámites para aprobarlo en Consejo de Ministros cuando corresponda». En teoría, cuando el Gobierno esté en funciones puede aprobar reales decretos, siempre y cuando concurran razones de extraordinaria y urgente necesidad debidamente acreditadas. Pero, una vez más, surge el mismo interrogante: ¿es urgente aprobar una norma que limita la creación y acreditación de universidades privadas? Desde el sector, insisten en que sería «una absoluta torpeza» aprobarlo estando en funciones. Cuando el Tribunal Supremo tumbó la norma popularmente conocida como «antichiringuitos», el presidente del Gobierno reaccionó con rapidez a través de las redes sociales para marcar la hoja de ruta de su equipo: «Acatamos el fallo del Tribunal Supremo, pero no nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio», aseveró. Para Sánchez, el sistema universitario público se encuentra «bajo asedio» debido a la «proliferación descontrolada» de campus privados, una dinámica que, a su juicio, perjudica la calidad educativa y la igualdad de oportunidades. «Fuerza las costuras del Estado de Derecho»El intento del Ejecutivo de sacar adelante la normativa ‘in extremis’ ha vuelto a poner sobre la mesa el debate jurídico sobre los tiempos y las formas de la actividad legislativa. Fuentes jurídicas consultadas por este diario han coincidido al calificar la maniobra como un intento de «forzar las costuras del Estado de Derecho» en el tramo final de la legislatura. Aun así, el ministerio ha acelerado los pasos normativos con la intención de dejar blindado el texto frente al sector educativo privado, que junto al Consejo de Estado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el propio Ministerio de Economía ya se mostró altamente crítico con el redactado original. Una obsesión para Sánchez A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo no ha ocultado su obsesión contra la educación privada, en todas las etapas educativas. La llamada ley de ratios, ahora en un limbo, suponía una reducción del número de estudiantes que habría provocado, por ejemplo, el cierre del 100% de las guarderías infantiles. Antes de que estallara el ‘caso Maricarmen’ y el Gobierno convocara elecciones, Pedro Sánchez anunció que su equipo estaba trabajando en un nuevo real decreto que incluiría nuevos requisitos para las universidades privadas, como contar con un 50% de profesores que tengan título de doctor o presencialidad «allí donde sea necesaria». Se trataba del tercer decreto en menos de un año que el Ejecutivo preparaba para poner coto a la proliferación de campus privados.El 7 octubre del año pasado se aprobó el texto que ha tumbado el Tribunal Supremo. Pero no quedó ahí. Meses después, el Ministerio de Educación, ya en manos de Milagros Tolón, (que no el de Universidades) anunciaba una nueva norma con el mismo espíritu , pero que afectaría a la FP, que ahora también se imparte en universidades.Esta última endurecía las condiciones para la Formación Profesional privada (no así para la pública), algo que había suscitado intensas críticas dentro del sector. El Gobierno pretendía aprobar este texto antes de final de año, aunque es probable que hubiese tenido un recorrido judicial similar al del decreto «antichiringuitos» primigenio, ahora invalidado. RSS de noticias de sociedad

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