Superado el impacto por un cierre súbito sine die hace tres semanas, el Teatro Principal de Valencia busca pretendientes que paguen la factura de 61 millones de euros que los técnicos estiman que costará volver a levantar el telón en un edifico histórico, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), muy deteriorado.El abandono se circunscribe a varias legislaturas y sus respectivos gobiernos. Hace una década que los trabajadores advirtieron de su lamentable estado y a nadie en el sector cultural se le escapa que el recinto que abrió sus puertas en 1832, propiedad de la Diputación y cogestionado con la Generalitat, ya no era lo que fue.La rehabilitación integral que no estará terminada hasta, como mínimo, dentro de cuatro años debe llevar aparejada también un nuevo proyecto que permita a un espacio público con capacidad para 1.200 espectadores recuperar brío y grandes producciones frente a otros competidores en la capital del Turia.Pero para ello, primero se necesita financiación. Mientras los carteles anunciando una programación derivada a otros espacios siguen colgados de su fachada y los técnicos de la corporación provincial avanzan en los pliegos para poder licitar la redacción del proyecto a principios del año que viene, la negociación política para distribuirse el coste de la obra no se ha iniciado.De momento, nadie ha concretado nada, pese a que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia han mostrado su disposición a colaborar. El consistorio de la ciudad, incluso, avanzó la posibilidad de entrar a formar parte de la propiedad si invierte en la reforma, a la espera de que otro actor llamado a participar en la misma rompa un silencio que se prolonga ya más de veinte días.Ni el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ni ningún cargo de su departamento se ha pronunciado públicamente sobre la situación del centro escénico valenciano.De hecho, la única representante del Gobierno central que ha hablado de este asunto es la delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que indicó que el Ejecutivo «siempre va a estar para ayudar», pero reprochó que la Diputación vaya «a la desesperada haciendo peticiones» cuando podía haber empezado las obras al inicio de la legislatura -tras el vuelco de la izquierda a la derecha- y no «ahora deprisa y corriendo».ABC se ha puesto en contacto con el Ministerio para pulsar su opinión sobre esta «situación dramática» a la que aludió Bernabé, pero no ha habido respuesta, pese a que conocen todos los detalles de la rehabilitación que está por venir en el inmueble.El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, remitió a principios de octubre -muy poco antes de la convocatoria electoral- una carta y la memoria técnica en la que se exponen todas las actuaciones -y el detalle de su coste- que permitirán garantizar las condiciones de seguridad, estanqueidad, accesibilidad, conservación y funcionalidad exigibles a un recinto de estas características.En la misiva, para la que no ha habido respuesta todavía, Mompó solicitó la concesión directa de una subvención de carácter singular, vía real decreto, para cofinanciar los trabajos -al no tener capacidad económica para afrontarlos en solitario- y una reunión con Urtasun. Desde la corporación provincial apuntan a la financiación estatal que han recibido otros teatros en Madrid y Barcelona para mantenerse en pie y reclaman el mismo trato para la tercera ciudad de España.PrecedentesTodo el tiempo que el Principal de Valencia esté cerrado es una losa para las empresas autóctonas, que pierden un escenario en el que estrenar sus producciones. El sector reclama a las administraciones que se sienten a negociar una solución para el teatro de la calle de Las Barcas.La carrera hacia las urnas por las generales del 29 de noviembre -a la que seguirá prácticamente la de las autonómicas y municipales- amenaza con enquistar un problema de cuya solución la Administración central debe ser parte. Hay precedentes de ello en la última década.En 2022 terminó la reforma absoluta del Teatro María Luisa de Mérida, que también presentaba graves problemas funcionales y estructurales. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asumió el 55% del presupuesto, dos de los 3,6 millones que costó, mientras el Ayuntamiento -dueño del inmueble- sufragó el resto.En la actualidad, siguen en marcha las obras de rehabilitación -paralizadas en 2007 y con la previsión de terminar en 2027- del Teatro Cervantes de Segovia, propiedad del consistorio de la ciudad, cuyo importe ascenderá a 9,9 millones. Estarán financiadas íntegramente por el mismo departamento estatal.Peor pronóstico arrastra el Teatro Emperador de León. El Gobierno lo adquirió en 2008, dos años después de cerrarse al público. Se espera que a finales de este año pueda licitarse la redacción del proyecto para los necesarios trabajos por acometer, que serán financiados por el Gobierno de España con el 2% Cultural. Superado el impacto por un cierre súbito sine die hace tres semanas, el Teatro Principal de Valencia busca pretendientes que paguen la factura de 61 millones de euros que los técnicos estiman que costará volver a levantar el telón en un edifico histórico, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), muy deteriorado.El abandono se circunscribe a varias legislaturas y sus respectivos gobiernos. Hace una década que los trabajadores advirtieron de su lamentable estado y a nadie en el sector cultural se le escapa que el recinto que abrió sus puertas en 1832, propiedad de la Diputación y cogestionado con la Generalitat, ya no era lo que fue.La rehabilitación integral que no estará terminada hasta, como mínimo, dentro de cuatro años debe llevar aparejada también un nuevo proyecto que permita a un espacio público con capacidad para 1.200 espectadores recuperar brío y grandes producciones frente a otros competidores en la capital del Turia.Pero para ello, primero se necesita financiación. Mientras los carteles anunciando una programación derivada a otros espacios siguen colgados de su fachada y los técnicos de la corporación provincial avanzan en los pliegos para poder licitar la redacción del proyecto a principios del año que viene, la negociación política para distribuirse el coste de la obra no se ha iniciado.De momento, nadie ha concretado nada, pese a que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia han mostrado su disposición a colaborar. El consistorio de la ciudad, incluso, avanzó la posibilidad de entrar a formar parte de la propiedad si invierte en la reforma, a la espera de que otro actor llamado a participar en la misma rompa un silencio que se prolonga ya más de veinte días.Ni el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ni ningún cargo de su departamento se ha pronunciado públicamente sobre la situación del centro escénico valenciano.De hecho, la única representante del Gobierno central que ha hablado de este asunto es la delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que indicó que el Ejecutivo «siempre va a estar para ayudar», pero reprochó que la Diputación vaya «a la desesperada haciendo peticiones» cuando podía haber empezado las obras al inicio de la legislatura -tras el vuelco de la izquierda a la derecha- y no «ahora deprisa y corriendo».ABC se ha puesto en contacto con el Ministerio para pulsar su opinión sobre esta «situación dramática» a la que aludió Bernabé, pero no ha habido respuesta, pese a que conocen todos los detalles de la rehabilitación que está por venir en el inmueble.El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, remitió a principios de octubre -muy poco antes de la convocatoria electoral- una carta y la memoria técnica en la que se exponen todas las actuaciones -y el detalle de su coste- que permitirán garantizar las condiciones de seguridad, estanqueidad, accesibilidad, conservación y funcionalidad exigibles a un recinto de estas características.En la misiva, para la que no ha habido respuesta todavía, Mompó solicitó la concesión directa de una subvención de carácter singular, vía real decreto, para cofinanciar los trabajos -al no tener capacidad económica para afrontarlos en solitario- y una reunión con Urtasun. Desde la corporación provincial apuntan a la financiación estatal que han recibido otros teatros en Madrid y Barcelona para mantenerse en pie y reclaman el mismo trato para la tercera ciudad de España.PrecedentesTodo el tiempo que el Principal de Valencia esté cerrado es una losa para las empresas autóctonas, que pierden un escenario en el que estrenar sus producciones. El sector reclama a las administraciones que se sienten a negociar una solución para el teatro de la calle de Las Barcas.La carrera hacia las urnas por las generales del 29 de noviembre -a la que seguirá prácticamente la de las autonómicas y municipales- amenaza con enquistar un problema de cuya solución la Administración central debe ser parte. Hay precedentes de ello en la última década.En 2022 terminó la reforma absoluta del Teatro María Luisa de Mérida, que también presentaba graves problemas funcionales y estructurales. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asumió el 55% del presupuesto, dos de los 3,6 millones que costó, mientras el Ayuntamiento -dueño del inmueble- sufragó el resto.En la actualidad, siguen en marcha las obras de rehabilitación -paralizadas en 2007 y con la previsión de terminar en 2027- del Teatro Cervantes de Segovia, propiedad del consistorio de la ciudad, cuyo importe ascenderá a 9,9 millones. Estarán financiadas íntegramente por el mismo departamento estatal.Peor pronóstico arrastra el Teatro Emperador de León. El Gobierno lo adquirió en 2008, dos años después de cerrarse al público. Se espera que a finales de este año pueda licitarse la redacción del proyecto para los necesarios trabajos por acometer, que serán financiados por el Gobierno de España con el 2% Cultural. Superado el impacto por un cierre súbito sine die hace tres semanas, el Teatro Principal de Valencia busca pretendientes que paguen la factura de 61 millones de euros que los técnicos estiman que costará volver a levantar el telón en un edifico histórico, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), muy deteriorado.El abandono se circunscribe a varias legislaturas y sus respectivos gobiernos. Hace una década que los trabajadores advirtieron de su lamentable estado y a nadie en el sector cultural se le escapa que el recinto que abrió sus puertas en 1832, propiedad de la Diputación y cogestionado con la Generalitat, ya no era lo que fue.La rehabilitación integral que no estará terminada hasta, como mínimo, dentro de cuatro años debe llevar aparejada también un nuevo proyecto que permita a un espacio público con capacidad para 1.200 espectadores recuperar brío y grandes producciones frente a otros competidores en la capital del Turia.Pero para ello, primero se necesita financiación. Mientras los carteles anunciando una programación derivada a otros espacios siguen colgados de su fachada y los técnicos de la corporación provincial avanzan en los pliegos para poder licitar la redacción del proyecto a principios del año que viene, la negociación política para distribuirse el coste de la obra no se ha iniciado.De momento, nadie ha concretado nada, pese a que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia han mostrado su disposición a colaborar. El consistorio de la ciudad, incluso, avanzó la posibilidad de entrar a formar parte de la propiedad si invierte en la reforma, a la espera de que otro actor llamado a participar en la misma rompa un silencio que se prolonga ya más de veinte días.Ni el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ni ningún cargo de su departamento se ha pronunciado públicamente sobre la situación del centro escénico valenciano.De hecho, la única representante del Gobierno central que ha hablado de este asunto es la delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que indicó que el Ejecutivo «siempre va a estar para ayudar», pero reprochó que la Diputación vaya «a la desesperada haciendo peticiones» cuando podía haber empezado las obras al inicio de la legislatura -tras el vuelco de la izquierda a la derecha- y no «ahora deprisa y corriendo».ABC se ha puesto en contacto con el Ministerio para pulsar su opinión sobre esta «situación dramática» a la que aludió Bernabé, pero no ha habido respuesta, pese a que conocen todos los detalles de la rehabilitación que está por venir en el inmueble.El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, remitió a principios de octubre -muy poco antes de la convocatoria electoral- una carta y la memoria técnica en la que se exponen todas las actuaciones -y el detalle de su coste- que permitirán garantizar las condiciones de seguridad, estanqueidad, accesibilidad, conservación y funcionalidad exigibles a un recinto de estas características.En la misiva, para la que no ha habido respuesta todavía, Mompó solicitó la concesión directa de una subvención de carácter singular, vía real decreto, para cofinanciar los trabajos -al no tener capacidad económica para afrontarlos en solitario- y una reunión con Urtasun. Desde la corporación provincial apuntan a la financiación estatal que han recibido otros teatros en Madrid y Barcelona para mantenerse en pie y reclaman el mismo trato para la tercera ciudad de España.PrecedentesTodo el tiempo que el Principal de Valencia esté cerrado es una losa para las empresas autóctonas, que pierden un escenario en el que estrenar sus producciones. El sector reclama a las administraciones que se sienten a negociar una solución para el teatro de la calle de Las Barcas.La carrera hacia las urnas por las generales del 29 de noviembre -a la que seguirá prácticamente la de las autonómicas y municipales- amenaza con enquistar un problema de cuya solución la Administración central debe ser parte. Hay precedentes de ello en la última década.En 2022 terminó la reforma absoluta del Teatro María Luisa de Mérida, que también presentaba graves problemas funcionales y estructurales. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asumió el 55% del presupuesto, dos de los 3,6 millones que costó, mientras el Ayuntamiento -dueño del inmueble- sufragó el resto.En la actualidad, siguen en marcha las obras de rehabilitación -paralizadas en 2007 y con la previsión de terminar en 2027- del Teatro Cervantes de Segovia, propiedad del consistorio de la ciudad, cuyo importe ascenderá a 9,9 millones. Estarán financiadas íntegramente por el mismo departamento estatal.Peor pronóstico arrastra el Teatro Emperador de León. El Gobierno lo adquirió en 2008, dos años después de cerrarse al público. Se espera que a finales de este año pueda licitarse la redacción del proyecto para los necesarios trabajos por acometer, que serán financiados por el Gobierno de España con el 2% Cultural. RSS de noticias de espana
Noticias Similares
