La reforma laboral pactada en 2021 fue el último gran consenso que el Gobierno y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pudieron exhibir. Desde entonces, el camino ha estado empedrado de desencuentros con los empresarios en un escenario en el que, a golpe de BOE, se ha debilitado el diálogo social y quebrando décadas de un ritmo negociador y de consensos que han construido la norma laboral y el Estado de Bienestar en España.Cesiones al nacionalismo vasco como la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, reducción de jornada hasta 37,5 horas, nuevos permisos, endurecer los despidos colectivos por imposición de EH Bildu… El ‘modus operandi’ ha consistido en realizar una lluvia fina de enmiendas al Estatuto de los Trabajadores durante los dos últimos años, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentos, como ocurrió con la ley del ‘solo sí es sí’, la ‘ley trans’ o la ley de Familias. Y todo ello al margen de la negociación con CEOE y sindicatos .Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno recula y aprueba un decreto sólo para las pensiones Susana Alcelay Los cerca de diez millones de jubilados percibirán en febrero la misma nómina que en enero, con la revalorización del 2,7%Tras la reforma laboral el Gobierno ha realizado 416 cambios normativos que afectan al mercado de trabajo incluyendo la protección social, y Trabajo ha impulsado 272 normas laborales, en su gran mayoría sin acuerdo tripartito, salvo el reglamento LGTBI. Desde la norma pactada con empresarios y sindicatos y hasta diciembre de 2025 se han realizado 61 modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores; 13 desde septiembre de 2022 a diciembre de 2024 en el artículo 37 referido a los permisos, y aún podrían ser más los cambios dependiendo de lo que ocurra con el decreto sobre descansos por fallecimiento y cuidados paliativos. También se han hecho seis modificaciones en el artículo 34 del Estatuto en la adaptación de jornada.El ‘modus operandi’ ha consistido en una lluvia fina de ‘enmiendas’ en el Estatuto, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentosEl primero de los cambios laborales se produjo en diciembre de 2022, a los pocos meses de recibir 12.000 millones en fondos europeos, y fue fruto de un pacto entre PSOE y Podemos con EH Bildu para permitir a los inspectores pronunciarse sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del ERE . El acuerdo no recuperó la autorización administrativa previa en las extinciones que suprimió la reforma de 2012, pero sí, en parte, el control de los despidos colectivos, dado que la Inspección supervisa las causas de un ERE, su acreditación y adecuación a lo alegado por la compañía para acometer la extinción.Cesiones a EH BilduDe esta forma se abrió el melón de los cambios en la regulación del despido que el Ejecutivo no quiso abordar en las negociaciones de la reforma laboral, pese al recorte aplicado por el gobierno del PP y de las fuertes presiones de Podemos, EH Bildu y ERC. Se aprovechó la Ley de Empleo para introducir esas modificaciones. Fue sólo la antesala del encarecimiento del despido que está en la agenda de Díaz y que insiste en poner en marcha, pese a que no cuenta con apoyo Parlamentario. El objetivo es una extinción improcedente más cara, una fórmula de ‘despido reparativo’ en función de la situación del afectado.El último arrebato de la ministra de Trabajo ha sido pretender dar entrada a los trabajadores en los consejos de administración Tampoco quiso Díaz durante la reforma laboral ceder a la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, una reivindicación histórica del nacionalismo vasco. En mayo de 2024 , el Gobierno dio el paso y fracturó la negociación colectiva sin consultar al diálogo social. La claudicación entraba de lleno en materias que son propias del diálogo entre empresarios y sindicatos, como también ocurrió con la frustrada reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas. Ley del ´solo sí es sí’Pero muchos otros cambios se han emprendido por la puerta de atrás, sin consensuar. Llegaron desde el Ministerio de Igualdad con Irene Montero de ministra y la ley del ‘solo sí es sí ‘ . Esta norma incluyó una batería de derechos para las víctimas de violencia sexual, como la nulidad del despido , relativos a la flexibilidad horaria, funcional y geográfica y también derecho a que las afectadas realicen su trabajo total o parcialmente a distancia, o a dejar de hacerlo si es compatible con el puesto y funciones desarrolladas.Otra norma que incluyó variaciones laborales fue la ley de Familias , que contiene también una batería de permisos, como el retribuido de cinco días anuales para cuidar familiares en caso de hospitalización, accidente o enfermedad grave, o intervención quirúrgica (hasta 2º grado o conviviente); el permiso no retribuido de ocho semanas hasta que el menor de edad cumpla ocho años (que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua), y el permiso retribuido de cuatro días al año para atender a familiares que requieran atención. En su caso, l a ley del aborto reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el derecho a una situación especial de incapacidad temporal.Protocolo de igualdadLa Ley de Movilidad Sostenible también afectó a la norma laboral. Esta obliga a las empresas que cuenten con centros de trabajo de más de 500 personas o en las que coincidan 250 por turno a contar con un plan de movilidad y a que se negocie con la representación legal de los trabajadores o con los sindicatos. Y en el caso de la ‘ley trans’ las empresas de más de 50 trabajadores tienen que contar con un protocolo para la igualdad LGTBI.Pero hay también otros muchos cambios sin consenso en normas como el Estatuto del Becario, ahora en el limbo (sólo entró en vigor la cotización), y en marcha hay reformas de calado, pero que no tienen opciones de avanzar no sólo por la debilidad parlamentaria del Gobierno, también por las reticencias de Economía, como ocurre con la nueva estructura para el SMI -la idea de la ministra es que se revise cada seis meses si la evolución de los precios se distancia de las previsiones iniciales-. El nuevo registro horario que persigue Yolanda Díaz es otro ejemplo de norma que nacería sin consenso con las empresas, aunque las opciones de que sea viable son remotas por las dudas legales que suscita en lo que atañe al papel de la Inspección. Modelo de cogestión empresarial El último arrebato de la vicepresidenta es sentar a los trabajadores en los consejos de administración . Su grupo de expertos ha presentado sus conclusiones, entre las que se incluye un modelo de cogestión empresarial en el que un tercio de los puestos del consejo sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados; y, en compañías de mayor tamaño, ocupen la mitad de esos sillones en el órgano de dirección de la empresa. Reclaman a la vicepresidenta un plan para que los empleados puedan acceder a la propiedad de la compañía, poniendo a su disposición como mínimo un 2% de sus acciones.Relaciones al rojo vivoEste escenario frenético de continuos cambios ha propiciado una ruptura de relaciones entre la CEOE y el Gobierno, con nula posibilidad de entendimiento , sobre todo con el Ministerio de Trabajo. Es un desencuentro tras otro, y una política que se ha cebado con las empresas con subida de cotizaciones e impuestos y una campaña de desprestigio sin precedentes. En el caso de los sindicatos los roces son nulos, sólo se han producido cuando se ha puesto en cuestión su fortaleza en los convenios colectivos con, por ejemplo, cesiones al nacionalismo. La reforma laboral pactada en 2021 fue el último gran consenso que el Gobierno y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pudieron exhibir. Desde entonces, el camino ha estado empedrado de desencuentros con los empresarios en un escenario en el que, a golpe de BOE, se ha debilitado el diálogo social y quebrando décadas de un ritmo negociador y de consensos que han construido la norma laboral y el Estado de Bienestar en España.Cesiones al nacionalismo vasco como la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, reducción de jornada hasta 37,5 horas, nuevos permisos, endurecer los despidos colectivos por imposición de EH Bildu… El ‘modus operandi’ ha consistido en realizar una lluvia fina de enmiendas al Estatuto de los Trabajadores durante los dos últimos años, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentos, como ocurrió con la ley del ‘solo sí es sí’, la ‘ley trans’ o la ley de Familias. Y todo ello al margen de la negociación con CEOE y sindicatos .Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno recula y aprueba un decreto sólo para las pensiones Susana Alcelay Los cerca de diez millones de jubilados percibirán en febrero la misma nómina que en enero, con la revalorización del 2,7%Tras la reforma laboral el Gobierno ha realizado 416 cambios normativos que afectan al mercado de trabajo incluyendo la protección social, y Trabajo ha impulsado 272 normas laborales, en su gran mayoría sin acuerdo tripartito, salvo el reglamento LGTBI. Desde la norma pactada con empresarios y sindicatos y hasta diciembre de 2025 se han realizado 61 modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores; 13 desde septiembre de 2022 a diciembre de 2024 en el artículo 37 referido a los permisos, y aún podrían ser más los cambios dependiendo de lo que ocurra con el decreto sobre descansos por fallecimiento y cuidados paliativos. También se han hecho seis modificaciones en el artículo 34 del Estatuto en la adaptación de jornada.El ‘modus operandi’ ha consistido en una lluvia fina de ‘enmiendas’ en el Estatuto, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentosEl primero de los cambios laborales se produjo en diciembre de 2022, a los pocos meses de recibir 12.000 millones en fondos europeos, y fue fruto de un pacto entre PSOE y Podemos con EH Bildu para permitir a los inspectores pronunciarse sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del ERE . El acuerdo no recuperó la autorización administrativa previa en las extinciones que suprimió la reforma de 2012, pero sí, en parte, el control de los despidos colectivos, dado que la Inspección supervisa las causas de un ERE, su acreditación y adecuación a lo alegado por la compañía para acometer la extinción.Cesiones a EH BilduDe esta forma se abrió el melón de los cambios en la regulación del despido que el Ejecutivo no quiso abordar en las negociaciones de la reforma laboral, pese al recorte aplicado por el gobierno del PP y de las fuertes presiones de Podemos, EH Bildu y ERC. Se aprovechó la Ley de Empleo para introducir esas modificaciones. Fue sólo la antesala del encarecimiento del despido que está en la agenda de Díaz y que insiste en poner en marcha, pese a que no cuenta con apoyo Parlamentario. El objetivo es una extinción improcedente más cara, una fórmula de ‘despido reparativo’ en función de la situación del afectado.El último arrebato de la ministra de Trabajo ha sido pretender dar entrada a los trabajadores en los consejos de administración Tampoco quiso Díaz durante la reforma laboral ceder a la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, una reivindicación histórica del nacionalismo vasco. En mayo de 2024 , el Gobierno dio el paso y fracturó la negociación colectiva sin consultar al diálogo social. La claudicación entraba de lleno en materias que son propias del diálogo entre empresarios y sindicatos, como también ocurrió con la frustrada reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas. Ley del ´solo sí es sí’Pero muchos otros cambios se han emprendido por la puerta de atrás, sin consensuar. Llegaron desde el Ministerio de Igualdad con Irene Montero de ministra y la ley del ‘solo sí es sí ‘ . Esta norma incluyó una batería de derechos para las víctimas de violencia sexual, como la nulidad del despido , relativos a la flexibilidad horaria, funcional y geográfica y también derecho a que las afectadas realicen su trabajo total o parcialmente a distancia, o a dejar de hacerlo si es compatible con el puesto y funciones desarrolladas.Otra norma que incluyó variaciones laborales fue la ley de Familias , que contiene también una batería de permisos, como el retribuido de cinco días anuales para cuidar familiares en caso de hospitalización, accidente o enfermedad grave, o intervención quirúrgica (hasta 2º grado o conviviente); el permiso no retribuido de ocho semanas hasta que el menor de edad cumpla ocho años (que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua), y el permiso retribuido de cuatro días al año para atender a familiares que requieran atención. En su caso, l a ley del aborto reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el derecho a una situación especial de incapacidad temporal.Protocolo de igualdadLa Ley de Movilidad Sostenible también afectó a la norma laboral. Esta obliga a las empresas que cuenten con centros de trabajo de más de 500 personas o en las que coincidan 250 por turno a contar con un plan de movilidad y a que se negocie con la representación legal de los trabajadores o con los sindicatos. Y en el caso de la ‘ley trans’ las empresas de más de 50 trabajadores tienen que contar con un protocolo para la igualdad LGTBI.Pero hay también otros muchos cambios sin consenso en normas como el Estatuto del Becario, ahora en el limbo (sólo entró en vigor la cotización), y en marcha hay reformas de calado, pero que no tienen opciones de avanzar no sólo por la debilidad parlamentaria del Gobierno, también por las reticencias de Economía, como ocurre con la nueva estructura para el SMI -la idea de la ministra es que se revise cada seis meses si la evolución de los precios se distancia de las previsiones iniciales-. El nuevo registro horario que persigue Yolanda Díaz es otro ejemplo de norma que nacería sin consenso con las empresas, aunque las opciones de que sea viable son remotas por las dudas legales que suscita en lo que atañe al papel de la Inspección. Modelo de cogestión empresarial El último arrebato de la vicepresidenta es sentar a los trabajadores en los consejos de administración . Su grupo de expertos ha presentado sus conclusiones, entre las que se incluye un modelo de cogestión empresarial en el que un tercio de los puestos del consejo sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados; y, en compañías de mayor tamaño, ocupen la mitad de esos sillones en el órgano de dirección de la empresa. Reclaman a la vicepresidenta un plan para que los empleados puedan acceder a la propiedad de la compañía, poniendo a su disposición como mínimo un 2% de sus acciones.Relaciones al rojo vivoEste escenario frenético de continuos cambios ha propiciado una ruptura de relaciones entre la CEOE y el Gobierno, con nula posibilidad de entendimiento , sobre todo con el Ministerio de Trabajo. Es un desencuentro tras otro, y una política que se ha cebado con las empresas con subida de cotizaciones e impuestos y una campaña de desprestigio sin precedentes. En el caso de los sindicatos los roces son nulos, sólo se han producido cuando se ha puesto en cuestión su fortaleza en los convenios colectivos con, por ejemplo, cesiones al nacionalismo. La reforma laboral pactada en 2021 fue el último gran consenso que el Gobierno y su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pudieron exhibir. Desde entonces, el camino ha estado empedrado de desencuentros con los empresarios en un escenario en el que, a golpe de BOE, se ha debilitado el diálogo social y quebrando décadas de un ritmo negociador y de consensos que han construido la norma laboral y el Estado de Bienestar en España.Cesiones al nacionalismo vasco como la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, reducción de jornada hasta 37,5 horas, nuevos permisos, endurecer los despidos colectivos por imposición de EH Bildu… El ‘modus operandi’ ha consistido en realizar una lluvia fina de enmiendas al Estatuto de los Trabajadores durante los dos últimos años, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentos, como ocurrió con la ley del ‘solo sí es sí’, la ‘ley trans’ o la ley de Familias. Y todo ello al margen de la negociación con CEOE y sindicatos .Noticia Relacionada estandar Si El Gobierno recula y aprueba un decreto sólo para las pensiones Susana Alcelay Los cerca de diez millones de jubilados percibirán en febrero la misma nómina que en enero, con la revalorización del 2,7%Tras la reforma laboral el Gobierno ha realizado 416 cambios normativos que afectan al mercado de trabajo incluyendo la protección social, y Trabajo ha impulsado 272 normas laborales, en su gran mayoría sin acuerdo tripartito, salvo el reglamento LGTBI. Desde la norma pactada con empresarios y sindicatos y hasta diciembre de 2025 se han realizado 61 modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores; 13 desde septiembre de 2022 a diciembre de 2024 en el artículo 37 referido a los permisos, y aún podrían ser más los cambios dependiendo de lo que ocurra con el decreto sobre descansos por fallecimiento y cuidados paliativos. También se han hecho seis modificaciones en el artículo 34 del Estatuto en la adaptación de jornada.El ‘modus operandi’ ha consistido en una lluvia fina de ‘enmiendas’ en el Estatuto, bien desde Trabajo o con normas de otros departamentosEl primero de los cambios laborales se produjo en diciembre de 2022, a los pocos meses de recibir 12.000 millones en fondos europeos, y fue fruto de un pacto entre PSOE y Podemos con EH Bildu para permitir a los inspectores pronunciarse sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del ERE . El acuerdo no recuperó la autorización administrativa previa en las extinciones que suprimió la reforma de 2012, pero sí, en parte, el control de los despidos colectivos, dado que la Inspección supervisa las causas de un ERE, su acreditación y adecuación a lo alegado por la compañía para acometer la extinción.Cesiones a EH BilduDe esta forma se abrió el melón de los cambios en la regulación del despido que el Ejecutivo no quiso abordar en las negociaciones de la reforma laboral, pese al recorte aplicado por el gobierno del PP y de las fuertes presiones de Podemos, EH Bildu y ERC. Se aprovechó la Ley de Empleo para introducir esas modificaciones. Fue sólo la antesala del encarecimiento del despido que está en la agenda de Díaz y que insiste en poner en marcha, pese a que no cuenta con apoyo Parlamentario. El objetivo es una extinción improcedente más cara, una fórmula de ‘despido reparativo’ en función de la situación del afectado.El último arrebato de la ministra de Trabajo ha sido pretender dar entrada a los trabajadores en los consejos de administración Tampoco quiso Díaz durante la reforma laboral ceder a la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales, una reivindicación histórica del nacionalismo vasco. En mayo de 2024 , el Gobierno dio el paso y fracturó la negociación colectiva sin consultar al diálogo social. La claudicación entraba de lleno en materias que son propias del diálogo entre empresarios y sindicatos, como también ocurrió con la frustrada reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas. Ley del ´solo sí es sí’Pero muchos otros cambios se han emprendido por la puerta de atrás, sin consensuar. Llegaron desde el Ministerio de Igualdad con Irene Montero de ministra y la ley del ‘solo sí es sí ‘ . Esta norma incluyó una batería de derechos para las víctimas de violencia sexual, como la nulidad del despido , relativos a la flexibilidad horaria, funcional y geográfica y también derecho a que las afectadas realicen su trabajo total o parcialmente a distancia, o a dejar de hacerlo si es compatible con el puesto y funciones desarrolladas.Otra norma que incluyó variaciones laborales fue la ley de Familias , que contiene también una batería de permisos, como el retribuido de cinco días anuales para cuidar familiares en caso de hospitalización, accidente o enfermedad grave, o intervención quirúrgica (hasta 2º grado o conviviente); el permiso no retribuido de ocho semanas hasta que el menor de edad cumpla ocho años (que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua), y el permiso retribuido de cuatro días al año para atender a familiares que requieran atención. En su caso, l a ley del aborto reconoce a las mujeres con menstruaciones incapacitantes secundarias el derecho a una situación especial de incapacidad temporal.Protocolo de igualdadLa Ley de Movilidad Sostenible también afectó a la norma laboral. Esta obliga a las empresas que cuenten con centros de trabajo de más de 500 personas o en las que coincidan 250 por turno a contar con un plan de movilidad y a que se negocie con la representación legal de los trabajadores o con los sindicatos. Y en el caso de la ‘ley trans’ las empresas de más de 50 trabajadores tienen que contar con un protocolo para la igualdad LGTBI.Pero hay también otros muchos cambios sin consenso en normas como el Estatuto del Becario, ahora en el limbo (sólo entró en vigor la cotización), y en marcha hay reformas de calado, pero que no tienen opciones de avanzar no sólo por la debilidad parlamentaria del Gobierno, también por las reticencias de Economía, como ocurre con la nueva estructura para el SMI -la idea de la ministra es que se revise cada seis meses si la evolución de los precios se distancia de las previsiones iniciales-. El nuevo registro horario que persigue Yolanda Díaz es otro ejemplo de norma que nacería sin consenso con las empresas, aunque las opciones de que sea viable son remotas por las dudas legales que suscita en lo que atañe al papel de la Inspección. Modelo de cogestión empresarial El último arrebato de la vicepresidenta es sentar a los trabajadores en los consejos de administración . Su grupo de expertos ha presentado sus conclusiones, entre las que se incluye un modelo de cogestión empresarial en el que un tercio de los puestos del consejo sea para los trabajadores en empresas de entre 50 y 1.000 empleados; y, en compañías de mayor tamaño, ocupen la mitad de esos sillones en el órgano de dirección de la empresa. Reclaman a la vicepresidenta un plan para que los empleados puedan acceder a la propiedad de la compañía, poniendo a su disposición como mínimo un 2% de sus acciones.Relaciones al rojo vivoEste escenario frenético de continuos cambios ha propiciado una ruptura de relaciones entre la CEOE y el Gobierno, con nula posibilidad de entendimiento , sobre todo con el Ministerio de Trabajo. Es un desencuentro tras otro, y una política que se ha cebado con las empresas con subida de cotizaciones e impuestos y una campaña de desprestigio sin precedentes. En el caso de los sindicatos los roces son nulos, sólo se han producido cuando se ha puesto en cuestión su fortaleza en los convenios colectivos con, por ejemplo, cesiones al nacionalismo. RSS de noticias de economia
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