La concesión de la explotación del embalse de Villalcampo (Zamora) ha caducado. Eso, que en principio podría parecer poco más que un trámite administrativo, supone, en la práctica, no sólo que las grandes empresas eléctricas deberán concursar para hacerse con su gestión, sino que se abre una oportunidad para que los municipios en los que están instaladas las centrales puedan obtener más ventajas por ser, precisamente, el lugar del que sale la energía y el emplazamiento en el que se colocó el pantano con la consiguiente inundación de tierras. Esos pueblos han abierto de nuevo el debate sobre la forma en la que territorios como los que atraviesa el Duero, especialmente en su tramo final por las provincias de Zamora y Salamanca, tienen que ser compensados por aportar, con sus recursos naturales, electricidad a buena parte de España. Basta recordar, para demostrar su importancia, que la central hidroeléctrica de Aldeadávila, en Salamanca, es la de mayor producción del país y que fue la que permitió, en el apagón de 2025, que pudiese arrancar de nuevo todo el sistema eléctrico nacional.Así que Castilla y León, la primera comunidad productora de energía hidroeléctrica -también eólica- tiene mucho que decir para poner fin a una deuda histórica con muchos municipios que se remonta a mediados del siglo pasado, cuando se construyeron la mayor parte de estas infraestructuras y, con ello, asumieron no sólo los perjuicios que la obra pudiera ocasionar en ese momento sino que, además, se convirtieron en grandes centros de producción. Es el caso del embalse de Villalcampo. Inaugurado en 1949, cuenta con una capacidad total de 66 hm³ de agua y una superficie de 445 hectáreas entre los términos municipales de Villalcampo, Moral de Sayago, Muelas del Pan, Pereruela, Almaraz de Duero y Villaseco del Pan. La potencia instalada es de de 217,81 MW, con una concesión administrativa para su explotación, en manos de Iberdrola, que expiró en octubre de 2024. La compañía recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al entender que no eran 75 años de concesión, sino 99. El recurso fue desestimado, al igual que el que se presentó ante el Tribunal Supremo.Así que el proceso sigue su curso, de forma que la Confederación Hidrográfica del Duero ya ha remitido a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el expediente de extinción de la concesión, sobre el que se espera una resolución en breve. Es el momento, afirman en los municipios que rodean la central, de que estos territorios sean escuchados y se compense el «daño» que supuso que el embalse anegara sus mejores tierras y que abocara a sus habitantes a la inmigración. Y esa compensación pasa por conseguir que en el pliego de condiciones para el nuevo concurso se incluyan criterios de índole social, económico y ambiental que beneficien a los territorios para que pesen a la hora de dar la explotación de la central a las compañías eléctricas que compitan por ella.Presa de Castro ABC La central de Castro, la siguiente La central de Castro I y II, por la que se ven afectadas las localidades zamoranas de Villardiegua de la Ribera, Fonfría, Villadepera, Moral de Sayago, Pino del Oro y Villalcampo, también ha comenzado ya con el proceso de extinción, aunque la concesión no finaliza hasta julio de 2028. Construido el embalse en 1952, ocupa una superficie de 180 hectáreas, tiene una potencia instalada de 196 MW y es explotada por Iberdrola. El expediente ya ha salido a información pública y está en la fase de alegaciones. En Castilla y León, la siguiente será Requejada, en la provincia de Palencia, que también tiene 2028 como fecha tope. Situada en la Montaña Palentina, junto al pueblo de Arbejal y dentro del Parque Natural, fue construido en 1940 y cuenta con una capacidad de 59 hectómetros cúbicos y una potencia de 5 MW. La gestiona directamente la Confederación Hidrográfica del Duero.Se da, además, la circunstancia de que Villalcampo va a ser el primero de los 255 aprovechamientos hidroeléctricos de toda España que extinguen su concesión antes de 2030. Por lo tanto va a marcar el camino a seguir con los siguientes, no sólo en la Comunidad sino en todo el territorio nacional, de aquí que los pueblos afectados por esta infraestructura, a través de la Federación Española de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas (Femembalses), que representa a 530 ayuntamientos, de los que 40 son de Zamora, y con el apoyo de la Diputación, se hayan puesto manos a la obra. Se trata de un inédito proceso de extinción de los derechos concesionales en el que las instalaciones revertirán al estado antes de volver a salir a concurso.«El embalse supuso quedarnos sin los terrenos más fértiles y tener que hacer muchos kilómetros para llegar a un destino que antes estaba cerca» Javier Aguado Alcalde de San Cebrián de CastroDe esta forma, el objetivo es conseguir que en los pliegos que elabore el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la contratación de las futuras concesiones que deberán presentar las empresas interesadas, se valore la inclusión de proyectos socioeconómicos para el desarrollo de esas zonas rurales. Para ello, estos municipios de Zamora, ya han mantenido varias reuniones primero en la zona y después en la Dirección General del Agua a la que han presentado un primer borrador con sus propuestas. Los representantes municipales entienden que la inclusión de criterios de carácter social, medioambiental, económicos o de empleo se traducirán en crecimiento económico y en un freno a la despoblación. Se trata de «dar forma jurídica a una deuda histórica», apuntan. Los sabe bien el alcalde de San Cebrián de Castro y vicepresidente de Femembalses, Javier Aguado, una localidad zamorana de unos 250 habitantes situado en el entorno de otro de los grandes embalses de la provincia, como es Ricobayo. Esta central no entra en este proceso de extinción ya que aunque los 75 años se hubieran cumplido en 2023, el Gobierno de Felipe González concedió una ampliación -a cambio de ejecutar una serie de obras- de 30 años, de forma que la concesión no finalizará hasta 2040.«Es una oportunidad para adaptar a las nuevas realidades socioeconómicas unas instalaciones que son estratégicas y para compensar a los territorios que las albergan» Alejandro Cozar Comisario de Aguas de la CHD«¿Qué beneficios tiene para el municipio»?, se pregunta el regidor de San Cebrián mientras explica que su pueblo sólo recibe 60.000 euros anuales en concepto de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) e IBI. La propuesta de la asociación es que la empresa que resulte adjudicataria pague del entorno de 6.000 euros por megavatio instalado, una cantidad que iría a parar porcentualmente a cada pueblo del entorno de la presa en forma de proyectos de inversión.Aguado insiste a ABC que «queremos conseguir que nos paguen una deuda histórica» porque, recuerda, «el embalse supuso quedarnos sin los terrenos más fértiles y tener que hacer muchos kilómetros para llegar a un destino que antes estaba cerca». «Nadie nos ha reconocido nunca nada», asegura, por lo que cree que «ha llegado el momento de que se pague la deuda que tiene toda España con nosotros».Otro de los asuntos por los que también se pelea es por el incremento del IAE que se abona a los ayuntamientos y lleva sin modificarse desde 1990 y que supone el pago por parte de las eléctricas de 60 céntimos de euros por kilovatio producido, una cantidad que quieren subir al doble. Precisamente, en este asunto también hay una incógnita importante que desde los municipios se trata de aclarar y es qué pasa cuando la central revierta al Estado durante el tiempo que transcurra hasta que se vuelva a adjudicar. Durante ese plazo, las empresas no pagarían el IAE a los municipios, por lo que se busca la fórmula para que no vean mercadas sus arcas al desaparecer este ingreso.162 centrales hidroeléctricasEn la Cuenca del Duero hay 162 centrales hidroeléctricas en explotación, según la CHD, con una potencia total instalada de 3.868 MW. Se trata de instalaciones claves para la la producción eléctrica, muchas de las cuales se pusieron en marcha entre los años 40 y 60 del pasado siglo y cuya concesión para la explotación finaliza a los 75 años. Eso implica que primero revierten al Estado y, posteriormente, salen a concurso. Es en este punto donde se pueden introducir cambios porque la idea del Ministerio «es que en las bases se incorporen criterios energéticos y ambientales pero también a apoyo al territorio», señala a ABC el Comisario de Aguas de la CHD, Alejandro Cozar, que insiste en que «es una oportunidad para adaptar a las nuevas realidades socioeconómicas unas instalaciones que son estratégicas y para compensar a los territorios que las albergan». No hay que olvidar, además, que también se busca «que mejoren su funcionamiento para ser más eficientes» y es en este punto donde cobran importancia las llamadas «centrales reversibles», que cuentan con depósitos para poder bombear el agua en el momento más productivo y al menor coste. La concesión de la explotación del embalse de Villalcampo (Zamora) ha caducado. Eso, que en principio podría parecer poco más que un trámite administrativo, supone, en la práctica, no sólo que las grandes empresas eléctricas deberán concursar para hacerse con su gestión, sino que se abre una oportunidad para que los municipios en los que están instaladas las centrales puedan obtener más ventajas por ser, precisamente, el lugar del que sale la energía y el emplazamiento en el que se colocó el pantano con la consiguiente inundación de tierras. Esos pueblos han abierto de nuevo el debate sobre la forma en la que territorios como los que atraviesa el Duero, especialmente en su tramo final por las provincias de Zamora y Salamanca, tienen que ser compensados por aportar, con sus recursos naturales, electricidad a buena parte de España. Basta recordar, para demostrar su importancia, que la central hidroeléctrica de Aldeadávila, en Salamanca, es la de mayor producción del país y que fue la que permitió, en el apagón de 2025, que pudiese arrancar de nuevo todo el sistema eléctrico nacional.Así que Castilla y León, la primera comunidad productora de energía hidroeléctrica -también eólica- tiene mucho que decir para poner fin a una deuda histórica con muchos municipios que se remonta a mediados del siglo pasado, cuando se construyeron la mayor parte de estas infraestructuras y, con ello, asumieron no sólo los perjuicios que la obra pudiera ocasionar en ese momento sino que, además, se convirtieron en grandes centros de producción. Es el caso del embalse de Villalcampo. Inaugurado en 1949, cuenta con una capacidad total de 66 hm³ de agua y una superficie de 445 hectáreas entre los términos municipales de Villalcampo, Moral de Sayago, Muelas del Pan, Pereruela, Almaraz de Duero y Villaseco del Pan. La potencia instalada es de de 217,81 MW, con una concesión administrativa para su explotación, en manos de Iberdrola, que expiró en octubre de 2024. La compañía recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al entender que no eran 75 años de concesión, sino 99. El recurso fue desestimado, al igual que el que se presentó ante el Tribunal Supremo.Así que el proceso sigue su curso, de forma que la Confederación Hidrográfica del Duero ya ha remitido a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el expediente de extinción de la concesión, sobre el que se espera una resolución en breve. Es el momento, afirman en los municipios que rodean la central, de que estos territorios sean escuchados y se compense el «daño» que supuso que el embalse anegara sus mejores tierras y que abocara a sus habitantes a la inmigración. Y esa compensación pasa por conseguir que en el pliego de condiciones para el nuevo concurso se incluyan criterios de índole social, económico y ambiental que beneficien a los territorios para que pesen a la hora de dar la explotación de la central a las compañías eléctricas que compitan por ella.Presa de Castro ABC La central de Castro, la siguiente La central de Castro I y II, por la que se ven afectadas las localidades zamoranas de Villardiegua de la Ribera, Fonfría, Villadepera, Moral de Sayago, Pino del Oro y Villalcampo, también ha comenzado ya con el proceso de extinción, aunque la concesión no finaliza hasta julio de 2028. Construido el embalse en 1952, ocupa una superficie de 180 hectáreas, tiene una potencia instalada de 196 MW y es explotada por Iberdrola. El expediente ya ha salido a información pública y está en la fase de alegaciones. En Castilla y León, la siguiente será Requejada, en la provincia de Palencia, que también tiene 2028 como fecha tope. Situada en la Montaña Palentina, junto al pueblo de Arbejal y dentro del Parque Natural, fue construido en 1940 y cuenta con una capacidad de 59 hectómetros cúbicos y una potencia de 5 MW. La gestiona directamente la Confederación Hidrográfica del Duero.Se da, además, la circunstancia de que Villalcampo va a ser el primero de los 255 aprovechamientos hidroeléctricos de toda España que extinguen su concesión antes de 2030. Por lo tanto va a marcar el camino a seguir con los siguientes, no sólo en la Comunidad sino en todo el territorio nacional, de aquí que los pueblos afectados por esta infraestructura, a través de la Federación Española de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas (Femembalses), que representa a 530 ayuntamientos, de los que 40 son de Zamora, y con el apoyo de la Diputación, se hayan puesto manos a la obra. Se trata de un inédito proceso de extinción de los derechos concesionales en el que las instalaciones revertirán al estado antes de volver a salir a concurso.«El embalse supuso quedarnos sin los terrenos más fértiles y tener que hacer muchos kilómetros para llegar a un destino que antes estaba cerca» Javier Aguado Alcalde de San Cebrián de CastroDe esta forma, el objetivo es conseguir que en los pliegos que elabore el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la contratación de las futuras concesiones que deberán presentar las empresas interesadas, se valore la inclusión de proyectos socioeconómicos para el desarrollo de esas zonas rurales. Para ello, estos municipios de Zamora, ya han mantenido varias reuniones primero en la zona y después en la Dirección General del Agua a la que han presentado un primer borrador con sus propuestas. Los representantes municipales entienden que la inclusión de criterios de carácter social, medioambiental, económicos o de empleo se traducirán en crecimiento económico y en un freno a la despoblación. Se trata de «dar forma jurídica a una deuda histórica», apuntan. Los sabe bien el alcalde de San Cebrián de Castro y vicepresidente de Femembalses, Javier Aguado, una localidad zamorana de unos 250 habitantes situado en el entorno de otro de los grandes embalses de la provincia, como es Ricobayo. Esta central no entra en este proceso de extinción ya que aunque los 75 años se hubieran cumplido en 2023, el Gobierno de Felipe González concedió una ampliación -a cambio de ejecutar una serie de obras- de 30 años, de forma que la concesión no finalizará hasta 2040.«Es una oportunidad para adaptar a las nuevas realidades socioeconómicas unas instalaciones que son estratégicas y para compensar a los territorios que las albergan» Alejandro Cozar Comisario de Aguas de la CHD«¿Qué beneficios tiene para el municipio»?, se pregunta el regidor de San Cebrián mientras explica que su pueblo sólo recibe 60.000 euros anuales en concepto de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) e IBI. La propuesta de la asociación es que la empresa que resulte adjudicataria pague del entorno de 6.000 euros por megavatio instalado, una cantidad que iría a parar porcentualmente a cada pueblo del entorno de la presa en forma de proyectos de inversión.Aguado insiste a ABC que «queremos conseguir que nos paguen una deuda histórica» porque, recuerda, «el embalse supuso quedarnos sin los terrenos más fértiles y tener que hacer muchos kilómetros para llegar a un destino que antes estaba cerca». «Nadie nos ha reconocido nunca nada», asegura, por lo que cree que «ha llegado el momento de que se pague la deuda que tiene toda España con nosotros».Otro de los asuntos por los que también se pelea es por el incremento del IAE que se abona a los ayuntamientos y lleva sin modificarse desde 1990 y que supone el pago por parte de las eléctricas de 60 céntimos de euros por kilovatio producido, una cantidad que quieren subir al doble. Precisamente, en este asunto también hay una incógnita importante que desde los municipios se trata de aclarar y es qué pasa cuando la central revierta al Estado durante el tiempo que transcurra hasta que se vuelva a adjudicar. Durante ese plazo, las empresas no pagarían el IAE a los municipios, por lo que se busca la fórmula para que no vean mercadas sus arcas al desaparecer este ingreso.162 centrales hidroeléctricasEn la Cuenca del Duero hay 162 centrales hidroeléctricas en explotación, según la CHD, con una potencia total instalada de 3.868 MW. Se trata de instalaciones claves para la la producción eléctrica, muchas de las cuales se pusieron en marcha entre los años 40 y 60 del pasado siglo y cuya concesión para la explotación finaliza a los 75 años. Eso implica que primero revierten al Estado y, posteriormente, salen a concurso. Es en este punto donde se pueden introducir cambios porque la idea del Ministerio «es que en las bases se incorporen criterios energéticos y ambientales pero también a apoyo al territorio», señala a ABC el Comisario de Aguas de la CHD, Alejandro Cozar, que insiste en que «es una oportunidad para adaptar a las nuevas realidades socioeconómicas unas instalaciones que son estratégicas y para compensar a los territorios que las albergan». No hay que olvidar, además, que también se busca «que mejoren su funcionamiento para ser más eficientes» y es en este punto donde cobran importancia las llamadas «centrales reversibles», que cuentan con depósitos para poder bombear el agua en el momento más productivo y al menor coste. La concesión de la explotación del embalse de Villalcampo (Zamora) ha caducado. Eso, que en principio podría parecer poco más que un trámite administrativo, supone, en la práctica, no sólo que las grandes empresas eléctricas deberán concursar para hacerse con su gestión, sino que se abre una oportunidad para que los municipios en los que están instaladas las centrales puedan obtener más ventajas por ser, precisamente, el lugar del que sale la energía y el emplazamiento en el que se colocó el pantano con la consiguiente inundación de tierras. Esos pueblos han abierto de nuevo el debate sobre la forma en la que territorios como los que atraviesa el Duero, especialmente en su tramo final por las provincias de Zamora y Salamanca, tienen que ser compensados por aportar, con sus recursos naturales, electricidad a buena parte de España. Basta recordar, para demostrar su importancia, que la central hidroeléctrica de Aldeadávila, en Salamanca, es la de mayor producción del país y que fue la que permitió, en el apagón de 2025, que pudiese arrancar de nuevo todo el sistema eléctrico nacional.Así que Castilla y León, la primera comunidad productora de energía hidroeléctrica -también eólica- tiene mucho que decir para poner fin a una deuda histórica con muchos municipios que se remonta a mediados del siglo pasado, cuando se construyeron la mayor parte de estas infraestructuras y, con ello, asumieron no sólo los perjuicios que la obra pudiera ocasionar en ese momento sino que, además, se convirtieron en grandes centros de producción. Es el caso del embalse de Villalcampo. Inaugurado en 1949, cuenta con una capacidad total de 66 hm³ de agua y una superficie de 445 hectáreas entre los términos municipales de Villalcampo, Moral de Sayago, Muelas del Pan, Pereruela, Almaraz de Duero y Villaseco del Pan. La potencia instalada es de de 217,81 MW, con una concesión administrativa para su explotación, en manos de Iberdrola, que expiró en octubre de 2024. La compañía recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al entender que no eran 75 años de concesión, sino 99. El recurso fue desestimado, al igual que el que se presentó ante el Tribunal Supremo.Así que el proceso sigue su curso, de forma que la Confederación Hidrográfica del Duero ya ha remitido a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el expediente de extinción de la concesión, sobre el que se espera una resolución en breve. Es el momento, afirman en los municipios que rodean la central, de que estos territorios sean escuchados y se compense el «daño» que supuso que el embalse anegara sus mejores tierras y que abocara a sus habitantes a la inmigración. Y esa compensación pasa por conseguir que en el pliego de condiciones para el nuevo concurso se incluyan criterios de índole social, económico y ambiental que beneficien a los territorios para que pesen a la hora de dar la explotación de la central a las compañías eléctricas que compitan por ella.Presa de Castro ABC La central de Castro, la siguiente La central de Castro I y II, por la que se ven afectadas las localidades zamoranas de Villardiegua de la Ribera, Fonfría, Villadepera, Moral de Sayago, Pino del Oro y Villalcampo, también ha comenzado ya con el proceso de extinción, aunque la concesión no finaliza hasta julio de 2028. Construido el embalse en 1952, ocupa una superficie de 180 hectáreas, tiene una potencia instalada de 196 MW y es explotada por Iberdrola. El expediente ya ha salido a información pública y está en la fase de alegaciones. En Castilla y León, la siguiente será Requejada, en la provincia de Palencia, que también tiene 2028 como fecha tope. Situada en la Montaña Palentina, junto al pueblo de Arbejal y dentro del Parque Natural, fue construido en 1940 y cuenta con una capacidad de 59 hectómetros cúbicos y una potencia de 5 MW. La gestiona directamente la Confederación Hidrográfica del Duero.Se da, además, la circunstancia de que Villalcampo va a ser el primero de los 255 aprovechamientos hidroeléctricos de toda España que extinguen su concesión antes de 2030. Por lo tanto va a marcar el camino a seguir con los siguientes, no sólo en la Comunidad sino en todo el territorio nacional, de aquí que los pueblos afectados por esta infraestructura, a través de la Federación Española de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas (Femembalses), que representa a 530 ayuntamientos, de los que 40 son de Zamora, y con el apoyo de la Diputación, se hayan puesto manos a la obra. Se trata de un inédito proceso de extinción de los derechos concesionales en el que las instalaciones revertirán al estado antes de volver a salir a concurso.«El embalse supuso quedarnos sin los terrenos más fértiles y tener que hacer muchos kilómetros para llegar a un destino que antes estaba cerca» Javier Aguado Alcalde de San Cebrián de CastroDe esta forma, el objetivo es conseguir que en los pliegos que elabore el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la contratación de las futuras concesiones que deberán presentar las empresas interesadas, se valore la inclusión de proyectos socioeconómicos para el desarrollo de esas zonas rurales. Para ello, estos municipios de Zamora, ya han mantenido varias reuniones primero en la zona y después en la Dirección General del Agua a la que han presentado un primer borrador con sus propuestas. Los representantes municipales entienden que la inclusión de criterios de carácter social, medioambiental, económicos o de empleo se traducirán en crecimiento económico y en un freno a la despoblación. Se trata de «dar forma jurídica a una deuda histórica», apuntan. Los sabe bien el alcalde de San Cebrián de Castro y vicepresidente de Femembalses, Javier Aguado, una localidad zamorana de unos 250 habitantes situado en el entorno de otro de los grandes embalses de la provincia, como es Ricobayo. Esta central no entra en este proceso de extinción ya que aunque los 75 años se hubieran cumplido en 2023, el Gobierno de Felipe González concedió una ampliación -a cambio de ejecutar una serie de obras- de 30 años, de forma que la concesión no finalizará hasta 2040.«Es una oportunidad para adaptar a las nuevas realidades socioeconómicas unas instalaciones que son estratégicas y para compensar a los territorios que las albergan» Alejandro Cozar Comisario de Aguas de la CHD«¿Qué beneficios tiene para el municipio»?, se pregunta el regidor de San Cebrián mientras explica que su pueblo sólo recibe 60.000 euros anuales en concepto de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) e IBI. La propuesta de la asociación es que la empresa que resulte adjudicataria pague del entorno de 6.000 euros por megavatio instalado, una cantidad que iría a parar porcentualmente a cada pueblo del entorno de la presa en forma de proyectos de inversión.Aguado insiste a ABC que «queremos conseguir que nos paguen una deuda histórica» porque, recuerda, «el embalse supuso quedarnos sin los terrenos más fértiles y tener que hacer muchos kilómetros para llegar a un destino que antes estaba cerca». «Nadie nos ha reconocido nunca nada», asegura, por lo que cree que «ha llegado el momento de que se pague la deuda que tiene toda España con nosotros».Otro de los asuntos por los que también se pelea es por el incremento del IAE que se abona a los ayuntamientos y lleva sin modificarse desde 1990 y que supone el pago por parte de las eléctricas de 60 céntimos de euros por kilovatio producido, una cantidad que quieren subir al doble. Precisamente, en este asunto también hay una incógnita importante que desde los municipios se trata de aclarar y es qué pasa cuando la central revierta al Estado durante el tiempo que transcurra hasta que se vuelva a adjudicar. Durante ese plazo, las empresas no pagarían el IAE a los municipios, por lo que se busca la fórmula para que no vean mercadas sus arcas al desaparecer este ingreso.162 centrales hidroeléctricasEn la Cuenca del Duero hay 162 centrales hidroeléctricas en explotación, según la CHD, con una potencia total instalada de 3.868 MW. Se trata de instalaciones claves para la la producción eléctrica, muchas de las cuales se pusieron en marcha entre los años 40 y 60 del pasado siglo y cuya concesión para la explotación finaliza a los 75 años. Eso implica que primero revierten al Estado y, posteriormente, salen a concurso. Es en este punto donde se pueden introducir cambios porque la idea del Ministerio «es que en las bases se incorporen criterios energéticos y ambientales pero también a apoyo al territorio», señala a ABC el Comisario de Aguas de la CHD, Alejandro Cozar, que insiste en que «es una oportunidad para adaptar a las nuevas realidades socioeconómicas unas instalaciones que son estratégicas y para compensar a los territorios que las albergan». No hay que olvidar, además, que también se busca «que mejoren su funcionamiento para ser más eficientes» y es en este punto donde cobran importancia las llamadas «centrales reversibles», que cuentan con depósitos para poder bombear el agua en el momento más productivo y al menor coste. RSS de noticias de espana
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