A principios de marzo, 36 personas encarceladas en el País Vasco contaban con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Una prerrogativa, autorizada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco desde que asumió la competencia en octubre de 2021, que otorga al reo privilegios que no le corresponderían por su clasificación de grado. Es decir, en el caso de estar en el segundo, poder salir de prisión diariamente, logrando la aplicación de un aspecto propio del tercero (conocido como régimen de semilibertad) de forma «excepcional» para flexibilizar el cumplimiento de la condena. De esos 36 presos, según datos oficiales, 20 (un 55% del total) cumplían condena por terrorismo. En esas fechas, este grupo suponía menos del 8% de la población reclusa (142 de 1819) en las tres cárceles vascas. Si bien no son exactas, pues el Gobierno vasco guarda con celo los expedientes individualizados y entre ellos podría existir algún condenado por yihadismo, las cifras coinciden (entre pequeñas variaciones) con el recuento mensual de presos de ETA que realiza el Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). También con el listado publicado por ABC, que en el mes de febrero ofreció los nombres de 15 miembros de la banda terrorista beneficiados entonces por el 100.2, calificado por asociaciones de víctimas como un «coladero». Entre ellos, algunos de los más sanguinarios como Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’, o antiguos jefes como Jon Olarra o Ainhoa Múgica. Desde entonces ha trascendido la concesión de otros como el de Soledad Iparraguirre ‘Anboto’, al que se opone la Fiscalía de la Audiencia Nacional por prematuro, o Ángel María Tellería. «La impresión es que dentro del modelo vasco, el artículo 100.2 ya se ha convertido en un paso previo al tercer grado», comentaba Carmen Ladrón de Guevara, responsable del observatorio de la AVT. Una afirmación que ya en mayo del año pasado deslizaba el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno autonómico: «La práctica penitenciaria demuestra que ésta no es una medida excepcional. Su utilización ha ido aumentando con el tiempo hasta convertirse en un instrumento normalizado en el ámbito de la ejecución, de tal forma que cada vez ha cobrado más presencia en las estrategias tratamentales desarrolladas». Algunos de los etarras más sanguinarios como ‘Gadafi’ o antiguos jefes de la banda como ‘Txeroki’, entre los beneficiados por esta prerrogativa del Gobierno vascoEsta era la respuesta a las preguntas formuladas por el diputado del PP en el Parlamento vasco Santiago López Céspedes sobre la polémica cuestión. En la documentación consultada por ABC, la consejería dirigida por la socialista María Jesús San José reconocía entonces un total de 35 resoluciones del 100.2 desde que el Gobierno vasco asumió la gestión sobre la Administración Penitenciaria. De esas, 30 (el 85% del total) afectaban a personas condenadas por terrorismo. Diez meses después, a las preguntas por escrito del mismo parlamentario, los datos varían sensiblemente apreciándose una aceleración en las autorizaciones, pues el número de resoluciones totales ha aumentado hasta las 142 personas (48 con delitos de terrorismo, un 33% del total). Además, si bien la aplicación del 100.2 no corresponde en exclusiva al Gobierno autonómico (ya lo hacía antes el Ministerio del Interior), el contraste con la etapa anterior llama la atención. Según una información facilitada por el Gobierno de España al PP en el Congreso de los Diputados, entre 2003 y septiembre de 2021 (cuando se transfirió la competencia) la secretaría general de Instituciones Penitenciarias resolvió de forma favorable 11.264 veces este precepto. De todas ellas, 97 afectaban a personas condenadas por delitos de carácter terrorista en toda España. Dentro de estas, 56 estaban vinculadas a ETA . Recordando los datos del párrafo anterior y teniendo en cuenta que el paso del tiempo influye en la aplicación de medidas dentro del Reglamento Penitenciario, en tan solo cinco años, el Gobierno vasco ya ha alcanzado la mitad de esos números.Pese a que así lo acredita el Reglamento Penitenciario, el Gobierno vasco ya defendió la aplicación del 100.2 como algo no «excepcional»La comparación estadística con las concesiones de terceros grados por parte del Ejecutivo autonómico, otra de las denuncias habituales del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que los tacha de «fraudulentos» cuestionando el arrepentimiento y la falta de colaboración con la Justicia de los etarras, también es llamativa. En marzo de 2026, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos recontaba 444 presos en tercer grado penitenciario de los que 48 estaban condenados por delitos de terrorismo. En total, estima 2002 resoluciones de tercer grado desde 2021, de las que 118 afectaban a personas condenadas por terrorismo (habiendo recurrido 20 de ellas la Fiscalía de la Audiencia Nacional). Esto es un 11% y 6% del total, respectivamente. Las rebajas de condenaPorcentajes que, aunque superiores, sí concuerdan con el 8% de la población reclusa vinculada al terrorismo. Sin embargo, muy alejados del 55% y 33% antes mencionados al respecto de la aplicación del 100.2. Terceros grados y este artículo del Reglamento Penitenciario, de sobra conocido en la opinión pública sobre todo desde su concesión en febrero a Garikoitz Aspiazu Rubina ‘Txeroki’, forman dos patas en la tríada de los supuestos privilegios otorgados por el PSOE a cambio del apoyo incondicional de EH Bildu a Pedro Sánchez en Madrid. Al margen del fin de la política de dispersión o el traspaso de la propia competencia sobre prisiones, la rebaja de condenas mediante el cómputo de penas en el extranjero es la tercera. 1819 población reclusa personas estaban encarceladas en las tres cárceles vascas -Martutene (Guipúzcoa), Basauri (Vizcaya) y Zaballa (Álava)-, según los datos de marzo.Así, ya son cuatro los etarras que han quedado en libertad después del descuento de las penas impuestas por los tribunales franceses. El último esta misma semana. Julen Atxurra Egurrola , alias ‘Pototo’, sentenciado a 32 años de cárcel por ordenar el secuestro en 1996 del funcionario de prisiones Ortega Lara, lograba la libertad por cumplimiento gracias a una modificación de la ley 7/2014 ‘colada’ por el Gobierno en noviembre de 2024 en el Congreso de los Diputados. El cambio de la norma, destinado (en principio) a adecuar España a la normativa europea en asuntos como el intercambio de información sobre antecedentes penales, le ha permitido adelantar ocho años su salida de prisión. A principios de marzo, 36 personas encarceladas en el País Vasco contaban con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Una prerrogativa, autorizada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco desde que asumió la competencia en octubre de 2021, que otorga al reo privilegios que no le corresponderían por su clasificación de grado. Es decir, en el caso de estar en el segundo, poder salir de prisión diariamente, logrando la aplicación de un aspecto propio del tercero (conocido como régimen de semilibertad) de forma «excepcional» para flexibilizar el cumplimiento de la condena. De esos 36 presos, según datos oficiales, 20 (un 55% del total) cumplían condena por terrorismo. En esas fechas, este grupo suponía menos del 8% de la población reclusa (142 de 1819) en las tres cárceles vascas. Si bien no son exactas, pues el Gobierno vasco guarda con celo los expedientes individualizados y entre ellos podría existir algún condenado por yihadismo, las cifras coinciden (entre pequeñas variaciones) con el recuento mensual de presos de ETA que realiza el Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). También con el listado publicado por ABC, que en el mes de febrero ofreció los nombres de 15 miembros de la banda terrorista beneficiados entonces por el 100.2, calificado por asociaciones de víctimas como un «coladero». Entre ellos, algunos de los más sanguinarios como Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’, o antiguos jefes como Jon Olarra o Ainhoa Múgica. Desde entonces ha trascendido la concesión de otros como el de Soledad Iparraguirre ‘Anboto’, al que se opone la Fiscalía de la Audiencia Nacional por prematuro, o Ángel María Tellería. «La impresión es que dentro del modelo vasco, el artículo 100.2 ya se ha convertido en un paso previo al tercer grado», comentaba Carmen Ladrón de Guevara, responsable del observatorio de la AVT. Una afirmación que ya en mayo del año pasado deslizaba el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno autonómico: «La práctica penitenciaria demuestra que ésta no es una medida excepcional. Su utilización ha ido aumentando con el tiempo hasta convertirse en un instrumento normalizado en el ámbito de la ejecución, de tal forma que cada vez ha cobrado más presencia en las estrategias tratamentales desarrolladas». Algunos de los etarras más sanguinarios como ‘Gadafi’ o antiguos jefes de la banda como ‘Txeroki’, entre los beneficiados por esta prerrogativa del Gobierno vascoEsta era la respuesta a las preguntas formuladas por el diputado del PP en el Parlamento vasco Santiago López Céspedes sobre la polémica cuestión. En la documentación consultada por ABC, la consejería dirigida por la socialista María Jesús San José reconocía entonces un total de 35 resoluciones del 100.2 desde que el Gobierno vasco asumió la gestión sobre la Administración Penitenciaria. De esas, 30 (el 85% del total) afectaban a personas condenadas por terrorismo. Diez meses después, a las preguntas por escrito del mismo parlamentario, los datos varían sensiblemente apreciándose una aceleración en las autorizaciones, pues el número de resoluciones totales ha aumentado hasta las 142 personas (48 con delitos de terrorismo, un 33% del total). Además, si bien la aplicación del 100.2 no corresponde en exclusiva al Gobierno autonómico (ya lo hacía antes el Ministerio del Interior), el contraste con la etapa anterior llama la atención. Según una información facilitada por el Gobierno de España al PP en el Congreso de los Diputados, entre 2003 y septiembre de 2021 (cuando se transfirió la competencia) la secretaría general de Instituciones Penitenciarias resolvió de forma favorable 11.264 veces este precepto. De todas ellas, 97 afectaban a personas condenadas por delitos de carácter terrorista en toda España. Dentro de estas, 56 estaban vinculadas a ETA . Recordando los datos del párrafo anterior y teniendo en cuenta que el paso del tiempo influye en la aplicación de medidas dentro del Reglamento Penitenciario, en tan solo cinco años, el Gobierno vasco ya ha alcanzado la mitad de esos números.Pese a que así lo acredita el Reglamento Penitenciario, el Gobierno vasco ya defendió la aplicación del 100.2 como algo no «excepcional»La comparación estadística con las concesiones de terceros grados por parte del Ejecutivo autonómico, otra de las denuncias habituales del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que los tacha de «fraudulentos» cuestionando el arrepentimiento y la falta de colaboración con la Justicia de los etarras, también es llamativa. En marzo de 2026, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos recontaba 444 presos en tercer grado penitenciario de los que 48 estaban condenados por delitos de terrorismo. En total, estima 2002 resoluciones de tercer grado desde 2021, de las que 118 afectaban a personas condenadas por terrorismo (habiendo recurrido 20 de ellas la Fiscalía de la Audiencia Nacional). Esto es un 11% y 6% del total, respectivamente. Las rebajas de condenaPorcentajes que, aunque superiores, sí concuerdan con el 8% de la población reclusa vinculada al terrorismo. Sin embargo, muy alejados del 55% y 33% antes mencionados al respecto de la aplicación del 100.2. Terceros grados y este artículo del Reglamento Penitenciario, de sobra conocido en la opinión pública sobre todo desde su concesión en febrero a Garikoitz Aspiazu Rubina ‘Txeroki’, forman dos patas en la tríada de los supuestos privilegios otorgados por el PSOE a cambio del apoyo incondicional de EH Bildu a Pedro Sánchez en Madrid. Al margen del fin de la política de dispersión o el traspaso de la propia competencia sobre prisiones, la rebaja de condenas mediante el cómputo de penas en el extranjero es la tercera. 1819 población reclusa personas estaban encarceladas en las tres cárceles vascas -Martutene (Guipúzcoa), Basauri (Vizcaya) y Zaballa (Álava)-, según los datos de marzo.Así, ya son cuatro los etarras que han quedado en libertad después del descuento de las penas impuestas por los tribunales franceses. El último esta misma semana. Julen Atxurra Egurrola , alias ‘Pototo’, sentenciado a 32 años de cárcel por ordenar el secuestro en 1996 del funcionario de prisiones Ortega Lara, lograba la libertad por cumplimiento gracias a una modificación de la ley 7/2014 ‘colada’ por el Gobierno en noviembre de 2024 en el Congreso de los Diputados. El cambio de la norma, destinado (en principio) a adecuar España a la normativa europea en asuntos como el intercambio de información sobre antecedentes penales, le ha permitido adelantar ocho años su salida de prisión. A principios de marzo, 36 personas encarceladas en el País Vasco contaban con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Una prerrogativa, autorizada por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco desde que asumió la competencia en octubre de 2021, que otorga al reo privilegios que no le corresponderían por su clasificación de grado. Es decir, en el caso de estar en el segundo, poder salir de prisión diariamente, logrando la aplicación de un aspecto propio del tercero (conocido como régimen de semilibertad) de forma «excepcional» para flexibilizar el cumplimiento de la condena. De esos 36 presos, según datos oficiales, 20 (un 55% del total) cumplían condena por terrorismo. En esas fechas, este grupo suponía menos del 8% de la población reclusa (142 de 1819) en las tres cárceles vascas. Si bien no son exactas, pues el Gobierno vasco guarda con celo los expedientes individualizados y entre ellos podría existir algún condenado por yihadismo, las cifras coinciden (entre pequeñas variaciones) con el recuento mensual de presos de ETA que realiza el Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). También con el listado publicado por ABC, que en el mes de febrero ofreció los nombres de 15 miembros de la banda terrorista beneficiados entonces por el 100.2, calificado por asociaciones de víctimas como un «coladero». Entre ellos, algunos de los más sanguinarios como Juan Carlos Iglesias Chouzas, ‘Gadafi’, o antiguos jefes como Jon Olarra o Ainhoa Múgica. Desde entonces ha trascendido la concesión de otros como el de Soledad Iparraguirre ‘Anboto’, al que se opone la Fiscalía de la Audiencia Nacional por prematuro, o Ángel María Tellería. «La impresión es que dentro del modelo vasco, el artículo 100.2 ya se ha convertido en un paso previo al tercer grado», comentaba Carmen Ladrón de Guevara, responsable del observatorio de la AVT. Una afirmación que ya en mayo del año pasado deslizaba el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno autonómico: «La práctica penitenciaria demuestra que ésta no es una medida excepcional. Su utilización ha ido aumentando con el tiempo hasta convertirse en un instrumento normalizado en el ámbito de la ejecución, de tal forma que cada vez ha cobrado más presencia en las estrategias tratamentales desarrolladas». Algunos de los etarras más sanguinarios como ‘Gadafi’ o antiguos jefes de la banda como ‘Txeroki’, entre los beneficiados por esta prerrogativa del Gobierno vascoEsta era la respuesta a las preguntas formuladas por el diputado del PP en el Parlamento vasco Santiago López Céspedes sobre la polémica cuestión. En la documentación consultada por ABC, la consejería dirigida por la socialista María Jesús San José reconocía entonces un total de 35 resoluciones del 100.2 desde que el Gobierno vasco asumió la gestión sobre la Administración Penitenciaria. De esas, 30 (el 85% del total) afectaban a personas condenadas por terrorismo. Diez meses después, a las preguntas por escrito del mismo parlamentario, los datos varían sensiblemente apreciándose una aceleración en las autorizaciones, pues el número de resoluciones totales ha aumentado hasta las 142 personas (48 con delitos de terrorismo, un 33% del total). Además, si bien la aplicación del 100.2 no corresponde en exclusiva al Gobierno autonómico (ya lo hacía antes el Ministerio del Interior), el contraste con la etapa anterior llama la atención. Según una información facilitada por el Gobierno de España al PP en el Congreso de los Diputados, entre 2003 y septiembre de 2021 (cuando se transfirió la competencia) la secretaría general de Instituciones Penitenciarias resolvió de forma favorable 11.264 veces este precepto. De todas ellas, 97 afectaban a personas condenadas por delitos de carácter terrorista en toda España. Dentro de estas, 56 estaban vinculadas a ETA . Recordando los datos del párrafo anterior y teniendo en cuenta que el paso del tiempo influye en la aplicación de medidas dentro del Reglamento Penitenciario, en tan solo cinco años, el Gobierno vasco ya ha alcanzado la mitad de esos números.Pese a que así lo acredita el Reglamento Penitenciario, el Gobierno vasco ya defendió la aplicación del 100.2 como algo no «excepcional»La comparación estadística con las concesiones de terceros grados por parte del Ejecutivo autonómico, otra de las denuncias habituales del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que los tacha de «fraudulentos» cuestionando el arrepentimiento y la falta de colaboración con la Justicia de los etarras, también es llamativa. En marzo de 2026, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos recontaba 444 presos en tercer grado penitenciario de los que 48 estaban condenados por delitos de terrorismo. En total, estima 2002 resoluciones de tercer grado desde 2021, de las que 118 afectaban a personas condenadas por terrorismo (habiendo recurrido 20 de ellas la Fiscalía de la Audiencia Nacional). Esto es un 11% y 6% del total, respectivamente. Las rebajas de condenaPorcentajes que, aunque superiores, sí concuerdan con el 8% de la población reclusa vinculada al terrorismo. Sin embargo, muy alejados del 55% y 33% antes mencionados al respecto de la aplicación del 100.2. Terceros grados y este artículo del Reglamento Penitenciario, de sobra conocido en la opinión pública sobre todo desde su concesión en febrero a Garikoitz Aspiazu Rubina ‘Txeroki’, forman dos patas en la tríada de los supuestos privilegios otorgados por el PSOE a cambio del apoyo incondicional de EH Bildu a Pedro Sánchez en Madrid. Al margen del fin de la política de dispersión o el traspaso de la propia competencia sobre prisiones, la rebaja de condenas mediante el cómputo de penas en el extranjero es la tercera. 1819 población reclusa personas estaban encarceladas en las tres cárceles vascas -Martutene (Guipúzcoa), Basauri (Vizcaya) y Zaballa (Álava)-, según los datos de marzo.Así, ya son cuatro los etarras que han quedado en libertad después del descuento de las penas impuestas por los tribunales franceses. El último esta misma semana. Julen Atxurra Egurrola , alias ‘Pototo’, sentenciado a 32 años de cárcel por ordenar el secuestro en 1996 del funcionario de prisiones Ortega Lara, lograba la libertad por cumplimiento gracias a una modificación de la ley 7/2014 ‘colada’ por el Gobierno en noviembre de 2024 en el Congreso de los Diputados. El cambio de la norma, destinado (en principio) a adecuar España a la normativa europea en asuntos como el intercambio de información sobre antecedentes penales, le ha permitido adelantar ocho años su salida de prisión. RSS de noticias de espana
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