Los servicios jurídicos de los Gobiernos autonómicos en los que Vox forma parte estudiarán una posible invasión de competencias de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’ , para analizar «en profundidad» las consecuencias de la nacionalización «masiva y fraudulenta de cientos de miles de personajes extranjeras al censo electoral». Los de Santiago Abascal, con este movimiento, dan un paso más en la presión contra el Gobierno y su proceso de nacionalización de extranjeros, que consideran que se ha llevado a cabo de forma «opaca y sin control alguno».La medida, adelantada esta mañana por la Junta de Extremadura , se llevará a cabo también en los Gobiernos de Aragón, Castilla y León y en Andalucía —cuando Manuel Gavira tome posesión como vicepresidente—. Este informe jurídico determinará si el proceso de nacionalización (que recibió más de 2,5 millones de solicitudes), «invade competencias autonómicas». Buscan conocer, además, qué «instrumentos legales» pueden utilizar los Ejecutivos autonómicos para «defender los intereses de sus ciudadanos» frente a un proceso «diseñado como una maniobra de ingeniería electoral» liderada por Pedro Sánchez para «perpetuarse en el poder de manera indefinida».Los tres vicepresidentes de Vox, Carlos Pollán en Castilla y León, Óscar Fernández en Extremadura y Alejandro Nolasco en Aragón, ya han solicitado los informes en sus respetivos Gobiernos para «estudiar» la posible invasión de competencias. Fernández, quien ha sido el primero en adelantar la estrategia de su partido, ha valorado que esta norma se enmarca dentro de la «nefasta política migratoria del Gobierno de Sánchez» y atenta contra los «intereses de los españoles y de las clases más humildes». El objetivo de Sánchez, según valoró el extremeño —y ha repetido a diestro y siniestro Abascal durante los últimos meses—, es «robar las próximas elecciones generales en España». Por ello, anunció que utilizarían todas las vías institucionales para impedir la entrada en vigor de la norma: «No vamos a estar parados ante esta nueva tropelía de Sánchez», sentenció.Noticia relacionada general No No Vox cuestiona a la Comisión Europa si conoce el «riesgo» a la «libertad» de la ‘ley de nietos’ de Sánchez Carlos MullorLos de Abascal dan con este un paso más en su estrategia de presión en contra de la ‘ley de nietos’ y el Gobierno. Antes de este anuncio, Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en 2023 que aún está pendiente de resolución. A esto se suma la solicitud a la Junta Electoral Central (JEC) a comienzos de julio de suspender el voto por correo para evitar un «fraude de ley». También han presentado una denuncia y una batería de preguntas ante la Comisión Europea para paralizar las nacionalizaciones. A falta de las resoluciones de las iniciativas, ninguna de sus medidas ha surtido efecto contra la norma. Vox basa sus sospechas sobre esta ley en la instrucción que impulsó Sofía Puente, antigua directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente, que amplió los requisitos de la ‘ley de nietos’ para que puedan solicitar la nacionalidad bisnietos y tataranietos de exiliados españoles entre el 1936 y 1955 sin la necesidad de acreditar su situación de exiliados políticos.Finalmente, el partido liderado por Abascal muestra su «compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la transparencia electoral y el Estado de derecho» y advierte de que continuará empleado «mecanismos legales» para «proteger la voluntad de los españoles«. Los servicios jurídicos de los Gobiernos autonómicos en los que Vox forma parte estudiarán una posible invasión de competencias de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’ , para analizar «en profundidad» las consecuencias de la nacionalización «masiva y fraudulenta de cientos de miles de personajes extranjeras al censo electoral». Los de Santiago Abascal, con este movimiento, dan un paso más en la presión contra el Gobierno y su proceso de nacionalización de extranjeros, que consideran que se ha llevado a cabo de forma «opaca y sin control alguno».La medida, adelantada esta mañana por la Junta de Extremadura , se llevará a cabo también en los Gobiernos de Aragón, Castilla y León y en Andalucía —cuando Manuel Gavira tome posesión como vicepresidente—. Este informe jurídico determinará si el proceso de nacionalización (que recibió más de 2,5 millones de solicitudes), «invade competencias autonómicas». Buscan conocer, además, qué «instrumentos legales» pueden utilizar los Ejecutivos autonómicos para «defender los intereses de sus ciudadanos» frente a un proceso «diseñado como una maniobra de ingeniería electoral» liderada por Pedro Sánchez para «perpetuarse en el poder de manera indefinida».Los tres vicepresidentes de Vox, Carlos Pollán en Castilla y León, Óscar Fernández en Extremadura y Alejandro Nolasco en Aragón, ya han solicitado los informes en sus respetivos Gobiernos para «estudiar» la posible invasión de competencias. Fernández, quien ha sido el primero en adelantar la estrategia de su partido, ha valorado que esta norma se enmarca dentro de la «nefasta política migratoria del Gobierno de Sánchez» y atenta contra los «intereses de los españoles y de las clases más humildes». El objetivo de Sánchez, según valoró el extremeño —y ha repetido a diestro y siniestro Abascal durante los últimos meses—, es «robar las próximas elecciones generales en España». Por ello, anunció que utilizarían todas las vías institucionales para impedir la entrada en vigor de la norma: «No vamos a estar parados ante esta nueva tropelía de Sánchez», sentenció.Noticia relacionada general No No Vox cuestiona a la Comisión Europa si conoce el «riesgo» a la «libertad» de la ‘ley de nietos’ de Sánchez Carlos MullorLos de Abascal dan con este un paso más en su estrategia de presión en contra de la ‘ley de nietos’ y el Gobierno. Antes de este anuncio, Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en 2023 que aún está pendiente de resolución. A esto se suma la solicitud a la Junta Electoral Central (JEC) a comienzos de julio de suspender el voto por correo para evitar un «fraude de ley». También han presentado una denuncia y una batería de preguntas ante la Comisión Europea para paralizar las nacionalizaciones. A falta de las resoluciones de las iniciativas, ninguna de sus medidas ha surtido efecto contra la norma. Vox basa sus sospechas sobre esta ley en la instrucción que impulsó Sofía Puente, antigua directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente, que amplió los requisitos de la ‘ley de nietos’ para que puedan solicitar la nacionalidad bisnietos y tataranietos de exiliados españoles entre el 1936 y 1955 sin la necesidad de acreditar su situación de exiliados políticos.Finalmente, el partido liderado por Abascal muestra su «compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la transparencia electoral y el Estado de derecho» y advierte de que continuará empleado «mecanismos legales» para «proteger la voluntad de los españoles«. Los servicios jurídicos de los Gobiernos autonómicos en los que Vox forma parte estudiarán una posible invasión de competencias de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’ , para analizar «en profundidad» las consecuencias de la nacionalización «masiva y fraudulenta de cientos de miles de personajes extranjeras al censo electoral». Los de Santiago Abascal, con este movimiento, dan un paso más en la presión contra el Gobierno y su proceso de nacionalización de extranjeros, que consideran que se ha llevado a cabo de forma «opaca y sin control alguno».La medida, adelantada esta mañana por la Junta de Extremadura , se llevará a cabo también en los Gobiernos de Aragón, Castilla y León y en Andalucía —cuando Manuel Gavira tome posesión como vicepresidente—. Este informe jurídico determinará si el proceso de nacionalización (que recibió más de 2,5 millones de solicitudes), «invade competencias autonómicas». Buscan conocer, además, qué «instrumentos legales» pueden utilizar los Ejecutivos autonómicos para «defender los intereses de sus ciudadanos» frente a un proceso «diseñado como una maniobra de ingeniería electoral» liderada por Pedro Sánchez para «perpetuarse en el poder de manera indefinida».Los tres vicepresidentes de Vox, Carlos Pollán en Castilla y León, Óscar Fernández en Extremadura y Alejandro Nolasco en Aragón, ya han solicitado los informes en sus respetivos Gobiernos para «estudiar» la posible invasión de competencias. Fernández, quien ha sido el primero en adelantar la estrategia de su partido, ha valorado que esta norma se enmarca dentro de la «nefasta política migratoria del Gobierno de Sánchez» y atenta contra los «intereses de los españoles y de las clases más humildes». El objetivo de Sánchez, según valoró el extremeño —y ha repetido a diestro y siniestro Abascal durante los últimos meses—, es «robar las próximas elecciones generales en España». Por ello, anunció que utilizarían todas las vías institucionales para impedir la entrada en vigor de la norma: «No vamos a estar parados ante esta nueva tropelía de Sánchez», sentenció.Noticia relacionada general No No Vox cuestiona a la Comisión Europa si conoce el «riesgo» a la «libertad» de la ‘ley de nietos’ de Sánchez Carlos MullorLos de Abascal dan con este un paso más en su estrategia de presión en contra de la ‘ley de nietos’ y el Gobierno. Antes de este anuncio, Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en 2023 que aún está pendiente de resolución. A esto se suma la solicitud a la Junta Electoral Central (JEC) a comienzos de julio de suspender el voto por correo para evitar un «fraude de ley». También han presentado una denuncia y una batería de preguntas ante la Comisión Europea para paralizar las nacionalizaciones. A falta de las resoluciones de las iniciativas, ninguna de sus medidas ha surtido efecto contra la norma. Vox basa sus sospechas sobre esta ley en la instrucción que impulsó Sofía Puente, antigua directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente, que amplió los requisitos de la ‘ley de nietos’ para que puedan solicitar la nacionalidad bisnietos y tataranietos de exiliados españoles entre el 1936 y 1955 sin la necesidad de acreditar su situación de exiliados políticos.Finalmente, el partido liderado por Abascal muestra su «compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la transparencia electoral y el Estado de derecho» y advierte de que continuará empleado «mecanismos legales» para «proteger la voluntad de los españoles«. RSS de noticias de espana
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