Gesto serio y palabras gruesas. La sentencia que condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez , hermano del presidente del Gobierno, por un delito de prevaricación ha generado un profundo malestar en Moncloa. Fuentes gubernamentales tildan el fallo judicial de «injusto» y consideran que se encuadra en la estrategia de «acoso y derribo» que está sufriendo el entorno de Pedro Sánchez para tratar de desestabilizar al Ejecutivo. «Es una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas», sentencian las citadas fuentes con tono severo. En el Gabinete aseguran que no esperaban una decisión en esta dirección porque «en el juicio fue muy claro y evidente que no había pruebas de ningún delito». En este sentido, fuentes bien informadas anticipan que se interpondrá recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, con la esperanza de que una segunda instancia —en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura— revoque la decisión. «Que la Justicia haga justicia», reclaman.En Moncloa censuran abiertamente la argumentación de la sentencia y los distintos dirigentes consultados insisten en la falta de solvencia probatoria del fallo. La estrategia de cuestionamiento de la decisión judicial se construye en varios planos. El formal, atacando el origen del proceso, que partió de «organizaciones ultraderechistas» —en este caso, Manos Limpias— sin que haya habido ninguna persona que se identificase como perjudicada y sin que la Fiscalía haya decidido acusar, al no apreciar delito. En el Ejecutivo unen este fallo a la sentencia del fiscal general del Estado que, en su opinión, «sentó un precedente muy peligroso» y que pone de relieve la hoja de ruta de este tipo de organizaciones que, «con ayuda de PP y Vox», acaban con «sentencias injustas». A juicio del Gobierno, el objetivo es tratar de derrocarles por métodos «no democráticos», esto es, buscar conseguir a través de los tribunales lo que no consiguieron en las urnas el pasado 2023. «No lo van a lograr», anticipan. También se alude a cuestiones de fondo, recordando que David Sánchez no es funcionario y cuestionando que se le pueda imputar un delito de prevaricación si carece de esta condición. La Sala considera acreditado que la diputación de Badajoz creó y adjudicó un puesto que estaba diseñado para el menor de los Sánchez, vulnerando el principio de legalidad que debe regir el acceso al empleo público. Además, se aferran a los pasajes del fallo que establecen lo que «no queda probado» para cuestionar toda la sentencia. Pese a la dureza de la sentencia respecto a la prevaricación, la Audiencia Provincial absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias. La razón no es que considere compatibles ambos delitos, sino que entiende que, en este caso, no concurren los requisitos específicos que exige este tipo penal. «La Justicia tiene que ser entendible», se queja un alto cargo socialista.Noticia relacionada general No No David Sánchez Pérez-Castejón El hermano director de orquesta del presidente que acabó en el banquillo Adrián García DuránPese a la respuesta airada y coordinada desde todas las terminales socialistas, en privado hay dirigentes que consideran que esta sentencia, junto a la citada del fiscal general del Estado y la instrucción por parte del juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez está sirviendo para consolidar la percepción de que el Gobierno es víctima de ‘lawfare’. En Moncloa no se sienten cómodos con este anglicismo —«nosotros no usamos esa palabra», dicen— pero prefieren desarrollarlo con una crítica aún más demoledora. «Estamos ante causas políticas que buscan acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno y eso lo ve toda España», sentencian. En este punto, blanden la coincidencia demoscópica que hace una semana arrojaban varias encuestas, en las que se recogía un cuestionamiento mayoritario de la independencia de la Justicia. «Los ciudadanos están percibiendo que se judicializa la política», resuelven en Moncloa, donde tratan de dotar de un tono severo a sus palabras. «No somos conscientes de lo que está pasando en este país. Es muy grave».«No somos conscientes de lo que está pasando en este país. Es muy grave», dicen en Moncloa con tono severoEn el Ejecutivo tratan así de colocarse en una posición victimista para enfrentar los múltiples reveses judiciales de aquellas causas sobre las que se sigue proclamando la inocencia de sus protagonistas —este mismo martes volvió a hacerse desde la mesa del Consejo de Ministros con el hermano del presidente—. Investigaciones sobre las que se anticipó que todo «quedaría en nada» y cuyos resultados avanzan hacia la culpabilidad de los implicados. «No deberíamos alegrarnos de que se condene a un inocente», tercia un alto cargo del Gobierno, sobre la oportunidad de que se siga instalando su teoría de la persecución judicial. Otras fuentes, sin embargo, se limitan a asentir señalando que «es evidente que queda acreditada» la «obsesión y persecución» a los entornos progresistas. No obstante, en Moncloa sí reconocen que este «ruido judicial», más allá de alimentar sus tesis sobre el ‘lawfare’, genera distorsiones y les impide colocar sus mensajes. «Se está eclipsando toda la labor del Ejecutivo», se quejan. Sin ir más lejos, este martes el Consejo de Ministros aprobó una partida de más de 904 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para financiar el sistema de dependencia y la ley sobre violencia vicaria. Dos cuestiones que quedaron en un segundo plano respecto a la sentencia de David Sánchez. En el Ejecutivo lamentan que el «ruido judicial» genera distorsiones y eclipsa «toda la labor» del GobiernoEn Moncloa no hacen ningún tipo de autocrítica sobre el nivel de injerencia del Gobierno en la defensa de estos casos que se encuentran bajo investigación o en pleno procedimiento judicial. Fue el propio Sánchez el primero en abrir fuego cuando —en una entrevista en septiembre de 2025 en TVE— aseguró que «algunos jueces hacen política». Desde entonces, el Ejecutivo ha encontrado en el argumento de la persecución judicial la escapatoria argumental para evitar entrar a valorar el fondo de las cuestiones que se investigan. Cuestionando a los jueces que instruyen o a los impulsores de las causas, se zafan de poner el foco en las conductas bajo sospecha. Esta retórica también permite que algunos militantes y votantes encuentren cierta sensación balsámica —enfocados en combatir los ataques de un enemigo externo— para seguir construyendo la resistencia en torno a unas siglas, las del PSOE, cada vez más cercadas por los casos de corrupción. En esta empresa, el Gobierno también encuentra la comprensión de sus socios. En un momento de máxima debilidad parlamentaria, la mayoría de la investidura comulga con las tesis del ‘lawfare’ —que dicen haber sufrido previamente— y al menos en esta cuestión se ha certificado un férreo cierre de filas. Gesto serio y palabras gruesas. La sentencia que condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez , hermano del presidente del Gobierno, por un delito de prevaricación ha generado un profundo malestar en Moncloa. Fuentes gubernamentales tildan el fallo judicial de «injusto» y consideran que se encuadra en la estrategia de «acoso y derribo» que está sufriendo el entorno de Pedro Sánchez para tratar de desestabilizar al Ejecutivo. «Es una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas», sentencian las citadas fuentes con tono severo. En el Gabinete aseguran que no esperaban una decisión en esta dirección porque «en el juicio fue muy claro y evidente que no había pruebas de ningún delito». En este sentido, fuentes bien informadas anticipan que se interpondrá recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, con la esperanza de que una segunda instancia —en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura— revoque la decisión. «Que la Justicia haga justicia», reclaman.En Moncloa censuran abiertamente la argumentación de la sentencia y los distintos dirigentes consultados insisten en la falta de solvencia probatoria del fallo. La estrategia de cuestionamiento de la decisión judicial se construye en varios planos. El formal, atacando el origen del proceso, que partió de «organizaciones ultraderechistas» —en este caso, Manos Limpias— sin que haya habido ninguna persona que se identificase como perjudicada y sin que la Fiscalía haya decidido acusar, al no apreciar delito. En el Ejecutivo unen este fallo a la sentencia del fiscal general del Estado que, en su opinión, «sentó un precedente muy peligroso» y que pone de relieve la hoja de ruta de este tipo de organizaciones que, «con ayuda de PP y Vox», acaban con «sentencias injustas». A juicio del Gobierno, el objetivo es tratar de derrocarles por métodos «no democráticos», esto es, buscar conseguir a través de los tribunales lo que no consiguieron en las urnas el pasado 2023. «No lo van a lograr», anticipan. También se alude a cuestiones de fondo, recordando que David Sánchez no es funcionario y cuestionando que se le pueda imputar un delito de prevaricación si carece de esta condición. La Sala considera acreditado que la diputación de Badajoz creó y adjudicó un puesto que estaba diseñado para el menor de los Sánchez, vulnerando el principio de legalidad que debe regir el acceso al empleo público. Además, se aferran a los pasajes del fallo que establecen lo que «no queda probado» para cuestionar toda la sentencia. Pese a la dureza de la sentencia respecto a la prevaricación, la Audiencia Provincial absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias. La razón no es que considere compatibles ambos delitos, sino que entiende que, en este caso, no concurren los requisitos específicos que exige este tipo penal. «La Justicia tiene que ser entendible», se queja un alto cargo socialista.Noticia relacionada general No No David Sánchez Pérez-Castejón El hermano director de orquesta del presidente que acabó en el banquillo Adrián García DuránPese a la respuesta airada y coordinada desde todas las terminales socialistas, en privado hay dirigentes que consideran que esta sentencia, junto a la citada del fiscal general del Estado y la instrucción por parte del juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez está sirviendo para consolidar la percepción de que el Gobierno es víctima de ‘lawfare’. En Moncloa no se sienten cómodos con este anglicismo —«nosotros no usamos esa palabra», dicen— pero prefieren desarrollarlo con una crítica aún más demoledora. «Estamos ante causas políticas que buscan acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno y eso lo ve toda España», sentencian. En este punto, blanden la coincidencia demoscópica que hace una semana arrojaban varias encuestas, en las que se recogía un cuestionamiento mayoritario de la independencia de la Justicia. «Los ciudadanos están percibiendo que se judicializa la política», resuelven en Moncloa, donde tratan de dotar de un tono severo a sus palabras. «No somos conscientes de lo que está pasando en este país. Es muy grave».«No somos conscientes de lo que está pasando en este país. Es muy grave», dicen en Moncloa con tono severoEn el Ejecutivo tratan así de colocarse en una posición victimista para enfrentar los múltiples reveses judiciales de aquellas causas sobre las que se sigue proclamando la inocencia de sus protagonistas —este mismo martes volvió a hacerse desde la mesa del Consejo de Ministros con el hermano del presidente—. Investigaciones sobre las que se anticipó que todo «quedaría en nada» y cuyos resultados avanzan hacia la culpabilidad de los implicados. «No deberíamos alegrarnos de que se condene a un inocente», tercia un alto cargo del Gobierno, sobre la oportunidad de que se siga instalando su teoría de la persecución judicial. Otras fuentes, sin embargo, se limitan a asentir señalando que «es evidente que queda acreditada» la «obsesión y persecución» a los entornos progresistas. No obstante, en Moncloa sí reconocen que este «ruido judicial», más allá de alimentar sus tesis sobre el ‘lawfare’, genera distorsiones y les impide colocar sus mensajes. «Se está eclipsando toda la labor del Ejecutivo», se quejan. Sin ir más lejos, este martes el Consejo de Ministros aprobó una partida de más de 904 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para financiar el sistema de dependencia y la ley sobre violencia vicaria. Dos cuestiones que quedaron en un segundo plano respecto a la sentencia de David Sánchez. En el Ejecutivo lamentan que el «ruido judicial» genera distorsiones y eclipsa «toda la labor» del GobiernoEn Moncloa no hacen ningún tipo de autocrítica sobre el nivel de injerencia del Gobierno en la defensa de estos casos que se encuentran bajo investigación o en pleno procedimiento judicial. Fue el propio Sánchez el primero en abrir fuego cuando —en una entrevista en septiembre de 2025 en TVE— aseguró que «algunos jueces hacen política». Desde entonces, el Ejecutivo ha encontrado en el argumento de la persecución judicial la escapatoria argumental para evitar entrar a valorar el fondo de las cuestiones que se investigan. Cuestionando a los jueces que instruyen o a los impulsores de las causas, se zafan de poner el foco en las conductas bajo sospecha. Esta retórica también permite que algunos militantes y votantes encuentren cierta sensación balsámica —enfocados en combatir los ataques de un enemigo externo— para seguir construyendo la resistencia en torno a unas siglas, las del PSOE, cada vez más cercadas por los casos de corrupción. En esta empresa, el Gobierno también encuentra la comprensión de sus socios. En un momento de máxima debilidad parlamentaria, la mayoría de la investidura comulga con las tesis del ‘lawfare’ —que dicen haber sufrido previamente— y al menos en esta cuestión se ha certificado un férreo cierre de filas. Gesto serio y palabras gruesas. La sentencia que condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez , hermano del presidente del Gobierno, por un delito de prevaricación ha generado un profundo malestar en Moncloa. Fuentes gubernamentales tildan el fallo judicial de «injusto» y consideran que se encuadra en la estrategia de «acoso y derribo» que está sufriendo el entorno de Pedro Sánchez para tratar de desestabilizar al Ejecutivo. «Es una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas», sentencian las citadas fuentes con tono severo. En el Gabinete aseguran que no esperaban una decisión en esta dirección porque «en el juicio fue muy claro y evidente que no había pruebas de ningún delito». En este sentido, fuentes bien informadas anticipan que se interpondrá recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, con la esperanza de que una segunda instancia —en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura— revoque la decisión. «Que la Justicia haga justicia», reclaman.En Moncloa censuran abiertamente la argumentación de la sentencia y los distintos dirigentes consultados insisten en la falta de solvencia probatoria del fallo. La estrategia de cuestionamiento de la decisión judicial se construye en varios planos. El formal, atacando el origen del proceso, que partió de «organizaciones ultraderechistas» —en este caso, Manos Limpias— sin que haya habido ninguna persona que se identificase como perjudicada y sin que la Fiscalía haya decidido acusar, al no apreciar delito. En el Ejecutivo unen este fallo a la sentencia del fiscal general del Estado que, en su opinión, «sentó un precedente muy peligroso» y que pone de relieve la hoja de ruta de este tipo de organizaciones que, «con ayuda de PP y Vox», acaban con «sentencias injustas». A juicio del Gobierno, el objetivo es tratar de derrocarles por métodos «no democráticos», esto es, buscar conseguir a través de los tribunales lo que no consiguieron en las urnas el pasado 2023. «No lo van a lograr», anticipan. También se alude a cuestiones de fondo, recordando que David Sánchez no es funcionario y cuestionando que se le pueda imputar un delito de prevaricación si carece de esta condición. La Sala considera acreditado que la diputación de Badajoz creó y adjudicó un puesto que estaba diseñado para el menor de los Sánchez, vulnerando el principio de legalidad que debe regir el acceso al empleo público. Además, se aferran a los pasajes del fallo que establecen lo que «no queda probado» para cuestionar toda la sentencia. Pese a la dureza de la sentencia respecto a la prevaricación, la Audiencia Provincial absuelve a los acusados del delito de tráfico de influencias. La razón no es que considere compatibles ambos delitos, sino que entiende que, en este caso, no concurren los requisitos específicos que exige este tipo penal. «La Justicia tiene que ser entendible», se queja un alto cargo socialista.Noticia relacionada general No No David Sánchez Pérez-Castejón El hermano director de orquesta del presidente que acabó en el banquillo Adrián García DuránPese a la respuesta airada y coordinada desde todas las terminales socialistas, en privado hay dirigentes que consideran que esta sentencia, junto a la citada del fiscal general del Estado y la instrucción por parte del juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez está sirviendo para consolidar la percepción de que el Gobierno es víctima de ‘lawfare’. En Moncloa no se sienten cómodos con este anglicismo —«nosotros no usamos esa palabra», dicen— pero prefieren desarrollarlo con una crítica aún más demoledora. «Estamos ante causas políticas que buscan acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno y eso lo ve toda España», sentencian. En este punto, blanden la coincidencia demoscópica que hace una semana arrojaban varias encuestas, en las que se recogía un cuestionamiento mayoritario de la independencia de la Justicia. «Los ciudadanos están percibiendo que se judicializa la política», resuelven en Moncloa, donde tratan de dotar de un tono severo a sus palabras. «No somos conscientes de lo que está pasando en este país. Es muy grave».«No somos conscientes de lo que está pasando en este país. Es muy grave», dicen en Moncloa con tono severoEn el Ejecutivo tratan así de colocarse en una posición victimista para enfrentar los múltiples reveses judiciales de aquellas causas sobre las que se sigue proclamando la inocencia de sus protagonistas —este mismo martes volvió a hacerse desde la mesa del Consejo de Ministros con el hermano del presidente—. Investigaciones sobre las que se anticipó que todo «quedaría en nada» y cuyos resultados avanzan hacia la culpabilidad de los implicados. «No deberíamos alegrarnos de que se condene a un inocente», tercia un alto cargo del Gobierno, sobre la oportunidad de que se siga instalando su teoría de la persecución judicial. Otras fuentes, sin embargo, se limitan a asentir señalando que «es evidente que queda acreditada» la «obsesión y persecución» a los entornos progresistas. No obstante, en Moncloa sí reconocen que este «ruido judicial», más allá de alimentar sus tesis sobre el ‘lawfare’, genera distorsiones y les impide colocar sus mensajes. «Se está eclipsando toda la labor del Ejecutivo», se quejan. Sin ir más lejos, este martes el Consejo de Ministros aprobó una partida de más de 904 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para financiar el sistema de dependencia y la ley sobre violencia vicaria. Dos cuestiones que quedaron en un segundo plano respecto a la sentencia de David Sánchez. En el Ejecutivo lamentan que el «ruido judicial» genera distorsiones y eclipsa «toda la labor» del GobiernoEn Moncloa no hacen ningún tipo de autocrítica sobre el nivel de injerencia del Gobierno en la defensa de estos casos que se encuentran bajo investigación o en pleno procedimiento judicial. Fue el propio Sánchez el primero en abrir fuego cuando —en una entrevista en septiembre de 2025 en TVE— aseguró que «algunos jueces hacen política». Desde entonces, el Ejecutivo ha encontrado en el argumento de la persecución judicial la escapatoria argumental para evitar entrar a valorar el fondo de las cuestiones que se investigan. Cuestionando a los jueces que instruyen o a los impulsores de las causas, se zafan de poner el foco en las conductas bajo sospecha. Esta retórica también permite que algunos militantes y votantes encuentren cierta sensación balsámica —enfocados en combatir los ataques de un enemigo externo— para seguir construyendo la resistencia en torno a unas siglas, las del PSOE, cada vez más cercadas por los casos de corrupción. En esta empresa, el Gobierno también encuentra la comprensión de sus socios. En un momento de máxima debilidad parlamentaria, la mayoría de la investidura comulga con las tesis del ‘lawfare’ —que dicen haber sufrido previamente— y al menos en esta cuestión se ha certificado un férreo cierre de filas. RSS de noticias de espana
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