La creciente ola de inseguridad, el aumento sostenido de la delincuencia y la alarmante sensación de descontrol en las calles siguen mantienen en vilo a los ciudadanos ceutíes casi sesenta días después de la invasión que Sánchez calificó inicialmente de «ataque a la integridad territorial del Estado». La situación de emergencia nacional declarada hace apenas tres semanas no ha logrado calmar los ánimos en la ciudad autónoma, convertida en una olla a presión.Ante la alteración tan evidente del orden público y la necesidad de que los ciudadanos ceutíes recuperen la normalidad cuanto antes, se abre paso el debate sobre la declaración del estado de excepción, pensado precisamente, como reconocen fuentes jurídicas y militares, para situaciones como la que hoy vive Ceuta.Previsto en el artículo 116 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, el estado de excepción es un mecanismo de emergencia extraordinario y temporal diseñado para restablecer el orden público cuando las instituciones democráticas y el ejercicio de los derechos ciudadanos se ven «gravemente alterados» y las potestades ordinarias son insuficientes para lograr ese fin. Su activación exige la autorización previa del Congreso de los Diputados y, si prospera, facultaría a las autoridades para suspender temporalmente ciertos derechos fundamentales, como la interceptación de las comunicaciones, la incautación de armas o la libertad ambulatoria. Permitiría además confinamientos , controles de identidad, toques de queda y un procedimiento de devolución exprés ante cualquier quebrantamiento del orden público.Para los expertos consultados por ABC, juristas, jueces y militares en la reserva o retirados, la situación en la ciudad autónoma «cumple milimétricamente» con todos los presupuestos exigidos por la ley. Es más, mayoritariamente consideran que el estado de excepción es el cauce legal «idóneo y necesario» frente a una perturbación de la seguridad que desborda los mecanismos ordinarios.Pero es que además esta medida excepcional, cuya duración máxima es de 30 días, radica en su aplicación sobre la población extranjera. Así, fuentes jurídicas señalan que el artículo 24 de la ley que regula los tres estados (alarma, excepción y sitio) permite imponer obligaciones extraordinarias, como comparecencias diarias ineludibles o estrictas normas de identificación. El mero incumplimiento de estos preceptos habilita una expulsión exprés. El estado de excepción, explican, «no sustituiría a la Ley de Extranjería, pero sí añadiría instrumentos jurídicos para actuar frente a quienes incumplan las obligaciones establecidas durante ese periodo de tiempo».Según ese artículo 24, «los extranjeros que se encuentren en España vendrán obligados a realizar las comparecencias que se acuerden, a cumplir las normas que se dicten sobre renovación o control de permisos de residencia y cédulas de inscripción consular y a observar las demás formalidades que se establezcan (…). Quienes contravinieren las normas o medidas que se adopten, o actuaren en connivencia con los perturbadores del orden público, podrán ser expulsados de España (…)«, reza el precepto.Expulsiones individualesSin embargo, como advierte otra de las fuentes jurídicas consultadas, el estado de excepción no habilita para llevar a cabo expulsiones masivas. Tienen que ser individuales, «con una justificación sumaria de las razones que la motivan». En este sentido la Administración volvería a encontrarse con el embudo que ya tiene con las miles de tramitaciones de la ley de extranjería. «De nada serviría decretar el estado de excepción e imponer el deber de identificarse a miles de personas que han destruido sus documentos si las oficinas de extranjería siguen careciendo del personal y los recursos necesarios para ejecutar esas expulsiones sumarias», señala una de estas fuentes. Y es que este es el principal problema de las devoluciones relacionadas con la invasión del 30 y 31 de julio: no el procedimiento en sí, que podría estar resuelto en 90 días (en determinados casos incluso en 24, 48 o 72 horas, puntualiza un juez de Melilla), sino la acumulación de miles de expedientes con los recursos humanos y materiales disponibles. «Esto es lo que no permiten procesarlos a la velocidad necesaria», señala.Lo que parece claro, y ahí coinciden todas las fuentes, es que Ceuta se encuentra ante un escenario para el que las herramientas ordinarias están resultando insuficientes. Por eso son partidarias de dotar al Estado de instrumentos adicionales para recuperar una capacidad de control que en estos momentos parece perdida. «No es que sea una posibilidad, es que es el camino para tratar este asunto», apostilla una de las fuentes. Eso, al margen de que esta crisis «debería llevar a una reflexión más profunda sobre la legislación española ante situaciones de guerra híbrida» o «entradas masivas en territorio nacional». «Es necesario que una comisión de juristas estudie posibles reformas legislativas», sentencian.Agente de la autoridadFuentes militares en activo subrayan que, en cualquier caso, se trata de una decisión política y las Fuerzas Armadas actuarán conforme a lo decretado legalmente, como sucedió con la declaración del estado de alarma en la pandemia por Covid. Por ejemplo, en aquella ocasión el decreto aprobado por el Consejo de Ministros confería expresamente a los militares el estatus de agente de la autoridad, una medida que no se ha adoptado esta vez y reclaman algunos sectores militares para dotar de seguridad jurídica a su actuación en las calles de Ceuta, donde están desplegados en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.La solución que cuenta con más apoyos a medio plazo es el refuerzo de la valla con Marruecos con medios europeos; contando con el hecho de que las dos ciudades autónomas no solo son frontera de España sino que dibujan la frontera sur de Europa. En este escenario sería de suma importancia el papel de Frontex, la agencia europea de guardia de fronteras.En cualquier caso, los generales de alto rango consultados por este periódico insisten en que el engranaje legal con el que se afronte la crisis generada por el salto masivo de la valla de Ceuta es puramente político y las Fuerzas Armadas actuarán en consecuencia, tal y como marca la Constitución. Otra cosa son los mandos retirados, más osados a la hora de proponer soluciones.Opción sobre la mesaEn el Gobierno de la ciudad autónoma —y también en el Partido Popular— valoraron, sobre todo al inicio de la crisis, herramientas excepcionales. Vivas, de hecho, pidió la declaración de emergencia nacional y que se estableciera un mando único el mismo día 30. Entonces se produjo el primer choque público con el Ejecutivo de Sánchez, cuando desde Moncloa respondieron que «no se daban los supuestos necesarios» en Ceuta. Interior señalaba que la legislación sobre protección civil —para declarar la emergencia— no contemplaba flujos migratorios. El malestar cundió en la ciudad autónoma: su solicitud se enmarcaba «evidentemente», decían, en la seguridad nacional, informa Paloma Esteban.El Gobierno de Vivas valoró en las primeras horas de la crisis pedir a Moncloa herramientas excepcionalesAunque no lo llegaron a decir públicamente, el entorno de Vivas confirma a ABC que en aquellos días sí contemplaron la posibilidad de pedir un estado de excepción para Ceuta. Esas fuentes explican que lo tuvieron encima de la mesa y lo analizaron a nivel jurídico. Se valoró «entre otras opciones» pensando en agilizar las devoluciones, poder decretar confinamientos sanitarios y tener margen para gestionar la crisis. Al final no lo propusieron.En este momento, pasados casi dos meses desde el inicio de la crisis, explican en el gobierno autonómico, creen que no tendría sentido: el Gobierno, aseguran, «jamás» lo plantearía porque eso implicaría «una enmienda a la totalidad» de su propio diagnóstico, ya que «se empeñan en minimizar la crisis a día de hoy». Consideran también que podrían hacerse «malinterpretaciones» en la opinión pública y que «el gran error» del Ejecutivo fue no abordar estas opciones «en los primeros días» tras la avalancha, que era el momento clave para actuar en esos parámetros.También Vox lanzó la idea de un estado de excepción desde Ceuta y preguntó al Gobierno por qué descartó el mecanismo cuando la valla fue asaltada por decenas de miles de personas, «pese a la magnitud de los acontecimientos y a las consecuencias que estaban provocando sobre la seguridad, los servicios públicos y el normal funcionamiento de la ciudad». La creciente ola de inseguridad, el aumento sostenido de la delincuencia y la alarmante sensación de descontrol en las calles siguen mantienen en vilo a los ciudadanos ceutíes casi sesenta días después de la invasión que Sánchez calificó inicialmente de «ataque a la integridad territorial del Estado». La situación de emergencia nacional declarada hace apenas tres semanas no ha logrado calmar los ánimos en la ciudad autónoma, convertida en una olla a presión.Ante la alteración tan evidente del orden público y la necesidad de que los ciudadanos ceutíes recuperen la normalidad cuanto antes, se abre paso el debate sobre la declaración del estado de excepción, pensado precisamente, como reconocen fuentes jurídicas y militares, para situaciones como la que hoy vive Ceuta.Previsto en el artículo 116 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, el estado de excepción es un mecanismo de emergencia extraordinario y temporal diseñado para restablecer el orden público cuando las instituciones democráticas y el ejercicio de los derechos ciudadanos se ven «gravemente alterados» y las potestades ordinarias son insuficientes para lograr ese fin. Su activación exige la autorización previa del Congreso de los Diputados y, si prospera, facultaría a las autoridades para suspender temporalmente ciertos derechos fundamentales, como la interceptación de las comunicaciones, la incautación de armas o la libertad ambulatoria. Permitiría además confinamientos , controles de identidad, toques de queda y un procedimiento de devolución exprés ante cualquier quebrantamiento del orden público.Para los expertos consultados por ABC, juristas, jueces y militares en la reserva o retirados, la situación en la ciudad autónoma «cumple milimétricamente» con todos los presupuestos exigidos por la ley. Es más, mayoritariamente consideran que el estado de excepción es el cauce legal «idóneo y necesario» frente a una perturbación de la seguridad que desborda los mecanismos ordinarios.Pero es que además esta medida excepcional, cuya duración máxima es de 30 días, radica en su aplicación sobre la población extranjera. Así, fuentes jurídicas señalan que el artículo 24 de la ley que regula los tres estados (alarma, excepción y sitio) permite imponer obligaciones extraordinarias, como comparecencias diarias ineludibles o estrictas normas de identificación. El mero incumplimiento de estos preceptos habilita una expulsión exprés. El estado de excepción, explican, «no sustituiría a la Ley de Extranjería, pero sí añadiría instrumentos jurídicos para actuar frente a quienes incumplan las obligaciones establecidas durante ese periodo de tiempo».Según ese artículo 24, «los extranjeros que se encuentren en España vendrán obligados a realizar las comparecencias que se acuerden, a cumplir las normas que se dicten sobre renovación o control de permisos de residencia y cédulas de inscripción consular y a observar las demás formalidades que se establezcan (…). Quienes contravinieren las normas o medidas que se adopten, o actuaren en connivencia con los perturbadores del orden público, podrán ser expulsados de España (…)«, reza el precepto.Expulsiones individualesSin embargo, como advierte otra de las fuentes jurídicas consultadas, el estado de excepción no habilita para llevar a cabo expulsiones masivas. Tienen que ser individuales, «con una justificación sumaria de las razones que la motivan». En este sentido la Administración volvería a encontrarse con el embudo que ya tiene con las miles de tramitaciones de la ley de extranjería. «De nada serviría decretar el estado de excepción e imponer el deber de identificarse a miles de personas que han destruido sus documentos si las oficinas de extranjería siguen careciendo del personal y los recursos necesarios para ejecutar esas expulsiones sumarias», señala una de estas fuentes. Y es que este es el principal problema de las devoluciones relacionadas con la invasión del 30 y 31 de julio: no el procedimiento en sí, que podría estar resuelto en 90 días (en determinados casos incluso en 24, 48 o 72 horas, puntualiza un juez de Melilla), sino la acumulación de miles de expedientes con los recursos humanos y materiales disponibles. «Esto es lo que no permiten procesarlos a la velocidad necesaria», señala.Lo que parece claro, y ahí coinciden todas las fuentes, es que Ceuta se encuentra ante un escenario para el que las herramientas ordinarias están resultando insuficientes. Por eso son partidarias de dotar al Estado de instrumentos adicionales para recuperar una capacidad de control que en estos momentos parece perdida. «No es que sea una posibilidad, es que es el camino para tratar este asunto», apostilla una de las fuentes. Eso, al margen de que esta crisis «debería llevar a una reflexión más profunda sobre la legislación española ante situaciones de guerra híbrida» o «entradas masivas en territorio nacional». «Es necesario que una comisión de juristas estudie posibles reformas legislativas», sentencian.Agente de la autoridadFuentes militares en activo subrayan que, en cualquier caso, se trata de una decisión política y las Fuerzas Armadas actuarán conforme a lo decretado legalmente, como sucedió con la declaración del estado de alarma en la pandemia por Covid. Por ejemplo, en aquella ocasión el decreto aprobado por el Consejo de Ministros confería expresamente a los militares el estatus de agente de la autoridad, una medida que no se ha adoptado esta vez y reclaman algunos sectores militares para dotar de seguridad jurídica a su actuación en las calles de Ceuta, donde están desplegados en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.La solución que cuenta con más apoyos a medio plazo es el refuerzo de la valla con Marruecos con medios europeos; contando con el hecho de que las dos ciudades autónomas no solo son frontera de España sino que dibujan la frontera sur de Europa. En este escenario sería de suma importancia el papel de Frontex, la agencia europea de guardia de fronteras.En cualquier caso, los generales de alto rango consultados por este periódico insisten en que el engranaje legal con el que se afronte la crisis generada por el salto masivo de la valla de Ceuta es puramente político y las Fuerzas Armadas actuarán en consecuencia, tal y como marca la Constitución. Otra cosa son los mandos retirados, más osados a la hora de proponer soluciones.Opción sobre la mesaEn el Gobierno de la ciudad autónoma —y también en el Partido Popular— valoraron, sobre todo al inicio de la crisis, herramientas excepcionales. Vivas, de hecho, pidió la declaración de emergencia nacional y que se estableciera un mando único el mismo día 30. Entonces se produjo el primer choque público con el Ejecutivo de Sánchez, cuando desde Moncloa respondieron que «no se daban los supuestos necesarios» en Ceuta. Interior señalaba que la legislación sobre protección civil —para declarar la emergencia— no contemplaba flujos migratorios. El malestar cundió en la ciudad autónoma: su solicitud se enmarcaba «evidentemente», decían, en la seguridad nacional, informa Paloma Esteban.El Gobierno de Vivas valoró en las primeras horas de la crisis pedir a Moncloa herramientas excepcionalesAunque no lo llegaron a decir públicamente, el entorno de Vivas confirma a ABC que en aquellos días sí contemplaron la posibilidad de pedir un estado de excepción para Ceuta. Esas fuentes explican que lo tuvieron encima de la mesa y lo analizaron a nivel jurídico. Se valoró «entre otras opciones» pensando en agilizar las devoluciones, poder decretar confinamientos sanitarios y tener margen para gestionar la crisis. Al final no lo propusieron.En este momento, pasados casi dos meses desde el inicio de la crisis, explican en el gobierno autonómico, creen que no tendría sentido: el Gobierno, aseguran, «jamás» lo plantearía porque eso implicaría «una enmienda a la totalidad» de su propio diagnóstico, ya que «se empeñan en minimizar la crisis a día de hoy». Consideran también que podrían hacerse «malinterpretaciones» en la opinión pública y que «el gran error» del Ejecutivo fue no abordar estas opciones «en los primeros días» tras la avalancha, que era el momento clave para actuar en esos parámetros.También Vox lanzó la idea de un estado de excepción desde Ceuta y preguntó al Gobierno por qué descartó el mecanismo cuando la valla fue asaltada por decenas de miles de personas, «pese a la magnitud de los acontecimientos y a las consecuencias que estaban provocando sobre la seguridad, los servicios públicos y el normal funcionamiento de la ciudad». La creciente ola de inseguridad, el aumento sostenido de la delincuencia y la alarmante sensación de descontrol en las calles siguen mantienen en vilo a los ciudadanos ceutíes casi sesenta días después de la invasión que Sánchez calificó inicialmente de «ataque a la integridad territorial del Estado». La situación de emergencia nacional declarada hace apenas tres semanas no ha logrado calmar los ánimos en la ciudad autónoma, convertida en una olla a presión.Ante la alteración tan evidente del orden público y la necesidad de que los ciudadanos ceutíes recuperen la normalidad cuanto antes, se abre paso el debate sobre la declaración del estado de excepción, pensado precisamente, como reconocen fuentes jurídicas y militares, para situaciones como la que hoy vive Ceuta.Previsto en el artículo 116 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981, el estado de excepción es un mecanismo de emergencia extraordinario y temporal diseñado para restablecer el orden público cuando las instituciones democráticas y el ejercicio de los derechos ciudadanos se ven «gravemente alterados» y las potestades ordinarias son insuficientes para lograr ese fin. Su activación exige la autorización previa del Congreso de los Diputados y, si prospera, facultaría a las autoridades para suspender temporalmente ciertos derechos fundamentales, como la interceptación de las comunicaciones, la incautación de armas o la libertad ambulatoria. Permitiría además confinamientos , controles de identidad, toques de queda y un procedimiento de devolución exprés ante cualquier quebrantamiento del orden público.Para los expertos consultados por ABC, juristas, jueces y militares en la reserva o retirados, la situación en la ciudad autónoma «cumple milimétricamente» con todos los presupuestos exigidos por la ley. Es más, mayoritariamente consideran que el estado de excepción es el cauce legal «idóneo y necesario» frente a una perturbación de la seguridad que desborda los mecanismos ordinarios.Pero es que además esta medida excepcional, cuya duración máxima es de 30 días, radica en su aplicación sobre la población extranjera. Así, fuentes jurídicas señalan que el artículo 24 de la ley que regula los tres estados (alarma, excepción y sitio) permite imponer obligaciones extraordinarias, como comparecencias diarias ineludibles o estrictas normas de identificación. El mero incumplimiento de estos preceptos habilita una expulsión exprés. El estado de excepción, explican, «no sustituiría a la Ley de Extranjería, pero sí añadiría instrumentos jurídicos para actuar frente a quienes incumplan las obligaciones establecidas durante ese periodo de tiempo».Según ese artículo 24, «los extranjeros que se encuentren en España vendrán obligados a realizar las comparecencias que se acuerden, a cumplir las normas que se dicten sobre renovación o control de permisos de residencia y cédulas de inscripción consular y a observar las demás formalidades que se establezcan (…). Quienes contravinieren las normas o medidas que se adopten, o actuaren en connivencia con los perturbadores del orden público, podrán ser expulsados de España (…)«, reza el precepto.Expulsiones individualesSin embargo, como advierte otra de las fuentes jurídicas consultadas, el estado de excepción no habilita para llevar a cabo expulsiones masivas. Tienen que ser individuales, «con una justificación sumaria de las razones que la motivan». En este sentido la Administración volvería a encontrarse con el embudo que ya tiene con las miles de tramitaciones de la ley de extranjería. «De nada serviría decretar el estado de excepción e imponer el deber de identificarse a miles de personas que han destruido sus documentos si las oficinas de extranjería siguen careciendo del personal y los recursos necesarios para ejecutar esas expulsiones sumarias», señala una de estas fuentes. Y es que este es el principal problema de las devoluciones relacionadas con la invasión del 30 y 31 de julio: no el procedimiento en sí, que podría estar resuelto en 90 días (en determinados casos incluso en 24, 48 o 72 horas, puntualiza un juez de Melilla), sino la acumulación de miles de expedientes con los recursos humanos y materiales disponibles. «Esto es lo que no permiten procesarlos a la velocidad necesaria», señala.Lo que parece claro, y ahí coinciden todas las fuentes, es que Ceuta se encuentra ante un escenario para el que las herramientas ordinarias están resultando insuficientes. Por eso son partidarias de dotar al Estado de instrumentos adicionales para recuperar una capacidad de control que en estos momentos parece perdida. «No es que sea una posibilidad, es que es el camino para tratar este asunto», apostilla una de las fuentes. Eso, al margen de que esta crisis «debería llevar a una reflexión más profunda sobre la legislación española ante situaciones de guerra híbrida» o «entradas masivas en territorio nacional». «Es necesario que una comisión de juristas estudie posibles reformas legislativas», sentencian.Agente de la autoridadFuentes militares en activo subrayan que, en cualquier caso, se trata de una decisión política y las Fuerzas Armadas actuarán conforme a lo decretado legalmente, como sucedió con la declaración del estado de alarma en la pandemia por Covid. Por ejemplo, en aquella ocasión el decreto aprobado por el Consejo de Ministros confería expresamente a los militares el estatus de agente de la autoridad, una medida que no se ha adoptado esta vez y reclaman algunos sectores militares para dotar de seguridad jurídica a su actuación en las calles de Ceuta, donde están desplegados en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.La solución que cuenta con más apoyos a medio plazo es el refuerzo de la valla con Marruecos con medios europeos; contando con el hecho de que las dos ciudades autónomas no solo son frontera de España sino que dibujan la frontera sur de Europa. En este escenario sería de suma importancia el papel de Frontex, la agencia europea de guardia de fronteras.En cualquier caso, los generales de alto rango consultados por este periódico insisten en que el engranaje legal con el que se afronte la crisis generada por el salto masivo de la valla de Ceuta es puramente político y las Fuerzas Armadas actuarán en consecuencia, tal y como marca la Constitución. Otra cosa son los mandos retirados, más osados a la hora de proponer soluciones.Opción sobre la mesaEn el Gobierno de la ciudad autónoma —y también en el Partido Popular— valoraron, sobre todo al inicio de la crisis, herramientas excepcionales. Vivas, de hecho, pidió la declaración de emergencia nacional y que se estableciera un mando único el mismo día 30. Entonces se produjo el primer choque público con el Ejecutivo de Sánchez, cuando desde Moncloa respondieron que «no se daban los supuestos necesarios» en Ceuta. Interior señalaba que la legislación sobre protección civil —para declarar la emergencia— no contemplaba flujos migratorios. El malestar cundió en la ciudad autónoma: su solicitud se enmarcaba «evidentemente», decían, en la seguridad nacional, informa Paloma Esteban.El Gobierno de Vivas valoró en las primeras horas de la crisis pedir a Moncloa herramientas excepcionalesAunque no lo llegaron a decir públicamente, el entorno de Vivas confirma a ABC que en aquellos días sí contemplaron la posibilidad de pedir un estado de excepción para Ceuta. Esas fuentes explican que lo tuvieron encima de la mesa y lo analizaron a nivel jurídico. Se valoró «entre otras opciones» pensando en agilizar las devoluciones, poder decretar confinamientos sanitarios y tener margen para gestionar la crisis. Al final no lo propusieron.En este momento, pasados casi dos meses desde el inicio de la crisis, explican en el gobierno autonómico, creen que no tendría sentido: el Gobierno, aseguran, «jamás» lo plantearía porque eso implicaría «una enmienda a la totalidad» de su propio diagnóstico, ya que «se empeñan en minimizar la crisis a día de hoy». Consideran también que podrían hacerse «malinterpretaciones» en la opinión pública y que «el gran error» del Ejecutivo fue no abordar estas opciones «en los primeros días» tras la avalancha, que era el momento clave para actuar en esos parámetros.También Vox lanzó la idea de un estado de excepción desde Ceuta y preguntó al Gobierno por qué descartó el mecanismo cuando la valla fue asaltada por decenas de miles de personas, «pese a la magnitud de los acontecimientos y a las consecuencias que estaban provocando sobre la seguridad, los servicios públicos y el normal funcionamiento de la ciudad». RSS de noticias de espana
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