La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la condena a siete años de inhabilitación para cargo o empleo público al exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández , por adjudicar directamente las obras de sustitución del alumbrado del paseo marítimo por un importe de 492.182,65 euros, sin tramitar ningún expediente de contratación.La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación del exregidor y ratificado la sentencia dictada por el juez del Tribunal de Instancia, Sección Penal 1 de Almería, que lo condenó por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal considera probado que se vulneraron los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia que rigen la contratación pública.Los hechos se remontan a la etapa en la que Fernández estuvo al frente del Ayuntamiento, entre octubre de 2007 y junio de 2011 . Según recoge la resolución, dictada a principios de noviembre, el exalcalde adjudicó directamente los trabajos de renovación del alumbrado mediante una resolución de Alcaldía del 8 de septiembre de 2008.La actuación se aprobó inicialmente con el compromiso de que las obras serían ejecutadas con medios propios municipales. Sin embargo, finalmente fueron subcontratadas a dos empresas, Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Gañid SL, que presentaron facturas por 360.937,23 y 134.982,51 euros , respectivamente.Ambas cantidades fueron abonadas con cargo al presupuesto municipal sin que se hubiera tramitado expediente de contratación alguno. La sentencia señala que Fernández actuó «con conocimiento de que actuaba contra el ordenamiento jurídico» y que hizo prevalecer su voluntad sobre los intereses generales del Ayuntamiento y los de otros posibles interesados en concurrir a la adjudicación.Devolución de una subvención Las irregularidades tuvieron también consecuencias económicas para las arcas municipales. La Junta de Andalucía ordenó al Ayuntamiento devolver una subvención de 295.309 euros , más los intereses correspondientes, al no quedar formalmente justificada la ejecución de los trabajos.En su recurso, el exalcalde cuestionó la valoración de las pruebas, pero la Audiencia no aprecia errores que justifiquen modificar la sentencia. Entre los elementos que sustentan el fallo figura un informe del secretario municipal que acredita que no se tramitó ningún expediente administrativo para ejecutar las obras.El tribunal subraya que, pese a que la resolución de Alcaldía contemplaba inicialmente la ejecución de los trabajos con medios propios, estos acabaron en manos de empresas externas sin autorización previa ni procedimiento de licitación. Una actuación con la que, según la sentencia, se eludieron los mecanismos de control, publicidad, transparencia y libre concurrencia exigidos por la legislación de contratos del sector público. La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la condena a siete años de inhabilitación para cargo o empleo público al exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández , por adjudicar directamente las obras de sustitución del alumbrado del paseo marítimo por un importe de 492.182,65 euros, sin tramitar ningún expediente de contratación.La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación del exregidor y ratificado la sentencia dictada por el juez del Tribunal de Instancia, Sección Penal 1 de Almería, que lo condenó por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal considera probado que se vulneraron los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia que rigen la contratación pública.Los hechos se remontan a la etapa en la que Fernández estuvo al frente del Ayuntamiento, entre octubre de 2007 y junio de 2011 . Según recoge la resolución, dictada a principios de noviembre, el exalcalde adjudicó directamente los trabajos de renovación del alumbrado mediante una resolución de Alcaldía del 8 de septiembre de 2008.La actuación se aprobó inicialmente con el compromiso de que las obras serían ejecutadas con medios propios municipales. Sin embargo, finalmente fueron subcontratadas a dos empresas, Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Gañid SL, que presentaron facturas por 360.937,23 y 134.982,51 euros , respectivamente.Ambas cantidades fueron abonadas con cargo al presupuesto municipal sin que se hubiera tramitado expediente de contratación alguno. La sentencia señala que Fernández actuó «con conocimiento de que actuaba contra el ordenamiento jurídico» y que hizo prevalecer su voluntad sobre los intereses generales del Ayuntamiento y los de otros posibles interesados en concurrir a la adjudicación.Devolución de una subvención Las irregularidades tuvieron también consecuencias económicas para las arcas municipales. La Junta de Andalucía ordenó al Ayuntamiento devolver una subvención de 295.309 euros , más los intereses correspondientes, al no quedar formalmente justificada la ejecución de los trabajos.En su recurso, el exalcalde cuestionó la valoración de las pruebas, pero la Audiencia no aprecia errores que justifiquen modificar la sentencia. Entre los elementos que sustentan el fallo figura un informe del secretario municipal que acredita que no se tramitó ningún expediente administrativo para ejecutar las obras.El tribunal subraya que, pese a que la resolución de Alcaldía contemplaba inicialmente la ejecución de los trabajos con medios propios, estos acabaron en manos de empresas externas sin autorización previa ni procedimiento de licitación. Una actuación con la que, según la sentencia, se eludieron los mecanismos de control, publicidad, transparencia y libre concurrencia exigidos por la legislación de contratos del sector público. La Audiencia Provincial de Almería ha confirmado la condena a siete años de inhabilitación para cargo o empleo público al exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández , por adjudicar directamente las obras de sustitución del alumbrado del paseo marítimo por un importe de 492.182,65 euros, sin tramitar ningún expediente de contratación.La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso de apelación del exregidor y ratificado la sentencia dictada por el juez del Tribunal de Instancia, Sección Penal 1 de Almería, que lo condenó por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal considera probado que se vulneraron los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia que rigen la contratación pública.Los hechos se remontan a la etapa en la que Fernández estuvo al frente del Ayuntamiento, entre octubre de 2007 y junio de 2011 . Según recoge la resolución, dictada a principios de noviembre, el exalcalde adjudicó directamente los trabajos de renovación del alumbrado mediante una resolución de Alcaldía del 8 de septiembre de 2008.La actuación se aprobó inicialmente con el compromiso de que las obras serían ejecutadas con medios propios municipales. Sin embargo, finalmente fueron subcontratadas a dos empresas, Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Gañid SL, que presentaron facturas por 360.937,23 y 134.982,51 euros , respectivamente.Ambas cantidades fueron abonadas con cargo al presupuesto municipal sin que se hubiera tramitado expediente de contratación alguno. La sentencia señala que Fernández actuó «con conocimiento de que actuaba contra el ordenamiento jurídico» y que hizo prevalecer su voluntad sobre los intereses generales del Ayuntamiento y los de otros posibles interesados en concurrir a la adjudicación.Devolución de una subvención Las irregularidades tuvieron también consecuencias económicas para las arcas municipales. La Junta de Andalucía ordenó al Ayuntamiento devolver una subvención de 295.309 euros , más los intereses correspondientes, al no quedar formalmente justificada la ejecución de los trabajos.En su recurso, el exalcalde cuestionó la valoración de las pruebas, pero la Audiencia no aprecia errores que justifiquen modificar la sentencia. Entre los elementos que sustentan el fallo figura un informe del secretario municipal que acredita que no se tramitó ningún expediente administrativo para ejecutar las obras.El tribunal subraya que, pese a que la resolución de Alcaldía contemplaba inicialmente la ejecución de los trabajos con medios propios, estos acabaron en manos de empresas externas sin autorización previa ni procedimiento de licitación. Una actuación con la que, según la sentencia, se eludieron los mecanismos de control, publicidad, transparencia y libre concurrencia exigidos por la legislación de contratos del sector público. RSS de noticias de espana/andalucia
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