José Luis Fuentes García ha librado batallas en el desierto del Sáhara y ha sobrevivido a la amenaza terrorista de ETA, pero a sus 76 años afronta una de sus contiendas más complejas en las dependencias judiciales de la Costa del Sol. Este militar jubilado, vecino del barrio de El Calvario en Torremolinos (Málaga), ha iniciado una ofensiva legal contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) después de que la entidad pública le exigiera una renta mensual de 1.500 euros por la vivienda en la que reside junto a su esposa, de 74 años, desde enero de 2019.El conflicto estalló tras la salida a subasta de un bloque residencial de 39 viviendas en el citado municipio de la Costa del Sol. Veintiuna familias afectadas firmaron en septiembre de 2025 nuevos contratos de alquiler social con la Sareb, el llamado ‘banco malo’ dependiente del Gobierno , que se hizo con la propiedad de la mayoría de los inmuebles en un proceso de ejecución hipotecaria tras los impagos de la promotora del edificio Mamelli S.A. Fuentes se plantó y rechazó las condiciones que le ofrecía la sociedad estatal que consideraba «ilegales» y abusivas. A cambio de continuar en sus casas, los otros 21 vecinos pagan alquileres de entre 105 y 600 euros mensuales calculados en función de su capacidad económica y después de que el Ayuntamiento de Torremolinos acreditara su situación de vulnerabilidad económica. Este militar retirado denuncia que la entidad utiliza una fórmula de descuentos temporales que esconde subidas desorbitadas. «Al principio te pedían 889 euros al mes aplicando una bonificación y cuando pasaba el primer año te decían ‘se ha acabado la subvención’ y te clavaban los 1.500 euros», relata indignado a este periódico.Fuentes no entiende cómo una sociedad participada mayoritariamente por el Estado ignora los propios topes marcados por el Ejecutivo central y rebasa incluso los límites máximos previstos para los grandes tenedores de vivienda. Según la metodología del sistema estatal de índices de referencia de precios del alquiler, la renta asequible para un inmueble de estas características en la zona oscila entre los 380,34 y los 584,61 euros mensuales , según le confirmó en un certificado remitido por el Ministerio de Vivienda. Aunque Fuentes no cumple los criterios estrictos de vulnerabilidad económica por su pensión, sí acredita vulnerabilidad social debido a su avanzada edad y la de su esposa, y las graves enfermedades que padece.El 28 de septiembre de 2025, el inquilino remitió un correo electrónico a Tecnotramit y Servihabitat, las dos gestoras inmobiliarias que administran la cartera de la Sareb, en el que les comunicaba su negativa a rubricar el acuerdo. En el escrito, el exmilitar calificó de «incomprensible» que «una empresa en la que el Estado, o sea España, es propietario del 51%, esto es, la Sareb, se pase ‘por el arco de triunfo’ lo legislado por el Ministerio de Vivienda en lo relativo a los alquileres, en este caso no social, y pretenda cobrarme 1.500 euros mensuales por el alquiler social de la vivienda que actualmente habito».«No abandonaré la casa que habito, salvo que la Justicia determine que no llevo razón y he de salir de la vivienda» José Luis Fuentes Inquilino en TorremolinosActualmente, Fuentes reside en el inmueble sin un contrato en vigor. Ha hecho saber a la Sareb que está dispuesto a firmar un acuerdo ajustado a la legalidad: ya sea el tramo máximo del alquiler social (400 euros) o el tope estipulado por el índice estatal para alquileres asequibles (584,61 euros). Asimismo, recuerda que la Sareb funciona como un gran tenedor al poseer más de diez inmuebles urbanos de uso residencial.Su postura ante las gestoras de la Sareb es inamovible: « No abandonaré la casa que habito , salvo que la Justicia determine, si ustedes denuncian el caso, que no llevo razón y he de salir de la vivienda». Por su parte, fuentes oficiales de la Sareb consultadas por este periódico señalan que el inquilino rechazó las ofertas comerciales que se le plantearon en su momento, aunque mantiene la puerta abierta para volver a revisar su expediente.La ofensiva judicial del militar jubilado José Luis Fuentes llevó el caso hace un año ante la Fiscalía General del Estado, a la que alertó de que la Sareb estaba fijando rentas en el edificio de Torremolinos que vulneraban la normativa estatal. Su denuncia original fue remitida a la Fiscalía de Málaga, que apreció indicios de credibilidad en los hechos relatados al considerar que los mismos podían encajar en «delitos de insolvencia punible, apropiación indebida y/o estafa», acordando por ello la apertura de unas diligencias de investigación. A pesar de este prometedor inicio, el Ministerio Público decretó el archivo de las actuaciones el pasado 27 de enero argumentando la existencia de un procedimiento judicial en curso sobre «los mismos hechos» en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos. José Luis Fuentes García ha librado batallas en el desierto del Sáhara y ha sobrevivido a la amenaza terrorista de ETA, pero a sus 76 años afronta una de sus contiendas más complejas en las dependencias judiciales de la Costa del Sol. Este militar jubilado, vecino del barrio de El Calvario en Torremolinos (Málaga), ha iniciado una ofensiva legal contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) después de que la entidad pública le exigiera una renta mensual de 1.500 euros por la vivienda en la que reside junto a su esposa, de 74 años, desde enero de 2019.El conflicto estalló tras la salida a subasta de un bloque residencial de 39 viviendas en el citado municipio de la Costa del Sol. Veintiuna familias afectadas firmaron en septiembre de 2025 nuevos contratos de alquiler social con la Sareb, el llamado ‘banco malo’ dependiente del Gobierno , que se hizo con la propiedad de la mayoría de los inmuebles en un proceso de ejecución hipotecaria tras los impagos de la promotora del edificio Mamelli S.A. Fuentes se plantó y rechazó las condiciones que le ofrecía la sociedad estatal que consideraba «ilegales» y abusivas. A cambio de continuar en sus casas, los otros 21 vecinos pagan alquileres de entre 105 y 600 euros mensuales calculados en función de su capacidad económica y después de que el Ayuntamiento de Torremolinos acreditara su situación de vulnerabilidad económica. Este militar retirado denuncia que la entidad utiliza una fórmula de descuentos temporales que esconde subidas desorbitadas. «Al principio te pedían 889 euros al mes aplicando una bonificación y cuando pasaba el primer año te decían ‘se ha acabado la subvención’ y te clavaban los 1.500 euros», relata indignado a este periódico.Fuentes no entiende cómo una sociedad participada mayoritariamente por el Estado ignora los propios topes marcados por el Ejecutivo central y rebasa incluso los límites máximos previstos para los grandes tenedores de vivienda. Según la metodología del sistema estatal de índices de referencia de precios del alquiler, la renta asequible para un inmueble de estas características en la zona oscila entre los 380,34 y los 584,61 euros mensuales , según le confirmó en un certificado remitido por el Ministerio de Vivienda. Aunque Fuentes no cumple los criterios estrictos de vulnerabilidad económica por su pensión, sí acredita vulnerabilidad social debido a su avanzada edad y la de su esposa, y las graves enfermedades que padece.El 28 de septiembre de 2025, el inquilino remitió un correo electrónico a Tecnotramit y Servihabitat, las dos gestoras inmobiliarias que administran la cartera de la Sareb, en el que les comunicaba su negativa a rubricar el acuerdo. En el escrito, el exmilitar calificó de «incomprensible» que «una empresa en la que el Estado, o sea España, es propietario del 51%, esto es, la Sareb, se pase ‘por el arco de triunfo’ lo legislado por el Ministerio de Vivienda en lo relativo a los alquileres, en este caso no social, y pretenda cobrarme 1.500 euros mensuales por el alquiler social de la vivienda que actualmente habito».«No abandonaré la casa que habito, salvo que la Justicia determine que no llevo razón y he de salir de la vivienda» José Luis Fuentes Inquilino en TorremolinosActualmente, Fuentes reside en el inmueble sin un contrato en vigor. Ha hecho saber a la Sareb que está dispuesto a firmar un acuerdo ajustado a la legalidad: ya sea el tramo máximo del alquiler social (400 euros) o el tope estipulado por el índice estatal para alquileres asequibles (584,61 euros). Asimismo, recuerda que la Sareb funciona como un gran tenedor al poseer más de diez inmuebles urbanos de uso residencial.Su postura ante las gestoras de la Sareb es inamovible: « No abandonaré la casa que habito , salvo que la Justicia determine, si ustedes denuncian el caso, que no llevo razón y he de salir de la vivienda». Por su parte, fuentes oficiales de la Sareb consultadas por este periódico señalan que el inquilino rechazó las ofertas comerciales que se le plantearon en su momento, aunque mantiene la puerta abierta para volver a revisar su expediente.La ofensiva judicial del militar jubilado José Luis Fuentes llevó el caso hace un año ante la Fiscalía General del Estado, a la que alertó de que la Sareb estaba fijando rentas en el edificio de Torremolinos que vulneraban la normativa estatal. Su denuncia original fue remitida a la Fiscalía de Málaga, que apreció indicios de credibilidad en los hechos relatados al considerar que los mismos podían encajar en «delitos de insolvencia punible, apropiación indebida y/o estafa», acordando por ello la apertura de unas diligencias de investigación. A pesar de este prometedor inicio, el Ministerio Público decretó el archivo de las actuaciones el pasado 27 de enero argumentando la existencia de un procedimiento judicial en curso sobre «los mismos hechos» en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos. José Luis Fuentes García ha librado batallas en el desierto del Sáhara y ha sobrevivido a la amenaza terrorista de ETA, pero a sus 76 años afronta una de sus contiendas más complejas en las dependencias judiciales de la Costa del Sol. Este militar jubilado, vecino del barrio de El Calvario en Torremolinos (Málaga), ha iniciado una ofensiva legal contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) después de que la entidad pública le exigiera una renta mensual de 1.500 euros por la vivienda en la que reside junto a su esposa, de 74 años, desde enero de 2019.El conflicto estalló tras la salida a subasta de un bloque residencial de 39 viviendas en el citado municipio de la Costa del Sol. Veintiuna familias afectadas firmaron en septiembre de 2025 nuevos contratos de alquiler social con la Sareb, el llamado ‘banco malo’ dependiente del Gobierno , que se hizo con la propiedad de la mayoría de los inmuebles en un proceso de ejecución hipotecaria tras los impagos de la promotora del edificio Mamelli S.A. Fuentes se plantó y rechazó las condiciones que le ofrecía la sociedad estatal que consideraba «ilegales» y abusivas. A cambio de continuar en sus casas, los otros 21 vecinos pagan alquileres de entre 105 y 600 euros mensuales calculados en función de su capacidad económica y después de que el Ayuntamiento de Torremolinos acreditara su situación de vulnerabilidad económica. Este militar retirado denuncia que la entidad utiliza una fórmula de descuentos temporales que esconde subidas desorbitadas. «Al principio te pedían 889 euros al mes aplicando una bonificación y cuando pasaba el primer año te decían ‘se ha acabado la subvención’ y te clavaban los 1.500 euros», relata indignado a este periódico.Fuentes no entiende cómo una sociedad participada mayoritariamente por el Estado ignora los propios topes marcados por el Ejecutivo central y rebasa incluso los límites máximos previstos para los grandes tenedores de vivienda. Según la metodología del sistema estatal de índices de referencia de precios del alquiler, la renta asequible para un inmueble de estas características en la zona oscila entre los 380,34 y los 584,61 euros mensuales , según le confirmó en un certificado remitido por el Ministerio de Vivienda. Aunque Fuentes no cumple los criterios estrictos de vulnerabilidad económica por su pensión, sí acredita vulnerabilidad social debido a su avanzada edad y la de su esposa, y las graves enfermedades que padece.El 28 de septiembre de 2025, el inquilino remitió un correo electrónico a Tecnotramit y Servihabitat, las dos gestoras inmobiliarias que administran la cartera de la Sareb, en el que les comunicaba su negativa a rubricar el acuerdo. En el escrito, el exmilitar calificó de «incomprensible» que «una empresa en la que el Estado, o sea España, es propietario del 51%, esto es, la Sareb, se pase ‘por el arco de triunfo’ lo legislado por el Ministerio de Vivienda en lo relativo a los alquileres, en este caso no social, y pretenda cobrarme 1.500 euros mensuales por el alquiler social de la vivienda que actualmente habito».«No abandonaré la casa que habito, salvo que la Justicia determine que no llevo razón y he de salir de la vivienda» José Luis Fuentes Inquilino en TorremolinosActualmente, Fuentes reside en el inmueble sin un contrato en vigor. Ha hecho saber a la Sareb que está dispuesto a firmar un acuerdo ajustado a la legalidad: ya sea el tramo máximo del alquiler social (400 euros) o el tope estipulado por el índice estatal para alquileres asequibles (584,61 euros). Asimismo, recuerda que la Sareb funciona como un gran tenedor al poseer más de diez inmuebles urbanos de uso residencial.Su postura ante las gestoras de la Sareb es inamovible: « No abandonaré la casa que habito , salvo que la Justicia determine, si ustedes denuncian el caso, que no llevo razón y he de salir de la vivienda». Por su parte, fuentes oficiales de la Sareb consultadas por este periódico señalan que el inquilino rechazó las ofertas comerciales que se le plantearon en su momento, aunque mantiene la puerta abierta para volver a revisar su expediente.La ofensiva judicial del militar jubilado José Luis Fuentes llevó el caso hace un año ante la Fiscalía General del Estado, a la que alertó de que la Sareb estaba fijando rentas en el edificio de Torremolinos que vulneraban la normativa estatal. Su denuncia original fue remitida a la Fiscalía de Málaga, que apreció indicios de credibilidad en los hechos relatados al considerar que los mismos podían encajar en «delitos de insolvencia punible, apropiación indebida y/o estafa», acordando por ello la apertura de unas diligencias de investigación. A pesar de este prometedor inicio, el Ministerio Público decretó el archivo de las actuaciones el pasado 27 de enero argumentando la existencia de un procedimiento judicial en curso sobre «los mismos hechos» en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos. RSS de noticias de espana/andalucia
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