Adelante Andalucía ha presentado este jueves su propuesta de crear una red de supermercados públicos en la comunidad tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La iniciativa tiene como objetivos que las familias andaluzas «puedan comprar alimentos de primera necesidad a un precio justo» y que los agricultores y ganaderas «reciban beneficios justos debido a la eliminación de intermediarios en la cadena».La formación ha destacado la importancia de esta propuesta en un contexto en el que la cesta de la compra ha subido un 40% en los últimos cinco años, subida que no se corresponde a la de los salarios. «Si tenemos una escuela pública para el derecho a la educación, tenemos una sanidad pública para el derecho a la salud, ¿por qué no tenemos una red de supermercados públicos para el derecho a la alimentación?», ha manifestado su líder, José Ignacio García, en Algeciras (Cádiz) .Desde Adelante han asegurado que esta medida «beneficiaría a familias y también a agricultores y ganaderos del territorio, pues fomentaría cadenas cortes de distribución, disminución de la huella de carbono y la eliminación de intermediarios, lo que traería precios y beneficios más justos para ambos grupos».«Creemos que se pueden empezar experiencias piloto por todo el territorio, desde lo público que, además, por el hecho de la oferta y la demanda, lo que harían es bajar los precios de los supermercados privados. Porque si hay una línea de productos mucho más asequibles, facilitaríamos que se bajaran los precios», ha explicado García.El reto de la soberanía«Creo que ningún partido político debería poder dormir tranquilo si hay niños en Andalucía que no pueden comer pescado o que no pueden comer alimentos frescos o que no pueden comer fruta y verduras porque su familia no puede pagarlos. Eso es insostenible», ha concluido.En España ha habido con anterioridad dos precedentes: uno durante el franquismo y posteriormente en la Comunidad Valenciana a finales de los 80 y los primeros 90. Durante la Dictadura (1957), el Ministerio de Comercio impulsó una red de supermercados de titularidad pública. El Estado franquista entró directamente en el comercio minorista. Poco tiempo después y debido a su apertura, cambió su política. España estaba abandonando progresivamente la autarquía y avanzando hacia una economía más abierta al mercado.En 1988, Mercasa compró Jobac , una cadena valenciana privada, e intentó expandirse hacia el negocio de la distribución minorista mediante adquisiciones y participaciones en empresas alimentarias. A los tres años se endeudó demasiado y vendió las participaciones.En otros países como Suecia, Venezuela y Argentina se han puesto en marcha iniciativas similares. La gran dificultad radica en intentar hacer sostenible estas empresas públicas, que compiten con grandes compañías profundamente sólidas y estabilizadas. Adelante Andalucía ha presentado este jueves su propuesta de crear una red de supermercados públicos en la comunidad tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La iniciativa tiene como objetivos que las familias andaluzas «puedan comprar alimentos de primera necesidad a un precio justo» y que los agricultores y ganaderas «reciban beneficios justos debido a la eliminación de intermediarios en la cadena».La formación ha destacado la importancia de esta propuesta en un contexto en el que la cesta de la compra ha subido un 40% en los últimos cinco años, subida que no se corresponde a la de los salarios. «Si tenemos una escuela pública para el derecho a la educación, tenemos una sanidad pública para el derecho a la salud, ¿por qué no tenemos una red de supermercados públicos para el derecho a la alimentación?», ha manifestado su líder, José Ignacio García, en Algeciras (Cádiz) .Desde Adelante han asegurado que esta medida «beneficiaría a familias y también a agricultores y ganaderos del territorio, pues fomentaría cadenas cortes de distribución, disminución de la huella de carbono y la eliminación de intermediarios, lo que traería precios y beneficios más justos para ambos grupos».«Creemos que se pueden empezar experiencias piloto por todo el territorio, desde lo público que, además, por el hecho de la oferta y la demanda, lo que harían es bajar los precios de los supermercados privados. Porque si hay una línea de productos mucho más asequibles, facilitaríamos que se bajaran los precios», ha explicado García.El reto de la soberanía«Creo que ningún partido político debería poder dormir tranquilo si hay niños en Andalucía que no pueden comer pescado o que no pueden comer alimentos frescos o que no pueden comer fruta y verduras porque su familia no puede pagarlos. Eso es insostenible», ha concluido.En España ha habido con anterioridad dos precedentes: uno durante el franquismo y posteriormente en la Comunidad Valenciana a finales de los 80 y los primeros 90. Durante la Dictadura (1957), el Ministerio de Comercio impulsó una red de supermercados de titularidad pública. El Estado franquista entró directamente en el comercio minorista. Poco tiempo después y debido a su apertura, cambió su política. España estaba abandonando progresivamente la autarquía y avanzando hacia una economía más abierta al mercado.En 1988, Mercasa compró Jobac , una cadena valenciana privada, e intentó expandirse hacia el negocio de la distribución minorista mediante adquisiciones y participaciones en empresas alimentarias. A los tres años se endeudó demasiado y vendió las participaciones.En otros países como Suecia, Venezuela y Argentina se han puesto en marcha iniciativas similares. La gran dificultad radica en intentar hacer sostenible estas empresas públicas, que compiten con grandes compañías profundamente sólidas y estabilizadas. Adelante Andalucía ha presentado este jueves su propuesta de crear una red de supermercados públicos en la comunidad tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La iniciativa tiene como objetivos que las familias andaluzas «puedan comprar alimentos de primera necesidad a un precio justo» y que los agricultores y ganaderas «reciban beneficios justos debido a la eliminación de intermediarios en la cadena».La formación ha destacado la importancia de esta propuesta en un contexto en el que la cesta de la compra ha subido un 40% en los últimos cinco años, subida que no se corresponde a la de los salarios. «Si tenemos una escuela pública para el derecho a la educación, tenemos una sanidad pública para el derecho a la salud, ¿por qué no tenemos una red de supermercados públicos para el derecho a la alimentación?», ha manifestado su líder, José Ignacio García, en Algeciras (Cádiz) .Desde Adelante han asegurado que esta medida «beneficiaría a familias y también a agricultores y ganaderos del territorio, pues fomentaría cadenas cortes de distribución, disminución de la huella de carbono y la eliminación de intermediarios, lo que traería precios y beneficios más justos para ambos grupos».«Creemos que se pueden empezar experiencias piloto por todo el territorio, desde lo público que, además, por el hecho de la oferta y la demanda, lo que harían es bajar los precios de los supermercados privados. Porque si hay una línea de productos mucho más asequibles, facilitaríamos que se bajaran los precios», ha explicado García.El reto de la soberanía«Creo que ningún partido político debería poder dormir tranquilo si hay niños en Andalucía que no pueden comer pescado o que no pueden comer alimentos frescos o que no pueden comer fruta y verduras porque su familia no puede pagarlos. Eso es insostenible», ha concluido.En España ha habido con anterioridad dos precedentes: uno durante el franquismo y posteriormente en la Comunidad Valenciana a finales de los 80 y los primeros 90. Durante la Dictadura (1957), el Ministerio de Comercio impulsó una red de supermercados de titularidad pública. El Estado franquista entró directamente en el comercio minorista. Poco tiempo después y debido a su apertura, cambió su política. España estaba abandonando progresivamente la autarquía y avanzando hacia una economía más abierta al mercado.En 1988, Mercasa compró Jobac , una cadena valenciana privada, e intentó expandirse hacia el negocio de la distribución minorista mediante adquisiciones y participaciones en empresas alimentarias. A los tres años se endeudó demasiado y vendió las participaciones.En otros países como Suecia, Venezuela y Argentina se han puesto en marcha iniciativas similares. La gran dificultad radica en intentar hacer sostenible estas empresas públicas, que compiten con grandes compañías profundamente sólidas y estabilizadas. RSS de noticias de espana/andalucia
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