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  Andalucía  Carmen Sáez, catedrática de la UCO: «Los canales internos de las empresas generan confianza para que los trabajadores denuncien»
Andalucía

Carmen Sáez, catedrática de la UCO: «Los canales internos de las empresas generan confianza para que los trabajadores denuncien»

noviembre 15, 2026
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La actividad de la Inspección de Trabajo en Córdoba ha experimentado un notable crecimiento durante la última década, según los datos recogidos por ABC del último informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) . A esta evolución se suma también el aumento de las denuncias presentadas por los propios trabajadores.La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba (UCO), Carmen Sáez Lara, apunta a un posible cambio de tendencia en este ámbito, aunque reconoce que no dispone de datos que acrediten un incremento sustancial de las inspecciones. «Yo tenía la idea de que existía un panorama bastante estabilizado. Siempre ha habido infracciones», explica. Sin embargo, sí ha percibido un aumento de las actuaciones iniciadas a petición de los trabajadores. «En mi círculo y por fuentes de la Inspección de Trabajo he escuchado que, en términos generales, ha aumentado el número de personas que denuncian. Y no solamente los sindicatos, sino también los propios trabajadores», señala.Sáez Lara considera que este incremento puede estar relacionado con una mayor confianza de los empleados a la hora de comunicar posibles irregularidades, sin tanto temor a las consecuencias laborales que pueda acarrear. «Sí que creo que se ha producido ese fenómeno», afirma. En este sentido, apunta a la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de p rotección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone una directiva europea de 2019.A su juicio, esta normativa ha contribuido a generar un clima de mayor confianza entre los trabajadores, especialmente a través de la implantación de canales internos de información en las empresas de cierta dimensión. «Eso está generando un clima de mayor confianza en la denuncia por parte de las personas trabajadoras, que creo que antes no tenían», sostiene.La catedrática considera que también se está produciendo un cambio cultural en la percepción de quienes comunican irregularidades. Frente a la visión tradicional que asociaba denunciar con ser un «chivato», cree que empieza a consolidarse una actitud más favorable hacia quienes informan de prácticas ilegales. Una transformación que, según explica, no se limita al ámbito laboral, sino que se extiende a otros espacios de la sociedad.No obstante, matiza que la ley no está dirigida exclusivamente a comunicar infracciones que puedan ser competencia de la Inspección de Trabajo, sino que abarca también otros comportamientos, como situaciones de acoso o prácticas de corrupción empresarial. Como ejemplo, menciona los casos en los que un trabajador tiene conocimiento de irregularidades en la contratación pública y dispone de un canal para ponerlas en conocimiento de las autoridades.Cambio de paradigma«Parece que sí aumentan el número de denuncias que se estaban produciendo», concluye Sáez Lara, que relaciona esta evolución con la nueva legislación y con un posible cambio de paradigma en la cultura de la denuncia en España.Sáez Lara considera que España todavía no cuenta con una tradición de denuncia empresarial tan arraigada como la de otros países, especialmente los anglosajones. «Hay países que sí tienen una tradición de denuncias y otros que no. Por ejemplo, Gran Bretaña y Estados Unidos fueron pioneros en este ámbito, en el de los denunciantes dentro de las empresas», explica.A su juicio, la directiva europea y la posterior legislación española contribuyen a modificar esta cultura, al establecer mecanismos para proteger a quienes alertan de posibles irregularidades. La finalidad es que los trabajadores puedan poner en conocimiento de las autoridades prácticas ilegales de las que tienen conocimiento precisamente por su posición dentro de la empresa.La catedrática aclara que esta protección no ampara la difusión indiscriminada de información confidencial, sino la comunicación de datos relevantes que permitan detectar conductas contrarias a la normativa, especialmente en ámbitos como la corrupción. La actividad de la Inspección de Trabajo en Córdoba ha experimentado un notable crecimiento durante la última década, según los datos recogidos por ABC del último informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) . A esta evolución se suma también el aumento de las denuncias presentadas por los propios trabajadores.La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba (UCO), Carmen Sáez Lara, apunta a un posible cambio de tendencia en este ámbito, aunque reconoce que no dispone de datos que acrediten un incremento sustancial de las inspecciones. «Yo tenía la idea de que existía un panorama bastante estabilizado. Siempre ha habido infracciones», explica. Sin embargo, sí ha percibido un aumento de las actuaciones iniciadas a petición de los trabajadores. «En mi círculo y por fuentes de la Inspección de Trabajo he escuchado que, en términos generales, ha aumentado el número de personas que denuncian. Y no solamente los sindicatos, sino también los propios trabajadores», señala.Sáez Lara considera que este incremento puede estar relacionado con una mayor confianza de los empleados a la hora de comunicar posibles irregularidades, sin tanto temor a las consecuencias laborales que pueda acarrear. «Sí que creo que se ha producido ese fenómeno», afirma. En este sentido, apunta a la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de p rotección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone una directiva europea de 2019.A su juicio, esta normativa ha contribuido a generar un clima de mayor confianza entre los trabajadores, especialmente a través de la implantación de canales internos de información en las empresas de cierta dimensión. «Eso está generando un clima de mayor confianza en la denuncia por parte de las personas trabajadoras, que creo que antes no tenían», sostiene.La catedrática considera que también se está produciendo un cambio cultural en la percepción de quienes comunican irregularidades. Frente a la visión tradicional que asociaba denunciar con ser un «chivato», cree que empieza a consolidarse una actitud más favorable hacia quienes informan de prácticas ilegales. Una transformación que, según explica, no se limita al ámbito laboral, sino que se extiende a otros espacios de la sociedad.No obstante, matiza que la ley no está dirigida exclusivamente a comunicar infracciones que puedan ser competencia de la Inspección de Trabajo, sino que abarca también otros comportamientos, como situaciones de acoso o prácticas de corrupción empresarial. Como ejemplo, menciona los casos en los que un trabajador tiene conocimiento de irregularidades en la contratación pública y dispone de un canal para ponerlas en conocimiento de las autoridades.Cambio de paradigma«Parece que sí aumentan el número de denuncias que se estaban produciendo», concluye Sáez Lara, que relaciona esta evolución con la nueva legislación y con un posible cambio de paradigma en la cultura de la denuncia en España.Sáez Lara considera que España todavía no cuenta con una tradición de denuncia empresarial tan arraigada como la de otros países, especialmente los anglosajones. «Hay países que sí tienen una tradición de denuncias y otros que no. Por ejemplo, Gran Bretaña y Estados Unidos fueron pioneros en este ámbito, en el de los denunciantes dentro de las empresas», explica.A su juicio, la directiva europea y la posterior legislación española contribuyen a modificar esta cultura, al establecer mecanismos para proteger a quienes alertan de posibles irregularidades. La finalidad es que los trabajadores puedan poner en conocimiento de las autoridades prácticas ilegales de las que tienen conocimiento precisamente por su posición dentro de la empresa.La catedrática aclara que esta protección no ampara la difusión indiscriminada de información confidencial, sino la comunicación de datos relevantes que permitan detectar conductas contrarias a la normativa, especialmente en ámbitos como la corrupción.  La actividad de la Inspección de Trabajo en Córdoba ha experimentado un notable crecimiento durante la última década, según los datos recogidos por ABC del último informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) . A esta evolución se suma también el aumento de las denuncias presentadas por los propios trabajadores.La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba (UCO), Carmen Sáez Lara, apunta a un posible cambio de tendencia en este ámbito, aunque reconoce que no dispone de datos que acrediten un incremento sustancial de las inspecciones. «Yo tenía la idea de que existía un panorama bastante estabilizado. Siempre ha habido infracciones», explica. Sin embargo, sí ha percibido un aumento de las actuaciones iniciadas a petición de los trabajadores. «En mi círculo y por fuentes de la Inspección de Trabajo he escuchado que, en términos generales, ha aumentado el número de personas que denuncian. Y no solamente los sindicatos, sino también los propios trabajadores», señala.Sáez Lara considera que este incremento puede estar relacionado con una mayor confianza de los empleados a la hora de comunicar posibles irregularidades, sin tanto temor a las consecuencias laborales que pueda acarrear. «Sí que creo que se ha producido ese fenómeno», afirma. En este sentido, apunta a la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de p rotección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone una directiva europea de 2019.A su juicio, esta normativa ha contribuido a generar un clima de mayor confianza entre los trabajadores, especialmente a través de la implantación de canales internos de información en las empresas de cierta dimensión. «Eso está generando un clima de mayor confianza en la denuncia por parte de las personas trabajadoras, que creo que antes no tenían», sostiene.La catedrática considera que también se está produciendo un cambio cultural en la percepción de quienes comunican irregularidades. Frente a la visión tradicional que asociaba denunciar con ser un «chivato», cree que empieza a consolidarse una actitud más favorable hacia quienes informan de prácticas ilegales. Una transformación que, según explica, no se limita al ámbito laboral, sino que se extiende a otros espacios de la sociedad.No obstante, matiza que la ley no está dirigida exclusivamente a comunicar infracciones que puedan ser competencia de la Inspección de Trabajo, sino que abarca también otros comportamientos, como situaciones de acoso o prácticas de corrupción empresarial. Como ejemplo, menciona los casos en los que un trabajador tiene conocimiento de irregularidades en la contratación pública y dispone de un canal para ponerlas en conocimiento de las autoridades.Cambio de paradigma«Parece que sí aumentan el número de denuncias que se estaban produciendo», concluye Sáez Lara, que relaciona esta evolución con la nueva legislación y con un posible cambio de paradigma en la cultura de la denuncia en España.Sáez Lara considera que España todavía no cuenta con una tradición de denuncia empresarial tan arraigada como la de otros países, especialmente los anglosajones. «Hay países que sí tienen una tradición de denuncias y otros que no. Por ejemplo, Gran Bretaña y Estados Unidos fueron pioneros en este ámbito, en el de los denunciantes dentro de las empresas», explica.A su juicio, la directiva europea y la posterior legislación española contribuyen a modificar esta cultura, al establecer mecanismos para proteger a quienes alertan de posibles irregularidades. La finalidad es que los trabajadores puedan poner en conocimiento de las autoridades prácticas ilegales de las que tienen conocimiento precisamente por su posición dentro de la empresa.La catedrática aclara que esta protección no ampara la difusión indiscriminada de información confidencial, sino la comunicación de datos relevantes que permitan detectar conductas contrarias a la normativa, especialmente en ámbitos como la corrupción. RSS de noticias de espana/andalucia

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